Parlamentaria

MARCHA POR EL DERECHO A DECIDIR. 28 DE SEPTIEMBRE "DIA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO"

2009-09-23T20:51:00.001-05:00

28 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL
POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO

El 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto surgió como una iniciativa de las feministas reunidas en el V Encuentro Feminista Latinoamericano en el año de 1990 para impulsar el aborto legal y seguro en todos nuestros países.

Se estima que en México, anualmente más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada. En nuestro país, tan sólo en el 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.

Frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas la respuesta de los partidos políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en contubernio con la Jerarquía Católica ha sido reformar las constituciones de 16 estados del país para criminalizar y perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado. Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado. Estas reformas impactarán las políticas públicas en temas como: Acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes (es decir, el Estado se retiraría de su obligación de proveer servicios de aborto legal en los casos en que la ley lo contempla, condenando a la clandestinidad hasta a las mujeres embarazadas por violación); Restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo por supuesto la pastilla de anticoncepción de emergencia-PAE, DIU y el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos; Investigación en células madres y Reproducción Asistida.

Con motivo del Día Internacional por la Despenalización del aborto, diversas redes, organizaciones de mujeres y sindicatos, convocamos a toda la ciudadanía a participar en un acto reivindicatorio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y en defensa del estado laico. Unamos todas nuestras voces para repudiar las reformas constitucionales aprobadas en 16 estados del país que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. Te invitamos a la:

MARCHA
POR EL DERECHO A DECIDIR

Lunes 28 de septiembre 2009
16:00 horas
Del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez

¡NO FALTES! ¡DECIDIR NO ES UN DELITO, DECIDIR ES UN DERECHO!

(TRAE UN DISTINTIVO MORADO A LA MARCHA)

CONVOCAN: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Afluentes; APIS: Fundación para la Equidad; Aquesex; Católicas por el Derecho a Decidir; CIMAC; Colectiva Ciudad y Género; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; CUPIHD; DDESER; DIVERSA, APN; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Feministas Socialistas; Grupo de Información en Reproducción Elegida-GIRE; IPAS-México; Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM; Programa de Salud-CIDE; Red de Mujeres Sindicalistas; Salud Integral para la Mujer-SIPAM; Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Unión Nacional de Trabajadores-UNT

Anticonstitucionales, reformas contra el aborto: especialistas

2009-06-30T20:08:00.002-05:00

Gladis Torres Ruiz / Cimacnoticias
cimac1@laneta.apc.org

Inconstitucionales, absurdas y con fines electorales son las reformas realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las constituciones de 12 entidades de la República, aprobadas “al vapor” y sin discusión previa, con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”. Así lo considera el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó en el foro: Los mismos derechos para todas y todos: Género y derechos reproductivos en el debate constitucional en México, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Esto queda claro, señala el investigador, ya que en ninguno de los estados se dio un debate serio sobre el tema, lo que también nos deja ver que estas reformas tienen fines electorales, buscando quedar bien con un electorado conservador. En esta materia, se esta “legislando al vapor”, lo que está dando como resultado normas absurdas, los textos aprobados por los legisladores rayan en lo absurdo. Además de inconstitucionales, detalló Cruz Parcero, son un “berrinche legislativo de los diputados de derecha” que aprobaron reformas en los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato. Consideró también el académico que dichas reformas, iniciadas por el PAN y por PRI, con apoyo de otros partidos, como el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, son una reacción para contrarrestar las reformas hechas en el Distrito Federal (DF), donde se permite la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Un aspecto muy importante señalado por el académico es que algunas de las reformas dejan fuera varios temas: como la investigación con embriones y la fecundación in vitro, así como el dispositivo intrauterino, que desde el punto de vista de las reformas es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse, con lo cual las mujeres que lo utilicen serán delincuentes.

Alcances no previstos

En su afán de darle una “protección al embrión”, detalló Cruz Parcero, los legisladores no se pusieron a pensar en los alcances que tendrían dichas reformas, las cuales van más allá del aborto como tal, lo que obliga a hacerlas inconstitucionales, subrayó. En ello coincidió Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis (Fundar), quien afirmó que estas reformas violentan los acuerdos internacionales que México ha signado en esta materia, donde el Estado está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos. Las reformas, dijo, parten del desconocimiento de estos tratados y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mujeres”.

Entidades no son “feudos”

Los legisladores están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, detalló; ahora resulta que en las constituciones estatales pueden hacer esto como si fueran “feudos”, contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales. Las mujeres tienen derechos reproductivos y están en los tratados internacionales y las constituciones locales no pueden de ninguna manera restringirlos, sentenció. Ignoran los compromisos internacionales signados por el gobierno, los cuales reconocen los derechos humanos de las mujeres, como: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; las observaciones finales a México, extendidas el 25 de agosto de 2006 por el Comité CEDAW; la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), en el Capítulo VII Derechos reproductivos y salud reproductiva planificación de la familia; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995).

Por su parte Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que las reformas realizadas a las constituciones restringen y menoscaban los derechos otorgados por la Constitución, exacerbando la discriminación en contra de ellas, ya que en esta materia la Constitución tienen su normatividad.
Las mujeres que viven en los estados donde se han aprobado reformas de este tipo, explicó, son discriminadas con respecto de los estados en los que no se ha legislado de la misma forma, ya que las primeras restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque una reforma que restringe derechos discrimina.
No estamos de acuerdo en que en el país, “existan mexicanas de primera y de segunda. El Estado ha firmado todos los tratados existentes en materia de derechos sexuales y reproductivos y fue llamado a armonizar las leyes de los estados en materia de aborto”.

Legislación “engañosa”

En este sentido el doctor en derecho Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que se está legislando de forma “engañosa”, se usan los términos de “proteger la vida”, pero ¿por qué no se habla claro y se dice lo que se busca: amedrentar a las mujeres contraviniendo la Constitución de diferentes maneras, en materia de discriminación, ya que existe un artículo que la prohíbe, y el cuarto constitucional que señala que “cada mujer puede elegir el número de hijos, y espaciamiento de los mismos?”
Los especialistas afirmaron que estas nuevas reformas violentan a las mujeres, por lo cual también van en contra de lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, en virtud de que existe una restricción, en comparación con el DF para el tratamiento del aborto.

Y la mujer? Es culpable por ser mujer?: Sandoval, contra NOM 46 que permite el aborto a mujeres violadas

2009-06-29T13:24:00.001-05:00

Sandoval, contra NOM 046 que permite el aborto a mujeres violadas

JORGE COVARRUBIAS

El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se pronunció en contra de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 que permite la interrupción del embarazo cuando se trata de una violación.

Para el prelado, el Congreso del Estado es el único facultado para decidir si la iniciativa antiaborto tiene futuro y no la Secretaría de Salud.

Al término de la clausura del Año Paulino en Catedral, el purpurado señaló en entrevista. “(Es) una norma muy indebida porque va contra la vida, porque obliga a todo el mundo a que se practique el aborto”, aseveró después de oficiar la acostumbrada misa de 18 horas en la Catedral Metropolitana.

“Que se castigue al agresor, no al inocente”, espetó.

La Jornada, Jalisco.

Juicio Politico a Emilio Gonzalez gobernador de Jalisco

2009-06-29T12:22:00.002-05:00

El día de hoy, las diputadas federales Aída Marina Arvizu Rivas, Martha Angélica Tagle Martínez, Maricela Contreras Julián, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Irene Aragón Castillo y Rosario Ortiz Magallón y yo, presentamos, ante el secretario general de la H. Cámara de Diputados, una demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Jalisco. La demanda establece que el gobernador de Jalisco, C. Emilio González Márquez, ha violado reiteradamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatal y federal, así como a otros ordenamientos de orden nacional e internacional, en relación con los derechos de las mujeres en el estado de Jalisco.

Entre las causas que motivan esta demanda, señalamos que el gobernador de Jalisco:

· Se ha negado de forma sistemática a la prestación de servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado laico.

· Apoya abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, misma que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando el embarazo es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres, pues viola sus derechos fundamentales.

· Ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Norma Oficial Mexicana Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención aprobada el 16 de abril, con la que se obliga a los hospitales públicos y privados atender los abortos de mujeres víctimas de violación.

· Ha violentado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual México forma parte y ha incumplido las recomendaciones emitidas por el Comité DESC y por el Comité de la CEDAW, así como a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se establece que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

· Ha violentado constantemente la separación Estado-Iglesia y el carácter laico del Estado tal como lo establece los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos en los que se precisa que la legitimidad del poder público proviene de la soberanía o voluntad popular, no de la religión, y que las jerarquías eclesiásticas y dirigencias religiosas no pueden participar en la creación de las leyes ni en las políticas públicas.

· Ha gastado 443 millones, 500 mil pesos en un lapso de 2 años 3 meses que lleva en el cargo, en donaciones a instituciones y organismos vinculados con el clero, a conocidas empresas televisoras y a empresarios, violando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco entre otras.

Finalmente, la demanda establece que en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes; que del año 2005 al 2008 se han presentado 1,643 casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos, y que datos del INEGI y la Secretaría de Salud sitúan a Jalisco en el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, mismas que representan el 7.7% de la mortalidad materna en ese estado.

Por último señalamos que la discriminación contra la mujer niega y limita su igualdad de derechos y constituye una ofensa a la dignidad humana, por lo que el gobernador del estado de Jalisco, C. Emilio González Márquez debe ser llevado a juicio político a la brevedad, para ser destituido e inhabilitado para desempeñar funciones empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

La ley contra el narcomenudeo no es la alternativa

2009-05-01T20:51:00.002-05:00

El día de ayer, 30 de abril de 2009, la Cámara de Diputados completó un largo proceso legislativo, y aprobó una propuesta de ley del Presidente de la República en materia de“narcomenudeo”.

Esta ley , controvertida para todas las fuerzas políticas e incluso para el propio partido del Presidente, orientará la política de drogas en México durante los próximos años.

En la iniciativa pueden destacarse algunos avances realizados por el Senado de la República:
1. Que distinga entre consumidor, farmacodependiente y criminal.
2. Que se haya eliminado la rehabilitación obligatoria para consumidores no fármacodependientes, un despropósito contrario a los derechos humanos más elementales.
3. Que la ley ordene guiar la actuación de las autoridades por políticas de reducción de riesgos y daños.
4. Que se reconozcan y permitan los usos ceremoniales y culturales de algunas sustancias, reivindicación esencial en un país multicultural como es el nuestro.

Sin embargo, vemos riesgos y consecuencias negativas que sin duda también presentará la instrumentación de esta ley:

1. Considera sólo de manera tangencial el problema del consumo de drogas y se limita a intentar definirlo jurídicamente. Apuesta, en cambio, por profundizar una estrategia policiaca y militar probadamente fallida. Con ello, constatamos un nulo interés del gobierno federal por la salud pública y los derechos de las personas.
2. Criminalizará a un inmenso grupo de personas que vive de la venta de drogas al menudeo, pero que en realidad no forma parte consciente del crimen organizado, sino que se trata de jóvenes y mujeres sin oportunidades de desarrollo. Encarcelarlos no servirá para disminuir la oferta de drogas en las calles, ni mejorará la seguridad pública; sin embargo serán la justificación de la guerra contra las drogas, ya que el gobierno podrá presumir del número de personas encarceladas por esta política.

3. La ley supone una política legal de inducción al delito por parte de las policías, lo que delata la intención claramente autoritaria para enfrentar el problema: “cuando se trata de drogas, todo se vale, incluso pasar por encima de los derechos humanos” pareciera ser el mensaje.

4. Las cantidades de droga estipuladas como portación no personal mantienen un carácter ambiguo sobre su verdadera legalidad, toda vez que no se especifica cómo los consumidores pueden obtenerlas sin ser considerados criminales por la mera transacción; pero más importante aún, no corresponden con la realidad del mercado de drogas en las calles. (Por ejemplo, supone que un consumidor puede portar .5 gramos de cocaína, cuando en la calle se vende por gramo) lo que permite anticipar un crecimiento exponencial de la corrupción y la extorsión de las policías hacia los consumidores.

Dadas las anteriores consideraciones, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) ha manifiestado su cautela ante las posibles consecuencias de esta ley. Y nos recuerda que el problema de las drogas ilegales en México no podrá ser resuelto sin una política integral hacia ellas que las considere, en primer lugar, como un asunto de salud pública, con acciones claras de información y prevención, en el que los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados sin ningún tipo de restricciones.

EL PRI ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

2009-04-25T13:17:00.002-05:00

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desconociendo su propia historia y alejándose de la tradición laica del Estado Mexicano ha emprendido en todo el país una política contraria a los derechos de las mujeres. El PRI sin explicación alguna por parte de su dirigencia nacional, ha hecho suya la agenda legislativa del Partido Acción Nacional para reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Pactando con la Jerarquía Católica y en complicidad con el Partido Acción Nacional y, en ocasiones con la anuencia de otros partidos políticos ha impulsado y aprobado una reforma constitucional que vulnera el derecho a decidir de las mujeres en diez estados del país: Sonora; Baja California; Morelos; Jalisco; Puebla; Colima; Durango y recientemente en el estado de Nayarit, Quintana Roo y Campeche. En ninguno de estos estados el PAN por si solo podría haber votado positivamente una reforma constitucional. Y en algunos de estos estados, fueron los diputados priistas los que tomaron la iniciativa. Además, se tienen presentadas iniciativas similares en los congresos estatales de: Aguascalientes; Michoacán; Estado de México; Guanajuato; Oaxaca; Querétaro; Quintana Roo y Veracruz. En varios de estos estados los congresos locales son mayoritariamente prisitas. ¿Qué esta negociando el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional y la Jerarquía Católica? ¿Qué es tan importante, que ha concedido usar como moneda de cambio los derechos de las mujeres?

El reconocimiento constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres. Es contraria al artículo 4º. Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el tema de la protección de la vida desde la concepción y señaló: “...Si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar en forma desproporcionada los derechos de la mujer, no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación”

Las mujeres de México rechazamos estas iniciativas contrarias a nuestros derechos y exigimos al Partido Revolucionario Institucional dar marcha atrás en su intento por violentar nuestras garantías constitucionales.

Nos aprueban reserva a ley general de salud sobre consentimiendo informado.

2009-03-25T12:07:00.003-06:00

-Avalan reforma a la Ley General de Salud que instaura el consentimiento informado-

Aprueban diputados libertad de pacientes para rechazar la atención médica ofrecida

Los médicos estarán obligados a alentar una toma de decisión del derechohabiente, y respetarla

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para instaurar la figura de consentimiento informado, lo cual permitirá a los pacientes aceptar o rechazar la atención médica que se les ofrezca, así como sus tratamientos, y obliga a los médicos a alentar una toma de decisión con libertad, ofrecer más de una opción y respetar la autonomía de los derechohabientes.

La reforma se aprobó por 314 votos a favor, aun con el rechazo de Acción Nacional, que cuestionó la propuesta de la diputada Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa, a instituit con claridad la figura legal, con el argumento de que ello retrasaría la atención a los enfermos.

Durante la sesión de ayer, la mayoría de PRI, PRD, PT, Convergencia y Alternativa ganaron una primera votación, por 174 sufragios a favor y 160 en contra –del PAN–, favorecida por el ausentismo de legisladores panistas, para que se pusiera a discusión la propuesta de Conde Rodríguez.

En tribuna, la legisladora argumentó que, si bien el dictamen de la Comisión de Salud a la minuta del Senado con la reforma a la Ley General de Salud pretendía hacer efectivo el principio de respeto a la autonomía de la persona en la toma de decisiones médicas, la redacción no llenaba el vacío legal al no precisar la definición de consentimiento informado.

La adición de dos párrafos al artículo 33 de la citada ley, planteada por Alternativa y que se votó a favor al final de la sesión, estipula que como parte de las actividades de atención médica se tendrá la obligación de obtener el consentimiento informado.

Éste se define, señala la modificación, como “la facultad del paciente para aceptar o no la atención médica que se le ofrezca o la participación en proyectos de investigación que se le propongan, de manera libre e informada y libre de coacción. Para ello, el personal médico deberá informar de manera objetiva, suficiente, clara, veraz, oportuna y basado en evidencia científica al paciente o a sus familiares, sobre el estado que guarda su salud, así como de las alternativas y los procedimientos médicos terapéuticos y quirúrgicos que se indiquen, y los posibles riesgos.

Además define que una vez recibida dicha información, los pacientes podrán otorgar o no su consentimiento, y sus médicos deberán alentarlos a tomar una decisión con libertad, si es posible ofrecerles más de una opción, respetar su autonomía y tener en cuenta sus deseos y preferencias, de forma libre y sin coacción.

El presidente de la comisión y diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, argumentó que su bancada votó en contra de que se admitiera la modificación al dictamen para evitar que fuera devuelto al Senado y ahí se congelara. Salud demorada es salud denegada, dijo. Finalmente el dictamen se aprobó por 314 votos a favor.

Durante la sesión, el dirigente del sector popular del PRI, Marco Antonio Bernal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISR para hacer deducible de impuestos el pago de colegiaturas en el nivel básico, y en conferencia de prensa aseguró que si el Estado no puede cubrir su obligación de otorgar educación, es necesario facilitar que las familias puedan optar por un servicio educativo alterno.

El pleno aprobó también un punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Agricultura y del Trabajo, así como a las autoridades del Colegio de Posgraduados y al Sindicato Independiente de Académicos de esa institución, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga iniciada el 15 de febrero pasado.

-La Jornada-

“No más asesinatos de mujeres: legislemos el delito de feminicidio”.

2009-03-23T20:39:00.001-06:00

En el marco del "Día Internacional de la Mujer, no hay buenas noticias para las mexicanas. A los efectos devastadores de la crisis económica que ya se siente en nuestros hogares, en el sustento de nuestras hijas o hijos y en los empleos que hoy estamos perdiendo; a la inseguridad desatada por el crimen organizado que creció al amparo de pactos y corrupción, hay que agregar el alarmante incremento de feminicidios, sobre todo en los últimos tres meses.
A la fecha 264 mujeres han sido asesinadas por razones de género en México: al caso paradigmático e irresuelto de las mujeres asesinadas en Juárez, se deben agregar los asesinatos de 94 mujeres en el estado de México, 56 en Sinaloa, 51 en Jalisco, y otros más en Morelos y Chihuahua. En su mayoría, los cuerpos son encontrados con signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas a su condición de mujer.
En un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se destaca como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático el país. La violencia contra la mujer fundada en el género es el indicador más flagrante del atraso social, cultural y democrático de una sociedad. El feminicidio- es la muerte violenta de las mujeres por el sólo hecho de serlo-se genera en un contexto social, machista y conservador que, con cinismo, valida esa violencia.
Y con esta realidad alarmante, nuestra legislación penal se niega a reconocer el delito de feminicidio, ignorando con ello no sólo los avances internacionales de la ciencia penal y de la política criminal, sino también el avance indiscutible de los derechos humanos de las mujeres. El tipo penal del feminicidio debe ser incluido en la legislación mexicana, de lo contrario, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se convierte sólo en festejos burocráticos buenos para el lucimiento “feminista” de nuestras autoridades, pero no para dar pasos efectivos en la lucha de las mujeres por sus derechos. La tipificación del feminicidio, permitirá renovar nuestra justicia penal y hacerla digna de un verdadero estado democrático de derecho.
El Grupo Parlamentario Alternativa del Partido Socialdemócrata, en la Cámara de Diputados, convoca a todas las mujeres, en especial a nuestras compañeras diputadas y senadoras de todos los partidos políticos representados en el Congreso, a apoyar la iniciativa que hemos presentado para resolver, en esta LX Legislatura, la inclusión del feminicidio como tipo penal en nuestra legislación. Para nosotras, no hay mejor homenaje a las mujeres que la ampliación efectiva de sus derechos y la protección de su don más preciado: su vida. En esa lucha estamos”.
Diputada Marina Arvizu Rivas, coordinadora y Diputada Elsa Conde Rodríguez, vice coordinadora

Reformas constitucionales contra el derecho a decidir de las mujeres en los estados de BC, Puebla, Sonora y Morelos. Primer Corte en el último periodo

2009-03-23T20:38:00.000-06:00

Han transcurrido 51 días desde que se dio inicio al último periodo de sesiones de la LX Legislatura. Para las feministas que estamos por concluir nuestro periodo en la Cámara de Diputados, y particularmente para las feministas del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, estos días han sido particularmente intensos para contrarrestar la actuación del PAN en contra del derecho a decidir de las mujeres en el país.

La derecha en México se conforma de un conjunto de actores: la Conferencia del Episcopado Mexicano; el Partido Acción Nacional y Organizaciones Sociales como PROVIDA, ANCIFEM y la Unión de Padres de Familia, entre otras. Con la llegada a la Presidencia de la República en el año 2000 del Partido Acción Nacional (PAN) estos actores han fortalecido su actuar y su estrategia en los últimos años. Una de esas estrategias ha sido, transformar a nuestro país, en la sede de los encuentros más importantes que ha realizado la derecha a nivel mundial. Me refiero al IV Congreso Internacional de la Familia, realizado a finales del mes de febrero de 2008 en Guadalajara, Jalisco y; al VI Congreso Mundial sobre la Familia que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado mes de enero de 2009. Este último evento tuvo una asistencia de 9000 personas de todo el mundo y, contó para su inauguración con la participación de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez en México que un Jefe de Estado asiste en ese carácter a un evento religioso o “eclesiástico” como lo denomino el Cardenal Norberto Rivera.

En el marco de estos encuentros internacionales y, a partir del análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2008 que dota de constitucionalidad a la despenalización del aborto hasta la doceava semana en el DF, la derecha mexicana concertó impulsar una estrategia legislativa y de política pública que avanza rápidamente en el país y que básicamente consiste en: a) impulsar la perspectiva de la familia en contrapartida a la perspectiva de género; b) impulsar el reconocimiento constitucional del “derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” donde al “concebido se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes” y; c) rehuir al cumplimiento de compromisos que el estado mexicano ha adoptado en materia de derechos sexuales y reproductivos, como lo es la publicación de la NOM-46 referida a la violencia sexual. Sobre la NOM 46, les escribiré en otra entrega.

INCIATIVA DE LEY PARA DESARROLLAR UNA INDUSTRIA LEGAL DEL CÁÑAMO EN MÉXICO

2008-12-19T16:57:00.002-06:00

El 9 de diciembre presentamos ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para permitir y regular los usos industriales del cáñamo.

Esta es la tercera iniciativa que como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata he presentado en materia de regulación de la cannabis. La propuesta busca crear una industria legal para el cáñamo industrial. Del cáñamo se obtienen miles de productos de gran utilidad y calidad; que van desde toda clase de materiales de construcción, de textiles, cordajes y de papel, hasta fuente alimentaría y de biocombustibles, así como productos cosmetológicos de gran éxito en todo el mundo.

La iniciativa toma en cuenta que los tratados internacionales en materia de regulación de cannabis permiten los usos industriales del cáñamo, del mismo modo que los tratados comerciales más importantes firmados por México, como el TLCAN, el TLCUE y los firmados con Chile, Venezuela y Colombia contemplan cuotas y disposiciones específicas para estos productos.

La iniciativa destaca que nuestros principales socios comerciales producen cáñamo industrial de forma segura y legal, y advierte que en nuestro país eso no es posible actualmente debido a la legislación que regula a la planta de la cannabis, de donde proviene el cáñamo, lo que coloca al país en una evidente desventaja competitiva frente a ellos.

La exposición de motivos de la propuesta considera que la planta de la cannabis tiene un gran potencial industrial, un mercado internacional en constante crecimiento y es sostenible en términos ambientales. Advierte que el país tiene la tierra y el clima ideales para producirla. Considera, sin embargo, que sin una ley que regule su producción, procesamiento y comercialización estamos desaprovechando un valioso recurso natural que además podría beneficiar a miles de productores del campo.

Esta iniciativa completa, además, nuestros objetivos legislativos en materia de cannabis. A ella se suman dos iniciativas anteriores, presentadas en noviembre de 2007 y en abril de 2008. La primera de ellas tuvo como objetivos establecer los derechos y responsabilidades de los consumidores de la planta en México de modo tal que éstos sean considerados como objetos de una política pública en materia de salud, en lugar de una criminal; mientras que la segunda se dirigió a proponer una regulación especial para fomentar la investigación médica y científica sobre la planta, con el fin de permitir y regular las propiedades terapéuticas de la misma en beneficio de todas aquellas personas que la necesitan por motivos de salud.

Seminario Internacional "Estado laico, democracia y libertades"

2008-12-03T21:24:00.000-06:00

Con la finalidad de discutir y reflexionar sobre el fortalecimiento del estado laico, el pasado 26 de noviembre, se realizó en la Cámara de Diputados, el Seminario Internacional "Estado Laico, democracia y libertades". El Salón Verde fue el escenario para escuchar a especialistas como el Dr. Henri Pena-Ruiz (Francia) la Dra. Micheline Milot (Canadá) el Dr. Juan Esquivel (Argentina) y el Dr. Roberto Blancarte (México). Este seminario se vincula con la iniciativa de reforma constitucional que presenté al pleno el 22 de noviembre de 2007 y que pretende elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. Esta iniciativa fue suscrita por un grupo plural de legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y, en su elaboración participaron Roberto Blancarte y diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la cultura Laica, el Foro Intereclesiásitoco Mexicano, el Grupo de Información en repproduccion Elegida (GIRE) Afluentes, Demysex y la jurisdicción Norte de la iglesia Luz del Mundo. Asi como las diputadas fer¿derales Martha Tagle y Rosario Ortiz.

A continuación comparto las palabras de clausura que dirigí al auditorio.

"El día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a brillantes ponentes exponer sobre el estado laico, la democracia y la libertad. Los conocimientos adquiridos esta mañana nos invitan a una seria reflexión sobre estos temas. Y como legisladores nos obliga a realizar un análisis y trabajo legislativo serio, profundo y responsable. Nos llevamos la idea de que el principio de laicidad es universal que atraviesa fronteras y tiempos.

Que el estado laico no combate a la religión ni a las iglesias; sino que impugna el privilegio de una religión en el ámbito público; a la discriminación y a las desigualdades. Que el objetivo del estado laico es lograr la convivencia pacífica y armoniosa y la igualdad de trato para tod@s. Que los dos grandes valores que dan fundamento al estado laico son la libertad de conciencia y la igualdad. Que la laicidad es un instrumento que permite al estado confirmar su autonomía y neutralidad respecto a las normas religiosas imperantes y que dicha neutralidad lo obliga a establecer y garantizar que existan condiciones institucionales que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos. Que la laicidad se justifica en el reconocimiento de la diversad moral, cultural y religiosa. Que la laicidad es un principio de paz profundamente igualitario de reconocimiento de la diversidad. Finalmente que un estado laico y neutral protege valores fundamentales como la democracia, la tolerancia, la diversidad y los derechos humanos.

Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática significa el triunfo de la laicidad en la vida pública. No tenemos duda, de que en México se expresará la democracia y triunfará la laicidad en nuestra vida pública".

25 de Noviembre: Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres

2008-11-25T14:37:00.000-06:00

Hoy 25 de Noviembre Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata hace suyo el pronunciamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, para solicitar al Ejecutivo Federal la Publicación inmediata de la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres. En México en el 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Esta ley recupera las medidas que los gobiernos, federal, estatal y municipal deben tomar para lograr una disminución considerable de la violencia de género en nuestro país. Particularmente este 25 de noviembre, queremos llamar la atención ante un hecho inexplicable: el Ejecutivo Federal no ha dado el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en nuestras leyes.

El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo con todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó por mayoría la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son una regulación técnica de observancia obligatoria, donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que se prestan a la población.

La necesidad de elaborar esta NOM obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres. En particular, la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención obedece al compromiso del Estado mexicano firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, Petición 161-02; en le cual se comprometió a ampliar el objetivo de la NOM 190- SSA1-1999 relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.

La NOM-046-SSA2-2005, específica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y a la violencia contra las mujeres, se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de Emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo, toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia. Aunque en ultimas fechas observamos vergonzosos casos contrarios a todo derecho en estados como Morelos donde el PAN en complicidad con el PRI y otros Partidos Políticos han reformado la Ley para quitar todas las causales de aborto incluyendo la causal por violación contra la mujer. Este es un acto vergonzoso contra la integridad y dignidad de las mujeres y hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que llame a cuentas a sus Legisladores Locales y no permita que actos como este se repitan en otros estados del país.

La NOM 46 es relevante porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual (más allá del ámbito doméstico) en los servicios de salud. La Norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado Mexicano, y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Además, está concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas, no existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del Gobierno que violenta los derechos humanos de las mexicanas. La Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también tipifica la violencia de Estado como una inacción en que puede incurrir el Estado mismo, cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a las mismas a que desistan de denunciar y que queda claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.

Por lo anterior exhortamos al Ejecutivo Federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud a publicar de inmediato la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres.

Cambio Climático, Género y Política

2008-11-24T17:29:00.000-06:00

Del 19 al 22 de octubre del 2008 en la Ciudad de Manila, Filipinas se realizó el Tercer Congreso Global de Mujeres en Políticas y Gobierno. Este fue organizado por el Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico, teniendo como principal eje temático: el género en el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
El Congreso se llevó a cabo en coordinación con las siguientes organizaciones:

·Naciones Unidas y Estrategias Internacionales para la Reducción de Desastres (UNISDR).
·Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
·Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Mujeres (UNIFEM).
·Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).
·Naciones Unidas en Género y Alianza Climática (GGCA).
·Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
·Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO).
·Banco de Desarrollo Asiático (ADB).
·Comité Coordinador de Mujeres Parlamentarias de la Unión Inter-Parlamentaria (IPU/CCWP).
·Asimismo el Congreso contó con la participación de los miembros del propio Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico provenientes de Tailandia, Pakistán, Singapur, Japón, Corea, Nueva Guinea, Australia, Estados Unidos y Filipinas, así como legisladores invitados de países como México.

El Congreso tuvo como objetivo general la creación de un foro para legisladores y líderes de gobiernos locales en todos los niveles para motivar la formulación de una legislación de género así como programas orientados al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

Los objetivos específicos del evento fueron sustantivos para la comprensión del cambio climático:

1.Para entender el fenómeno del cambio climático y sus impactos así como un estudio acucioso y estratégico de la reducción del riesgo en la materia;
2.Para la revisión y examen de los aspectos de género en el cambio climático y la reducción del riesgo.
3.Para definir el rol que las mujeres juegan en la orientación y diseño de políticas que impactan directamente en el cambio climático y la reducción de riesgos en la matera a nivel global, nacional y local; y
4.Para la identificación y definición de una agenda parlamentaria instrumentada por mujeres líderes que favorezcan acciones globales y nacionales que adapten las responsabilidades de género en relación al cambio climático y la reducción de desastres.

El fenómeno del Cambio Climático

El cambio climático representa una amenaza para la libertad humana y una limitante en los esfuerzos globales para el combate a la pobreza. Actualmente, en promedio, una de cada 19 personas de países en desarrollo será golpeada por desastres climáticos, en comparación con los países integrantes de la OCDE, en donde sólo uno de cada 1,500 sufrirá los estragos de los desastres naturales. Entre más dramáticos sean los desastres naturales provocados por el cambio climático, los esfuerzos globales y de gobiernos nacionales deberán ser más estrictos con la finalidad de preservar una atmósfera habitable que promueva el desarrollo de la población mundial, sobre todo de los más jóvenes y pobres del planeta.

La discusión global se ha centrado en la elaboración de un mapa crítico en donde el cambio climático ha impactado de manera más violenta, así como la aplicación de acciones que lo reviertan. Las acciones deben incluir los mecanismos que frenen y reviertan más rápido la devastación que se ha producido en muchas regiones del mundo, principalmente, en aquellas que son más vulnerables, pese a los esfuerzos que se han venido instrumentando, éstos aún requieren de estrategias más firmes y comprometidas de todos los actores sociales.

Entre las principales necesidades que se ubicaron durante el evento para revertir el impacto negativo que han sufrido los diferentes países alrededor del mundo, se encuentran:

1.En primer lugar, se requiere de una participación mucho más activa por parte de los gobiernos locales, se reconoce que éstos han instrumentado acciones importantes, no obstante, esta temática aún no es una prioridad en las agendas gubernamentales.
2.Es necesario ubicar soluciones reales en esta materia y que sean adaptables a cada país. Por ejemplo, la creación de tecnologías que produzcan fuentes de energía mucho más económicas y contribuyan a la eliminación de gases tóxicos en la atmósfera.
3.Es necesario crear las herramientas que ayuden a instrumentar estas soluciones reales, mayor regulación, políticas viables, mayor participación de la ciudadanía y empresas privadas. En este sentido, la regulación gubernamental es indispensable.

¿Por qué es necesaria una visión de género para enfrentar el cambio climático?

Primera conclusión: Es importante reconocer que hay un impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres por el cambio climático.

Debemos entender que el cambio climático no es un proceso neutral. En primera instancia, las mujeres en general son más vulnerables a sus efectos, no sólo porque forman la mayoría de la población más pobre del mundo, además ellas son más dependientes de las fuentes naturales de energía que ahora son amenazadas.
Las negociaciones o gestiones para revertir los efectos devastadores del cambio climático, han sido principalmente desde una visión puramente masculina, se ha supuesto erróneamente que el problema impacta de igual manera a toda la población, por lo tanto , las políticas que se han instrumentado para contrarrestarlo han dejado al margen las necesidades y problemas que deben enfrentar las mujeres en esta materia.

En este sentido, el tema del género vinculado a la pobreza, es el punto de partida para reconocer los problemas que el cambio climático está causando en la población femenina y así, planear una política orientada a dar soluciones. Es absolutamente necesario vencer las barreras que hasta ahora se han levantado entre las soluciones para revertir el fenómeno y los problemas de la pobreza femenina, ambos forman actualmente un solo problema. Sólo por citar un ejemplo, durante el tsunami asiático ocurrido en 2005, la población mayoritariamente afectada, desaparecida y que pereció en él, fueron mujeres, en la región de Aceh, más del 75 por ciento de las víctimas fueron mujeres, estos datos reflejan que la posición de las mujeres en la planeación política frente a desastres naturales y a la devastación del clima, no es una prioridad y ello deja a la población femenina en una situación altamente vulnerable.

Trabajos de mujeres y expertos en temas ambientales, han concluido que la participación femenina en la creación de soluciones y alternativas viables que contrarresten los efectos negativos del fenómenos, han sido ignoradas hasta hoy por los gobiernos locales, sin embargo, de acuerdo a estos expertos valdría mucho la pena considerar estas alternativas como soluciones reales, que realmente contribuyen a la conservación, protección y rehabilitación de las áreas vulnerables.

La manera en como son tratados los temas relativos al cambio climático, son una muestra más de cómo la perspectiva de género es frecuentemente omitida de las decisiones importantes que están afectando, paradójicamente, a las mujeres por ello, durante el Congreso, una de las preocupaciones básicas, fue exaltar la visión femenina del fenómeno, no por encima de la visión masculina, sino como una fusión de ideas que contribuyan realmente a solucionar el problema y no margine a la población que es más vulnerable al cambio.

Dentro de las principales conclusiones que se obtuvieron durante el Congreso, destacan las siguientes:

1.Desarrollar estrategias para mejorar el acceso y control de las mujeres a las fuentes de energía naturales.
2.Aprovechar los conocimientos y habilidades femeninas para utilizarlas en las zonas devastadas por el cambio climático.
3.Crear oportunidades, gobierno – empresa, para entrenar a las mujeres en el manejo de situaciones de desastres naturales.
4.Promover y estimular la difusión tecnológica entre países en vías de desarrollo y países desarrollados que ayuden a construir tecnologías comunes en el manejo de desastres.
5.Los gobiernos locales deben adoptar el tema del cambio climático como una prioridad en la agenda parlamentaria. Ubicar los problemas específicos de cada región e incluirlas en una gran plan nacional de lucha contra el cambio climático.
6.Instrumentar y promover políticas que observen la perspectiva de género en la reducción del cambio climático.
7.Establecer lazos estrechos entre países de Asia, África, América Latina y Europa con la finalidad de promover e intercambiar estrategias que contrarresten los efectos nocivos del cambio climático y, más aún, que orienten a las nuevas generaciones y comunidades pobres a conservar los recursos naturales que el mundo aun tiene en abundancia.

Cuentas Públicas: una responsabilidad postergada

2008-11-10T13:53:00.000-06:00

El 4 de noviembre de 2008 se cumplió el plazo para que la LX Legislatura aprobara en el pleno, la revisión de las cuentas públicas 2002, 2003 y 2004. La revisión de la Cuenta Pública es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y una herramienta que nos permite como legisladores conocer el verdadero destino de los dineros públicos. Sin embargo, a pesar de contar con el dictamen correspondiente, se postergó su discusión, por falta de consenso entre las fracciones parlamentarias para subir el tema a tribuna. Uno de los puntos recurrentes en los tres decretos se relaciona con el incumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental llevados a cabo por los ejecutores del gasto público federal. Se detectó por ejemplo, que la Secretaría de Energía; Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público fueron las secretarías que mayor número de observaciones recibieron por el incumplimiento a las disposiciones legales. El Ramo General 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" también recibió un número importante de observaciones, lo que significa un llamado de atención para vigilar la aplicación correcta de estos recursos. Las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004 corresponden a la adminstración de Vicente Fox Quezada y el análisis de estas cuentas nos llevan a concluir que durante su administración hubo irregularidades; fallas en el actuar administrativo; falta de transparencia y acceso a la información. Además de que no alcanzó las proyecciones de crecimiento económico, recaudación tributaria y tasa inflacionaria establecidas en los Criterios Generales de Política Económica. Como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, debemos mencionar que como un aporte a la revisión de estas cuentas públicas, recomendamos etiquetar los recursos destinados a la equidad de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación e hicimos un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que incluya dentro de sus programas, auditorías de género, que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y de los recursos dstinados a las mujeres.

2 de octubre 1968-2008: un necesario compromiso de la izquierda con la democracia.

2008-10-03T15:47:00.000-05:00

En el año de 2006, el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró a Luis Echeverría Álvarez, al considerar que no existía ninguna prueba que lo inculpara como responsable de los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968, cuando el fungía como secretario de Gobernación. A pesar de ello, en su alegato el Juez determinó que sí hubo genocidio planeado y ejecutado. Es decir, que “el 2 de Octubre de 1968, un grupo de estudiantes fueron eliminados por motivos políticos”.

Si Luis Echeverría, ya fue exonerado, entonces, ¿a quién inculpar por este genocidio planeado y ejecutado en la Plaza de Tlatelolco? ¿Quiénes fueron los autores y quiénes los cómplices de este genocidio? A cuatro décadas de estos sucesos, lo único que tenemos como certeza es que hay culpables sin castigo, y decenas de muertos a los cuales la incipiente democracia nuestra no ha hecho justicia.
Los crímenes del 68 no pueden quedar en un pasado irresuelto, operando constantemente sobre nuestro presente; como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre la tesis del Juez español Baltasar Garzón, quién al referirse al caso de Argentina, menciona: “Que la obediencia debida sea un valor legitimado por la palabra del derecho es la mejor forma de permitir la repetición de las prácticas genocidas”.

Hacer memoria es hacer política, por ello, para esta sociedad que se resiste al olvido, cuatro décadas de impunidad deben traducirse en una sola palabra: ¡Justicia para los caídos del 68!

Así como el régimen posrevolucionario adquirió una deuda con los campesinos que dieron su vida en la Revolución de 1910 -que por cierto, sigue sin saldarse- los gobiernos actuales, producto de la alternancia política, alternancia que solo es posible bajo un sistema democrático, tienen una deuda con el Movimiento del 68.

Con la alternancia política llegó el Partido Acción Nacional al poder, y es este partido y su gobierno el que tiene esta responsabilidad de saldar esta deuda histórica.

El movimiento estudiantil de 1968 fue un momento de ruptura. La juventud mexicana reaccionó contra el fracaso posrevolucionario, cuya política esencial nunca fue suficiente para cumplir con sus propias divisas: justicia, libertad, democracia.

Gracias al Movimiento del 68, el sistema político mexicano observó signos de apertura; la democracia como forma de vida y no sólo como retórica, inició un camino de posibilidad, con la reforma política de 1976; la eclosión de la pluralidad y heterogeneidad de la sociedad mexicana producto de los movimientos políticos de 1986 y 1988; la definitiva reforma de 1996 y la consolidación del Instituto Federal Electoral.

Con estos cambios, el autoritarismo, la injusticia y las palabras huecas del régimen del Partido de Estado, parecieron encontrarse seriamente en entredicho. Hace cuarenta años, México se derrumbó, un México autoritario y paternalista se vino abajo, gracias a una juventud que no se resignó a seguir el curso del viejo régimen.

Por eso pregunto al Partido Acción Nacional, ¿están ustedes dispuestos o no; no con discursos, sino con actos de gobierno, a hacer justicia al Movimiento del 68? ¿Puede ser ese, su compromiso el día de hoy, para conmemorar cuarenta años de resistencia y de lucha contra la impunidad? ¿O tendremos que esperar al 2012 o al 2018 cuando de nueva cuenta, se de, la alternancia por la vía democrática?

1968 fue también el tiempo de la izquierda, de una izquierda revolucionara, ciertamente; comprometida con la denuncia de las promesas incumplidas y con el desenmascaramiento de una nueva alianza entre los herederos políticos de la revolución y el conservadurismo oligopólico que durante tantos años ejerció un control férreo sobre el país; una izquierda joven, activa, creativa y contestataria, que tuvo la osadía de tomarle la palabra a un régimen empeñado en la simulación y en las apariencias; un régimen que ni por equivocación podía autodenominarse democrático. La Dictadura Perfecta, mencionó alguna vez, el escritor Vargas Llosa.

Sin embargo, como izquierda, también tenemos una deuda con el Movimiento del 68: una deuda que tiene que ver con el hacernos cargo, del actual déficit democrático en el que vive nuestro sistema político. Desterrar de una vez por todas el clientelismo y corporativismo de nuestras instituciones políticas; el charrismo y la corrupción de las instituciones sindicales. En pocas palabras, desterrar las transacciones que todavía se realizan con el viejo régimen político.

No, no es suficiente un discurso de izquierda, no es suficiente luchar contra la desigualdad y contra la discriminación. Requerimos de una práctica política comprometida de verdad con la democracia.

El movimiento estudiantil del 68, se rebeló contra el viejo régimen para acabar con el autoritarismo revolucionario; en pocas palabras para iniciar nuestro tardío arribo a la construcción de ciudadanía. ¿Qué ha hecho la izquierda, sino ser cómplice del cierre de espacios de participación ciudadana?

En los últimos cinco años, la izquierda ha hecho un triste papel, al votar reformas electorales que limitan la pluralidad y gobernabilidad democrática. Reformas que se traducen en un precario sistema de partidos. Cómodamente instalada en la repartición del poder, la izquierda partidista ha perdido contacto con la ciudadanía. ¿Será capaz, esta izquierda, de recuperar el rumbo hacia una sociedad más democrática y con ello dar continuidad a lo que inició el movimiento de 68?

Y sin embargo, el movimiento del 68 significó no solo una revolución política; significó, sobre todo, una revolución cultural. Para las mujeres mexicanas el 68 fue un parteaguas: el inicio de la emancipación. Para nosotras significó, por primera vez, vivir la experiencia de la libertad y la igualdad, aunque fuera sólo por unos cuantos meses. Por primera vez, hombres y mujeres salieron a las calles para reclamar la democratización, no sólo del régimen político sino también de nuestra sociedad. Esa fue la señal, y muchos la comprendieron y la respaldaron, dando a la sociedad mexicana la posibilidad de, por primera vez, verse entre pares. Junto con el 68, llegaron también, para quedarse, la píldora y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Las diversas manifestaciones generalmente de corte político y profundamente contestatarias que se derivaron de la participación política de las mujeres en el movimiento del 68; han tenido repercusiones importantes: en la década de los 70s el machismo empezó a ser cuestionado como parte “natural” de la identidad masculina del “mexicano”, para ser considerado como una de las dimensiones de la discriminación de género. En las ultimas tres décadas del siglo XX el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres en México desarrolló diversas estrategias para avanzar en su agenda. Desde los años 70 se intensificó de manera gradual y con mucha creatividad la participación de las mujeres en el espacio de lo público. Este contexto favoreció que en 1974 se reformara el Artículo 4º de la Constitución mexicana, el cual garantiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y; libertad sexual y reproductiva.

También fue un contexto propicio para que a finales de esa misma década, en 1979, el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) junto con la Coalición de Mujeres Feminista elaboraran el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante esta Cámara de Diputados. Este proyecto no prosperó, sin embargo, con estos hechos jurídicos y culturales las mujeres mexicanas pudieron acceder paulatinamente al control de su fecundidad y a un ejercicio más libre de su sexualidad. Hoy a cuarenta años de ese movimiento que revolucionó la vida de las mujeres mexicanas y habiendo avanzado en la conquista de nuestro derecho a decidir, queremos rendir un homenaje a las mujeres del 68.

El movimiento de 1968 nos abrió una puerta hacia la democracia, hacia la igualdad y hacia la no discriminación, pero nuestra actual clase política sigue renuente a cruzar el umbral. Una clase política que ignora sus deudas con el pasado. Una clase política que es incapaz también de conmoverse con el presente. Conmoverse, por ejemplo, ante la muerte de Ramiro Guillén Tapia, dirigente campesino popoluca, quien en un acto de desesperación, se prendió fuego ante la mirada indiferente de las autoridades de Veracruz. Ramiro Guillén Tapia, es una metáfora, una metáfora del México actual que se desmorona frente a la mirada indolente de una clase política que se compromete solo con ella misma.

En cambio, una sociedad civil cada vez más vital y participativa, busca, fuera del sistema de partidos, avanzar hacia el futuro sin olvidarse de saldar cuentas con su pasado. Ojalá que la izquierda este a la altura para ir a su encuentro. Muchas Gracias!

VOTO SECRETO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS

2008-09-26T13:01:00.000-05:00

Una de las expresiones del autoritarismo del sistema político mexicano -que persiste y se niega a morir- es la corporativización, el clientelismo y el control de las organizaciones de los trabajadores en manos de líderes corruptos: una vez apoderados de la dirección sindical, no hay regla ni procedimiento democrático que logre moverlos de su feudo. Un mecanismo de control, particularmente nocivo y antidemocrático para el desarrollo del sindicalismo en nuestro país ha sido la imposibilidad de ejercer el voto secreto en distintos procedimientos de la vida sindical.
Dado que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no especifica ni garantiza la secrecía del voto en este tipo de procesos, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, presentamos recientemente una iniciativa una de ley, que tiene el objetivo de incluir en la LFT la modalidad del voto secreto en todas aquellas actividades gremiales, donde se deba garantizar la libertad y las prerrogativas laborales de los trabajadores sindicalizados. Esta iniciativa acompaña, en el mismo sentido, a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar su seguridad y la democracia sindical.
El voto secreto es un tema de trascendental importancia para nuestro país, ya que es una garantía del sufragio universal y un elemento imprescindible que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los gremios. Además de ser un instrumento legal para dirimir problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir. En este sentido, el voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que traducido al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato a que pertenecen.
A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato, la Corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan mediante el voto su opinión en la vida sindical. Con esta decisión sin precedente, la Corte ha dado un paso trascendental y sin retorno hacia la plena libertad, democracia y transparencia sindical. Ahora le corresponde al Poder Legislativo concretarlo y especificarlo en la Ley Federal del Trabajo, haciendo una propuesta de reforma integral.
Con base a lo anterior propusimos reformar los artículos 371 en su fracción IX; 379 fracción I; 660 fracción VIII; 681 y 931 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezcan las características del voto secreto, libre y directo, con el fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.
A nivel internacional, el voto secreto es práctica común y es admitida como un elemento plenamente compatible con la libertad de asociación a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. También ha sido una exigencia en el ámbito de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio del América del Norte, especialmente el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el que se ha asumido la promoción de parámetros como la transparencia, la inspección laboral y el voto secreto, particularmente en los recuentos. Si pretendemos ser un país competitivo en el concierto internacional, es justo que aprovechemos las mejores prácticas de esta competencia y una de ellas es garantizar las condiciones para que la libertad y democracia sindical sean efectivas. De esta manera, la propuesta de modificación planteada restituye a los trabajadores su libertad de asociación, su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y se asegura su condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial.

¿De qué se ríe señor procurador? ¿De qué se ríe?

2008-09-24T12:46:00.000-05:00

Glosa del Segundo Informe de Gobierno sobre Seguridad Pública.

Señor Procurador:

Según los reportes a nuestro alcance, el día primero de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a su dependencia que se habían recibido amenazas de atentados con granadas de fragmentación para la noche del grito de independencia. El 8, 12, 13 y el mismo 15 de septiembre se recibieron las mismas amenazas y nuevamente la dependencia a su cargo fue informada. Es decir, en todos los casos tanto la Procuraduría General de la República, como el propio CISEN, fueron puntualmente informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En su dependencia: ¿Quién recibió la información? ¿Estaba usted enterado de esos reportes? ¿Qué instancia la procesó y cuál fue el reporte de inteligencia criminal que usted recibió? ¿En qué fecha? ¿Con qué número de oficio o en que docuemnto? ¿Cuáles eran sus conclusiones?. Ante la gravedad de los reportes, ¿qué medidas planeó usted y qué instrucciones ordenó con base en el análisis de la información que le fuera remitida a su dependencia? ¿En qué oficios? ¿a quiénes ordenó actuar y de qué manera?. ¿Cómo explica usted, lo que documenta la prensa, acerca de la escasa presencia federal antes del atentado del 15 de septiembre en Morelia, Mich.?

Tener información y no actuar es negligencia señor Procurador. Por eso le pregunto...¿De qué se ríe, señor Procurador, de qué se ríe?

POR UNA POLITICA ALTERNATIVA HACIA LAS DROGAS

2008-09-23T16:52:00.000-05:00

Seguramente hay diversas motivaciones para que, quiénes no somos especialistas en la materia, nos interesemos por el tema de las drogas, como un tema de interés público. En mi caso, ha sido el feminismo y su lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la principal premisa que me ha ubicado de lleno en esta causa. Hoy, para quiénes aspiramos a una sociedad libre, igualitaria y democrática, la lucha por una política alternativa hacia las drogas, es sin duda, una causa que no podemos soslayar. Es esta convicción la que nos ha convocado a un grupo de legos, especialistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil -hoy aglutinados en el Colectivo por una Política Integral hacia las drogas (CUPIHD) a trabajar y proponer políticas públicas y acciones legislativas que transformen las actuales políticas de Estado, desde una perspectiva integral y de respeto a los derechos humanos.

La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano para enfrentar el problema de las drogas está condenada al fracaso. Es una política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde a una política fundamentalmente prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal frente a las drogas; así como a insistir utópicamente en la idea de una “sociedad libre de drogas”.

El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido (y conocen) el uso de las drogas”.

El prohibicionismo convertido en política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de E.U. ha tenido la capacidad de imponer sus “reglas del juego” en todo el mundo y, México, su vecino incómodo, por supuesto, no sido la excepción. Las acciones de esta política se han orientado fundamentalmente a la erradicación de los cultivos ilícitos; “el desmantelamiento de grupos de narcotraficantes”; la militarización en todo el país de la lucha antidrogas y el rechazo a cualquier iniciativa pro-legalización de las drogas.

En relación con la erradicación de cultivos, no sabemos si los resultados son los esperados por el gobierno mexicano, lo que si sabemos es que el consumo aumenta en nuestro país. La política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México” no ha hecho sino fortalecer a los cárteles que se dice combatir. El número de muertes vinculadas al narcotráfico desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, suman al mes de julio del 2008 más de 5,000.

El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas no ha significado un avance para reducir el fenómeno, pero si ha incrementado el descontento social. La Presidencia de la República ha reportado que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) participó en el 2007 con un promedio mensual de 45,733 elementos militares en el combate al narcotráfico. El resultado colateral más visible ha sido la violación sistemática de los derechos humanos y; vergonzosos casos de violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares. Por nombrar tres casos significativos enunciaré: el caso de las mujeres trabajadoras sexuales de Castaños en Coahuila; el caso de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en Veracruz y el de tres mujeres también sexotrabajadoras en Guerrero.

Por último, la negativa a aceptar una eventual legalización de las drogas, ha conllevado que tanto el Ejecutivo Federal como la propia Cámara de Diputados no propicien siquiera el debate sobre este importante tema. Nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha presentado a la fecha dos iniciativas para regular el consumo de cannabis protegiendo el derecho de los consumidores como para regular su uso con fines médicos y terapéuticos.

Para esta política de combate al narcotráfico, el Ejecutivo Federal ha aumentado sus recursos en un 24% con relación al presupuesto del 2006 y ha involucrado a siete dependencias federales. Esta cantidad ascendió en el 2008 a 2.5 mil millones de dólares anuales. Mientras que los recursos asignados a los programas de prevención y lucha contra las adicciones la cantidad fue apenas de aproximadamente 31 millones de dólares.

En este contexto, el gobierno mexicano ha impulsado el Plan Mérida, como un acuerdo de “cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos que establece como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico...así como (procurar) la estabilidad y la seguridad de la región”. Hoy sabemos, por toda la discusión que se ha generado, que México tendrá que aportar 7000 millones de pesos y que este Plan apoyará las acciones militares del gobierno, destinando mayores recursos para adquirir armamento, capacitación militar, adquisición de equipo, y promover el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades cívicas con el fin de prevenir el consumo de drogas y evitar el trasiego para Estados Unidos.

Con todo este conjunto de cifras e indicadores, ¿Podría el gobierno federal decirnos cuándo tendrá fin esta guerra? ¿Cuándo podrá decirnos, finalmente, ganamos?

Es evidente que el fenómeno de las drogas en el país y en el mundo, trasciende ampliamente los alcances de la “guerra” contra el narcotráfico. En consecuencia consideramos necesaria una coordinación efectiva y una política integral por parte del Estado Mexicano, que incluya entre otras cosas, la legalización de las drogas en nuestro país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la interrupción voluntaria del embarazo

2008-06-28T08:48:00.000-05:00

(TEXTO LEIDO EN LA AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2008 EN LA SALA ALTERNA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN)

Honorables señoras y señores ministros.

En el debate sobre el aborto, el reto para un sistema justo y democrático, es construir espacios de discusión, de tolerancia y de respeto a la pluralidad de puntos de vista que se expresan en la vida pública. Por ello, como legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, quiero transmitir un reconocimiento de mi grupo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la apertura de este espacio de diálogo y disertación sobre un tema crucial para la vida de las mujeres. Como ha mencionado Marta Lamas en diversos foros: el debate sobre la penalización/ despenalización del aborto nos plantea el desafío de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos de primer orden: como la libertad de conciencia, la laicidad y el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y la privacidad. ¿Por qué es importante privilegiar la pluralidad y éstos principios democráticos?

Porque solo en un sistema democrático pueden convivir civilizadamente dos visiones de mundo que son irreconciliables y antagónicas: la de quienes estamos por el derecho a decidir de las mujeres y; la de quienes, basados fundamentalmente en preceptos morales, abogan en contra de ese derecho. Más allá de estas visiones, sin embargo, lo que es una realidad en la vida cotidiana de la gente es: que la Modernidad con sus avances científicos, políticos y culturales ha permitido a las personas trascender su propia biología y decidir cómo, cuándo y con quién tener hijos, o decidir no tenerlos. La modernidad con sus nuevas tecnologías reproductivas y con la conquista del derecho a la privacidad ha permitido a las personas apropiarse de su cuerpo y de su sexualidad.

Los argumentos a favor de una iniciativa como la aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que hemos escuchado en las audiencias de esta honorable SCJN, se han fundamentado en el desarrollo científico; en la bioética y en la importancia de las nuevas tecnologías en la vida reproductiva de las personas; en el derecho y en el incipiente avance para erradicar de nuestra legislación, la discriminación y el sexismo para transitar a una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se han ponderado los principios rectores de un estado laico y democrático y se ha expresado, que no existe una razón argumentativa y de derecho, a través de la cual se pueda imponer a la sociedad una consideración moral para condenar a las mujeres a la clandestinidad y a la muerte.

La condena, es básicamente una condena moral, como ha mencionado Luis de la Barreda Solórzano, pues “la magra punibilidad del aborto es indicativa de una depreciación “en las valoraciones sociales” que ha sufrido la vida en formación. En contrario sensu, la penalización del aborto no logra el cometido de disuadir a las mujeres de abortar una vez que han tomado la decisión de no continuar con un embarazo no deseado. En este sentido la conminación penal carece en absoluto, de efectos disuasivos.

La intimidación que produce no disuade de la comisión del delito, sino que propicia la clandestinidad y que decenas de miles de mujeres pobres sufran daños severos en su salud y que muchas de ellas pierdan la vida. ¿Por qué hablamos de mujeres pobres? Porque como bien se ha documentado “tratándose del aborto, no se hallará en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada. En otros términos: no existe otra figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto”. De ahí entonces, que el problema del aborto en nuestro país no sea solo un grave problema de salud pública sino también un grave problema de justicia social. Las mujeres con recursos pueden acceder –en la clandestinidad- a un aborto seguro sin poner en peligro su vida y su libertad. En cambio las mujeres pobres, justo por la clandestinidad, arriesgan su vida y se amenaza su libertad.

Aunado a este carácter clasista de la prohibición del aborto, está también el carácter impositivo de esta penalización, que no se limita a prohibir sino que obliga además, a una opción de vida como es la maternidad. Lo contrario a derecho es, precisamente, imponer conductas y más aún opciones de vida. Luigi Ferrajoli al respecto menciona que a diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones legales, la prohibición del aborto es el único caso en que la penalización conlleva también una obligación; situación que contrasta con todos los principios liberales del derecho penal.

En el cuerpo de la mujer, el embrión es una innegable realidad biológica. Pero su existencia toma sentido, si y solo si, la mujer establece una relación que le dota de significado dentro de su cuerpo. Es el deseo y la voluntad de la mujer lo que confiere al embrión su calidad de persona. La maternidad voluntaria ha sido una conquista de la cultura para trastocar ese “orden natural”, social y jurídico que condenaba al cuerpo de las mujeres a ser un mero receptáculo del deseo de otros. Por la razones anteriores, consideramos que es importante validar una legislación que erradica el trato discriminatorio y clasista hacia las mujeres y les confiere autonomía para decidir sobre su propio cuerpo.

En México, producto del análisis que esta honorable Corte realizó en el año 2002 a propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, se concluyó que el derecho a la vida no es un absoluto y por ello, la protección de este derecho, no excluye la opción de establecer varias causales en la práctica del aborto en todos los estados de la República Mexicana. Es una manera de reconciliar los intereses del estado en proteger la vida por nacer y los derechos constitucionales de la mujer a la vida, a la salud y a la maternidad voluntaria. Con la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal se reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir y libertad sobre su cuerpo; se evitan muertes por abortos clandestinos; se da cumplimiento al artículo 4º constitucional; se respeta el derecho sexual y reproductivo de las personas, especialmente de los jóvenes; se garantiza el derecho a la información y el acceso a servicios de salud de calidad. Por tanto, imponer criterios que resulten restrictivos de estos derechos, es contrario a la esencia de un Estado moderno y a los objetivos de un sistema democrático.

Hoy, frente a las sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por dos instituciones, que en teoría deberían garantizar los derechos humanos y de procurar justicia para las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí, el desafío de ponderar las razones que le asisten al derecho sobre las distintas consideraciones morales que se objetivan en el debate sobre el aborto.

Hoy en esta ciudad las mujeres, somos más libres y más ciudadanas. Señoras y señores ministros, hoy tienen ustedes la oportunidad de extender una carta de ciudadanía plena a las mujeres de esta ciudad.

Muchas gracias!.

Ciudad de México, 27 de junio de 2008.

Nuestro trabajo legislativo y Alternativa Socialdemócrata

2008-06-18T15:07:00.000-05:00

El día de ayer, Excelsior publicó un cuadro con l@s legisladores más productivos en ésta LX Legislatura. En este cuadro aparecemos en un honroso cuarto lugar, con 23 iniciativas presentadas y 17 proposiciones con punto de acuerdo. En nuestras iniciativas puede observarse un especial énfasis en la promoción de la equidad de género y respeto de los derechos humanos. En ampliar la representación de las mujeres en el ejercicio del poder político y por garantizar los derechos sexuales y reproductivos. También hemos trabajado por el fortalecimiento del estado laico; por presupuestos sensibles al género, por ampliar derechos de la diversidad sexual y por una legislación alternativa para los consumidores de cannabis entre otras. Nuestras iniciativas son el producto de la innovación y la reflexión colectiva. Porque sabemos que es posible trascender las desigualdades en la misma medida en que ampliamos nuestra ciudadanía y el ejercicio de nuestras libertades. Estos resultados son apenas un perceptible destello de nuestro compromiso con las causas ciudadanas, que son las causas de Alternativa Socialdemócrata.

CUBA Y EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL

2008-06-12T11:56:00.000-05:00

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es de gran interés el reconocimiento pleno de los derechos de la diversidad sexual por ello a partir de la IX Reunión Interparlamentaria realizada en La Habana, Cuba, el pasado mes de julio de 2007, establecimos contacto con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) dirigido por Mariela Castro. De ese primer contacto surgió la iniciativa de invitar a profesionales del Cenesex a México. El "Foro Derechos para la Diversidad Sexual", se realizó el 13 de septiembre de 2007 y fue organizado en el contexto del debate que se da en nuestro país para el reconocimiento y la ampliación de los derechos de ciudadanía de la comunidad LGBTTT así como en el marco de las discusiones y propuestas de ley que sobre este tema se han presentado tanto en la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba como en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por ello nos congratula saber que en Cuba a partir del 6 de junio pasado con la resolución 126 del Ministerio de Salud Pública, ya se autorizó de manera oficial la realización de operaciones de cambio de sexo, en el marco de un programa de atención “integral” a transexuales. Con esta resolución se prevé la creación de un Centro específico de atención a la salud para las personas transexuales que será coordinado por el Cenesex. Las operaciones serán gratuitas para los habitantes de la isla y actualmente ya hay una lista de espera aprobada de 28 personas. Cuba en poco tiempo ha logrado grandes avances en el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual. Y actualmente el Parlamento Cubano está estudiando reformar el Código de Familia para reconocer la unión legal de homosexuales y también tiene para su estudio un proyecto de ley sobre “identidad de género” que incluye el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, así como “su reconocimiento en los documentos legales de cada persona.” Mientras que en Cuba se dan estos grandes adelantos, en nuestro país todo parece congelarse. Legisladores federales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendríamos que volver nuestra mirada a Cuba y establecer un compromiso real con el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual y el respeto a las libertades de todas las personas.

Reforma constitucional en materia de laicidad

2008-05-23T09:42:00.001-05:00

En el mes de noviembre pasado un grupo de diputadas y diputados de los diferentes partidos en la Cámara de Diputados presentamos iniciativa de reforma constitucional en materia de laicidad. Con el fin de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano y fortalecer los derechos y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos, y de que se respeten y amplíen las garantías individuales y los derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales la cual de manera muy expedita elaboró un dictamen a favor en el que se incluyeron además de la iniciativa nuestra otras relacionadas con el tema. Después de varias reuniones fallidas en las que siempre se quedaba esperando para ser discutido el dictamen, el día 29 de abril del año en curso la Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración el dictamen y fue aprobado con 17 votos a favor 4 en contra del Partido Acción Nacional y una abstención también del PAN. La votación se dio de la siguiente manera:

NOMBRE	PARTIDO	VOTO
Cárdenas Hernandez Raymundo	PRD	A FAVOR
Guerrero Torres Jose Gildardo	PAN	EN CONTRA
Martínez Valero Dora Alicia	PAN	EN CONTRA
Fernández Balboa Monica	PRD	A FAVOR
Biebrich Torres Carlos Armando	PRI	A FAVOR
Reyna Garcia José Jesus	PRI	A FAVOR
Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesus	CONV	A FAVOR
Garay Ulloa Silvano	PT	A FAVOR
Borrego Estrada Felipe	PAN	AUSENTE
Carbajal Tejada Rogelio	PAN	ABSTENCIÓN
Cervantes Andrade Raúl	PRI	A FAVOR
De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	PAN	EN CONTRA
Diaz de Leon Torres Leticia	PAN	AUSENTE
Elizondo Garrido Francisco	PVEM	A FAVOR
Espejel Lazcano Jaime	PRD	A FAVOR
Espinosa Piña José Luis	PAN	AUSENTE
Guerra Ochoa Juan Nicasio	PRD	A FAVOR
Lozano Lozano Andres	PRD	A FAVOR
Madrid Tovilla Arely	PRI	A FAVOR
Medina Rodriguez Lizbeth	PAN	AUSENTE
Montalvo Rojas Victorio Ruben	PRD	A FAVOR
Ortega Martínez Ma. del Pilar	PAN	EN CONTRA
Ortiz Magallon Rosario Ignacia	PRD	A FAVOR
Palma Cesar Victor Samuel	PRI	A FAVOR
Perez Cuellar Cruz	PAN	AUSENTE
Rivera Bedoya Juan Francisco	PRI	A FAVOR
Rodriguez Prats Juan Jose	PAN	AUSENTE
Ruiz Sanchez Salvador	PRD	AUSENTE
Rios Camarena Alfredo Adolfo	PRI	A FAVOR
Tamayo Herrera Yadhira Yvette	PAN	AUSENTE

Esta iniciativa es fruto nuestro trabajo como Alternativa Socialdemocrata y del esfuerzo de legisladoras como Martha Tagle de Convergencia y Rosario Ortiz del PRD. Así como de grupos de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, Afluentes, Gire, Frente Laico y algunas organizaciones religiosas, como el Foro Intereclesiastico Mexicano y La Luz del Mundo entre otras. Además contamos con la participación del Doctor Roberto Blancarte quien con sus conocimientos y gran experiencia en el tema apoyó de manera incondicional este esfuerzo.

Actualmente el dictamen se encuentra en primera lectura y falta que se agende para una segunda lectura y para la discusión correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto sucederá en el próximo periodo de sesiones que iniciará en el mes de septiembre. No hay que olvidar que por tratarse de una reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Megalimosnas y el gober "piadoso"

2008-04-28T12:58:00.001-05:00

Con fecha 24 de marzo del año en curso el Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez anunció la entrega de 90 millones de pesos a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque, cuyo costo final se estima en 2 mil millones de pesos.

Ese mismo día en Casa Jalisco el Gobernador entregó un primer cheque por la cantidad de $30 millones de pesos al Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Esto con el pretexto de apoyar una obra que según González Márquez dejará grandes beneficios económicos debido al turismo religioso.

Con la reciente donación de 90 millones de pesos del erario a un grupo privado como la Arquidiócesis de Guadalajara, se vulneran principios constitucionales establecidos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución del Estado de Jalisco y diversos ordenamientos legales.

En primer lugar se está violando el carácter laico del Estado y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna. También se está violentando el hecho de que las autoridades no pueden intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas. (Entendiendo como asuntos internos todos aquellos actos que las asociaciones religiosas realicen conforme a sus estatutos para el cumplimiento de su objeto) La construcción de un templo religioso corresponde a la vida interna de las mismas y no le concierne al Gobernador inmiscuirse en ellas. No hay la menor duda que el dinero va a ir a parar de forma directa a manos del clero. El llamado “donativo” es en realidad una forma de subsidio público y una clara intervención de autoridades del gobierno del Estado en los asuntos internos de una asociación religiosa, lo que está prohibido.

En segundo lugar el Gobernador de Jalisco está violando el artículo 108 constitucional y el 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos respecto a que todo servidor público tiene la obligación de cumplir con las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; además de la obligación de cumplir con el servicio que le fue encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su cargo. También le corresponde rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y sobre la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Hasta este momento el Gobernador no ha proporcionado ningún tipo de documentación que avale la legalidad de su acto.

En tercer lugar el artículo 120 de nuestra Carta Magna establece que los Gobernadores de los Estados están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes federales. Emilio González no está cumpliendo con este mandato constitucional al violar los artículos 3º, 5º, 8o y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los artículos 28 y 32 del Reglamento de la Ley. Los cuales establecen que el Estado mexicano es laico y que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Con este donativo se está privilegiando únicamente a la Arquidiócesis de Guadalajara, es decir a una sola agrupación religiosa. De igual forma la Ley establece que lo actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho. Por lo que la donación de 90 millones de pesos debe ser anulada por el simple hecho de violar esta Ley. Por su parte el artículo 8º establece que las asociaciones religiosas deben sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos, y fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. Mandatos que no están e siendo respetados por la Arquidiócesis de Guadalajara. Finalmente la Ley de Asociaciones Religiosas establece que le corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Por lo que dicha Secretaría debería de actuar en consecuencia y solicitarle al Gobernador del Estado de Jalisco y a la Arquidiócesis de Guadalajara una explicación de sus actos.

En cuarto lugar El Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez está violando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece en su artículo 1º que los ejecutores del gasto deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Y deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que la Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. La rendición de cuentas es una obligación en un Estado que se sustenta en las reglas de la democracia y la libertad. Por lo que el Gobernador está violando esos principios al usar discrecionalmente dinero público para darle viabilidad a un espacio religioso que además aún no existe.

En quinto lugar con esta donación millonaria por parte del Gobernador de Jalisco se está violentando el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que parte de sus facultades es cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes. Con este acto se extralimitó en sus funciones ya que no tiene facultades para otorgar donaciones de este tipo a ninguna asociación religiosa.

En sexto lugar y en consonancia con los artículos 90, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que establecen que por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los servidores públicos del Estado se harán acreedores a sanciones administrativas. Por lo que con la información obtenida hasta este momento podemos sospechar que el Gobernador del Estado ha incurrido en responsabilidad y se ha hecho acreedor al proceso administrativo correspondiente.

Finalmente corresponde al Congreso Local conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, pedir en primer término la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y en segundo lugar si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

La democracia no se agota el día de la elección, se práctica cada jornada y se ejerce apegándose al estado de derecho, a las leyes, las reglas y a las instituciones. El compromiso, del señor gobernador, es dar señales firmes de legalidad, para beneficio de la convivencia social. Es momento de enmendar los yerros, de corregir el rumbo gobernar para todos y cuidar los recursos públicos.

Por todo lo anterior nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presentó un punto de acuerdo, mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación, a través del cual: Se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez a que informe a ésta H. Cámara de Diputados sobre la donación de 30 millones de pesos del erario público para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque. Asimismo se le exhorta a detener la donación de los $60 millones de pesos pendientes de otorgar a la Arquidiócesis de Guadalajara, para este mismo fin y dar cumplimiento al estado de derecho. Se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y su Reglamento. En específico a las violaciones concretas a los artículos 3º, 5º, 8º y 25 de la Ley y a los artículos 28 y 32 del Reglamento de la misma. Y por último, Se exhorta al Congreso Local del Estado de Jalisco actúe conforme a derecho y de acuerdo a sus facultades establecidas en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que solicite la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

Licencia de paternidad: por una cultura alternativa para la crianza de l@s hij@s.

2008-04-04T14:19:00.000-06:00

El día de ayer, 3 de abril del 2008, presente una iniciativa que tiene como objetivo otorgar una licencia de paternidad con goce de sueldo a los trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo, con el fin último de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esta propuesta se articula en torno al empleo, la corresponsabilidad, y la conciliación de la vida laboral y personal. Busca equilibrar el papel del cuidado familiar entre hombres y mujeres, para que ambos compartan la atención del recién nacido, y para alentar la equidad de género y la vida democrática desde el interior mismo de la institución familiar.

La idea básica es aumentar el número de padres que desempeñen un rol activo en el cuidado de los hijos desde sus primeros días de nacidos. El principio rector es la igualdad de oportunidades, con vistas tanto a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como animar a los varones a pasar más tiempo en casa cuidando de sus hijos. Así como conciliar el desarrollo profesional con el familiar.

La Licencia por Paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas. En Europa esta medida se ha extendido y en 1984 Dinamarca implementó la licencia por paternidad y en 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte en su nueva Ley de Igualdad incluye un permiso de paternidad de 15 días, con la cual más de 400.000 hombres pueden pedir, cada año, dicho permiso.

En el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8 días. En México apenas existen algunas experiencias en esta materia. Por ejemplo, de manera reciente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instauró para sus empleados, la primera licencia de paternidad y se estableció un permiso de 10 días con goce de sueldo por nacimiento de hijo o hija para los varones. De igual forma el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó, durante la primera sesión ordinaria del 2008 de su Junta de Gobierno otorgar una prestación similar a los empleados varones de dicho Instituto.

En México ya contamos con una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

Acorde a lo anterior es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha Ley, para implementar políticas de cooperación y mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos.

Debemos terminar con el estigma de que el cuidado de las criaturas es cosa de mujeres. “Si el padre trabaja y la madre no, ésta se encarga de cuidar a los hijos. Si la madre trabaja y el padre no, ella se encarga de cuidar a los hijos”. Pareciera que la seguridad social no considera que el padre tenga obligaciones semejantes.

Hasta ahora la Ley Federal del Trabajo y la seguridad social de nuestro país es discriminatoria al no facilitarles a los hombres el ejercicio de su paternidad de manera responsable desde el nacimiento de sus hijos, y es por ello proponemos varias modificaciones a este ordenamiento legal con el fin de establecer un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo.

Proponemos modificar la fracción IX del artículo 25 de dicha ley, que establece las condiciones laborales que deben observar las relaciones individuales de trabajo, para agregar los permisos tanto de maternidad como de paternidad, que no se encuentran contenidos en dicho artículo.

Asimismo, con la propuesta adicionamos la fracción XXIX del artículo 132, para que dentro de las obligaciones de los patrones se establezca la obligación de otorgar un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo.

Finalmente proponemos modificar la fracción V del artículo 391 en relación con el contrato colectivo de trabajo con el fin de que en éste se incluya el permiso de maternidad y paternidad correspondiente. Con estas reformas cumplimos, además, con el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho que tienen los trabajadores con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

No tenemos duda de que la sociedad mexicana está preparada para la equidad. La crianza de l@s hij@s no es asunto de mujeres. Es un tema de igualdad y, la licencia de paternidad debe ser un derecho de todos los trabajadores y por lo tanto es nuestro deber como legisladores garantizarlo.

FELIPE CALDERÓN Y EL PAN: CONTRA LAS GARANTIAS SOCIALES DE L@S MEXICAN@S

2008-04-03T17:06:00.001-06:00

En el tema de las Garantías Social y la Reforma del Estado

• El Presidente y su partido actuaron contra los derechos humanos de la ciudadanía y del desarrollo social de las mayorías.
• De 93 propuestas a discusión, en el último momento fueron excluidas 71 propuestas consensadas, se aprobaron cuatro y el resto se encuentra en revisión.
• Seis meses de trabajo, que consumieron millones de pesos del erario, resultaron en una simulación.

La reciente Ley para la Reforma del Estado creó, hace más de medio año, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, (CENCA), en la que participamos todas los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión. Después de seis meses intensos de trabajo, y de un gasto excesivo de recursos públicos, el proceso de deliberación democrática para la Reforma del estado resultó en una simulación, ya que únicamente quedaron aprobadas cuatro

propuestas:

1. Garantizar la autonomía de las comisiones locales de derechos humanos (art. 102)
2. Establecer la calidad como parte del derecho a la educación (art. 3)
3. Obligación de los mexicanos de hacer que sus hij@s concurran a las escuelas (art. 31)
4. Establecer el derecho constitucional a una vida libre de violencia (art. 4)

Por su lado, el Partido Acción Nacional, se manifestó por emitir 71 reservas, hacer 18 observaciones y solo aceptó aprobar cuatro de acuerdos previamente consensadas por las diferentes fracciones parlamentarias en los distintos
grupos de trabajo, y en los cuales se incluían temas como derechos humanos, la alimentación, la salud, educación con calidad, empleo, medio ambiente, el derecho al agua, seguridad social, vivienda, la equidad de género, derechos para las personas con discapacidad, derechos indígenas, derechos no contemplados para las niñas, niños y adolescentes, derechos de los migrantes, derecho a la identidad y el respeto al estado laico entre otros.

Con ello, el Partido Acción Nacional en abierta complicidad con el Ejecutivo Federal, propone desechar un paquete de iniciativas que, en último grado, garantizarían la seguridad social de toda la población, y además reconocerían
la pluralidad social nuevos sujetos de derechos en nuestra Carta Magna, en beneficio de todos los mexicanos.

Las diputadas y diputados del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA:

Holly Matus (PRD);Maricela Conteras (PRD); Aleida Alavez (PRD); Rosario Ortiz (PRD); David Sánchez (PRD); Humberto Alonso (PRD); Marcos Matías (PRD); Martha Tagle (Convergencia); Irma Pineyro (Nueva Alianza); Pablo Arreola (PT); Wenceslao Herrera (PRI) y Elsa Conde (Alternativa Socialdemócrata).

3 de abril, 2008.