11/29/2007

Cannabis. Dos Tres

El pensador alemán, Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que “En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios, que además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada”.

Esta reflexión describe fielmente lo que ocurre con la planta de la Cannabis en nuestra sociedad, y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.

El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de 8 mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la Colonia. Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos rituales y lúdicos se encuentra plenamente documentada y forma parte importante, todavía, de la tradición popular.

Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad, y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de prejuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un daño grave a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente, y ni siquiera por abusar de ella; una cualidad de la que carecen muchas otras sustancias, incluso legales y reguladas como el alcohol o el tabaco.

En resumen: reconocemos que, eventualmente, el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a una nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad, a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.

Buscamos, también, hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco con el Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libertad de elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada, siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.

Para los consumidores proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad, actualmente vigentes, por otras informativas y educativas que permitan proteger de modo efectivo su salud, y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.

Nuestra propuesta contribuye, también, a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ellas reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias.

Hacemos énfasis, también, en que la iniciativa considera y observa, las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.

Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente. Proponemos, por lo tanto, una definición mucho más precisa que remite a la Ley General de Salud y que permite que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable.

La Constitución, en su artículo 18, ordena que los sistemas penales federal y estatales se orienten en función del trabajo y de la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa; pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud cuando se trata de consumidores.

En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal.

Proponemos, así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afectan a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.

Los consumidores, definidos por las cantidades de cannabis que se presumirá son para consumo personal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En este caso proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal de hasta tres plantas de cannabis.

En Alternativa Socialdemócrata tenemos la convicción de que sólo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.

Señora presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y también le solicito, en nombre de los integrantes del Grupo Cáñamo aquí presentes que nos permita entregarle el original de esta iniciativa impresa en papel cáñamo.

(Texto que leí en tribuna el pasado 27 de noviembre de 2007)

11/22/2007

Iniciativa para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano

La iniciativa que presentamos hoy, 22 de noviembre de 2007, tiene por objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. La suscribimos un grupo plural de legisladores pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara:

ELSA CONDE RODRÍGUEZ Y AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA; MARTHA TAGLE MARTÍNEZ Y ALEJANDRO CHANONA BURGUETE DEL PARTIDO DE CONVERGENCIA; ROSARIO ORTÍZ MAGALLÓN, MARICELA CONTRERAS JULIÁN, RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ, JAVIER GONZÁLEZ GARZA; DAVID SÁNCHEZ CAMACHO Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; IRMA PIÑEYRO ARIAS Y MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GODÍNEZ DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; MARÍA BEATRÍZ PAGÉS REBOLLAR Y CARLOS CHAURAND ARZATE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; RICARDO GARZA CANTÚ DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Esta iniciativa tiene, además, la fortuna de ser acompañada por Roberto Blancarte, prestigioso académico y experto en la materia; por diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la Cultura Laica y el Foro Intereclesiástico Mexicano. A todas estas personas e instituciones agradecemos su profesionalismo e interés compartido por trabajar en el fortalecimiento de una cultura laica en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 130º el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias y de culto en su artículo 24º. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 3º: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros.” También afirma: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.” A pesar de lo anterior, no existe más allá de dicha ley reglamentaria, un artículo de la Constitución que establezca en ese rango la libertad de conciencia y la laicidad del Estado Mexicano.

La existencia del Estado laico es, por lo demás, una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de toda la ciudadanía a la esfera pública.

La laicidad del Estado, en ese sentido, significa y supone mucho más que la separación del Estado y las Iglesias. Implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y consecuentemente de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas, el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción. Significa igualmente el respeto por parte del Estado, dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos fundamentales, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas. La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

Un elemento esencial del Estado laico es el establecimiento, dentro de los límites indicados, de condiciones que aseguren un trato igualitario a los seres humanos de diferentes religiones y convicciones. La igualdad no debe ser solamente formal; debe traducirse en la práctica política en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de las personas en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su sexo, origen étnico, capacidades físicas, preferencias sexuales o de otro tipo.

Para garantizar la igualdad y las libertades de la ciudadanía, el orden político debe tener la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas. La laicidad puede ser definida, entonces, como una forma de convivencia social, cuyo Estado obtiene su legitimidad ya no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular, tal como lo establece el artículo 39º de nuestra Constitución. La laicidad supone de esa manera la armonización de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares, y; 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.

El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la investigación científica y la bioética, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños, la condición de los adeptos de minorías religiosas y de otro tipo, así como de los no-creyentes. El principio de la laicidad debe ser en consecuencia rector en los debates en torno a diferentes cuestiones que ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades.
El Estado laico interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas, léase íntimas y busca equilibrar el respeto de las decisiones privadas y personales con la garantía de los derechos de todos. Es necesario reconocer los vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía de las libertades individuales y las colectivas y la ampliación de las mismas.

Considerando lo anterior y reconociendo que la separación entre el Estado y las Iglesias ha sido una medida política importante, pero no suficiente para la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone a este Congreso la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano, mediante la fórmula siguiente:

Se propone incorporar al texto del artículo 40 constitucional el carácter laico, entre los atributos fundamentales de la República, estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido (republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y, ahora, laicidad).

Asimismo, la laicidad será una obligación que, de no cumplirse, derivará en responsabilidad para los servidores públicos, agregándose a los artículos 108 y 109 constitucional, la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el estado laico y la separación entre la iglesia y el estado.

También como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el estado, se le agregan dos párrafos al artículo 130 en los cuales se establece de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como el establecimiento de que en el estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica. Solicito amablemente a la Mesa Directiva, inserte esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas Gracias.

Aprueba la Cámara de Diputados Día Nacional contra la Homofobia

Con fecha 31 de octubre del 2006, esta Cámara de Diputados aprobó en votación económica un Punto de Acuerdo relativo a establecer el día 17 de mayo de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Sin embargo hasta ahora el Poder Ejecutivo ha hecho caso omiso del exhorto realizado por ésta Cámara, incumpliendo con la solicitud hecha por ésta Soberanía.

Ante la nula respuesta, el 26 de abril del año en curso, el Partido Alternativa Socialdemócrata presentó un nuevo Punto de Acuerdo con el fin de demandar nuevamente el cumplimiento de la decisión tomada por este Pleno. Al no publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instituye el día Nacional de Lucha contra la Homofobia, las autoridades muestran poco interés por promover el respeto a la diversidad y a la tolerancia. Con ello al Poder Ejecutivo se le olvida que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

Cualquier esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil para lograr una convivencia armónica y de respeto es sumamente valioso. Por ello no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar nuevamente al Poder Ejecutivo el cumplimiento de su deber publicando el Decreto mencionado.

Poco a poco se ha ido fortaleciendo el marco jurídico en materia de prevención y eliminación de la discriminación, contamos con instituciones públicas que han llevado a cabo acciones conducentes para prevenirla y eliminarla y han contribuido al desarrollo de programas nacionales que fomentan la tolerancia. Con más razón este Poder Legislativo debe exigir la emisión del Decreto correspondiente y con ello contribuir también en la generación de una mayor conciencia social que permita vivir en una sociedad libre de cualquier forma de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto el Partido Alternativa invita a todas las fracciones parlamentarias ha votar a favor de este Punto de Acuerdo y con ello colaborar por un México en donde la tolerancia y el respeto sean principios básicos y rectores de nuestra convivencia social.

Palacio Lgislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2007

11/14/2007

Alternativa y el Presupuesto Público para el 2008

El análisis y aprobación del presupuesto público es una de las atribuciones y responsabilidades más importantes de esta Cámara, por ello, como Alternativa Socialdemócrata celebramos que del intento de fast-track del jueves pasado, pudimos transitar a una incipiente democratización del proceso de aprobación del presupuesto. El cambio ha sido cualitativo. Hubo una participación relevante de las comisiones legislativas y un mayor diálogo con el Poder Ejecutivo. No hay presupuesto que sea suficiente debido a los grandes rezagos y fuertes desigualdades sociales. Sin embargo, en este proceso se generaron consensos sobre prioridades del gasto y una distribución más equitativa y eficiente de los recursos existentes. No en todos los temas, ciertamente, pero con se distribuyeron recursos con responsabilidad y sobretodo se crearon mecanismos necesarios para transparentar y vigilar el buen uso de los mismos.

En el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, se prevean recursos adicionales para Educación Pública y Servicios Educativos por un monto de 9,853 millones de pesos; para Ciencia y Tecnología, por 1000 millones de pesos; Salud por 1500; Cultura por 1800; Justicia por 500; Desarrollo Social por 9990, así como para la Equidad de Género por 1450 millones de pesos, entre otros. Además se fortalecen las Reglas de Operación para el Seguro Popular, lo que ayudará a transparentar los recursos otorgados a dicho programa.

Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos grandes retos por cumplir y uno de ellos se refiere al Medio Ambiente el cual no sólo requiere de mayores recursos sino de un cambio de visión. Como país, ocupamos la quinta tasa de deforestación a nivel mundial. La política actual de promoción del programa Pro árbol no es suficiente para contener el problema de la deforestación y además no se están instrumentando las medidas efectivas para evitar la tala ilegal. Otro compromiso lo tenemos con la Cultura y con la Ciencia y Tecnología que a pesar de contemplarse mayores recursos para el próximo presupuesto siguen teniendo un rezago importante que hay que atender.

Hago una mención especial sobre el tema de la Equidad de Género. Por primera vez en la historia las legisladoras de La LX Legislatura logramos obtener por consenso los mayores recursos otorgados para este rubro. Nos olvidamos de los colores de nuestros partidos y luchamos juntas por más presupuesto. El incremento del presupuesto público a favor de las mujeres manifiesta la responsabilidad del legislativo y la sensibilidad del ejecutivo, por evidenciar las brechas de desigualdad de género y su compromiso en reducirlas; acorde con esto son varios los logros obtenidos en el presente dictamen. Con la ampliación de 1450 millones de pesos se pondrá en práctica una primera etapa de la operación, de dos Leyes vitales para nuestro país: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los Sistemas correspondientes para su efectiva aplicación.

Asimismo, con la inclusión del artículo 25, hemos conseguido que el Ejecutivo Federal se comprometa a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Así como incluir en sus campañas de comunicación social, contenidos que promuevan la igualdad, la erradicación de la violencia de género y la no discriminación. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores. Finalmente con la incorporación del anexo 9 A, se logra etiquetar los recursos destinados a la Equidad de Género con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación y con ello en un futuro próximo, lograr un marco de irreductibilidad del gasto asignado. Sin duda, este presupuesto ha sido un logro importantísimo y una buena oportunidad para ratificar nuestro compromiso, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con los presupuestos sensibles al género. ¡Felicitémonos por ello!

11/13/2007

GÉNERO Y REPRESENTACION POLITICA PARITARIA

Hace unos días presenté una iniciativa cuyo propósito es fortalecer la representación política de las mujeres en la cosa pública. La idea básica es establecer la paridad de género, es decir, el 50/50 en todas las candidaturas de elección popular, tanto de mayoría como de representación proporcional y, en los ámbitos federal, local y municipal.

A diferencia de las cuotas, que prevén un porcentaje de mujeres en las listas electorales y que se presentan como una medida temporal, cuyo objetivo es reducir la sub-representación de las mujeres en la política, la paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre hombres y mujeres y pretende romper la monopolización masculina del poder político.

Sin embargo, de la misma forma que los estereotipos de género y las actitudes discriminatorias son un serio obstáculo para la participación política de las mujeres, el tipo de sistema electoral limita también nuestras oportunidades. Lo demuestran numerosas experiencias: los niveles de representación de mujeres se incrementan con sistemas de representación proporcionales y mixtos; y disminuyen cuando éstos se basan exclusivamente en elecciones de mayoría relativa.

Por ejemplo, todos los países de la Europa occidental en los cuales el número de mujeres parlamentarias excede el 20% han adoptado el sistema proporcional o mixto. De los cinco países en el mundo que tienen 30% o más diputadas (Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos) tres de ellos tienen un sistema electoral proporcional y dos, un sistema mixto. Mientras tanto, aquellos países donde las mujeres representan el 10% o menos en el Poder Legislativo, pertenecen a sistemas predominantemente de mayoría relativa. Y en el 90% de países que carecen de diputadas, cuentan exclusivamente con sistema de mayoría.

Considerando el sistema electoral mexicano, como un sistema mixto, podemos constatar que la situación de las mujeres se ha favorecido bajo el principio de representación proporcional. Un caso significativo para ejemplificar este dato, es la constitución de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.

En México, las reformas al artículo 175 del COFIPE, tanto la de 1996 como la del 2002 han impactado favorablemente el porcentaje de mujeres electas en el poder legislativo: en 10 años nuestra representación pasó del 13% al 23% en esta honorable Cámara. Si seguimos a ese paso, la paridad de género en la representación política, sería una realidad solo posible en el 2040. ¿Tenemos que esperar las mujeres mexicanas hasta el 2040 para ejercer nuestro pleno derecho a la elegibilidad?

No, no queremos. Por eso propusimos esta reforma tanto constitucional como legal para fortalecer el marco jurídico a favor de nuestro sistema electoral y de la paridad de género. Con estas reformas se amplía la ciudadanía de las mujeres en términos de igualdad de oportunidades. Se compromete a los partidos políticos para que a través de las postulaciones que realicen tanto para las candidaturas de diputados, senadores, presidentes municipales, regidores y síndicos, promuevan y garanticen la equidad entre mujeres y hombres y la paridad de género. Hoy, en México, en el contexto de la discusión sobre la Reforma del Estado, la LX legislatura tiene dos opciones: perderse en la ignorancia del machismo y la mezquindad o; hacer historia y enfrentar el déficit de su democracia, con inteligencia y generosidad con el 52% de su población que tiene cuerpo y rostro de mujer.