Sindicato El Potrero: un caso paradigmatico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un significativo logro de Alternativa

El conflicto que enfrenta el Sindicato de Trabajadores del Ingenio El Potrero, S.A. es un caso paradigmático para la democratización del sindicalismo mexicano. Este sindicato cuenta con registro de la Secretaría del Trabajo y en 1998 demandó a su empresa y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana por la titularidad del contrato colectivo argumentando representar el interés de la mayoría de los trabajadores.

La demanda fue seguida del despido de más de 180 trabajadores, mismos que lograron su reinstalación cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del Contrato mencionado. Se ordenó entonces un recuento, en el que votaron en forma ABIERTA 1,098 trabajadores. Del total que votaron, 249, en un acto de valentía, lo hicieron a favor del Sindicato actor y el resto a favor del Sindicato demandado; no por convicción, sino por el temor a las represalías sufridas por sus compañeros, cuyos salarios fueron congelados en una categoría inferior, y se les privó de sus derechos escalafonarios y de diversas prestaciones.

En 2004 el Sindicato de la empresa presentó una nueva demanda reiterando su reclamo original, y la autoridad ordenó otro recuento, en el que "se debe garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto, en los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional de3l Trabajo,..." que expresa textualmente el derecho a la garantía del voto secreto y que de acuerdo al Artículo 133 constitucional tiene rango de Ley Suprema en nuestro país. Pero el Artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga a que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos, así que la autoridad laboral ordenó el desahogo del segundo recuento mediante voto público NO secreto, con lo que los derechos de los trabajadores se vieron nuevamente violentados. Qué ordenamiento debe privar? No es papel del legislativo juzgar sobre la inconstitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí lo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esta argumentación, el pasado 17 de Octubre, como Alternativa Socialdemócrata presenté un punto de acuerdo a través del cual la Cámara de Diputados solicita a la H.Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el Juicio de Amparo presentado el 17 de agosto del año en curso por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores "El Potrero" ante el H. Tribunal Colegiado del Primer Circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional. Este punto de acuerdo recibio el apoyo de todos los partidos políticos y su aprobación, sin duda, será de la mayor relevancia para la democratización del sindicalismo mexicano. Al tiempo.

Presupuestos Irreductibles: No Violencia, No Discriminacion y Equidad de Género.

Fenómenos como la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de personas, la inserción en delitos tipificados como delitos contra la salud como el narcomenudeo y el narcotráfico, son delitos que están directamente vinculados a la pobreza como una dimensión de vida, real y simbólica donde priva la carencia. Carencia no solo de servicios de calidad, como tendrían que ser la educación y la salud. Es una carencia sobre todo de oportunidades para el desarrollo y la enfrentan grupos sociales que históricamente han padecido la discriminación en nuestro país: las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños en situación de calle, inmigrantes, personas con capacidades distintas, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, entre otros grupos sociales.

Una política que pretende orientar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza, requiere más que voluntad política. Necesita que en su presupuesto se establezca una jerarquía en la distribución del gasto público buscando siempre combinaciones eficientes entre el gasto de contingencia, vinculado a la compensación y al alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades, fortalecer las habilidades y a garantizar las libertades.

A principios de septiembre presentamos una iniciativa de ley que tiene por objeto, establecer de forma explícita en la Ley General de Desarrollo Social, la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación como programas prioritarios y de interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. La idea básica es garantizarles montos presupuestarios específicos que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, garantizar montos presupuestarios que bajo ninguna circunstancia puedan ir a la baja, pero también seguimiento y evaluación de su impacto real en la vida de la gente.

Si damos seguimiento al gasto social destinado a tales grupos, nos encontramos con importantes variaciones en la asignación presupuestaria que se les destinada. De modo tal que hasta el año 2005, los montos de los gastos destinados en la Cuenta Pública en materia de equidad de género y mujeres, población indígena, políticas para personas con discapacidad, para inmigrantes, para adultos mayores y en contra la discriminación ascienden, apenas, al 1.3% del Presupuesto de Egresos de ese año.

Es necesario establecer ahora, dentro de la política de desarrollo social, programas y recursos específicos para los grupos con mayores rezagos discriminatorios, de forma tal que contemos con una perspectiva integral para un desarrollo social equitativo.

Proponemos que dentro de los programas que constituyen la política de desarrollo social del país, formal y explícitamente se incluya el fomento a medidas para la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

Tal modificación permitiría que los programas encaminados a dichas materias fueran considerados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles, lo que significa que no puedan desaparecer de los siguientes ejercicios fiscales, que no puedan ir a la baja y; que se puedan adecuar a las necesidades especiales del desarrollo social de la Nación.

En consecuencia, nuestra propuesta modifica los artículos 6, 14, 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer como prioritarios los programas destinados a la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

San Lázaro, 6 de septiembre de 2007.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA FRONTERA SUR

Las terribles condiciones económicas que obligan a miles de habitantes centroamericanos a buscar fortuna en el norte del continente son dramáticas por sí mismas, pero ya en nuestro territorio, los migrantes de esa región se convierten de inmediato en el jugoso botín de toda clase de actividades lucrativas, ilegales y criminales.

La cadena que se compone de mercados para la explotación humana de todo tipo, sea sexual, laboral o infantil, de narcotráfico y crimen organizado, de legislaciones inadecuadas o anacrónicas, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada, se ensaña y castiga con mayor dureza a sus víctimas potenciales más vulnerables: las mujeres y las niñas.

La violencia ejercida contra las mujeres y niñas en la frontera sur es de una crudeza pocas veces vista en la historia, incluso en épocas de guerra: esclavismo laboral y sexual, infantil y juvenil, prostitución forzada de mujeres, vejaciones, torturas, violaciones y toda clase de malos tratos en centros de detención que violan disposiciones normativas nacionales e internacionales; corrupción generalizada de autoridades y trata de personas a gran escala son moneda corriente en nuestra frontera con Centroamérica.

Los derechos de las mujeres y las niñas no sólo tienen disposiciones particulares en nuestro país, como la recientemente promulgada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que forman parte del entramado universal de derechos que nuestro país se ha comprometido a observar y defender. Contamos, por lo tanto, con elementos jurídicos suficientes para no dilatar ni un día más en afrontar el tema de la violencia contra ellas en la frontera sur como un asunto de seguridad nacional.

Sin embargo, la indiferencia de numerosas autoridades ante la gravedad y variedad que adquiere la violencia contra las mujeres en la frontera sur, demuestra una vez más que la defensa de sus derechos tiene peso únicamente en la retórica del gobierno, y nunca o casi nunca en su ejercicio: Es necesario recordar, nuevamente, que entre las dependencias más señaladas como victimarias y violadoras de los derechos humanos fundamentales se encuentran las del Instituto Nacional de Migración y las policías federales y estatales, lo que hace indispensable, tal y como el punto de acuerdo propone, involucrar de inmediato y con un compromiso verdadero al Poder Ejecutivo Federal y a los estados fronterizos del sur.

En consecuencia, Alternativa Socialdemócrata apoya plenamente el Punto de Acuerdo que se nos presenta, y alerta sobre la necesidad adicional de apoyar la descriminalización formal de los migrantes que ingresan a nuestro territorio nacional, tal y como fue votado y enviado a la Cámara de Senadores mediante la iniciativa presentada por el compañero diputado José Jacques Medina, del PRD en abril de este mismo año.

Compañeros y compañeras, debemos ser consecuentes: pedimos un trato justo y humanitario para nuestros migrantes en la frontera norte, como sin duda es nuestra obligación, pero parecemos olvidar que esos reclamos jamás serán creíbles para nuestros vecinos del norte mientras nosotros mismos seamos incapaces de respetar los derechos humanos dentro de nuestras propias fronteras.

Mostremos voluntad genuina, apoyemos acciones concretas y exijamos resultados. Este es un imperativo ético sobre el que Alternativa no dejará de insistir. Muchas gracias.

Glosa del I Informe. Comparecencia del Secretario de Hacienda

Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, “continúe presentando grandes rezagos y profundas desigualdades. Aún cuando el PIB real supera ya los 8,000 dólares per cápita, cerca de 50 millones de personas viven todavía en condiciones de pobreza; y de ellas, alrededor de 18 millones se encuentran en situación de pobreza extrema” (UNFPA Hoekman, 2007; en la presentación de La Situación Demográfica de México 2006).

Frente a la pobreza y la desigualdad, la prioridad es contundente: requerimos de una hacienda pública que termine con las inequidades en la distribución del ingreso; de un gasto público que sea eficaz en la generación de empleos y disminuya la vulnerabilidad social. Requerimos cambios profundos y sólidos que permitan que la economía crezca de manera sustentable, y que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía.

Coincidimos con el diagnóstico que su Secretaría realizó a principios de 2007: la principal restricción para un mayor gasto social e inversión en infraestructura es la baja recaudación no petrolera del país, así como la excesiva dependencia para el financiamiento del gasto público de los ingresos petroleros. Sabemos que el reto de su Secretaría es garantizar nuevas formas de ingreso al margen del petróleo y mejorar la administración tributaria fomentando medidas para reducir la evasión fiscal y lograr una mayor recaudación.


Ciertamente usted reporta incipientes avances señor secretario: un 8.6% de ingresos tributarios no petroleros y un 38.2% por ingresos no tributarios no petroleros. De hecho, se reporta un superávit de 111,363.9 millones de pesos en el balance público. Por lo anterior le pregunto: ¿Cuál es el destino de este superávit?

Sr. Secretario persiste en la hacienda pública una vieja y mala política: de acuerdo con la clasificación del gasto, al primer semestre de 2007 el 85.4% se concentró en gasto corriente y solo el 14.6% se canalizó a gasto de capital.

Sabemos que el escaso gasto de capital y una notable falta de infraestructura es una de las razones por las cuales los indicadores de de competitividad de la economía nacional se mantienen en los últimos lugares a escala mundial. ¿Qué acciones realiza su Secretaría para invertir esta tendencia?

Continuando con el gasto corriente que se reporta, llama la atención el siguiente dato: el gasto en servicios personales del sector público sumó 308,805.5 millones de pesos y se incrementó en 5.2% en términos reales al finalizar el segundo trimestre de 2007. Se menciona que este incremento se da principalmente por mayores erogaciones en las actividades de soberanía con un incremento del 17% y en las de educación con un 9%. Específicamente se menciona un incremento de 26,603 plazas en este año respecto al 2006. ¿A qué secretarías y programas corresponden la creación de estas nuevas plazas? Y una pregunta más: ¿Por qué si el gobierno federal se propuso no incrementar la burocracia y una política de austeridad, por qué crear 26,603 nuevas plazas?

Alternativa reconoce su sensibilidad para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008 se incluyera, por primera vez en un documento de esta naturaleza –y no en los transitorios- una perspectiva de presupuestos sensibles al género: el artículo 25.
Con este artículo, el Ejecutivo Federal se compromete a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores.

Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos que lograr que los programas que promuevan la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación, sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años. Le invitamos para haga suya esta propuesta y para que a través de su secretaría, este país, empiece a saldar la deuda que tiene con las mujeres.

Es cuanto!