Parlamentaria

Atentado contra la defensora de derechos humanos, Norma Esther Andrade.

2011-12-03T12:21:00.001-06:00

NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA A.C.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

BOLETIN INFORMATIVO

Atentado contra la defensora de derechos humanos, Norma Esther Andrade, presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.

HECHOS

El día 02 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 14:00 horas, en el domicilio ubicado en Infonavit Solidaridad, Calle Fernando Pacheco Parra 9031-2, la maestra NORMA ESTHER ANDRADE, sufrido un atentado contra su vida en el momento en que abordaba su camioneta para trasladarse a su trabajo, es esos instantes y estando en compañía de sus 2 nietos menores de edad, un sujeto desconocido se acercó y detonó una arma de fuego en varias ocasiones, impactando en 5 de ellas sobre el cuerpo de la maestra Norma, provocándole heridas en el torso, el hombro derecho y la mano derecha.

Según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria “Francisco I. Madero”, en donde labora la maestra NORMA ANDRADE, aproximadamente a las 08:00 horas, sujetos desconocidos hablaron por teléfono a la escuela preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”, y mencionaron que, al terminar la comunicación telefónica este mismo sujeto pregunto si “llegaría a trabajar por la tarde”, ante la negativa de proporcionar información por parte del personal docente, esa persona concluyó diciendo que “estarían esperándola afuera de la escuela”.

NORMA ESTHER ANDRADE es defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace 10 años, y durante casi un lustro fue una de las principales activistas a nivel nacional e internacional en la exigencia de justicia para as víctimas del feminicidio, tras haber sufrido la pérdida de su hija Lilia Alejandra García Andrade asesinada en febrero del 2001.

ANTECEDENTES

El día 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra García Andrade, hija de la maestra NORMA ESTHER ANDRADE, desapareció y su cuerpo fue encontrado el 21 de febrero del mismo año en un lote baldío aledaño a la avenida Paseo Triunfo. Desde el momento de la desaparición de su hija, la maestra NORMA ESTHER ANDRADE inició una lucha en busca de la justicia. Ese mismo año, fundó junto con Marisela Ortiz, la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.” (NHRC).

En el año 2003, la otra hija de Norma, Malú García Andrade, ingresó a la organización y desde esa fecha ha brindado acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas.

Desde la creación de “NHRC”, sus integrantes han recibido 30 actos de amenazas y hostigamientos, mismos que nunca han sido investigados por las autoridades, pese a que en la mayoría se han presentado denuncias. Desde al año 2008, 4 de los integrantes de esa asociación cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Desde febrero del año 2011, Marisela Ortiz y Malú García Andrade tuvieron que salir temporalmente de Ciudad Juárez a consecuencia de las amenazas directas de atentar contra su vida.

Cabe mencionar que el 30 de septiembre del 2011, Malú García Andrade presentó otra denuncia ante las autoridades estatales, ya que recibió llamadas telefónicas en su domicilio en las que le mencionaban que “ya la tenían localizada a ella y a su familia.” Días después de estos hechos, golpearon a una persona cercana a Malú y le dijeron que le avisara a su amiga que “le daban doce horas para abandonar la ciudad o de lo contrario asesinarían a sus familiares”. Malú Andrade al denunciar estos hechos ante los Ministerios Públicos Estatal y Federal, solicitó la ampliación de las medidas cautelares para su madre, la maestra NORMA ANDRADE debido al riesgo y a las amenazas que ambas enfrentaban.

Por lo anterior:

EXIGIMOS

- El esclarecimiento de los hechos a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables de este atentado.

- Se investiguen de manera diligente todos los actos de amenazas y hostigamientos que han sido denunciadas por las integrantes de NHRC.

- Se brinde protección inmediata y eficaz de todas las personas que integran la organización NHRC, particularmente a la familia Andrade.

- Los gobiernos federal y estatal establezcan de inmediato un mecanismo que garantice la protección de todas las personas defensoras de los derechos humanos en México.

Exigimos a Felipe Calderon cumpla las sentencias emitidas por la CoID en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

2011-10-07T13:18:00.004-05:00

CARTA ABIERTA A FELIPE CALDERÓN
Solicitan al Presidente Felipe Calderón dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la CoIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Martes, 4 de octubre del 2011.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Sr. Presidente Calderón:
Las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos la presente carta nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención urgente en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto de 2010 y notificados el 1 de octubre de ese mismo año.
Como es de su conocimiento, las sentencias que dicho Tribunal emitió determinaron que ambas mujeres, indígenas del pueblo me’phaa, fueron víctimas de violación sexual y tortura cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense. En razón de ello, la Corte ordenó al Estado mexicano llevar a cabo medidas reparatorias a nivel individual, colectivo y estructural.
Desde el 25 de octubre de 2010, las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, en colaboración con sus representantes, entregaron a la Secretaría de Gobernación un esquema de trabajo para guiar y ordenar la implementación de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana. Dicho plan de trabajo se convirtió en un acuerdo formal, suscrito el 15 de marzo de 2011 en la Secretaría de Gobernación, en presencia del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro; del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo; del Subprocurador Jurídico y de Proyectos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivero; del Consejero Jurídico Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ricardo Celis Aguilar Álvarez y ante las Señoras Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. No obstante, hasta la fecha no se han presentado avances en la implementación de dichas medidas reparatorias.
Para atender los ejes de: Justicia, Educación y Salud se han presentado a la Secretaría de Gobernación propuestas concretas y detalladas para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana, de esta forma, las primeras mesas de trabajo comenzaron durante el mes de marzo, pese a ello, a la fecha no se han concretado avances sustantivos. Más aún, las autoridades involucradas se han negado a convocar a espacios de trabajo con ambas mujeres para informarles directamente el estado que guarda el cumplimiento de los fallos.
La situación que se presentó en el eje temático Justicia ejemplifica lo anterior. Si bien celebramos como un logro que la Procuraduría de Justicia Militar haya remitido las investigaciones a la Procuraduría General de la República el 17 de agosto de 2011, a casi un año de que fueran dictadas las sentencias, a la fecha no se ha reinstalado formalmente la mesa para abordar lo concerniente a este punto a pesar de la insistencia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Por ende, los expedientes siguen sin consignarse ante un juez a casi diez años de que ocurrieran los hechos, de tal suerte que los militares que atentaron contra las dos mujeres me’phaa siguen beneficiándose de la impunidad.
A un año de emitidas las sentencias, respetuosamente le solicitamos que gire las instrucciones que hacen falta para que la implementación de las sentencias sea verdaderamente una prioridad para su gobierno, de modo que las mesas de trabajo se efectúen de conformidad con el Acuerdo de Trabajo signado, hasta que se alcance el cumplimiento de todos y cada uno de los resolutivos de las sentencias. Sin duda, proceder así es un deber de congruencia considerando que durante las recientes visitas a México del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Usted refrendó el compromiso del Estado mexicano para cumplir los fallos del Sistema Interamericano y asumir sus responsabilidades frente a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por nuestra parte, permaneceremos atentos y atentas al proceso, y acompañaremos cercanamente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú hasta que el mismo concluya con justicia, verdad y reparación.
Sin más por el momento, quedamos a la espera de acciones en respuesta a esta misiva.
A t e n t a m e n t e,
Association for Woman’s Rights in Development (AWID); Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura ( ACAT FRANCIA); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México- Alemania.; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights; Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia - Alemania; Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Organización del Pueblo Indígena Me’phaa; Fundar – Centro de Análisis e Investigación; Peace Brigades International- Proyecto México; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Conformada por 72 organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo- México (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD) (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (Chalco, estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal). Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AC; Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.; Centro las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C. Guanajuato; Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos; Círculo de Estudios de Género A.C.; Colectiva Ciudad y Género A.C.; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Colectivo Feminista Socialista Ros Chillante; Desarrollo, Género y Ciudadanía, A.C.; Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C.; Federación de Mujeres Universitarias en Baja California; Grupo Ciudadano Mujeres al Poder; Grupo Ni uno más Ni unas más!; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos; Mujeres: Dignidad y Resistencia; Patlatonalli A.C.; Programa Universitario de Estudios de Genero, Universidad Nacional Autónoma de México; Red de Mujeres Sindicalistas; Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Baja California; Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, A.C.; Si hay mujeres en Durango A.C.; Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C.; Territorios de Cultura para la Equidad A.C.; Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.

C.c. p. Lic. José Francisco Blake Mora. Secretaría de Gobernación.
C.c.p. Emb. Patricia Espinosa Cantellano. Secretaría de Relaciones Exteriores
C.c.p. Procuradora Marisela Morales. Procuraduría General de la República.
C.c.p. Lic. Miguel Alessio Robles. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal
C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Secretaría de Gobernación.

Proyecto CBD

2011-07-30T11:38:00.002-05:00

La semana pasada tuve la oportunidad de conocer a Martin A. Lee y su Proyecto CBD. Una iniciativa sin fines de lucro que tiene como objetivo la promoción y difusión de investigaciones sobre los usos médicos del cannabidiol (CBD) y otros componentes de la planta de la Cannabis: http://projectcbd.org/

Martin Lee es un reconocido periodista autor del libro: Acid Dreams: The Complete Social History of LSD: The CIA, the Sixties, and Beyond. Existe una traducción del libro al español: Sueños de Acido.

Esta enriquecedora experiencia estuvo acompañada de la publicidad cotidiana que una puede encontrar en cualquier parte, sobre los diversos espacios que brindan el acceso al uso medicinal de la cannabis en San Francisco, por ejemplo:

-The Green Door
-Green Solution
-Hemp Center
-The Vapor Room

La incorporación de la cannabis al espacio público de forma legal, en varios estados de la unión americana, le confiere una naturalidad que resulta contrastante con los más de cuarenta mil asesinatos resultado de una politica fallida para enfrentar el consumo de drogas en nuestro país.

NO A LA CRIMINALIZACION DE LAS MUJERES EN GUANAJUATO

2010-08-02T15:35:00.002-05:00

EL PACTO POR LA VIDA LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TE INVITA a sumar tu voz para EXIGIR al Gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez la pronta EXHONERACION DE LAS 6 MUJERES QUE ESTAN ENCARCELADAS INJUSTAMENTE SENTENCIADAS POR HOMICIDIO EN RAZON DE PARENTESCO, DELITO QUE SE LES CONFIGURO CON ABUSO DE PODER PARA CRIMINALIZAR EL ABORTO.

LA CITA ES EL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2010 A LAS 11:00 AM

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE GUANAJUATO EN EL DF

ARQUÍMEDES No. 3, COLONIA POLANCO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

Agradecemos tu solidaridad por lograr la libertad de estas 6 mujeres que injustamente llevan 8, 6 y 5 años en las cárceles de Guanajuato porque al gobierno de Guanajuato le parece que esta es la forma en la que tiene que castigar el ABORTO.

!!!!!EN GUANAJUATO Y EN TODO EL PAIS:

LIBERTAD INMEDIATA A LAS MUJERES PRESAS POR ABORTAR¡¡¡¡¡

!!!ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS MUJERES¡¡¡¡¡¡

PORTA UNA PRENDA MORADA

ASISTE Y DIFUNDE ESTA CONVOCATORIA ENTRE TUS REDES.

Vamos todas a Queretaro!

2010-07-01T09:10:00.000-05:00

Querétaro, Qro., a 1 de julio de 2009

El pasado 31 de mayo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en colaboración con más de 100 organizaciones de la sociedad civil, lanzó la Campaña nacional Otra mirada católica del aborto para informar a la comunidad católica que en la tradición de esta Iglesia nunca ha habido una postura única sobre el aborto. La Campaña, que consiste en la colocación de espectaculares y la transmisión de spots de radio, tiene presencia en las capitales de 9 estados de la República: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Querétaro.

El objetivo central de esta Campaña es dar a conocer la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan, establecidas en el Código de Derecho Canónico, normatividad interna de la Iglesia católica. Otro objetivo es difundir argumentos de la tradición católica que reconocen la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones acerca de su maternidad, siguiendo los dictados de su conciencia.

En respuesta a la Campaña, algunos jerarcas católicos han expresado opiniones encontradas, evidenciando que no hay una posición única en el tema del aborto al interior de esta Iglesia. Mientras que algunos Obispos reconocen que el Código de Derecho Canónico contempla excluyentes a la pena de excomunión por aborto, otros afirman que no existe caso alguno en que la Iglesia católica admita esta práctica. Estas declaraciones indican las discrepancias entre la propia jerarquía católica. Sus reacciones se han centrado nuevamente en la descalificación y los argumentos que han manejado, no rebaten los que se han difundido como parte de la Campaña, transcritos literalmente canon (párrafo) 1323 del Código de Derecho Canónico, en el que se establecen las siguientes excluyentes a la pena de excomunión para las mujeres que abortan:
Cuando la mujer es menor de 16 años (inciso 1º); Cuando actuó presionada por miedo (inciso 4º); Si lo hizo por necesidad (inciso 4º); Si actuó para evitar un grave daño (inciso 4º); Cuando ignoraba que infringía una ley (inciso 2º); Si actuó en legítima defensa (inciso 5º); Si actuó por violencia o de manera accidental (inciso 3º); Cuando la mujer carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental (inciso 6º).

Lo que hoy nos reúne a mujeres y organizaciones que integramos el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, en este Jardín Guerrero, de la Ciudad de Querétaro, es la clausura de varios espectaculares ubicados en diversos lugares de esta capital.

A menos de 15 días de haber lanzado la Campaña, el Ayuntamiento de Querétaro colocó sellos de clausura exactamente sobre el mensaje de 7 de los 9 espectaculares colocados en esta ciudad. A través de algunos medios de comunicación se informó que el Ayuntamiento clausuró diversos espectaculares con el supuesto argumento de que éstos no cumplían con los permisos correspondientes. Sin embargo, es una gran coincidencia que el Ayuntamiento decida verificar esta reglamentación, justo a unos días de haber lanzado la Campaña.

Frente a un contexto restrictivo donde se criminaliza y condena a las mujeres que interrumpen su embarazo, el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigimos al Edil de la ciudad de Querétaro:

* Ordene se retiren los sellos de clausura a los 7 espectaculares de la Campaña Otra mirada católica del aborto, dado que cumplen con el Reglamento de Anuncios de este Municipio.
* Explique por escrito a la ciudadanía su comportamiento arbitrario y violatorio del carácter laico del Estado de Mexicano.
* Repare los daños y perjuicios ocasionados por el Ayuntamiento al haber clausurado indebidamente, sin motivo ni fundamento alguno, tal y como deben ser todos los actos de autoridad.

Atentamente

Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres
¡Respeto al Estado laico!
¡Fuera la Iglesia de las leyes mexicanas!
¡Libertad inmediata e incondicional de las mujeres presas por abortar!
¡Cese a la criminalización de las mujeres!
¡Por la despenalización del aborto en México!

La Jornada: Lanzan fármaco derivado de la cannabis para pacientes de esclerosis múltiple

2010-06-22T21:16:00.000-05:00

La Jornada: Lanzan fármaco derivado de la cannabis para pacientes de esclerosis múltiple

Todas a la Representación del Gobierno de Oaxaca!. Por nuestro Derecho a Decidir!

2010-05-26T17:09:00.003-05:00

El PACTO POR LA VIDA LA LIBERTAD Y LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES

C o n v o c a a:

Toda la ciudadanía:

A manifestarse este 3 de Junio en la Representación del Estado de Oaxaca, en contra de las iniciativas que penalizan nuestro derecho a decidir, nos criminalizan y obligan a vivir maternidades forzadas.

Las y los legisladores de Oaxaca, lejos de cumplir con su obligación de representantes populares y de garantizar la vigencia de los derechos humanos, han violentado doblemente el derecho de las oaxaqueñas: primero al votar el pasado 9 de septiembre una reforma al artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y ahora, al pretender bloquear una iniciativa de ley que garantizaría a las mujeres con embarazos producto de una violación, el acceso a un aborto legal y seguro.

Levantamos nuestra voz en Solidaridad con nuestras compañeras de Oaxaca para denunciar esta actuación del poder legislativo!!!

¡Aborto legal y gratuito!
¡Estado Laico!
¡Libertad a las mujeres presas por abortar!
La cita es en Shakespeare No. 68, Nueva Anzures a las 11:ooam
Detrás del Hotel Camino Real, entre Edgar Alan Poe y esq. Cantú.

¡Trae una prenda morada!

Ciclo de Cine Debate "Decidir es un Derecho": Cuatro meses, tres semanas, dos dias...

2010-05-05T10:48:00.001-05:00

El Ciclo de Cine Debate "Decidir es un Derecho" es una iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. Este ciclo tiene lugar el primer jueves de cada mes en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM.

PROXIMA FUNCION: 6 DE MAYO
Lugar: Sala Julio Bracho, Centro Cultural Universitario
Hora: 18:30 horas

Film: Cuatro meses, tres semanas y dos días (4 luni, 3 saptamani si 2 zile, Cristian Mungiu, 2007)

Otilia y Gabita comparten habitación en una residencia de estudiantes. Ambas van a la universidad en una pequeña ciudad de Rumanía durante los últimos días del comunismo. Otilia alquila una habitación en un hotel barato. Han quedado con un tal Sr. Bebe por la tarde. Gabita está embarazada, el aborto es ilegal y ninguna de las dos ha pasado por algo parecido antes.

4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DÍAS forma parte de un proyecto más amplio titulado Relatos de la edad de oro, una historia subjetiva del comunismo en Rumanía.

Comenta: Patricia Mercado

Este evento se realiza en el marco de las diversas acciones que se impulsan a nivel nacional convocadas por el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

CARTA A LETICIA QUEZADA Y A SU RED DE LEGISLADOR@S

2010-04-21T10:42:00.004-05:00

México D.F., a 21 de abril de 2010.

Dip. Leticia Quezada Contreras
Legisladoras/es y políticas/os que conforman la Red
P r e s e n t e s

A las personas y organizaciones integrantes del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres nos parece muy importante y satisfactorio comprobar que más sectores se pronuncian en defensa de los derechos de las mujeres amenazadas por la ofensiva orquestada desde la derecha, la jerarquía Católica, las direcciones del PRI y el PAN y con la vergonzosa colaboración de diputados de todos los partidos, dependiendo del Congreso local de que se trate, para hacer aprobar las reformas constitucionales que incluyan “el derecho a la vida desde la concepción”.

En el mes de diciembre de 2009 y frente a la magnitud nacional de la ofensiva en contra de los derechos de las mujeres constituimos el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, como una necesidad de respuesta frente a la ofensiva derechista y después de varios meses de una lucha permanente por parte de diversas mujeres, organizaciones y diversas agrupaciones feministas en la República Mexicana.

Esta es una alianza política que nos une para luchar por la despenalización del aborto en todo el país, para defender nuestro derecho y el de todas las mexicanas a decidir sobre nuestra reproducción, exigir la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer este derecho y para denunciar públicamente a las y los políticos que hayan votado a favor de estas reformas. De ahí que nos parezca imperioso mantener este espacio separado, paralelo e independiente de la iniciativa que ustedes hoy impulsan.

Como Pacto nos interesa la construcción de diálogos propositivos y de respeto por lo que reiteramos la exigencia que expresamos en la movilización nacional del día 4 de febrero de 2010 afuera del Congreso de la Unión en donde una comisión que fue recibida por representantes de diversas comisiones como la de Puntos Constitucionales y la de Equidad y Género. En esa ocasión demandamos la no criminalización a las mujeres por ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestra capacidad reproductiva. Así como que se den pasos concretos y acciones puntuales para que se retiren los cargos, cesen los procesos, se libere a las mujeres presas por ejercer este derecho y se den pasos necesarios para revertir las reformas contra nuestros derechos, como demandar la inconstitucionalidad de las mismas.

Por lo anterior el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, agradece la invitación para suscribir y participar de la Declaración que han tenido a bien impulsar desde el ámbito del poder público diversas expresiones de la política partidaria y de la gestión pública. Al respecto, deseamos manifestarles la posición que como Pacto hemos discutido y consensuado en relación con esta iniciativa:

1. Les pedimos respetuosamente que antes de la presentación pública de la Red, que se realizará el próximo lunes 19 de abril, tengan a bien modificar el nombre que han decidido utilizar, toda vez que como ya se les había mencionado puede inducir a confusión, contribuyendo a hacer invisible a nuestro movimiento, mismo que surge desde la sociedad civil con mujeres políticas también, pero ajenas a espacios de poder. Consideramos una falta de sensibilidad política de su parte, utilizar una nomenclatura muy similar a la que con anterioridad se ha hecho pública (6 de diciembre de 2009).

Pensamos que aunque con objetivos comunes, no podemos permitir que ambos espacios se confundan, nuestra función es exigir y evidenciar la situación por la que atraviesan las mujeres en este país, mientras que la suya es hacer su trabajo, operar políticamente a favor del efectivo goce y ejercicio de los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional.

2. Al retomar el mismo nombre del Pacto lleva a confusión entre las demandantes como sociedad civil y aquellos quienes tienen la responsabilidad pública de operar los compromisos desde el legislativo, el ejecutivo o las instancias partidarias, por lo que nos parece fundamental mantener la identidad y diferencia de espacios, Les pedimos no ofrecer la tentación de una imagen equivocada de que sectores de la sociedad civil nos “sumamos” a una iniciativa de los partidos con representación parlamentaria o de instancias gubernamentales. No facilitar la imagen equivocada de que sectores de la sociedad civil que nos hemos organizado previamente para protestar y reclamar por lo que las Legislaturas de los estados están aprobando, súbitamente nos asumamos como representadas por algunas legisladoras o funcionarias gubernamentales que con su voto u omisión están lejos de hacerlo.

En esta lucha podemos y necesitamos ser aliadas contra la ofensiva derechista, pero requerimos mantener también la independencia que facilite igualmente, que otros sectores se pronuncien desde sus propios espacios sin sentirse obligados a ser parte de una representación única.

1. Como también se les ha mencionado en reiteradas ocasiones, el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, es una conjunción de esfuerzos personales y organizacionales que parte de puntos de acción muy concretos, por lo que no podemos suscribir como Pacto, ningún tipo de declaratoria. Nosotras seremos testigos del cumplimiento de compromisos en las declaratorias y avances concretos, no de declaratorias en si mismas. Lo que no impide que podamos establecer alianzas, diálogos francos y acompañamiento con diversas iniciativas que compartan nuestros ideales y propósitos. De ahí que como Pacto hemos decidido no asistir a la presentación de esta red.

2 Consideramos deber de la izquierda y los que tienen cargos derivados de partidos que dicen serlo el defender nuestros derechos y el estado laico, combatiendo todo acto que por acción u omisión cause discriminación y violente nuestros derechos.

3 Nos parece impropio acudir a un evento donde están invitados actores y actoras que han incidido, por acción u omisión, en los retrocesos legislativos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país. Tal es el caso del Gobernador de Chiapas quién claramente avaló la reforma constitucional que penaliza el aborto y criminaliza a las mujeres chiapanecas. Un hecho inadmisible en un estado donde el PRD gobierna y es la segunda fuerza en el Parlamento.

4 Creemos que al ser esta una iniciativa de las izquierdas no podemos dejar de mencionar y evidenciar lo que cotidianamente estamos viviendo en los estados que integran nuestra República, sobre todo de aquellos donde las alianzas de izquierda gobiernan o tienen mayoría. Lugares en donde los derechos de las mujeres, su libertad y su vida no han sido debidamente ponderados, se han convertido en moneda de cambio electoral, o en los peores casos, están supeditados a los acuerdos cupulares partidistas y hasta eclesiales.

5 Vale la pena mencionar que el poder que en este momento ustedes ostentan, puede y debe traducirse, en muestras claras y contundentes para avanzar en la despenalización del aborto en nuestro país, detener los retrocesos que amenazan el ejercicio de nuestros derechos en diversos estados del país y que cesen los procesos y se libere a las mujeres y los médicos que las hubieren apoyado en el ejercicio de sus derechos. Esas acciones realmente dotarían de sentido a la razón de ser de la Red.

Exigimos pues:

a. Que el gobernador perredista de Chiapas vete la retrógrada ley aprobada de manera espuria a finales de diciembre del año pasado, ley que por si fuera poco, es la que más profundiza en la criminalización contra las mujeres, en el estado que ocupa los primeros lugares de morbi-mortalidad materna y que no ha logrado eliminar la brecha social respecto de los pueblos originarios, dejando a las mujeres indígenas en franca vulnerabilidad y ubicándolas en medio de una triple discriminación: la étnica, la económica y la de género.

b. Aprobar la iniciativa de despenalización del aborto en el estado de Baja California Sur, exigir al gobernador el respeto por el carácter laico del Estado mexicano, sancionar a los legisladores que han obstaculizado la aprobación de esta reforma y a aquellos que han secundado las iniciativas que contravienen el derecho a la autodeterminación reproductiva.

c. Avanzar en Michoacán, Guerrero y Zacatecas con el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos y despenalizar el aborto en el tenor que lo ha hecho el D.F., se requieren lineamientos claros para acceder al aborto legal en los casos en que lo precisa el código penal, por lo que una primera acción podría ser la firma de dichos acuerdos entre las Secretarías de Salud y las Procuradurías de cada entidad.

d. Conjuntar los esfuerzos necesarios para realizar un diagnostico nacional sobre la criminalización a las mujeres por abortar, por medio de las instancias encargadas de apoyar a la propia Cámara (CEAMEG) a través de las diversas comisiones por las que atraviesa este tema, (Equidad y Género, Feminicidio, Salud, Presupuesto).

e. Destinar recursos no para “consejería”, sino para la defensa y liberación de mujeres y proveedoras/es presas por aborto u otros delitos imputados que se vinculan con este tema, tanto en Guanajuato, Puebla y Veracruz, se cuenta ya con datos preliminares que pueden servir de base a esta labor.

La iniciativa que ustedes impulsan cuenta con todo el respaldo que el poder público les otorga, con la tribuna, los recursos, el personal de apoyo y los impuestos que la ciudadanía pagamos, por lo que esperamos que éstos sean eficaz y honestamente utilizados para los fines que se han propuesto, que no son distintos al cumplimiento de su deber.

A partir de estas reflexiones es que hemos decidido solicitar nuestra participación en la conferencia de prensa que se realizará el próximo lunes 19 de abril, para exponer los posicionamientos aquí planteados.

Sin más por el momento agradecemos la atención enviándole un sórico saludo

Atentamente

Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres

¡Libertad inmediata e incondicional de las mujeres presas por abortar!

¡Cese a la criminalización de las mujeres!

¡Fuera la Iglesia de las leyes mexicanas!

¡Respeto al Estado laico!

¡Por la despenalización del aborto en México!

Todas a la Representación del Gobierno de BCS. Por nuestro Derecho a Decidir!

2010-04-07T15:27:00.003-05:00

PACTO POR LA VIDA LA LIBERTAD Y LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
C o n v o c a a:
Todas las Mujeres Mexicanas y la Población en General

A manifestarse el 8 DE ABRIL en protesta por:

¸ El financiamiento económico que el gobierno de Baja California brindó para la construcción de una Iglesia, con recursos de la ciudadanía que deberían utilizarse para políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de las mujeres.

¸ Por las iniciativas de ley que criminalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y las obligan a cumplir penas de prisión inimaginables.

Alcemos nuestras voces y exijamos el reconocimiento a nuestro DERECHO A DECIDIR.
¡Estado Laico!
¡Aborto legal y gratuito!
¡Libertad a las mujeres presas por abortar!
La cita es a las 11:00am en la representación del gobierno de Baja California Sur
Calle Alberto Zamora 28 col. Villa Coyoacán,

¡Trae una prenda morada!

Estado Laico y el Derecho a Decidir

2010-03-21T00:22:00.001-06:00

Para las feministas, una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democrática requiere de un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar las normas para convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Como bien lo ha señalado Marta Lamas, "las decisiones sobre la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona, y no de los dictados de altos funcionarios de instituciones religiosas o del gobierno"

Decisiones de la vida privada como la elección de la pareja, el ejercicio de la sexualidad, la paternidad y la maternidad son expresiones personalísimas que se ejercen de acuerdo a los sentires y a la conciencia de cada quién y, en este ámbito, el Estado no tiene ningún derecho de intromisión. Las creencias personales deben servir para que cada quien tome las decisiones personales que más le ajusten a su propio catálogo de creencias y valores, pero no deben nunca ser pretexto para imponer a otros una sola forma de pensamiento. El estado laico es una garantía para que todas y todos podamos ejercer nuestro derecho a decidir.

La democracia, el avance científico y la modernidad descansan sobre la base de un estado laico. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática que bajo ninguna circunstancia puede permitir que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío. Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública. Este 21 de marzo de 2010 reivindiquemos la laicidad del estado mexicano y una vez más hagamos que triunfe la razón republicana sobre los dogmas de la fe.

INDEPENDENCIA, LIBERTAD Y AUTONOMIA PARA DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS

2010-03-08T18:34:00.000-06:00

MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2010

Para las mujeres de todo el mundo el mes de marzo, es un mes con alto contenido y sentido revolucionario. Hace casi cien años, mujeres de diversos países se reunieron para celebrar por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Con ese acto se reivindicaba los derechos de las mujeres trabajadoras y se daba inicio a una pujante lucha de las mujeres por el derecho al sufragio.

Hace cien años, mujeres mexicanas, incursionaron en un movimiento revolucionario antirreeleccionista para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y para conquistar su derecho al voto. Desde entonces, generaciones de mujeres mexicanas han dedicado su vida a luchar contra la discriminación, la desigualdad y la exclusión del poder político.

Nada nos ha sido concedido. El derecho a la educación, al trabajo, a la salud; el derecho al voto, el derecho a elegir tener hijos o no tenerlos, el derecho a una libre opción de la sexualidad. Todos y cada uno de estos derechos, han sido una conquista, producto de una larga lucha de las mujeres, de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres.

Hoy, en pleno Siglo XXI, grupos fundamentalistas del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional aliados a la Jerarquía Católica, pretenden desconocer nuestros derechos e intentan socavar, por decreto, una de las conquistas más importante para las mujeres mexicanas: nuestro derecho a decidir. El derecho de las personas a decidir sobre su reproducción y su sexualidad, es una conquista social e histórica, plasmada en el artículo 4º constitucional.

Al penalizar el aborto se institucionaliza una verdadera violencia contra los derechos de las mujeres. Se atenta contra:

-El derecho de la mujer a la privacidad;
-El derecho de la mujer a la libertad y a la autonomía;
-El de la mujer a la dignidad;
-El derecho de la mujer a la igualdad;
-El derecho a la salud (física y mental)

Además, al penalizar el aborto y criminalizar a las mujeres, se vulnera el carácter laico del Estado Mexicano, se obstaculiza el uso de anticonceptivos, el avance científico y se profundiza el déficit democrático por razón de género.

Sabemos de la intolerante e irracional posición de la Jerarquía Católica y de los Grupos Anti-derechos, al ejercicio de una sexualidad plena. Sabemos de su oposición al uso de anticonceptivos; al uso del condón; al libre ejercicio de la sexualidad y de las relaciones sexuales sin fines de reproducción. Por ignorancia y misoginia, se atenta contra nuestros derechos. Hoy estos fundamentalismos cuentan con la complicidad de la clase política del Partido Revolucionario Institucional. No lo olvidaremos. Las mujeres feministas le pasaremos al PRI la factura en las próximas elecciones.

La amnesia, parece ser un mal que se extiende a toda la clase política mexicana. Por eso, hoy les reiteramos, a los de siempre y a los que nos quieren sorprender, desde la izquierda, pactando con la Jerarquía Católica: México es un Estado Laico.

Defenderemos la laicidad del Estado Mexicano. Defenderemos el ejercicio pleno de nuestros derechos y nuestra libertad de conciencia.

Al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los partidos políticos les exigimos:

-Su compromiso con el carácter laico del Estado Mexicano.
-Garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos
-Legislen para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.
-Impedir cualquier retroceso legislativo en los derechos de las mujeres a nivel nacional y en los demás estados de la República Mexicana.

Hoy nos pronunciamos aquí las herederas de las insurgentes, de las sufragistas, de las congresistas de Yucatán, de las primeras universitarias, de las sindicalistas, de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las zapatistas, de las mujeres académicas y científicas, de las escritoras y artistas; de las feministas históricas. Somos las herederas de Sor Juana Inés de la Cruz, de Leona Vicario, de la Corregidora, de Laureana Wrigths, de Hermila Galindo, de Rosario Castellanos, de Graciela Hierro, de Esperaza Brito, de Cecilia Loria, de Itziar Lozano, de Nellys Palomo y de tantas otras mujeres que empeñaron su vida en la lucha por nuestros derechos.

Somos mujeres con historia. En cien años hemos trastocado ese orden jurídico, cultural y simbólico que dictaba restricciones sobre nuestros derechos. Hoy, 8 de marzo de 2010 venimos, aquí, al Ángel de la Independencia. Hoy venimos a decirle a los conservadores y a las “buenas conciencias”: ¡No cederemos un centímetro de nuestra independencia y de nuestra autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos¡. ¡No cederemos un milímetro de nuestra soberanía, ni un centímetro de ese territorio nuestro¡. ¡Somos y seguiremos siendo dueñas de nuestros cuerpos y dueñas de nuestras vidas¡.

1.- Viva la independencia de nuestros cuerpos

2.- Viva las mujeres que nos dieron soberanía

3.- Viva el ejercicio de nuestros derechos.

¡¡¡Por la igualdad, la libertad y la vida de las mujeres!!!

PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Convocatoria 8 de Marzo 2010. Al Angel de la Independencia!

2010-03-08T00:11:00.002-06:00

EL PACTO POR LA VIDA LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Convoca a:

Todas las Mujeres Mexicanas

y a la Población en General

A conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de La Mujer, en honor a aquellas mujeres que han luchado y dado su vida para que todas tengamos una vida mejor.

Que mejor manera de hacerlo que alzando nuestras voces y exigiendo el reconocimiento a nuestro derecho a decidir.

¡¡Decidir es un derechO!

¡Aborto legal y gratuito!

¡Libertad a las mujeres presas por abortar!

La cita es el 8 de marzo a las 11:00 am en el Ángel de la Independencia

Trae una prenda morada!

Ciclo de Cine Debate "Decidir es un Derecho"

2010-03-02T23:30:00.001-06:00

Organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, te invitamos cordialmente a la proyección del film "El Crimen del Padre Amaro". Director: Carlos Carrera (2002). Comenta: Fray Julian Cruzalta. Ciclo de Cine Debate "Decidir es un Derecho" con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM.

La cita es en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.
4 de Marzo a las 18:30 hrs.
Insurgentes Sur 3000

Invitan:
Academia Mexicana de Derechos Humanos, APIS-Fundación para la Equidad, Católicas por el Derecho a Decidir, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, Colectiva Ciudad y Género, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, Grupo de Información y Reproducción Elegida-GIRE, IPAS-México, Programa Universitario de Estudios de Género-PUEG, Salud Integral para la Mujer-SIPAM, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos-DDESER, Red de Mujeres Sindicalistas, Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal-UNASSE.

El Ciclo de Cine Debate "Decidir es un Derecho" tendra lugar el primer jueves de cada mes en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM. Este evento se realiza en el marco de las diversas acciones que se impulsan a nivel nacional convocadas por el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

¡Todas a defender nuestro derecho a decidir!

2010-03-02T23:22:00.001-06:00

CONVOCATORIA

PACTO POR LA VIDA LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

A todas las mujeres mexicanas

A la población en general

¡Todas a defender nuestro derecho a decidir!

Hacemos un llamado para exigir juntas que se frenen las reformas constitucionales que violentan el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, al aborto legal y al Estado laico.

Vamos todas a la Representación del Estado de Sonora en el DF por ser éste quien inició la ola de reformas constitucionales que prohíben la interrupción del embarazo en todas las circunstancias.

¡No más reformas contra el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos!

¡Libertad a las mujeres presas por abortar!

¡Aborto legal y gratuito!

¡Por la defensa del estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia de imponer sus valores a la ciudadanía!

No faltes. Trae una prenda morada.

La cita es en: Goldsmith No. 28, col. Polanco a las 11 am

(Entre Horacio y Homero a una cuadra del Palacio de Hierro de Moliere)

Tlaxcala, el estado natal de Beatriz Paredes, se convertirá en el estado 19 en criminalizar a las mujeres por decidir sobre su maternidad

2010-02-10T18:28:00.000-06:00

Cuando Beatriz Paredes asumió el gobierno de Tlaxcala (1987-1992) propició reformas al Código Penal para ampliar las causales de no punibilidad del aborto en su estado natal. Hoy, siendo presidenta del Partido Revolucionario Institucional, ha solapado y permitido que su partido, en 17 estados del país, promueva leyes que penalizan a las mujeres por decidir sobre su maternidad, criminalizando la práctica del aborto, aún en casos de violación. Tlaxcala esta por convertirse en el Estado 19 y nuevamente presenciaremos el silencio cómplice de Beatriz Paredes.

En promedio, 10 gobernadores y más de 300 legisladores del PRI han promovido y votado estas leyes, sin que hasta ahora alguno de ellos, a solicitud de su Presidenta, tenga que rendir cuentas ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el órgano encargado de la vigilancia y cumplimiento de los estatutos de ese partido. Las reformas que se han aprobado en 17 estados del país para criminalizar a las mujeres, obedecen a la agenda del Vaticano y forman parte de los documentos básicos del Partido Acción Nacional desde hace décadas, no así del Partido Revolucionario Institucional. Privilegiar “la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” para perseguir y criminalizar a las mujeres que deciden, como último recurso, interrumpir un embarazo, es por decir lo menos, incongruente y contradictorio con lo que se establece en los principios y estatutos de un partido que se define como socialdemócrata.

A la ciudadanía nos queda claro que lo que defiende Beatriz Paredes dentro de las filas del PRI no es un proceso democrático donde cada legislador vota “por convicción” la defensa de la vida en gestación sobre los derechos de las mujeres; lo que anima el voto de los priistas es la impunidad. La impunidad es lo que ha hecho de Ciudad Juárez la ciudad más insegura del mundo. La impunidad es lo que convierte a nuestro país, día con día, en uno de los países más retrógrados en materia de derechos, libertades y acceso a la justicia para las mujeres.

Elsa Conde
Grupo Derecho a Decidir

A L@S LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

2010-01-22T09:04:00.003-06:00

A LA SOCIEDAD MEXICANA 
AL PUEBLO DE VERACRUZ  

En noviembre del año pasado el Estado de Veracruz se convirtió en el estado número 17 del país que ha modificado su legislación local para criminalizar a las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad y sobre el número y espaciamiento de sus hij@s.

Sin embargo, para el Congreso de Veracruz no fue suficiente criminalizar a las mujeres veracruzanas, pues también aprobó la propuesta presentada por el propio gobernador Fidel Herrera para enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el "derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural", pretendiendo con ello que se criminalice a todas las mujeres del país.  

Estas reformas significan un grave retroceso al penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto, aún en casos de violación; vulneran el carácter laico del Estado Mexicano; impiden el avance científico al prohibir la investigación con células madre y, sobretodo, profundizan el déficit democrático por razón de género.  

En 18 estados del país, un promedio de 300 legisladores y 10 gobernadores del Partido Revolucionario Institucional han avalado e impulsado estas reformas, desconociendo su tradición, sus estatutos y su vocación laica. Han desconocido la argumentación y el dictamen de Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado y se suman a esos actores más retrógradas de la sociedad mexicana que han emprendido una cruzada contra los derechos de las mujeres.  

A las y los legisladores federales reunidos en sesión plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en Boca del Río, Veracruz, les exigimos:  
-Congruencia con lo que establece sus documentos básicos en lo que respecta al Estado Laico y un compromiso explícito con los derechos de las mujeres. 
-Aplicar las sanciones correspondientes a los legisladores locales y gobernadores que han contravenido los principios de su partido .
-Legislar para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 -Dictaminar en sentido negativo la iniciativa del Congreso de Veracruz que pretende criminalizar a las mujeres en todo el país por decidir sobre su maternidad. 
-Impedir cualquier retroceso legislativo en los derechos de las mujeres a nivel nacional y en los demás estados de la República Mexicana.    

GRUPO DERECHO A DECIDIR
  Academia Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas-AQUESEX, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, Consorcio-Oaxaca, Colectiva Ciudad y Género, Decidir, Elige, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida-GIRE, IPAS-México, PUEG, SIPAM, UNASSE, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Propuesta Cívica A.C., Educación y Ciudadanía, A.C., Centro Mujeres A.C., Radio Libertad, Red Nacional de Abogadas Feministas, Red de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de México, AC, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.  

Aidé García, Alejandra Martínez Galán, Alejandro Madrazo, Alma Ramírez, Ana Lidia Murguía, Ana María Hernández Cárdenas,Ana Lidia Murillo, Ángeles López, Axela Romero, Aida Marina Arvizu, Beatriz Ortiz, Blanca Rico, Brenda Rodríguez, Briseida Hermenejildo, Cinthya Vázquez, Claudia Domínguez, Daptnhe Cuevas, Elizabeth Plácido, Elsa Conde, Elsa Pérez, Fernanda Díaz de León, Gabriela Ramírez, Gabriela Dávila Madrid Hda, Gloria Ramírez, Hortensia Vázquez, Irma Saucedo, Julia Escalante, Karla Flores, Leticia Cuevas, Lourdes Enríquez, Lucia Melgar, María Consuelo Mejía, María del Carmen García, María Eugenia Romero, María Luisa Sánchez Fuentes, María Elena Mireles, Mariana Winocur, Marisa Belausteguigoitia Rius, Martha Juárez, Martha Tagle, Martín Faz, Mónica Jasis, Nadia Sierra, Nayeli Yoval, Noemí Ramírez, Nuria Marrugat, Orfe Castillo, Pedro Morales, Perla Vázquez, Raffaela Schiavon, Rocio García, Rosario Ortiz, Sandra Fosado, Sandra Peniche, Silvia Solís, Susana Lerner, Yésica Sánchez.

¡GRAN CONCENTRACION NACIONAL! ¡VAMOS TODAS A DEFENDER NUESTRO DERECHO A DECIDIR!

2010-01-21T10:55:00.000-06:00

A TODAS LAS MUJERES MEXICANAS:
A LA POBLACIÓN EN GENERAL:

CONVOCAMOS A TODAS LAS MUJERES MEXICANAS a la concentración nacional que se realizará el próximo 4 de febrero para exigir nuestro derecho a una maternidad libre y voluntaria.

Exigimos que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana para proteger “la vida desde el momento de la concepción”, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.

En diciembre del 2009, alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, firmamos el PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, en respuesta a las reformas constitucionales en 18 estados.

Esta ofensiva de los partidos políticos, principalmente del PAN y el PRI, aliados con la jerarquía de la Iglesia católica, atenta contra el Estado laico y criminaliza a las mujeres que interrumpen su embarazo, incluso encarcelándolas.

La cita es el 4 DE FEBRERO A LAS 11:00 A.M. FRENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS en la entrada de calle Emiliano Zapata, frente a la Tesorería Cerca del metro San Lázaro. (Trae una prenda morada)

¡No a la iniciativa de reforma constitucional en contra del derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos!

¡Libertad a las mujeres presas por abortar!
¡Por la defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia e imponer sus valores a la ciudadanía!

ATENTAMENTE
PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

¡FIDEL HERRERA MIENTE! En Veracruz el PRI, su Gobierno y sus legisladores sí penalizan a las mujeres por aborto

2009-11-22T12:50:00.001-06:00

El gobernador priista Fidel Herrera, no solo miente, además busca confundir a la opinión pública. Las reformas que se hicieron al código penal y a la constitución local le otorgan derechos a un óvulo fecundado por encima de los derechos de las mujeres y mantienen la pena de cárcel para quienes abortan, además agregan multas económicas y tratamiento psicológico como si el derecho a decidir se tratara de una enfermedad mental. Claramente estas reformas contravienen lo estipulado en el Artículo 4º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales que nuestro país ha ratificado.

Por si fuera poco, el Congreso de Veracruz, aprobó la propuesta presentada por el propio gobernador Fidel Herrera para enviar al Congreso Federal una iniciativa de reforma a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y establecer el "derecho a la vida desde el momento de la concepción" con la que en todo el país no sólo se criminalizaría a las mujeres por abortar, sino que se penalizaría el uso de anticonceptivos como el DIU, así como la investigación científica para la fertilidad, células madres y genética, entre otras.

Sí es que el Señor Fidel Herrera está por la depenalización del aborto -ya que reconoce que el aborto es un grave problema de salud en su Estado y la causa de muerte de muchas mujeres veracruzanas en situación de pobreza- LO EMPLAZAMOS a que presente una reforma al código penal del Estado de Veracruz que legalice la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y garantice los servicios médicos y oportunos para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo lo hagan en condiciones que no pongan en riesgo sus vidas. Además le pedimos que ejerza su derecho de veto a la iniciativa de reforma que el mismo presentó al Congreso Estatal. Eso sí es estar a favor de la despenalización el aborto, lo demás, Señor Fidel Herrera es pura misoginia y demagogia.

ATENTAMENTE
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO A DECIDIR

Academia Mexicana de Derechos Humanos, AQUESEX, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, Consorcio-Oaxaca, Colectiva Ciudad y Género, Decidir, Elige, Equidad de Género Ciudad Trabajo y Familia A.C., GIRE, IPAS- México, PUEG, SIPAM, UNASSE.

Martha Tagle, Elsa Conde, Martha Juárez, Aidé García, Alejandra Martínez Galán, Alejandro Madrazo, Alma Ramírez, Ana Lidia Murguía, Ana María Hernández Cárdenas, Ángeles López, Axela Romero, Aida Marina Arvizu, Beatriz Ortiz, Blanca Rico, Brenda Rodríguez, Briseida Hermenejildo, Cinthya Vázquez, Claudia Domínguez, Daptnhe Cuevas, Elizabeth Plácido, Elsa Pérez, Fernanda Díaz de León, Gabriela Ramírez, Hortensia Vázquez, Irma Saucedo, Julia Escalante, Leticia Cuevas, Lourdes Enríquez, Lucia Melgar, María Consuelo Mejía, María del Carmen García, María Eugenia Romero, María Luisa Sánchez Fuentes, Mariana Winocur, Marisa Belausteguigoitia Rius, Martha Juárez, Martín Faz, Mónica Jasis, Nadia Sierra, Nayeli Yoval, Noemí Ramírez, Nuria Marrugat,, Orfe Castillo, Pedro Morales, Perla Vázquez, Raffaela Schiavon, Rosario Ortiz, Sandra Fosado, Sandra Peniche, Silvia Solís, Susana Lerner, Yésica Sánchez.

AHORA VERACRUZ. UNA VEZ MÁS EL PRI EN CONTRA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

2009-11-12T14:37:00.001-06:00

No ha sido suficiente para las mayorías del PRI -que en 15 estados del país han contado con el silencio y la complicidad de su dirigencia- avalar, aprobar y proponer iniciativas de ley que atentan gravemente contra los derechos de las mujeres. No, no ha sido suficiente la estigmatización, criminalización y persecución que estas iniciativas han significado para la vida de las mujeres que -de manera espontánea o en el ejercicio de su voluntad- han experimentado un aborto. No, no ha sido suficiente la falta de atención a la salud de las mujeres. Las mayorías del PRI ostentan, una vez más, el profundo desprecio que tienen de la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres.
Ante la sociedad mexicana denunciamos: la inminente aprobación, el próximo viernes 13 de noviembre en el Congreso del Estado de Veracrúz, de la iniciativa presentada por el gobernador priista Fidel Herrera en noviembre del 2008, que adiciona un párrafo al Artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz, mediante la cual propone que “… el estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido” ¿Será que el gobernador de Veracruz quiere entregar buenas cuentas a la Jerarquía Católica el próximo domingo 15 de noviembre, día en que presenta su Informe de Gobierno?
Expresamos nuestro total rechazo a esta reforma constitucional. Lo diremos hasta el cansancio: estas reformas restringen el derecho a decidir de las mujeres y suponen un tutelaje intolerable sobre su maternidad, sobre su cuerpo y sobre su vida. Invitamos a toda la ciudadanía a expresar su rechazo al PRI y a Fidel Herrera. No permitamos que esta reforma se traduzca en un agravio más hacia las mujeres del país.
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO A DECIDIR
¡Decidir es un Derecho, decidir no es un Delito!
http://www.tupuedessalvartuvida.org/diputados_vecracruz.htm

MARCHA POR EL DERECHO A DECIDIR. 28 DE SEPTIEMBRE "DIA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO"

2009-09-23T20:51:00.001-05:00

28 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL
POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO

El 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto surgió como una iniciativa de las feministas reunidas en el V Encuentro Feminista Latinoamericano en el año de 1990 para impulsar el aborto legal y seguro en todos nuestros países.

Se estima que en México, anualmente más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada. En nuestro país, tan sólo en el 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.

Frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas la respuesta de los partidos políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en contubernio con la Jerarquía Católica ha sido reformar las constituciones de 16 estados del país para criminalizar y perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado. Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado. Estas reformas impactarán las políticas públicas en temas como: Acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes (es decir, el Estado se retiraría de su obligación de proveer servicios de aborto legal en los casos en que la ley lo contempla, condenando a la clandestinidad hasta a las mujeres embarazadas por violación); Restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo por supuesto la pastilla de anticoncepción de emergencia-PAE, DIU y el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos; Investigación en células madres y Reproducción Asistida.

Con motivo del Día Internacional por la Despenalización del aborto, diversas redes, organizaciones de mujeres y sindicatos, convocamos a toda la ciudadanía a participar en un acto reivindicatorio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y en defensa del estado laico. Unamos todas nuestras voces para repudiar las reformas constitucionales aprobadas en 16 estados del país que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. Te invitamos a la:

MARCHA
POR EL DERECHO A DECIDIR

Lunes 28 de septiembre 2009
16:00 horas
Del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez

¡NO FALTES! ¡DECIDIR NO ES UN DELITO, DECIDIR ES UN DERECHO!

(TRAE UN DISTINTIVO MORADO A LA MARCHA)

CONVOCAN: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Afluentes; APIS: Fundación para la Equidad; Aquesex; Católicas por el Derecho a Decidir; CIMAC; Colectiva Ciudad y Género; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; CUPIHD; DDESER; DIVERSA, APN; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Feministas Socialistas; Grupo de Información en Reproducción Elegida-GIRE; IPAS-México; Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM; Programa de Salud-CIDE; Red de Mujeres Sindicalistas; Salud Integral para la Mujer-SIPAM; Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Unión Nacional de Trabajadores-UNT

Anticonstitucionales, reformas contra el aborto: especialistas

2009-06-30T20:08:00.002-05:00

Gladis Torres Ruiz / Cimacnoticias
cimac1@laneta.apc.org

Inconstitucionales, absurdas y con fines electorales son las reformas realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las constituciones de 12 entidades de la República, aprobadas “al vapor” y sin discusión previa, con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”. Así lo considera el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó en el foro: Los mismos derechos para todas y todos: Género y derechos reproductivos en el debate constitucional en México, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Esto queda claro, señala el investigador, ya que en ninguno de los estados se dio un debate serio sobre el tema, lo que también nos deja ver que estas reformas tienen fines electorales, buscando quedar bien con un electorado conservador. En esta materia, se esta “legislando al vapor”, lo que está dando como resultado normas absurdas, los textos aprobados por los legisladores rayan en lo absurdo. Además de inconstitucionales, detalló Cruz Parcero, son un “berrinche legislativo de los diputados de derecha” que aprobaron reformas en los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato. Consideró también el académico que dichas reformas, iniciadas por el PAN y por PRI, con apoyo de otros partidos, como el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, son una reacción para contrarrestar las reformas hechas en el Distrito Federal (DF), donde se permite la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Un aspecto muy importante señalado por el académico es que algunas de las reformas dejan fuera varios temas: como la investigación con embriones y la fecundación in vitro, así como el dispositivo intrauterino, que desde el punto de vista de las reformas es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse, con lo cual las mujeres que lo utilicen serán delincuentes.

Alcances no previstos

En su afán de darle una “protección al embrión”, detalló Cruz Parcero, los legisladores no se pusieron a pensar en los alcances que tendrían dichas reformas, las cuales van más allá del aborto como tal, lo que obliga a hacerlas inconstitucionales, subrayó. En ello coincidió Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis (Fundar), quien afirmó que estas reformas violentan los acuerdos internacionales que México ha signado en esta materia, donde el Estado está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos. Las reformas, dijo, parten del desconocimiento de estos tratados y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mujeres”.

Entidades no son “feudos”

Los legisladores están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, detalló; ahora resulta que en las constituciones estatales pueden hacer esto como si fueran “feudos”, contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales. Las mujeres tienen derechos reproductivos y están en los tratados internacionales y las constituciones locales no pueden de ninguna manera restringirlos, sentenció. Ignoran los compromisos internacionales signados por el gobierno, los cuales reconocen los derechos humanos de las mujeres, como: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; las observaciones finales a México, extendidas el 25 de agosto de 2006 por el Comité CEDAW; la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), en el Capítulo VII Derechos reproductivos y salud reproductiva planificación de la familia; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995).

Por su parte Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que las reformas realizadas a las constituciones restringen y menoscaban los derechos otorgados por la Constitución, exacerbando la discriminación en contra de ellas, ya que en esta materia la Constitución tienen su normatividad.
Las mujeres que viven en los estados donde se han aprobado reformas de este tipo, explicó, son discriminadas con respecto de los estados en los que no se ha legislado de la misma forma, ya que las primeras restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque una reforma que restringe derechos discrimina.
No estamos de acuerdo en que en el país, “existan mexicanas de primera y de segunda. El Estado ha firmado todos los tratados existentes en materia de derechos sexuales y reproductivos y fue llamado a armonizar las leyes de los estados en materia de aborto”.

Legislación “engañosa”

En este sentido el doctor en derecho Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que se está legislando de forma “engañosa”, se usan los términos de “proteger la vida”, pero ¿por qué no se habla claro y se dice lo que se busca: amedrentar a las mujeres contraviniendo la Constitución de diferentes maneras, en materia de discriminación, ya que existe un artículo que la prohíbe, y el cuarto constitucional que señala que “cada mujer puede elegir el número de hijos, y espaciamiento de los mismos?”
Los especialistas afirmaron que estas nuevas reformas violentan a las mujeres, por lo cual también van en contra de lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, en virtud de que existe una restricción, en comparación con el DF para el tratamiento del aborto.

Y la mujer? Es culpable por ser mujer?: Sandoval, contra NOM 46 que permite el aborto a mujeres violadas

2009-06-29T13:24:00.001-05:00

Sandoval, contra NOM 046 que permite el aborto a mujeres violadas

JORGE COVARRUBIAS

El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se pronunció en contra de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 que permite la interrupción del embarazo cuando se trata de una violación.

Para el prelado, el Congreso del Estado es el único facultado para decidir si la iniciativa antiaborto tiene futuro y no la Secretaría de Salud.

Al término de la clausura del Año Paulino en Catedral, el purpurado señaló en entrevista. “(Es) una norma muy indebida porque va contra la vida, porque obliga a todo el mundo a que se practique el aborto”, aseveró después de oficiar la acostumbrada misa de 18 horas en la Catedral Metropolitana.

“Que se castigue al agresor, no al inocente”, espetó.

La Jornada, Jalisco.

Juicio Politico a Emilio Gonzalez gobernador de Jalisco

2009-06-29T12:22:00.002-05:00

El día de hoy, las diputadas federales Aída Marina Arvizu Rivas, Martha Angélica Tagle Martínez, Maricela Contreras Julián, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Irene Aragón Castillo y Rosario Ortiz Magallón y yo, presentamos, ante el secretario general de la H. Cámara de Diputados, una demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Jalisco. La demanda establece que el gobernador de Jalisco, C. Emilio González Márquez, ha violado reiteradamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatal y federal, así como a otros ordenamientos de orden nacional e internacional, en relación con los derechos de las mujeres en el estado de Jalisco.

Entre las causas que motivan esta demanda, señalamos que el gobernador de Jalisco:

· Se ha negado de forma sistemática a la prestación de servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado laico.

· Apoya abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, misma que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando el embarazo es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres, pues viola sus derechos fundamentales.

· Ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Norma Oficial Mexicana Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención aprobada el 16 de abril, con la que se obliga a los hospitales públicos y privados atender los abortos de mujeres víctimas de violación.

· Ha violentado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual México forma parte y ha incumplido las recomendaciones emitidas por el Comité DESC y por el Comité de la CEDAW, así como a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se establece que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

· Ha violentado constantemente la separación Estado-Iglesia y el carácter laico del Estado tal como lo establece los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos en los que se precisa que la legitimidad del poder público proviene de la soberanía o voluntad popular, no de la religión, y que las jerarquías eclesiásticas y dirigencias religiosas no pueden participar en la creación de las leyes ni en las políticas públicas.

· Ha gastado 443 millones, 500 mil pesos en un lapso de 2 años 3 meses que lleva en el cargo, en donaciones a instituciones y organismos vinculados con el clero, a conocidas empresas televisoras y a empresarios, violando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco entre otras.

Finalmente, la demanda establece que en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes; que del año 2005 al 2008 se han presentado 1,643 casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos, y que datos del INEGI y la Secretaría de Salud sitúan a Jalisco en el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, mismas que representan el 7.7% de la mortalidad materna en ese estado.

Por último señalamos que la discriminación contra la mujer niega y limita su igualdad de derechos y constituye una ofensa a la dignidad humana, por lo que el gobernador del estado de Jalisco, C. Emilio González Márquez debe ser llevado a juicio político a la brevedad, para ser destituido e inhabilitado para desempeñar funciones empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

La ley contra el narcomenudeo no es la alternativa

2009-05-01T20:51:00.002-05:00

El día de ayer, 30 de abril de 2009, la Cámara de Diputados completó un largo proceso legislativo, y aprobó una propuesta de ley del Presidente de la República en materia de“narcomenudeo”.

Esta ley , controvertida para todas las fuerzas políticas e incluso para el propio partido del Presidente, orientará la política de drogas en México durante los próximos años.

En la iniciativa pueden destacarse algunos avances realizados por el Senado de la República:
1. Que distinga entre consumidor, farmacodependiente y criminal.
2. Que se haya eliminado la rehabilitación obligatoria para consumidores no fármacodependientes, un despropósito contrario a los derechos humanos más elementales.
3. Que la ley ordene guiar la actuación de las autoridades por políticas de reducción de riesgos y daños.
4. Que se reconozcan y permitan los usos ceremoniales y culturales de algunas sustancias, reivindicación esencial en un país multicultural como es el nuestro.

Sin embargo, vemos riesgos y consecuencias negativas que sin duda también presentará la instrumentación de esta ley:

1. Considera sólo de manera tangencial el problema del consumo de drogas y se limita a intentar definirlo jurídicamente. Apuesta, en cambio, por profundizar una estrategia policiaca y militar probadamente fallida. Con ello, constatamos un nulo interés del gobierno federal por la salud pública y los derechos de las personas.
2. Criminalizará a un inmenso grupo de personas que vive de la venta de drogas al menudeo, pero que en realidad no forma parte consciente del crimen organizado, sino que se trata de jóvenes y mujeres sin oportunidades de desarrollo. Encarcelarlos no servirá para disminuir la oferta de drogas en las calles, ni mejorará la seguridad pública; sin embargo serán la justificación de la guerra contra las drogas, ya que el gobierno podrá presumir del número de personas encarceladas por esta política.

3. La ley supone una política legal de inducción al delito por parte de las policías, lo que delata la intención claramente autoritaria para enfrentar el problema: “cuando se trata de drogas, todo se vale, incluso pasar por encima de los derechos humanos” pareciera ser el mensaje.

4. Las cantidades de droga estipuladas como portación no personal mantienen un carácter ambiguo sobre su verdadera legalidad, toda vez que no se especifica cómo los consumidores pueden obtenerlas sin ser considerados criminales por la mera transacción; pero más importante aún, no corresponden con la realidad del mercado de drogas en las calles. (Por ejemplo, supone que un consumidor puede portar .5 gramos de cocaína, cuando en la calle se vende por gramo) lo que permite anticipar un crecimiento exponencial de la corrupción y la extorsión de las policías hacia los consumidores.

Dadas las anteriores consideraciones, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) ha manifiestado su cautela ante las posibles consecuencias de esta ley. Y nos recuerda que el problema de las drogas ilegales en México no podrá ser resuelto sin una política integral hacia ellas que las considere, en primer lugar, como un asunto de salud pública, con acciones claras de información y prevención, en el que los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados sin ningún tipo de restricciones.

EL PRI ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

2009-04-25T13:17:00.002-05:00

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desconociendo su propia historia y alejándose de la tradición laica del Estado Mexicano ha emprendido en todo el país una política contraria a los derechos de las mujeres. El PRI sin explicación alguna por parte de su dirigencia nacional, ha hecho suya la agenda legislativa del Partido Acción Nacional para reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Pactando con la Jerarquía Católica y en complicidad con el Partido Acción Nacional y, en ocasiones con la anuencia de otros partidos políticos ha impulsado y aprobado una reforma constitucional que vulnera el derecho a decidir de las mujeres en diez estados del país: Sonora; Baja California; Morelos; Jalisco; Puebla; Colima; Durango y recientemente en el estado de Nayarit, Quintana Roo y Campeche. En ninguno de estos estados el PAN por si solo podría haber votado positivamente una reforma constitucional. Y en algunos de estos estados, fueron los diputados priistas los que tomaron la iniciativa. Además, se tienen presentadas iniciativas similares en los congresos estatales de: Aguascalientes; Michoacán; Estado de México; Guanajuato; Oaxaca; Querétaro; Quintana Roo y Veracruz. En varios de estos estados los congresos locales son mayoritariamente prisitas. ¿Qué esta negociando el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional y la Jerarquía Católica? ¿Qué es tan importante, que ha concedido usar como moneda de cambio los derechos de las mujeres?

El reconocimiento constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres. Es contraria al artículo 4º. Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el tema de la protección de la vida desde la concepción y señaló: “...Si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar en forma desproporcionada los derechos de la mujer, no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación”

Las mujeres de México rechazamos estas iniciativas contrarias a nuestros derechos y exigimos al Partido Revolucionario Institucional dar marcha atrás en su intento por violentar nuestras garantías constitucionales.

Nos aprueban reserva a ley general de salud sobre consentimiendo informado.

2009-03-25T12:07:00.003-06:00

-Avalan reforma a la Ley General de Salud que instaura el consentimiento informado-

Aprueban diputados libertad de pacientes para rechazar la atención médica ofrecida

Los médicos estarán obligados a alentar una toma de decisión del derechohabiente, y respetarla

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para instaurar la figura de consentimiento informado, lo cual permitirá a los pacientes aceptar o rechazar la atención médica que se les ofrezca, así como sus tratamientos, y obliga a los médicos a alentar una toma de decisión con libertad, ofrecer más de una opción y respetar la autonomía de los derechohabientes.

La reforma se aprobó por 314 votos a favor, aun con el rechazo de Acción Nacional, que cuestionó la propuesta de la diputada Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa, a instituit con claridad la figura legal, con el argumento de que ello retrasaría la atención a los enfermos.

Durante la sesión de ayer, la mayoría de PRI, PRD, PT, Convergencia y Alternativa ganaron una primera votación, por 174 sufragios a favor y 160 en contra –del PAN–, favorecida por el ausentismo de legisladores panistas, para que se pusiera a discusión la propuesta de Conde Rodríguez.

En tribuna, la legisladora argumentó que, si bien el dictamen de la Comisión de Salud a la minuta del Senado con la reforma a la Ley General de Salud pretendía hacer efectivo el principio de respeto a la autonomía de la persona en la toma de decisiones médicas, la redacción no llenaba el vacío legal al no precisar la definición de consentimiento informado.

La adición de dos párrafos al artículo 33 de la citada ley, planteada por Alternativa y que se votó a favor al final de la sesión, estipula que como parte de las actividades de atención médica se tendrá la obligación de obtener el consentimiento informado.

Éste se define, señala la modificación, como “la facultad del paciente para aceptar o no la atención médica que se le ofrezca o la participación en proyectos de investigación que se le propongan, de manera libre e informada y libre de coacción. Para ello, el personal médico deberá informar de manera objetiva, suficiente, clara, veraz, oportuna y basado en evidencia científica al paciente o a sus familiares, sobre el estado que guarda su salud, así como de las alternativas y los procedimientos médicos terapéuticos y quirúrgicos que se indiquen, y los posibles riesgos.

Además define que una vez recibida dicha información, los pacientes podrán otorgar o no su consentimiento, y sus médicos deberán alentarlos a tomar una decisión con libertad, si es posible ofrecerles más de una opción, respetar su autonomía y tener en cuenta sus deseos y preferencias, de forma libre y sin coacción.

El presidente de la comisión y diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, argumentó que su bancada votó en contra de que se admitiera la modificación al dictamen para evitar que fuera devuelto al Senado y ahí se congelara. Salud demorada es salud denegada, dijo. Finalmente el dictamen se aprobó por 314 votos a favor.

Durante la sesión, el dirigente del sector popular del PRI, Marco Antonio Bernal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISR para hacer deducible de impuestos el pago de colegiaturas en el nivel básico, y en conferencia de prensa aseguró que si el Estado no puede cubrir su obligación de otorgar educación, es necesario facilitar que las familias puedan optar por un servicio educativo alterno.

El pleno aprobó también un punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Agricultura y del Trabajo, así como a las autoridades del Colegio de Posgraduados y al Sindicato Independiente de Académicos de esa institución, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga iniciada el 15 de febrero pasado.

-La Jornada-

“No más asesinatos de mujeres: legislemos el delito de feminicidio”.

2009-03-23T20:39:00.001-06:00

En el marco del "Día Internacional de la Mujer, no hay buenas noticias para las mexicanas. A los efectos devastadores de la crisis económica que ya se siente en nuestros hogares, en el sustento de nuestras hijas o hijos y en los empleos que hoy estamos perdiendo; a la inseguridad desatada por el crimen organizado que creció al amparo de pactos y corrupción, hay que agregar el alarmante incremento de feminicidios, sobre todo en los últimos tres meses.
A la fecha 264 mujeres han sido asesinadas por razones de género en México: al caso paradigmático e irresuelto de las mujeres asesinadas en Juárez, se deben agregar los asesinatos de 94 mujeres en el estado de México, 56 en Sinaloa, 51 en Jalisco, y otros más en Morelos y Chihuahua. En su mayoría, los cuerpos son encontrados con signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas a su condición de mujer.
En un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se destaca como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático el país. La violencia contra la mujer fundada en el género es el indicador más flagrante del atraso social, cultural y democrático de una sociedad. El feminicidio- es la muerte violenta de las mujeres por el sólo hecho de serlo-se genera en un contexto social, machista y conservador que, con cinismo, valida esa violencia.
Y con esta realidad alarmante, nuestra legislación penal se niega a reconocer el delito de feminicidio, ignorando con ello no sólo los avances internacionales de la ciencia penal y de la política criminal, sino también el avance indiscutible de los derechos humanos de las mujeres. El tipo penal del feminicidio debe ser incluido en la legislación mexicana, de lo contrario, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se convierte sólo en festejos burocráticos buenos para el lucimiento “feminista” de nuestras autoridades, pero no para dar pasos efectivos en la lucha de las mujeres por sus derechos. La tipificación del feminicidio, permitirá renovar nuestra justicia penal y hacerla digna de un verdadero estado democrático de derecho.
El Grupo Parlamentario Alternativa del Partido Socialdemócrata, en la Cámara de Diputados, convoca a todas las mujeres, en especial a nuestras compañeras diputadas y senadoras de todos los partidos políticos representados en el Congreso, a apoyar la iniciativa que hemos presentado para resolver, en esta LX Legislatura, la inclusión del feminicidio como tipo penal en nuestra legislación. Para nosotras, no hay mejor homenaje a las mujeres que la ampliación efectiva de sus derechos y la protección de su don más preciado: su vida. En esa lucha estamos”.
Diputada Marina Arvizu Rivas, coordinadora y Diputada Elsa Conde Rodríguez, vice coordinadora

Reformas constitucionales contra el derecho a decidir de las mujeres en los estados de BC, Puebla, Sonora y Morelos. Primer Corte en el último periodo

2009-03-23T20:38:00.000-06:00

Han transcurrido 51 días desde que se dio inicio al último periodo de sesiones de la LX Legislatura. Para las feministas que estamos por concluir nuestro periodo en la Cámara de Diputados, y particularmente para las feministas del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, estos días han sido particularmente intensos para contrarrestar la actuación del PAN en contra del derecho a decidir de las mujeres en el país.

La derecha en México se conforma de un conjunto de actores: la Conferencia del Episcopado Mexicano; el Partido Acción Nacional y Organizaciones Sociales como PROVIDA, ANCIFEM y la Unión de Padres de Familia, entre otras. Con la llegada a la Presidencia de la República en el año 2000 del Partido Acción Nacional (PAN) estos actores han fortalecido su actuar y su estrategia en los últimos años. Una de esas estrategias ha sido, transformar a nuestro país, en la sede de los encuentros más importantes que ha realizado la derecha a nivel mundial. Me refiero al IV Congreso Internacional de la Familia, realizado a finales del mes de febrero de 2008 en Guadalajara, Jalisco y; al VI Congreso Mundial sobre la Familia que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado mes de enero de 2009. Este último evento tuvo una asistencia de 9000 personas de todo el mundo y, contó para su inauguración con la participación de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez en México que un Jefe de Estado asiste en ese carácter a un evento religioso o “eclesiástico” como lo denomino el Cardenal Norberto Rivera.

En el marco de estos encuentros internacionales y, a partir del análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2008 que dota de constitucionalidad a la despenalización del aborto hasta la doceava semana en el DF, la derecha mexicana concertó impulsar una estrategia legislativa y de política pública que avanza rápidamente en el país y que básicamente consiste en: a) impulsar la perspectiva de la familia en contrapartida a la perspectiva de género; b) impulsar el reconocimiento constitucional del “derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” donde al “concebido se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes” y; c) rehuir al cumplimiento de compromisos que el estado mexicano ha adoptado en materia de derechos sexuales y reproductivos, como lo es la publicación de la NOM-46 referida a la violencia sexual. Sobre la NOM 46, les escribiré en otra entrega.

INCIATIVA DE LEY PARA DESARROLLAR UNA INDUSTRIA LEGAL DEL CÁÑAMO EN MÉXICO

2008-12-19T16:57:00.002-06:00

El 9 de diciembre presentamos ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para permitir y regular los usos industriales del cáñamo.

Esta es la tercera iniciativa que como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata he presentado en materia de regulación de la cannabis. La propuesta busca crear una industria legal para el cáñamo industrial. Del cáñamo se obtienen miles de productos de gran utilidad y calidad; que van desde toda clase de materiales de construcción, de textiles, cordajes y de papel, hasta fuente alimentaría y de biocombustibles, así como productos cosmetológicos de gran éxito en todo el mundo.

La iniciativa toma en cuenta que los tratados internacionales en materia de regulación de cannabis permiten los usos industriales del cáñamo, del mismo modo que los tratados comerciales más importantes firmados por México, como el TLCAN, el TLCUE y los firmados con Chile, Venezuela y Colombia contemplan cuotas y disposiciones específicas para estos productos.

La iniciativa destaca que nuestros principales socios comerciales producen cáñamo industrial de forma segura y legal, y advierte que en nuestro país eso no es posible actualmente debido a la legislación que regula a la planta de la cannabis, de donde proviene el cáñamo, lo que coloca al país en una evidente desventaja competitiva frente a ellos.

La exposición de motivos de la propuesta considera que la planta de la cannabis tiene un gran potencial industrial, un mercado internacional en constante crecimiento y es sostenible en términos ambientales. Advierte que el país tiene la tierra y el clima ideales para producirla. Considera, sin embargo, que sin una ley que regule su producción, procesamiento y comercialización estamos desaprovechando un valioso recurso natural que además podría beneficiar a miles de productores del campo.

Esta iniciativa completa, además, nuestros objetivos legislativos en materia de cannabis. A ella se suman dos iniciativas anteriores, presentadas en noviembre de 2007 y en abril de 2008. La primera de ellas tuvo como objetivos establecer los derechos y responsabilidades de los consumidores de la planta en México de modo tal que éstos sean considerados como objetos de una política pública en materia de salud, en lugar de una criminal; mientras que la segunda se dirigió a proponer una regulación especial para fomentar la investigación médica y científica sobre la planta, con el fin de permitir y regular las propiedades terapéuticas de la misma en beneficio de todas aquellas personas que la necesitan por motivos de salud.

Seminario Internacional "Estado laico, democracia y libertades"

2008-12-03T21:24:00.000-06:00

Con la finalidad de discutir y reflexionar sobre el fortalecimiento del estado laico, el pasado 26 de noviembre, se realizó en la Cámara de Diputados, el Seminario Internacional "Estado Laico, democracia y libertades". El Salón Verde fue el escenario para escuchar a especialistas como el Dr. Henri Pena-Ruiz (Francia) la Dra. Micheline Milot (Canadá) el Dr. Juan Esquivel (Argentina) y el Dr. Roberto Blancarte (México). Este seminario se vincula con la iniciativa de reforma constitucional que presenté al pleno el 22 de noviembre de 2007 y que pretende elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. Esta iniciativa fue suscrita por un grupo plural de legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y, en su elaboración participaron Roberto Blancarte y diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la cultura Laica, el Foro Intereclesiásitoco Mexicano, el Grupo de Información en repproduccion Elegida (GIRE) Afluentes, Demysex y la jurisdicción Norte de la iglesia Luz del Mundo. Asi como las diputadas fer¿derales Martha Tagle y Rosario Ortiz.

A continuación comparto las palabras de clausura que dirigí al auditorio.

"El día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a brillantes ponentes exponer sobre el estado laico, la democracia y la libertad. Los conocimientos adquiridos esta mañana nos invitan a una seria reflexión sobre estos temas. Y como legisladores nos obliga a realizar un análisis y trabajo legislativo serio, profundo y responsable. Nos llevamos la idea de que el principio de laicidad es universal que atraviesa fronteras y tiempos.

Que el estado laico no combate a la religión ni a las iglesias; sino que impugna el privilegio de una religión en el ámbito público; a la discriminación y a las desigualdades. Que el objetivo del estado laico es lograr la convivencia pacífica y armoniosa y la igualdad de trato para tod@s. Que los dos grandes valores que dan fundamento al estado laico son la libertad de conciencia y la igualdad. Que la laicidad es un instrumento que permite al estado confirmar su autonomía y neutralidad respecto a las normas religiosas imperantes y que dicha neutralidad lo obliga a establecer y garantizar que existan condiciones institucionales que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos. Que la laicidad se justifica en el reconocimiento de la diversad moral, cultural y religiosa. Que la laicidad es un principio de paz profundamente igualitario de reconocimiento de la diversidad. Finalmente que un estado laico y neutral protege valores fundamentales como la democracia, la tolerancia, la diversidad y los derechos humanos.

Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática significa el triunfo de la laicidad en la vida pública. No tenemos duda, de que en México se expresará la democracia y triunfará la laicidad en nuestra vida pública".

25 de Noviembre: Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres

2008-11-25T14:37:00.000-06:00

Hoy 25 de Noviembre Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata hace suyo el pronunciamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, para solicitar al Ejecutivo Federal la Publicación inmediata de la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres. En México en el 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Esta ley recupera las medidas que los gobiernos, federal, estatal y municipal deben tomar para lograr una disminución considerable de la violencia de género en nuestro país. Particularmente este 25 de noviembre, queremos llamar la atención ante un hecho inexplicable: el Ejecutivo Federal no ha dado el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en nuestras leyes.

El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo con todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó por mayoría la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son una regulación técnica de observancia obligatoria, donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que se prestan a la población.

La necesidad de elaborar esta NOM obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres. En particular, la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención obedece al compromiso del Estado mexicano firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, Petición 161-02; en le cual se comprometió a ampliar el objetivo de la NOM 190- SSA1-1999 relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.

La NOM-046-SSA2-2005, específica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y a la violencia contra las mujeres, se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de Emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo, toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia. Aunque en ultimas fechas observamos vergonzosos casos contrarios a todo derecho en estados como Morelos donde el PAN en complicidad con el PRI y otros Partidos Políticos han reformado la Ley para quitar todas las causales de aborto incluyendo la causal por violación contra la mujer. Este es un acto vergonzoso contra la integridad y dignidad de las mujeres y hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que llame a cuentas a sus Legisladores Locales y no permita que actos como este se repitan en otros estados del país.

La NOM 46 es relevante porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual (más allá del ámbito doméstico) en los servicios de salud. La Norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado Mexicano, y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Además, está concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas, no existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del Gobierno que violenta los derechos humanos de las mexicanas. La Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también tipifica la violencia de Estado como una inacción en que puede incurrir el Estado mismo, cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a las mismas a que desistan de denunciar y que queda claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.

Por lo anterior exhortamos al Ejecutivo Federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud a publicar de inmediato la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres.

Cambio Climático, Género y Política

2008-11-24T17:29:00.000-06:00

Del 19 al 22 de octubre del 2008 en la Ciudad de Manila, Filipinas se realizó el Tercer Congreso Global de Mujeres en Políticas y Gobierno. Este fue organizado por el Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico, teniendo como principal eje temático: el género en el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
El Congreso se llevó a cabo en coordinación con las siguientes organizaciones:

·Naciones Unidas y Estrategias Internacionales para la Reducción de Desastres (UNISDR).
·Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
·Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Mujeres (UNIFEM).
·Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).
·Naciones Unidas en Género y Alianza Climática (GGCA).
·Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
·Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO).
·Banco de Desarrollo Asiático (ADB).
·Comité Coordinador de Mujeres Parlamentarias de la Unión Inter-Parlamentaria (IPU/CCWP).
·Asimismo el Congreso contó con la participación de los miembros del propio Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico provenientes de Tailandia, Pakistán, Singapur, Japón, Corea, Nueva Guinea, Australia, Estados Unidos y Filipinas, así como legisladores invitados de países como México.

El Congreso tuvo como objetivo general la creación de un foro para legisladores y líderes de gobiernos locales en todos los niveles para motivar la formulación de una legislación de género así como programas orientados al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

Los objetivos específicos del evento fueron sustantivos para la comprensión del cambio climático:

1.Para entender el fenómeno del cambio climático y sus impactos así como un estudio acucioso y estratégico de la reducción del riesgo en la materia;
2.Para la revisión y examen de los aspectos de género en el cambio climático y la reducción del riesgo.
3.Para definir el rol que las mujeres juegan en la orientación y diseño de políticas que impactan directamente en el cambio climático y la reducción de riesgos en la matera a nivel global, nacional y local; y
4.Para la identificación y definición de una agenda parlamentaria instrumentada por mujeres líderes que favorezcan acciones globales y nacionales que adapten las responsabilidades de género en relación al cambio climático y la reducción de desastres.

El fenómeno del Cambio Climático

El cambio climático representa una amenaza para la libertad humana y una limitante en los esfuerzos globales para el combate a la pobreza. Actualmente, en promedio, una de cada 19 personas de países en desarrollo será golpeada por desastres climáticos, en comparación con los países integrantes de la OCDE, en donde sólo uno de cada 1,500 sufrirá los estragos de los desastres naturales. Entre más dramáticos sean los desastres naturales provocados por el cambio climático, los esfuerzos globales y de gobiernos nacionales deberán ser más estrictos con la finalidad de preservar una atmósfera habitable que promueva el desarrollo de la población mundial, sobre todo de los más jóvenes y pobres del planeta.

La discusión global se ha centrado en la elaboración de un mapa crítico en donde el cambio climático ha impactado de manera más violenta, así como la aplicación de acciones que lo reviertan. Las acciones deben incluir los mecanismos que frenen y reviertan más rápido la devastación que se ha producido en muchas regiones del mundo, principalmente, en aquellas que son más vulnerables, pese a los esfuerzos que se han venido instrumentando, éstos aún requieren de estrategias más firmes y comprometidas de todos los actores sociales.

Entre las principales necesidades que se ubicaron durante el evento para revertir el impacto negativo que han sufrido los diferentes países alrededor del mundo, se encuentran:

1.En primer lugar, se requiere de una participación mucho más activa por parte de los gobiernos locales, se reconoce que éstos han instrumentado acciones importantes, no obstante, esta temática aún no es una prioridad en las agendas gubernamentales.
2.Es necesario ubicar soluciones reales en esta materia y que sean adaptables a cada país. Por ejemplo, la creación de tecnologías que produzcan fuentes de energía mucho más económicas y contribuyan a la eliminación de gases tóxicos en la atmósfera.
3.Es necesario crear las herramientas que ayuden a instrumentar estas soluciones reales, mayor regulación, políticas viables, mayor participación de la ciudadanía y empresas privadas. En este sentido, la regulación gubernamental es indispensable.

¿Por qué es necesaria una visión de género para enfrentar el cambio climático?

Primera conclusión: Es importante reconocer que hay un impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres por el cambio climático.

Debemos entender que el cambio climático no es un proceso neutral. En primera instancia, las mujeres en general son más vulnerables a sus efectos, no sólo porque forman la mayoría de la población más pobre del mundo, además ellas son más dependientes de las fuentes naturales de energía que ahora son amenazadas.
Las negociaciones o gestiones para revertir los efectos devastadores del cambio climático, han sido principalmente desde una visión puramente masculina, se ha supuesto erróneamente que el problema impacta de igual manera a toda la población, por lo tanto , las políticas que se han instrumentado para contrarrestarlo han dejado al margen las necesidades y problemas que deben enfrentar las mujeres en esta materia.

En este sentido, el tema del género vinculado a la pobreza, es el punto de partida para reconocer los problemas que el cambio climático está causando en la población femenina y así, planear una política orientada a dar soluciones. Es absolutamente necesario vencer las barreras que hasta ahora se han levantado entre las soluciones para revertir el fenómeno y los problemas de la pobreza femenina, ambos forman actualmente un solo problema. Sólo por citar un ejemplo, durante el tsunami asiático ocurrido en 2005, la población mayoritariamente afectada, desaparecida y que pereció en él, fueron mujeres, en la región de Aceh, más del 75 por ciento de las víctimas fueron mujeres, estos datos reflejan que la posición de las mujeres en la planeación política frente a desastres naturales y a la devastación del clima, no es una prioridad y ello deja a la población femenina en una situación altamente vulnerable.

Trabajos de mujeres y expertos en temas ambientales, han concluido que la participación femenina en la creación de soluciones y alternativas viables que contrarresten los efectos negativos del fenómenos, han sido ignoradas hasta hoy por los gobiernos locales, sin embargo, de acuerdo a estos expertos valdría mucho la pena considerar estas alternativas como soluciones reales, que realmente contribuyen a la conservación, protección y rehabilitación de las áreas vulnerables.

La manera en como son tratados los temas relativos al cambio climático, son una muestra más de cómo la perspectiva de género es frecuentemente omitida de las decisiones importantes que están afectando, paradójicamente, a las mujeres por ello, durante el Congreso, una de las preocupaciones básicas, fue exaltar la visión femenina del fenómeno, no por encima de la visión masculina, sino como una fusión de ideas que contribuyan realmente a solucionar el problema y no margine a la población que es más vulnerable al cambio.

Dentro de las principales conclusiones que se obtuvieron durante el Congreso, destacan las siguientes:

1.Desarrollar estrategias para mejorar el acceso y control de las mujeres a las fuentes de energía naturales.
2.Aprovechar los conocimientos y habilidades femeninas para utilizarlas en las zonas devastadas por el cambio climático.
3.Crear oportunidades, gobierno – empresa, para entrenar a las mujeres en el manejo de situaciones de desastres naturales.
4.Promover y estimular la difusión tecnológica entre países en vías de desarrollo y países desarrollados que ayuden a construir tecnologías comunes en el manejo de desastres.
5.Los gobiernos locales deben adoptar el tema del cambio climático como una prioridad en la agenda parlamentaria. Ubicar los problemas específicos de cada región e incluirlas en una gran plan nacional de lucha contra el cambio climático.
6.Instrumentar y promover políticas que observen la perspectiva de género en la reducción del cambio climático.
7.Establecer lazos estrechos entre países de Asia, África, América Latina y Europa con la finalidad de promover e intercambiar estrategias que contrarresten los efectos nocivos del cambio climático y, más aún, que orienten a las nuevas generaciones y comunidades pobres a conservar los recursos naturales que el mundo aun tiene en abundancia.

Cuentas Públicas: una responsabilidad postergada

2008-11-10T13:53:00.000-06:00

El 4 de noviembre de 2008 se cumplió el plazo para que la LX Legislatura aprobara en el pleno, la revisión de las cuentas públicas 2002, 2003 y 2004. La revisión de la Cuenta Pública es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y una herramienta que nos permite como legisladores conocer el verdadero destino de los dineros públicos. Sin embargo, a pesar de contar con el dictamen correspondiente, se postergó su discusión, por falta de consenso entre las fracciones parlamentarias para subir el tema a tribuna. Uno de los puntos recurrentes en los tres decretos se relaciona con el incumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental llevados a cabo por los ejecutores del gasto público federal. Se detectó por ejemplo, que la Secretaría de Energía; Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público fueron las secretarías que mayor número de observaciones recibieron por el incumplimiento a las disposiciones legales. El Ramo General 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" también recibió un número importante de observaciones, lo que significa un llamado de atención para vigilar la aplicación correcta de estos recursos. Las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004 corresponden a la adminstración de Vicente Fox Quezada y el análisis de estas cuentas nos llevan a concluir que durante su administración hubo irregularidades; fallas en el actuar administrativo; falta de transparencia y acceso a la información. Además de que no alcanzó las proyecciones de crecimiento económico, recaudación tributaria y tasa inflacionaria establecidas en los Criterios Generales de Política Económica. Como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, debemos mencionar que como un aporte a la revisión de estas cuentas públicas, recomendamos etiquetar los recursos destinados a la equidad de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación e hicimos un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que incluya dentro de sus programas, auditorías de género, que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y de los recursos dstinados a las mujeres.

2 de octubre 1968-2008: un necesario compromiso de la izquierda con la democracia.

2008-10-03T15:47:00.000-05:00

En el año de 2006, el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró a Luis Echeverría Álvarez, al considerar que no existía ninguna prueba que lo inculpara como responsable de los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968, cuando el fungía como secretario de Gobernación. A pesar de ello, en su alegato el Juez determinó que sí hubo genocidio planeado y ejecutado. Es decir, que “el 2 de Octubre de 1968, un grupo de estudiantes fueron eliminados por motivos políticos”.

Si Luis Echeverría, ya fue exonerado, entonces, ¿a quién inculpar por este genocidio planeado y ejecutado en la Plaza de Tlatelolco? ¿Quiénes fueron los autores y quiénes los cómplices de este genocidio? A cuatro décadas de estos sucesos, lo único que tenemos como certeza es que hay culpables sin castigo, y decenas de muertos a los cuales la incipiente democracia nuestra no ha hecho justicia.
Los crímenes del 68 no pueden quedar en un pasado irresuelto, operando constantemente sobre nuestro presente; como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre la tesis del Juez español Baltasar Garzón, quién al referirse al caso de Argentina, menciona: “Que la obediencia debida sea un valor legitimado por la palabra del derecho es la mejor forma de permitir la repetición de las prácticas genocidas”.

Hacer memoria es hacer política, por ello, para esta sociedad que se resiste al olvido, cuatro décadas de impunidad deben traducirse en una sola palabra: ¡Justicia para los caídos del 68!

Así como el régimen posrevolucionario adquirió una deuda con los campesinos que dieron su vida en la Revolución de 1910 -que por cierto, sigue sin saldarse- los gobiernos actuales, producto de la alternancia política, alternancia que solo es posible bajo un sistema democrático, tienen una deuda con el Movimiento del 68.

Con la alternancia política llegó el Partido Acción Nacional al poder, y es este partido y su gobierno el que tiene esta responsabilidad de saldar esta deuda histórica.

El movimiento estudiantil de 1968 fue un momento de ruptura. La juventud mexicana reaccionó contra el fracaso posrevolucionario, cuya política esencial nunca fue suficiente para cumplir con sus propias divisas: justicia, libertad, democracia.

Gracias al Movimiento del 68, el sistema político mexicano observó signos de apertura; la democracia como forma de vida y no sólo como retórica, inició un camino de posibilidad, con la reforma política de 1976; la eclosión de la pluralidad y heterogeneidad de la sociedad mexicana producto de los movimientos políticos de 1986 y 1988; la definitiva reforma de 1996 y la consolidación del Instituto Federal Electoral.

Con estos cambios, el autoritarismo, la injusticia y las palabras huecas del régimen del Partido de Estado, parecieron encontrarse seriamente en entredicho. Hace cuarenta años, México se derrumbó, un México autoritario y paternalista se vino abajo, gracias a una juventud que no se resignó a seguir el curso del viejo régimen.

Por eso pregunto al Partido Acción Nacional, ¿están ustedes dispuestos o no; no con discursos, sino con actos de gobierno, a hacer justicia al Movimiento del 68? ¿Puede ser ese, su compromiso el día de hoy, para conmemorar cuarenta años de resistencia y de lucha contra la impunidad? ¿O tendremos que esperar al 2012 o al 2018 cuando de nueva cuenta, se de, la alternancia por la vía democrática?

1968 fue también el tiempo de la izquierda, de una izquierda revolucionara, ciertamente; comprometida con la denuncia de las promesas incumplidas y con el desenmascaramiento de una nueva alianza entre los herederos políticos de la revolución y el conservadurismo oligopólico que durante tantos años ejerció un control férreo sobre el país; una izquierda joven, activa, creativa y contestataria, que tuvo la osadía de tomarle la palabra a un régimen empeñado en la simulación y en las apariencias; un régimen que ni por equivocación podía autodenominarse democrático. La Dictadura Perfecta, mencionó alguna vez, el escritor Vargas Llosa.

Sin embargo, como izquierda, también tenemos una deuda con el Movimiento del 68: una deuda que tiene que ver con el hacernos cargo, del actual déficit democrático en el que vive nuestro sistema político. Desterrar de una vez por todas el clientelismo y corporativismo de nuestras instituciones políticas; el charrismo y la corrupción de las instituciones sindicales. En pocas palabras, desterrar las transacciones que todavía se realizan con el viejo régimen político.

No, no es suficiente un discurso de izquierda, no es suficiente luchar contra la desigualdad y contra la discriminación. Requerimos de una práctica política comprometida de verdad con la democracia.

El movimiento estudiantil del 68, se rebeló contra el viejo régimen para acabar con el autoritarismo revolucionario; en pocas palabras para iniciar nuestro tardío arribo a la construcción de ciudadanía. ¿Qué ha hecho la izquierda, sino ser cómplice del cierre de espacios de participación ciudadana?

En los últimos cinco años, la izquierda ha hecho un triste papel, al votar reformas electorales que limitan la pluralidad y gobernabilidad democrática. Reformas que se traducen en un precario sistema de partidos. Cómodamente instalada en la repartición del poder, la izquierda partidista ha perdido contacto con la ciudadanía. ¿Será capaz, esta izquierda, de recuperar el rumbo hacia una sociedad más democrática y con ello dar continuidad a lo que inició el movimiento de 68?

Y sin embargo, el movimiento del 68 significó no solo una revolución política; significó, sobre todo, una revolución cultural. Para las mujeres mexicanas el 68 fue un parteaguas: el inicio de la emancipación. Para nosotras significó, por primera vez, vivir la experiencia de la libertad y la igualdad, aunque fuera sólo por unos cuantos meses. Por primera vez, hombres y mujeres salieron a las calles para reclamar la democratización, no sólo del régimen político sino también de nuestra sociedad. Esa fue la señal, y muchos la comprendieron y la respaldaron, dando a la sociedad mexicana la posibilidad de, por primera vez, verse entre pares. Junto con el 68, llegaron también, para quedarse, la píldora y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Las diversas manifestaciones generalmente de corte político y profundamente contestatarias que se derivaron de la participación política de las mujeres en el movimiento del 68; han tenido repercusiones importantes: en la década de los 70s el machismo empezó a ser cuestionado como parte “natural” de la identidad masculina del “mexicano”, para ser considerado como una de las dimensiones de la discriminación de género. En las ultimas tres décadas del siglo XX el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres en México desarrolló diversas estrategias para avanzar en su agenda. Desde los años 70 se intensificó de manera gradual y con mucha creatividad la participación de las mujeres en el espacio de lo público. Este contexto favoreció que en 1974 se reformara el Artículo 4º de la Constitución mexicana, el cual garantiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y; libertad sexual y reproductiva.

También fue un contexto propicio para que a finales de esa misma década, en 1979, el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) junto con la Coalición de Mujeres Feminista elaboraran el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante esta Cámara de Diputados. Este proyecto no prosperó, sin embargo, con estos hechos jurídicos y culturales las mujeres mexicanas pudieron acceder paulatinamente al control de su fecundidad y a un ejercicio más libre de su sexualidad. Hoy a cuarenta años de ese movimiento que revolucionó la vida de las mujeres mexicanas y habiendo avanzado en la conquista de nuestro derecho a decidir, queremos rendir un homenaje a las mujeres del 68.

El movimiento de 1968 nos abrió una puerta hacia la democracia, hacia la igualdad y hacia la no discriminación, pero nuestra actual clase política sigue renuente a cruzar el umbral. Una clase política que ignora sus deudas con el pasado. Una clase política que es incapaz también de conmoverse con el presente. Conmoverse, por ejemplo, ante la muerte de Ramiro Guillén Tapia, dirigente campesino popoluca, quien en un acto de desesperación, se prendió fuego ante la mirada indiferente de las autoridades de Veracruz. Ramiro Guillén Tapia, es una metáfora, una metáfora del México actual que se desmorona frente a la mirada indolente de una clase política que se compromete solo con ella misma.

En cambio, una sociedad civil cada vez más vital y participativa, busca, fuera del sistema de partidos, avanzar hacia el futuro sin olvidarse de saldar cuentas con su pasado. Ojalá que la izquierda este a la altura para ir a su encuentro. Muchas Gracias!

VOTO SECRETO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS

2008-09-26T13:01:00.000-05:00

Una de las expresiones del autoritarismo del sistema político mexicano -que persiste y se niega a morir- es la corporativización, el clientelismo y el control de las organizaciones de los trabajadores en manos de líderes corruptos: una vez apoderados de la dirección sindical, no hay regla ni procedimiento democrático que logre moverlos de su feudo. Un mecanismo de control, particularmente nocivo y antidemocrático para el desarrollo del sindicalismo en nuestro país ha sido la imposibilidad de ejercer el voto secreto en distintos procedimientos de la vida sindical.
Dado que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no especifica ni garantiza la secrecía del voto en este tipo de procesos, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, presentamos recientemente una iniciativa una de ley, que tiene el objetivo de incluir en la LFT la modalidad del voto secreto en todas aquellas actividades gremiales, donde se deba garantizar la libertad y las prerrogativas laborales de los trabajadores sindicalizados. Esta iniciativa acompaña, en el mismo sentido, a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar su seguridad y la democracia sindical.
El voto secreto es un tema de trascendental importancia para nuestro país, ya que es una garantía del sufragio universal y un elemento imprescindible que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los gremios. Además de ser un instrumento legal para dirimir problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir. En este sentido, el voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que traducido al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato a que pertenecen.
A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato, la Corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan mediante el voto su opinión en la vida sindical. Con esta decisión sin precedente, la Corte ha dado un paso trascendental y sin retorno hacia la plena libertad, democracia y transparencia sindical. Ahora le corresponde al Poder Legislativo concretarlo y especificarlo en la Ley Federal del Trabajo, haciendo una propuesta de reforma integral.
Con base a lo anterior propusimos reformar los artículos 371 en su fracción IX; 379 fracción I; 660 fracción VIII; 681 y 931 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezcan las características del voto secreto, libre y directo, con el fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.
A nivel internacional, el voto secreto es práctica común y es admitida como un elemento plenamente compatible con la libertad de asociación a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. También ha sido una exigencia en el ámbito de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio del América del Norte, especialmente el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el que se ha asumido la promoción de parámetros como la transparencia, la inspección laboral y el voto secreto, particularmente en los recuentos. Si pretendemos ser un país competitivo en el concierto internacional, es justo que aprovechemos las mejores prácticas de esta competencia y una de ellas es garantizar las condiciones para que la libertad y democracia sindical sean efectivas. De esta manera, la propuesta de modificación planteada restituye a los trabajadores su libertad de asociación, su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y se asegura su condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial.

¿De qué se ríe señor procurador? ¿De qué se ríe?

2008-09-24T12:46:00.000-05:00

Glosa del Segundo Informe de Gobierno sobre Seguridad Pública.

Señor Procurador:

Según los reportes a nuestro alcance, el día primero de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a su dependencia que se habían recibido amenazas de atentados con granadas de fragmentación para la noche del grito de independencia. El 8, 12, 13 y el mismo 15 de septiembre se recibieron las mismas amenazas y nuevamente la dependencia a su cargo fue informada. Es decir, en todos los casos tanto la Procuraduría General de la República, como el propio CISEN, fueron puntualmente informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En su dependencia: ¿Quién recibió la información? ¿Estaba usted enterado de esos reportes? ¿Qué instancia la procesó y cuál fue el reporte de inteligencia criminal que usted recibió? ¿En qué fecha? ¿Con qué número de oficio o en que docuemnto? ¿Cuáles eran sus conclusiones?. Ante la gravedad de los reportes, ¿qué medidas planeó usted y qué instrucciones ordenó con base en el análisis de la información que le fuera remitida a su dependencia? ¿En qué oficios? ¿a quiénes ordenó actuar y de qué manera?. ¿Cómo explica usted, lo que documenta la prensa, acerca de la escasa presencia federal antes del atentado del 15 de septiembre en Morelia, Mich.?

Tener información y no actuar es negligencia señor Procurador. Por eso le pregunto...¿De qué se ríe, señor Procurador, de qué se ríe?

POR UNA POLITICA ALTERNATIVA HACIA LAS DROGAS

2008-09-23T16:52:00.000-05:00

Seguramente hay diversas motivaciones para que, quiénes no somos especialistas en la materia, nos interesemos por el tema de las drogas, como un tema de interés público. En mi caso, ha sido el feminismo y su lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la principal premisa que me ha ubicado de lleno en esta causa. Hoy, para quiénes aspiramos a una sociedad libre, igualitaria y democrática, la lucha por una política alternativa hacia las drogas, es sin duda, una causa que no podemos soslayar. Es esta convicción la que nos ha convocado a un grupo de legos, especialistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil -hoy aglutinados en el Colectivo por una Política Integral hacia las drogas (CUPIHD) a trabajar y proponer políticas públicas y acciones legislativas que transformen las actuales políticas de Estado, desde una perspectiva integral y de respeto a los derechos humanos.

La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano para enfrentar el problema de las drogas está condenada al fracaso. Es una política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde a una política fundamentalmente prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal frente a las drogas; así como a insistir utópicamente en la idea de una “sociedad libre de drogas”.

El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido (y conocen) el uso de las drogas”.

El prohibicionismo convertido en política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de E.U. ha tenido la capacidad de imponer sus “reglas del juego” en todo el mundo y, México, su vecino incómodo, por supuesto, no sido la excepción. Las acciones de esta política se han orientado fundamentalmente a la erradicación de los cultivos ilícitos; “el desmantelamiento de grupos de narcotraficantes”; la militarización en todo el país de la lucha antidrogas y el rechazo a cualquier iniciativa pro-legalización de las drogas.

En relación con la erradicación de cultivos, no sabemos si los resultados son los esperados por el gobierno mexicano, lo que si sabemos es que el consumo aumenta en nuestro país. La política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México” no ha hecho sino fortalecer a los cárteles que se dice combatir. El número de muertes vinculadas al narcotráfico desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, suman al mes de julio del 2008 más de 5,000.

El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas no ha significado un avance para reducir el fenómeno, pero si ha incrementado el descontento social. La Presidencia de la República ha reportado que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) participó en el 2007 con un promedio mensual de 45,733 elementos militares en el combate al narcotráfico. El resultado colateral más visible ha sido la violación sistemática de los derechos humanos y; vergonzosos casos de violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares. Por nombrar tres casos significativos enunciaré: el caso de las mujeres trabajadoras sexuales de Castaños en Coahuila; el caso de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en Veracruz y el de tres mujeres también sexotrabajadoras en Guerrero.

Por último, la negativa a aceptar una eventual legalización de las drogas, ha conllevado que tanto el Ejecutivo Federal como la propia Cámara de Diputados no propicien siquiera el debate sobre este importante tema. Nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha presentado a la fecha dos iniciativas para regular el consumo de cannabis protegiendo el derecho de los consumidores como para regular su uso con fines médicos y terapéuticos.

Para esta política de combate al narcotráfico, el Ejecutivo Federal ha aumentado sus recursos en un 24% con relación al presupuesto del 2006 y ha involucrado a siete dependencias federales. Esta cantidad ascendió en el 2008 a 2.5 mil millones de dólares anuales. Mientras que los recursos asignados a los programas de prevención y lucha contra las adicciones la cantidad fue apenas de aproximadamente 31 millones de dólares.

En este contexto, el gobierno mexicano ha impulsado el Plan Mérida, como un acuerdo de “cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos que establece como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico...así como (procurar) la estabilidad y la seguridad de la región”. Hoy sabemos, por toda la discusión que se ha generado, que México tendrá que aportar 7000 millones de pesos y que este Plan apoyará las acciones militares del gobierno, destinando mayores recursos para adquirir armamento, capacitación militar, adquisición de equipo, y promover el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades cívicas con el fin de prevenir el consumo de drogas y evitar el trasiego para Estados Unidos.

Con todo este conjunto de cifras e indicadores, ¿Podría el gobierno federal decirnos cuándo tendrá fin esta guerra? ¿Cuándo podrá decirnos, finalmente, ganamos?

Es evidente que el fenómeno de las drogas en el país y en el mundo, trasciende ampliamente los alcances de la “guerra” contra el narcotráfico. En consecuencia consideramos necesaria una coordinación efectiva y una política integral por parte del Estado Mexicano, que incluya entre otras cosas, la legalización de las drogas en nuestro país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la interrupción voluntaria del embarazo

2008-06-28T08:48:00.000-05:00

(TEXTO LEIDO EN LA AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2008 EN LA SALA ALTERNA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN)

Honorables señoras y señores ministros.

En el debate sobre el aborto, el reto para un sistema justo y democrático, es construir espacios de discusión, de tolerancia y de respeto a la pluralidad de puntos de vista que se expresan en la vida pública. Por ello, como legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, quiero transmitir un reconocimiento de mi grupo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la apertura de este espacio de diálogo y disertación sobre un tema crucial para la vida de las mujeres. Como ha mencionado Marta Lamas en diversos foros: el debate sobre la penalización/ despenalización del aborto nos plantea el desafío de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos de primer orden: como la libertad de conciencia, la laicidad y el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y la privacidad. ¿Por qué es importante privilegiar la pluralidad y éstos principios democráticos?

Porque solo en un sistema democrático pueden convivir civilizadamente dos visiones de mundo que son irreconciliables y antagónicas: la de quienes estamos por el derecho a decidir de las mujeres y; la de quienes, basados fundamentalmente en preceptos morales, abogan en contra de ese derecho. Más allá de estas visiones, sin embargo, lo que es una realidad en la vida cotidiana de la gente es: que la Modernidad con sus avances científicos, políticos y culturales ha permitido a las personas trascender su propia biología y decidir cómo, cuándo y con quién tener hijos, o decidir no tenerlos. La modernidad con sus nuevas tecnologías reproductivas y con la conquista del derecho a la privacidad ha permitido a las personas apropiarse de su cuerpo y de su sexualidad.

Los argumentos a favor de una iniciativa como la aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que hemos escuchado en las audiencias de esta honorable SCJN, se han fundamentado en el desarrollo científico; en la bioética y en la importancia de las nuevas tecnologías en la vida reproductiva de las personas; en el derecho y en el incipiente avance para erradicar de nuestra legislación, la discriminación y el sexismo para transitar a una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se han ponderado los principios rectores de un estado laico y democrático y se ha expresado, que no existe una razón argumentativa y de derecho, a través de la cual se pueda imponer a la sociedad una consideración moral para condenar a las mujeres a la clandestinidad y a la muerte.

La condena, es básicamente una condena moral, como ha mencionado Luis de la Barreda Solórzano, pues “la magra punibilidad del aborto es indicativa de una depreciación “en las valoraciones sociales” que ha sufrido la vida en formación. En contrario sensu, la penalización del aborto no logra el cometido de disuadir a las mujeres de abortar una vez que han tomado la decisión de no continuar con un embarazo no deseado. En este sentido la conminación penal carece en absoluto, de efectos disuasivos.

La intimidación que produce no disuade de la comisión del delito, sino que propicia la clandestinidad y que decenas de miles de mujeres pobres sufran daños severos en su salud y que muchas de ellas pierdan la vida. ¿Por qué hablamos de mujeres pobres? Porque como bien se ha documentado “tratándose del aborto, no se hallará en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada. En otros términos: no existe otra figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto”. De ahí entonces, que el problema del aborto en nuestro país no sea solo un grave problema de salud pública sino también un grave problema de justicia social. Las mujeres con recursos pueden acceder –en la clandestinidad- a un aborto seguro sin poner en peligro su vida y su libertad. En cambio las mujeres pobres, justo por la clandestinidad, arriesgan su vida y se amenaza su libertad.

Aunado a este carácter clasista de la prohibición del aborto, está también el carácter impositivo de esta penalización, que no se limita a prohibir sino que obliga además, a una opción de vida como es la maternidad. Lo contrario a derecho es, precisamente, imponer conductas y más aún opciones de vida. Luigi Ferrajoli al respecto menciona que a diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones legales, la prohibición del aborto es el único caso en que la penalización conlleva también una obligación; situación que contrasta con todos los principios liberales del derecho penal.

En el cuerpo de la mujer, el embrión es una innegable realidad biológica. Pero su existencia toma sentido, si y solo si, la mujer establece una relación que le dota de significado dentro de su cuerpo. Es el deseo y la voluntad de la mujer lo que confiere al embrión su calidad de persona. La maternidad voluntaria ha sido una conquista de la cultura para trastocar ese “orden natural”, social y jurídico que condenaba al cuerpo de las mujeres a ser un mero receptáculo del deseo de otros. Por la razones anteriores, consideramos que es importante validar una legislación que erradica el trato discriminatorio y clasista hacia las mujeres y les confiere autonomía para decidir sobre su propio cuerpo.

En México, producto del análisis que esta honorable Corte realizó en el año 2002 a propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, se concluyó que el derecho a la vida no es un absoluto y por ello, la protección de este derecho, no excluye la opción de establecer varias causales en la práctica del aborto en todos los estados de la República Mexicana. Es una manera de reconciliar los intereses del estado en proteger la vida por nacer y los derechos constitucionales de la mujer a la vida, a la salud y a la maternidad voluntaria. Con la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal se reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir y libertad sobre su cuerpo; se evitan muertes por abortos clandestinos; se da cumplimiento al artículo 4º constitucional; se respeta el derecho sexual y reproductivo de las personas, especialmente de los jóvenes; se garantiza el derecho a la información y el acceso a servicios de salud de calidad. Por tanto, imponer criterios que resulten restrictivos de estos derechos, es contrario a la esencia de un Estado moderno y a los objetivos de un sistema democrático.

Hoy, frente a las sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por dos instituciones, que en teoría deberían garantizar los derechos humanos y de procurar justicia para las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí, el desafío de ponderar las razones que le asisten al derecho sobre las distintas consideraciones morales que se objetivan en el debate sobre el aborto.

Hoy en esta ciudad las mujeres, somos más libres y más ciudadanas. Señoras y señores ministros, hoy tienen ustedes la oportunidad de extender una carta de ciudadanía plena a las mujeres de esta ciudad.

Muchas gracias!.

Ciudad de México, 27 de junio de 2008.

Nuestro trabajo legislativo y Alternativa Socialdemócrata

2008-06-18T15:07:00.000-05:00

El día de ayer, Excelsior publicó un cuadro con l@s legisladores más productivos en ésta LX Legislatura. En este cuadro aparecemos en un honroso cuarto lugar, con 23 iniciativas presentadas y 17 proposiciones con punto de acuerdo. En nuestras iniciativas puede observarse un especial énfasis en la promoción de la equidad de género y respeto de los derechos humanos. En ampliar la representación de las mujeres en el ejercicio del poder político y por garantizar los derechos sexuales y reproductivos. También hemos trabajado por el fortalecimiento del estado laico; por presupuestos sensibles al género, por ampliar derechos de la diversidad sexual y por una legislación alternativa para los consumidores de cannabis entre otras. Nuestras iniciativas son el producto de la innovación y la reflexión colectiva. Porque sabemos que es posible trascender las desigualdades en la misma medida en que ampliamos nuestra ciudadanía y el ejercicio de nuestras libertades. Estos resultados son apenas un perceptible destello de nuestro compromiso con las causas ciudadanas, que son las causas de Alternativa Socialdemócrata.

CUBA Y EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL

2008-06-12T11:56:00.000-05:00

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es de gran interés el reconocimiento pleno de los derechos de la diversidad sexual por ello a partir de la IX Reunión Interparlamentaria realizada en La Habana, Cuba, el pasado mes de julio de 2007, establecimos contacto con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) dirigido por Mariela Castro. De ese primer contacto surgió la iniciativa de invitar a profesionales del Cenesex a México. El "Foro Derechos para la Diversidad Sexual", se realizó el 13 de septiembre de 2007 y fue organizado en el contexto del debate que se da en nuestro país para el reconocimiento y la ampliación de los derechos de ciudadanía de la comunidad LGBTTT así como en el marco de las discusiones y propuestas de ley que sobre este tema se han presentado tanto en la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba como en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por ello nos congratula saber que en Cuba a partir del 6 de junio pasado con la resolución 126 del Ministerio de Salud Pública, ya se autorizó de manera oficial la realización de operaciones de cambio de sexo, en el marco de un programa de atención “integral” a transexuales. Con esta resolución se prevé la creación de un Centro específico de atención a la salud para las personas transexuales que será coordinado por el Cenesex. Las operaciones serán gratuitas para los habitantes de la isla y actualmente ya hay una lista de espera aprobada de 28 personas. Cuba en poco tiempo ha logrado grandes avances en el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual. Y actualmente el Parlamento Cubano está estudiando reformar el Código de Familia para reconocer la unión legal de homosexuales y también tiene para su estudio un proyecto de ley sobre “identidad de género” que incluye el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, así como “su reconocimiento en los documentos legales de cada persona.” Mientras que en Cuba se dan estos grandes adelantos, en nuestro país todo parece congelarse. Legisladores federales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendríamos que volver nuestra mirada a Cuba y establecer un compromiso real con el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual y el respeto a las libertades de todas las personas.

Reforma constitucional en materia de laicidad

2008-05-23T09:42:00.001-05:00

En el mes de noviembre pasado un grupo de diputadas y diputados de los diferentes partidos en la Cámara de Diputados presentamos iniciativa de reforma constitucional en materia de laicidad. Con el fin de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano y fortalecer los derechos y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos, y de que se respeten y amplíen las garantías individuales y los derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales la cual de manera muy expedita elaboró un dictamen a favor en el que se incluyeron además de la iniciativa nuestra otras relacionadas con el tema. Después de varias reuniones fallidas en las que siempre se quedaba esperando para ser discutido el dictamen, el día 29 de abril del año en curso la Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración el dictamen y fue aprobado con 17 votos a favor 4 en contra del Partido Acción Nacional y una abstención también del PAN. La votación se dio de la siguiente manera:

NOMBRE	PARTIDO	VOTO
Cárdenas Hernandez Raymundo	PRD	A FAVOR
Guerrero Torres Jose Gildardo	PAN	EN CONTRA
Martínez Valero Dora Alicia	PAN	EN CONTRA
Fernández Balboa Monica	PRD	A FAVOR
Biebrich Torres Carlos Armando	PRI	A FAVOR
Reyna Garcia José Jesus	PRI	A FAVOR
Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesus	CONV	A FAVOR
Garay Ulloa Silvano	PT	A FAVOR
Borrego Estrada Felipe	PAN	AUSENTE
Carbajal Tejada Rogelio	PAN	ABSTENCIÓN
Cervantes Andrade Raúl	PRI	A FAVOR
De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	PAN	EN CONTRA
Diaz de Leon Torres Leticia	PAN	AUSENTE
Elizondo Garrido Francisco	PVEM	A FAVOR
Espejel Lazcano Jaime	PRD	A FAVOR
Espinosa Piña José Luis	PAN	AUSENTE
Guerra Ochoa Juan Nicasio	PRD	A FAVOR
Lozano Lozano Andres	PRD	A FAVOR
Madrid Tovilla Arely	PRI	A FAVOR
Medina Rodriguez Lizbeth	PAN	AUSENTE
Montalvo Rojas Victorio Ruben	PRD	A FAVOR
Ortega Martínez Ma. del Pilar	PAN	EN CONTRA
Ortiz Magallon Rosario Ignacia	PRD	A FAVOR
Palma Cesar Victor Samuel	PRI	A FAVOR
Perez Cuellar Cruz	PAN	AUSENTE
Rivera Bedoya Juan Francisco	PRI	A FAVOR
Rodriguez Prats Juan Jose	PAN	AUSENTE
Ruiz Sanchez Salvador	PRD	AUSENTE
Rios Camarena Alfredo Adolfo	PRI	A FAVOR
Tamayo Herrera Yadhira Yvette	PAN	AUSENTE

Esta iniciativa es fruto nuestro trabajo como Alternativa Socialdemocrata y del esfuerzo de legisladoras como Martha Tagle de Convergencia y Rosario Ortiz del PRD. Así como de grupos de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, Afluentes, Gire, Frente Laico y algunas organizaciones religiosas, como el Foro Intereclesiastico Mexicano y La Luz del Mundo entre otras. Además contamos con la participación del Doctor Roberto Blancarte quien con sus conocimientos y gran experiencia en el tema apoyó de manera incondicional este esfuerzo.

Actualmente el dictamen se encuentra en primera lectura y falta que se agende para una segunda lectura y para la discusión correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto sucederá en el próximo periodo de sesiones que iniciará en el mes de septiembre. No hay que olvidar que por tratarse de una reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Megalimosnas y el gober "piadoso"

2008-04-28T12:58:00.001-05:00

Con fecha 24 de marzo del año en curso el Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez anunció la entrega de 90 millones de pesos a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque, cuyo costo final se estima en 2 mil millones de pesos.

Ese mismo día en Casa Jalisco el Gobernador entregó un primer cheque por la cantidad de $30 millones de pesos al Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Esto con el pretexto de apoyar una obra que según González Márquez dejará grandes beneficios económicos debido al turismo religioso.

Con la reciente donación de 90 millones de pesos del erario a un grupo privado como la Arquidiócesis de Guadalajara, se vulneran principios constitucionales establecidos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución del Estado de Jalisco y diversos ordenamientos legales.

En primer lugar se está violando el carácter laico del Estado y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna. También se está violentando el hecho de que las autoridades no pueden intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas. (Entendiendo como asuntos internos todos aquellos actos que las asociaciones religiosas realicen conforme a sus estatutos para el cumplimiento de su objeto) La construcción de un templo religioso corresponde a la vida interna de las mismas y no le concierne al Gobernador inmiscuirse en ellas. No hay la menor duda que el dinero va a ir a parar de forma directa a manos del clero. El llamado “donativo” es en realidad una forma de subsidio público y una clara intervención de autoridades del gobierno del Estado en los asuntos internos de una asociación religiosa, lo que está prohibido.

En segundo lugar el Gobernador de Jalisco está violando el artículo 108 constitucional y el 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos respecto a que todo servidor público tiene la obligación de cumplir con las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; además de la obligación de cumplir con el servicio que le fue encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su cargo. También le corresponde rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y sobre la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Hasta este momento el Gobernador no ha proporcionado ningún tipo de documentación que avale la legalidad de su acto.

En tercer lugar el artículo 120 de nuestra Carta Magna establece que los Gobernadores de los Estados están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes federales. Emilio González no está cumpliendo con este mandato constitucional al violar los artículos 3º, 5º, 8o y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los artículos 28 y 32 del Reglamento de la Ley. Los cuales establecen que el Estado mexicano es laico y que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Con este donativo se está privilegiando únicamente a la Arquidiócesis de Guadalajara, es decir a una sola agrupación religiosa. De igual forma la Ley establece que lo actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho. Por lo que la donación de 90 millones de pesos debe ser anulada por el simple hecho de violar esta Ley. Por su parte el artículo 8º establece que las asociaciones religiosas deben sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos, y fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. Mandatos que no están e siendo respetados por la Arquidiócesis de Guadalajara. Finalmente la Ley de Asociaciones Religiosas establece que le corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Por lo que dicha Secretaría debería de actuar en consecuencia y solicitarle al Gobernador del Estado de Jalisco y a la Arquidiócesis de Guadalajara una explicación de sus actos.

En cuarto lugar El Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez está violando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece en su artículo 1º que los ejecutores del gasto deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Y deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que la Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. La rendición de cuentas es una obligación en un Estado que se sustenta en las reglas de la democracia y la libertad. Por lo que el Gobernador está violando esos principios al usar discrecionalmente dinero público para darle viabilidad a un espacio religioso que además aún no existe.

En quinto lugar con esta donación millonaria por parte del Gobernador de Jalisco se está violentando el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que parte de sus facultades es cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes. Con este acto se extralimitó en sus funciones ya que no tiene facultades para otorgar donaciones de este tipo a ninguna asociación religiosa.

En sexto lugar y en consonancia con los artículos 90, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que establecen que por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los servidores públicos del Estado se harán acreedores a sanciones administrativas. Por lo que con la información obtenida hasta este momento podemos sospechar que el Gobernador del Estado ha incurrido en responsabilidad y se ha hecho acreedor al proceso administrativo correspondiente.

Finalmente corresponde al Congreso Local conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, pedir en primer término la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y en segundo lugar si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

La democracia no se agota el día de la elección, se práctica cada jornada y se ejerce apegándose al estado de derecho, a las leyes, las reglas y a las instituciones. El compromiso, del señor gobernador, es dar señales firmes de legalidad, para beneficio de la convivencia social. Es momento de enmendar los yerros, de corregir el rumbo gobernar para todos y cuidar los recursos públicos.

Por todo lo anterior nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presentó un punto de acuerdo, mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación, a través del cual: Se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez a que informe a ésta H. Cámara de Diputados sobre la donación de 30 millones de pesos del erario público para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque. Asimismo se le exhorta a detener la donación de los $60 millones de pesos pendientes de otorgar a la Arquidiócesis de Guadalajara, para este mismo fin y dar cumplimiento al estado de derecho. Se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y su Reglamento. En específico a las violaciones concretas a los artículos 3º, 5º, 8º y 25 de la Ley y a los artículos 28 y 32 del Reglamento de la misma. Y por último, Se exhorta al Congreso Local del Estado de Jalisco actúe conforme a derecho y de acuerdo a sus facultades establecidas en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que solicite la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

Licencia de paternidad: por una cultura alternativa para la crianza de l@s hij@s.

2008-04-04T14:19:00.000-06:00

El día de ayer, 3 de abril del 2008, presente una iniciativa que tiene como objetivo otorgar una licencia de paternidad con goce de sueldo a los trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo, con el fin último de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esta propuesta se articula en torno al empleo, la corresponsabilidad, y la conciliación de la vida laboral y personal. Busca equilibrar el papel del cuidado familiar entre hombres y mujeres, para que ambos compartan la atención del recién nacido, y para alentar la equidad de género y la vida democrática desde el interior mismo de la institución familiar.

La idea básica es aumentar el número de padres que desempeñen un rol activo en el cuidado de los hijos desde sus primeros días de nacidos. El principio rector es la igualdad de oportunidades, con vistas tanto a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como animar a los varones a pasar más tiempo en casa cuidando de sus hijos. Así como conciliar el desarrollo profesional con el familiar.

La Licencia por Paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas. En Europa esta medida se ha extendido y en 1984 Dinamarca implementó la licencia por paternidad y en 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte en su nueva Ley de Igualdad incluye un permiso de paternidad de 15 días, con la cual más de 400.000 hombres pueden pedir, cada año, dicho permiso.

En el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8 días. En México apenas existen algunas experiencias en esta materia. Por ejemplo, de manera reciente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instauró para sus empleados, la primera licencia de paternidad y se estableció un permiso de 10 días con goce de sueldo por nacimiento de hijo o hija para los varones. De igual forma el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó, durante la primera sesión ordinaria del 2008 de su Junta de Gobierno otorgar una prestación similar a los empleados varones de dicho Instituto.

En México ya contamos con una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

Acorde a lo anterior es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha Ley, para implementar políticas de cooperación y mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos.

Debemos terminar con el estigma de que el cuidado de las criaturas es cosa de mujeres. “Si el padre trabaja y la madre no, ésta se encarga de cuidar a los hijos. Si la madre trabaja y el padre no, ella se encarga de cuidar a los hijos”. Pareciera que la seguridad social no considera que el padre tenga obligaciones semejantes.

Hasta ahora la Ley Federal del Trabajo y la seguridad social de nuestro país es discriminatoria al no facilitarles a los hombres el ejercicio de su paternidad de manera responsable desde el nacimiento de sus hijos, y es por ello proponemos varias modificaciones a este ordenamiento legal con el fin de establecer un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo.

Proponemos modificar la fracción IX del artículo 25 de dicha ley, que establece las condiciones laborales que deben observar las relaciones individuales de trabajo, para agregar los permisos tanto de maternidad como de paternidad, que no se encuentran contenidos en dicho artículo.

Asimismo, con la propuesta adicionamos la fracción XXIX del artículo 132, para que dentro de las obligaciones de los patrones se establezca la obligación de otorgar un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo.

Finalmente proponemos modificar la fracción V del artículo 391 en relación con el contrato colectivo de trabajo con el fin de que en éste se incluya el permiso de maternidad y paternidad correspondiente. Con estas reformas cumplimos, además, con el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho que tienen los trabajadores con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

No tenemos duda de que la sociedad mexicana está preparada para la equidad. La crianza de l@s hij@s no es asunto de mujeres. Es un tema de igualdad y, la licencia de paternidad debe ser un derecho de todos los trabajadores y por lo tanto es nuestro deber como legisladores garantizarlo.

FELIPE CALDERÓN Y EL PAN: CONTRA LAS GARANTIAS SOCIALES DE L@S MEXICAN@S

2008-04-03T17:06:00.001-06:00

En el tema de las Garantías Social y la Reforma del Estado

• El Presidente y su partido actuaron contra los derechos humanos de la ciudadanía y del desarrollo social de las mayorías.
• De 93 propuestas a discusión, en el último momento fueron excluidas 71 propuestas consensadas, se aprobaron cuatro y el resto se encuentra en revisión.
• Seis meses de trabajo, que consumieron millones de pesos del erario, resultaron en una simulación.

La reciente Ley para la Reforma del Estado creó, hace más de medio año, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, (CENCA), en la que participamos todas los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión. Después de seis meses intensos de trabajo, y de un gasto excesivo de recursos públicos, el proceso de deliberación democrática para la Reforma del estado resultó en una simulación, ya que únicamente quedaron aprobadas cuatro

propuestas:

1. Garantizar la autonomía de las comisiones locales de derechos humanos (art. 102)
2. Establecer la calidad como parte del derecho a la educación (art. 3)
3. Obligación de los mexicanos de hacer que sus hij@s concurran a las escuelas (art. 31)
4. Establecer el derecho constitucional a una vida libre de violencia (art. 4)

Por su lado, el Partido Acción Nacional, se manifestó por emitir 71 reservas, hacer 18 observaciones y solo aceptó aprobar cuatro de acuerdos previamente consensadas por las diferentes fracciones parlamentarias en los distintos
grupos de trabajo, y en los cuales se incluían temas como derechos humanos, la alimentación, la salud, educación con calidad, empleo, medio ambiente, el derecho al agua, seguridad social, vivienda, la equidad de género, derechos para las personas con discapacidad, derechos indígenas, derechos no contemplados para las niñas, niños y adolescentes, derechos de los migrantes, derecho a la identidad y el respeto al estado laico entre otros.

Con ello, el Partido Acción Nacional en abierta complicidad con el Ejecutivo Federal, propone desechar un paquete de iniciativas que, en último grado, garantizarían la seguridad social de toda la población, y además reconocerían
la pluralidad social nuevos sujetos de derechos en nuestra Carta Magna, en beneficio de todos los mexicanos.

Las diputadas y diputados del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA:

Holly Matus (PRD);Maricela Conteras (PRD); Aleida Alavez (PRD); Rosario Ortiz (PRD); David Sánchez (PRD); Humberto Alonso (PRD); Marcos Matías (PRD); Martha Tagle (Convergencia); Irma Pineyro (Nueva Alianza); Pablo Arreola (PT); Wenceslao Herrera (PRI) y Elsa Conde (Alternativa Socialdemócrata).

3 de abril, 2008.

El Dia Internacional de la Mujer y la nueva composicion del Consejo General del IFE

2008-03-06T15:39:00.001-06:00

El Día Internacional de la Mujer no es una fecha para el regalo de flores y chocolates, aunque estos detalles siempre se agradecen; tampoco para que nos deseen "felicidades" a las mujeres. Es una fecha en la que tenemos que dejar muy claro que reivindicamos la Declaración y la Plataforma de Beijing y un momento propicio para hacer un recuento de las metas fijadas por los países para lograr la igualdad y para analizar cuántas de estas metas hemos alcanzado.

Uno de los ejes fundamentales de la democracia es la participació política de tod@s en igualdad de condiciones, por lo que la materia electoral ha sido un eje primordial en la búsqueda de instaurar acciones positivas que impacten de manera directa en las instituciones del país. En este sentido las disposiciones contenidas en el COFIPE han sido torales para alcanzar una mayor participación de mujeres en la política.

Por lo anterior y en acto de congruencia con la causa de las mujeres y en el marco de este 8 de marzo del 2008, Alternativa Socialdemócrata promovió un punto de acuerdo que tuvo una muy buena recepción tanto con l@s diputad@s integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electora; un grupo numeroso y plural de diputad@s de esta LX Legislatura y que la Junta de Coordinación Política hizo suyo, con el fin de que la próxima convocatoria que se emita, para la elección de consejeros políticos del Consejo General del IFE, incluya acciones afirmativas para garantizar una presencia de mujeres por lo menos igual a la que se tenia en el anterior consejo.

La cannabis y sus consumidores. Una propuesta alternativa

2008-01-17T20:09:00.000-06:00

Te invitamosa la mesa de discusión que, sobre la iniciativa de ley relativa a la planta de la cannabis y sus consumidores en México, fue presentada recientemente ante la Cámara de Diputados por Alternativa Socialdemócrata, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 24 de enero de 2007, a las 12:00, en el Salón Los Cristales, P.B. Zona C, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Av. Congreso de la Unión s/n. Colonia El Parque. México D.F.

Nuestra mesa contará con la participación de

Dr. Jorge Chabat. Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Leopoldo Rivera. Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis A.C.
Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz. Director General de los Centros de Integración Juvenil.
Luigi Amara. Escritor, editor y poeta. Premio Hispanoamericano de Poesía Infantil 1996.
Dr. Alejandro Madrazo Lajous. Abogado constitucionalista
Elsa Conde Rodríguez, legisladora federal por Alternativa Socialdemócrata.

Cannabis. Dos Tres

2007-11-29T01:01:00.000-06:00

El pensador alemán, Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que “En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios, que además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada”.

Esta reflexión describe fielmente lo que ocurre con la planta de la Cannabis en nuestra sociedad, y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.

El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de 8 mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la Colonia. Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos rituales y lúdicos se encuentra plenamente documentada y forma parte importante, todavía, de la tradición popular.

Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad, y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de prejuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un daño grave a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente, y ni siquiera por abusar de ella; una cualidad de la que carecen muchas otras sustancias, incluso legales y reguladas como el alcohol o el tabaco.

En resumen: reconocemos que, eventualmente, el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a una nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad, a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.

Buscamos, también, hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco con el Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libertad de elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada, siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.

Para los consumidores proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad, actualmente vigentes, por otras informativas y educativas que permitan proteger de modo efectivo su salud, y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.

Nuestra propuesta contribuye, también, a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ellas reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias.

Hacemos énfasis, también, en que la iniciativa considera y observa, las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.

Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente. Proponemos, por lo tanto, una definición mucho más precisa que remite a la Ley General de Salud y que permite que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable.

La Constitución, en su artículo 18, ordena que los sistemas penales federal y estatales se orienten en función del trabajo y de la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa; pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud cuando se trata de consumidores.

En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal.

Proponemos, así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afectan a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.

Los consumidores, definidos por las cantidades de cannabis que se presumirá son para consumo personal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En este caso proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal de hasta tres plantas de cannabis.

En Alternativa Socialdemócrata tenemos la convicción de que sólo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.

Señora presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y también le solicito, en nombre de los integrantes del Grupo Cáñamo aquí presentes que nos permita entregarle el original de esta iniciativa impresa en papel cáñamo.

(Texto que leí en tribuna el pasado 27 de noviembre de 2007)

Iniciativa para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano

2007-11-22T17:08:00.000-06:00

La iniciativa que presentamos hoy, 22 de noviembre de 2007, tiene por objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. La suscribimos un grupo plural de legisladores pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara:

ELSA CONDE RODRÍGUEZ Y AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA; MARTHA TAGLE MARTÍNEZ Y ALEJANDRO CHANONA BURGUETE DEL PARTIDO DE CONVERGENCIA; ROSARIO ORTÍZ MAGALLÓN, MARICELA CONTRERAS JULIÁN, RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ, JAVIER GONZÁLEZ GARZA; DAVID SÁNCHEZ CAMACHO Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; IRMA PIÑEYRO ARIAS Y MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GODÍNEZ DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; MARÍA BEATRÍZ PAGÉS REBOLLAR Y CARLOS CHAURAND ARZATE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; RICARDO GARZA CANTÚ DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Esta iniciativa tiene, además, la fortuna de ser acompañada por Roberto Blancarte, prestigioso académico y experto en la materia; por diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la Cultura Laica y el Foro Intereclesiástico Mexicano. A todas estas personas e instituciones agradecemos su profesionalismo e interés compartido por trabajar en el fortalecimiento de una cultura laica en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 130º el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias y de culto en su artículo 24º. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 3º: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros.” También afirma: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.” A pesar de lo anterior, no existe más allá de dicha ley reglamentaria, un artículo de la Constitución que establezca en ese rango la libertad de conciencia y la laicidad del Estado Mexicano.

La existencia del Estado laico es, por lo demás, una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de toda la ciudadanía a la esfera pública.

La laicidad del Estado, en ese sentido, significa y supone mucho más que la separación del Estado y las Iglesias. Implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y consecuentemente de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas, el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción. Significa igualmente el respeto por parte del Estado, dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos fundamentales, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas. La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

Un elemento esencial del Estado laico es el establecimiento, dentro de los límites indicados, de condiciones que aseguren un trato igualitario a los seres humanos de diferentes religiones y convicciones. La igualdad no debe ser solamente formal; debe traducirse en la práctica política en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de las personas en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su sexo, origen étnico, capacidades físicas, preferencias sexuales o de otro tipo.

Para garantizar la igualdad y las libertades de la ciudadanía, el orden político debe tener la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas. La laicidad puede ser definida, entonces, como una forma de convivencia social, cuyo Estado obtiene su legitimidad ya no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular, tal como lo establece el artículo 39º de nuestra Constitución. La laicidad supone de esa manera la armonización de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares, y; 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.

El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la investigación científica y la bioética, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños, la condición de los adeptos de minorías religiosas y de otro tipo, así como de los no-creyentes. El principio de la laicidad debe ser en consecuencia rector en los debates en torno a diferentes cuestiones que ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades.
El Estado laico interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas, léase íntimas y busca equilibrar el respeto de las decisiones privadas y personales con la garantía de los derechos de todos. Es necesario reconocer los vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía de las libertades individuales y las colectivas y la ampliación de las mismas.

Considerando lo anterior y reconociendo que la separación entre el Estado y las Iglesias ha sido una medida política importante, pero no suficiente para la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone a este Congreso la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano, mediante la fórmula siguiente:

Se propone incorporar al texto del artículo 40 constitucional el carácter laico, entre los atributos fundamentales de la República, estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido (republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y, ahora, laicidad).

Asimismo, la laicidad será una obligación que, de no cumplirse, derivará en responsabilidad para los servidores públicos, agregándose a los artículos 108 y 109 constitucional, la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el estado laico y la separación entre la iglesia y el estado.

También como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el estado, se le agregan dos párrafos al artículo 130 en los cuales se establece de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como el establecimiento de que en el estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica. Solicito amablemente a la Mesa Directiva, inserte esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas Gracias.

Aprueba la Cámara de Diputados Día Nacional contra la Homofobia

2007-11-22T17:02:00.000-06:00

Con fecha 31 de octubre del 2006, esta Cámara de Diputados aprobó en votación económica un Punto de Acuerdo relativo a establecer el día 17 de mayo de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Sin embargo hasta ahora el Poder Ejecutivo ha hecho caso omiso del exhorto realizado por ésta Cámara, incumpliendo con la solicitud hecha por ésta Soberanía.

Ante la nula respuesta, el 26 de abril del año en curso, el Partido Alternativa Socialdemócrata presentó un nuevo Punto de Acuerdo con el fin de demandar nuevamente el cumplimiento de la decisión tomada por este Pleno. Al no publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instituye el día Nacional de Lucha contra la Homofobia, las autoridades muestran poco interés por promover el respeto a la diversidad y a la tolerancia. Con ello al Poder Ejecutivo se le olvida que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

Cualquier esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil para lograr una convivencia armónica y de respeto es sumamente valioso. Por ello no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar nuevamente al Poder Ejecutivo el cumplimiento de su deber publicando el Decreto mencionado.

Poco a poco se ha ido fortaleciendo el marco jurídico en materia de prevención y eliminación de la discriminación, contamos con instituciones públicas que han llevado a cabo acciones conducentes para prevenirla y eliminarla y han contribuido al desarrollo de programas nacionales que fomentan la tolerancia. Con más razón este Poder Legislativo debe exigir la emisión del Decreto correspondiente y con ello contribuir también en la generación de una mayor conciencia social que permita vivir en una sociedad libre de cualquier forma de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto el Partido Alternativa invita a todas las fracciones parlamentarias ha votar a favor de este Punto de Acuerdo y con ello colaborar por un México en donde la tolerancia y el respeto sean principios básicos y rectores de nuestra convivencia social.

Palacio Lgislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2007

Alternativa y el Presupuesto Público para el 2008

2007-11-14T14:15:00.000-06:00

El análisis y aprobación del presupuesto público es una de las atribuciones y responsabilidades más importantes de esta Cámara, por ello, como Alternativa Socialdemócrata celebramos que del intento de fast-track del jueves pasado, pudimos transitar a una incipiente democratización del proceso de aprobación del presupuesto. El cambio ha sido cualitativo. Hubo una participación relevante de las comisiones legislativas y un mayor diálogo con el Poder Ejecutivo. No hay presupuesto que sea suficiente debido a los grandes rezagos y fuertes desigualdades sociales. Sin embargo, en este proceso se generaron consensos sobre prioridades del gasto y una distribución más equitativa y eficiente de los recursos existentes. No en todos los temas, ciertamente, pero con se distribuyeron recursos con responsabilidad y sobretodo se crearon mecanismos necesarios para transparentar y vigilar el buen uso de los mismos.

En el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, se prevean recursos adicionales para Educación Pública y Servicios Educativos por un monto de 9,853 millones de pesos; para Ciencia y Tecnología, por 1000 millones de pesos; Salud por 1500; Cultura por 1800; Justicia por 500; Desarrollo Social por 9990, así como para la Equidad de Género por 1450 millones de pesos, entre otros. Además se fortalecen las Reglas de Operación para el Seguro Popular, lo que ayudará a transparentar los recursos otorgados a dicho programa.

Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos grandes retos por cumplir y uno de ellos se refiere al Medio Ambiente el cual no sólo requiere de mayores recursos sino de un cambio de visión. Como país, ocupamos la quinta tasa de deforestación a nivel mundial. La política actual de promoción del programa Pro árbol no es suficiente para contener el problema de la deforestación y además no se están instrumentando las medidas efectivas para evitar la tala ilegal. Otro compromiso lo tenemos con la Cultura y con la Ciencia y Tecnología que a pesar de contemplarse mayores recursos para el próximo presupuesto siguen teniendo un rezago importante que hay que atender.

Hago una mención especial sobre el tema de la Equidad de Género. Por primera vez en la historia las legisladoras de La LX Legislatura logramos obtener por consenso los mayores recursos otorgados para este rubro. Nos olvidamos de los colores de nuestros partidos y luchamos juntas por más presupuesto. El incremento del presupuesto público a favor de las mujeres manifiesta la responsabilidad del legislativo y la sensibilidad del ejecutivo, por evidenciar las brechas de desigualdad de género y su compromiso en reducirlas; acorde con esto son varios los logros obtenidos en el presente dictamen. Con la ampliación de 1450 millones de pesos se pondrá en práctica una primera etapa de la operación, de dos Leyes vitales para nuestro país: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los Sistemas correspondientes para su efectiva aplicación.

Asimismo, con la inclusión del artículo 25, hemos conseguido que el Ejecutivo Federal se comprometa a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Así como incluir en sus campañas de comunicación social, contenidos que promuevan la igualdad, la erradicación de la violencia de género y la no discriminación. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores. Finalmente con la incorporación del anexo 9 A, se logra etiquetar los recursos destinados a la Equidad de Género con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación y con ello en un futuro próximo, lograr un marco de irreductibilidad del gasto asignado. Sin duda, este presupuesto ha sido un logro importantísimo y una buena oportunidad para ratificar nuestro compromiso, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con los presupuestos sensibles al género. ¡Felicitémonos por ello!

GÉNERO Y REPRESENTACION POLITICA PARITARIA

2007-11-13T14:05:00.000-06:00

Hace unos días presenté una iniciativa cuyo propósito es fortalecer la representación política de las mujeres en la cosa pública. La idea básica es establecer la paridad de género, es decir, el 50/50 en todas las candidaturas de elección popular, tanto de mayoría como de representación proporcional y, en los ámbitos federal, local y municipal.

A diferencia de las cuotas, que prevén un porcentaje de mujeres en las listas electorales y que se presentan como una medida temporal, cuyo objetivo es reducir la sub-representación de las mujeres en la política, la paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre hombres y mujeres y pretende romper la monopolización masculina del poder político.

Sin embargo, de la misma forma que los estereotipos de género y las actitudes discriminatorias son un serio obstáculo para la participación política de las mujeres, el tipo de sistema electoral limita también nuestras oportunidades. Lo demuestran numerosas experiencias: los niveles de representación de mujeres se incrementan con sistemas de representación proporcionales y mixtos; y disminuyen cuando éstos se basan exclusivamente en elecciones de mayoría relativa.

Por ejemplo, todos los países de la Europa occidental en los cuales el número de mujeres parlamentarias excede el 20% han adoptado el sistema proporcional o mixto. De los cinco países en el mundo que tienen 30% o más diputadas (Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos) tres de ellos tienen un sistema electoral proporcional y dos, un sistema mixto. Mientras tanto, aquellos países donde las mujeres representan el 10% o menos en el Poder Legislativo, pertenecen a sistemas predominantemente de mayoría relativa. Y en el 90% de países que carecen de diputadas, cuentan exclusivamente con sistema de mayoría.

Considerando el sistema electoral mexicano, como un sistema mixto, podemos constatar que la situación de las mujeres se ha favorecido bajo el principio de representación proporcional. Un caso significativo para ejemplificar este dato, es la constitución de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.

En México, las reformas al artículo 175 del COFIPE, tanto la de 1996 como la del 2002 han impactado favorablemente el porcentaje de mujeres electas en el poder legislativo: en 10 años nuestra representación pasó del 13% al 23% en esta honorable Cámara. Si seguimos a ese paso, la paridad de género en la representación política, sería una realidad solo posible en el 2040. ¿Tenemos que esperar las mujeres mexicanas hasta el 2040 para ejercer nuestro pleno derecho a la elegibilidad?

No, no queremos. Por eso propusimos esta reforma tanto constitucional como legal para fortalecer el marco jurídico a favor de nuestro sistema electoral y de la paridad de género. Con estas reformas se amplía la ciudadanía de las mujeres en términos de igualdad de oportunidades. Se compromete a los partidos políticos para que a través de las postulaciones que realicen tanto para las candidaturas de diputados, senadores, presidentes municipales, regidores y síndicos, promuevan y garanticen la equidad entre mujeres y hombres y la paridad de género. Hoy, en México, en el contexto de la discusión sobre la Reforma del Estado, la LX legislatura tiene dos opciones: perderse en la ignorancia del machismo y la mezquindad o; hacer historia y enfrentar el déficit de su democracia, con inteligencia y generosidad con el 52% de su población que tiene cuerpo y rostro de mujer.

Sindicato El Potrero: un caso paradigmatico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un significativo logro de Alternativa

2007-10-25T00:49:00.000-05:00

El conflicto que enfrenta el Sindicato de Trabajadores del Ingenio El Potrero, S.A. es un caso paradigmático para la democratización del sindicalismo mexicano. Este sindicato cuenta con registro de la Secretaría del Trabajo y en 1998 demandó a su empresa y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana por la titularidad del contrato colectivo argumentando representar el interés de la mayoría de los trabajadores.

La demanda fue seguida del despido de más de 180 trabajadores, mismos que lograron su reinstalación cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del Contrato mencionado. Se ordenó entonces un recuento, en el que votaron en forma ABIERTA 1,098 trabajadores. Del total que votaron, 249, en un acto de valentía, lo hicieron a favor del Sindicato actor y el resto a favor del Sindicato demandado; no por convicción, sino por el temor a las represalías sufridas por sus compañeros, cuyos salarios fueron congelados en una categoría inferior, y se les privó de sus derechos escalafonarios y de diversas prestaciones.

En 2004 el Sindicato de la empresa presentó una nueva demanda reiterando su reclamo original, y la autoridad ordenó otro recuento, en el que "se debe garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto, en los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional de3l Trabajo,..." que expresa textualmente el derecho a la garantía del voto secreto y que de acuerdo al Artículo 133 constitucional tiene rango de Ley Suprema en nuestro país. Pero el Artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga a que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos, así que la autoridad laboral ordenó el desahogo del segundo recuento mediante voto público NO secreto, con lo que los derechos de los trabajadores se vieron nuevamente violentados. Qué ordenamiento debe privar? No es papel del legislativo juzgar sobre la inconstitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí lo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esta argumentación, el pasado 17 de Octubre, como Alternativa Socialdemócrata presenté un punto de acuerdo a través del cual la Cámara de Diputados solicita a la H.Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el Juicio de Amparo presentado el 17 de agosto del año en curso por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores "El Potrero" ante el H. Tribunal Colegiado del Primer Circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional. Este punto de acuerdo recibio el apoyo de todos los partidos políticos y su aprobación, sin duda, será de la mayor relevancia para la democratización del sindicalismo mexicano. Al tiempo.

Presupuestos Irreductibles: No Violencia, No Discriminacion y Equidad de Género.

2007-10-24T19:59:00.000-05:00

Fenómenos como la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de personas, la inserción en delitos tipificados como delitos contra la salud como el narcomenudeo y el narcotráfico, son delitos que están directamente vinculados a la pobreza como una dimensión de vida, real y simbólica donde priva la carencia. Carencia no solo de servicios de calidad, como tendrían que ser la educación y la salud. Es una carencia sobre todo de oportunidades para el desarrollo y la enfrentan grupos sociales que históricamente han padecido la discriminación en nuestro país: las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños en situación de calle, inmigrantes, personas con capacidades distintas, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, entre otros grupos sociales.

Una política que pretende orientar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza, requiere más que voluntad política. Necesita que en su presupuesto se establezca una jerarquía en la distribución del gasto público buscando siempre combinaciones eficientes entre el gasto de contingencia, vinculado a la compensación y al alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades, fortalecer las habilidades y a garantizar las libertades.

A principios de septiembre presentamos una iniciativa de ley que tiene por objeto, establecer de forma explícita en la Ley General de Desarrollo Social, la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación como programas prioritarios y de interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. La idea básica es garantizarles montos presupuestarios específicos que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, garantizar montos presupuestarios que bajo ninguna circunstancia puedan ir a la baja, pero también seguimiento y evaluación de su impacto real en la vida de la gente.

Si damos seguimiento al gasto social destinado a tales grupos, nos encontramos con importantes variaciones en la asignación presupuestaria que se les destinada. De modo tal que hasta el año 2005, los montos de los gastos destinados en la Cuenta Pública en materia de equidad de género y mujeres, población indígena, políticas para personas con discapacidad, para inmigrantes, para adultos mayores y en contra la discriminación ascienden, apenas, al 1.3% del Presupuesto de Egresos de ese año.

Es necesario establecer ahora, dentro de la política de desarrollo social, programas y recursos específicos para los grupos con mayores rezagos discriminatorios, de forma tal que contemos con una perspectiva integral para un desarrollo social equitativo.

Proponemos que dentro de los programas que constituyen la política de desarrollo social del país, formal y explícitamente se incluya el fomento a medidas para la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

Tal modificación permitiría que los programas encaminados a dichas materias fueran considerados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles, lo que significa que no puedan desaparecer de los siguientes ejercicios fiscales, que no puedan ir a la baja y; que se puedan adecuar a las necesidades especiales del desarrollo social de la Nación.

En consecuencia, nuestra propuesta modifica los artículos 6, 14, 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer como prioritarios los programas destinados a la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

San Lázaro, 6 de septiembre de 2007.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA FRONTERA SUR

2007-10-11T18:32:00.000-05:00

Las terribles condiciones económicas que obligan a miles de habitantes centroamericanos a buscar fortuna en el norte del continente son dramáticas por sí mismas, pero ya en nuestro territorio, los migrantes de esa región se convierten de inmediato en el jugoso botín de toda clase de actividades lucrativas, ilegales y criminales.

La cadena que se compone de mercados para la explotación humana de todo tipo, sea sexual, laboral o infantil, de narcotráfico y crimen organizado, de legislaciones inadecuadas o anacrónicas, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada, se ensaña y castiga con mayor dureza a sus víctimas potenciales más vulnerables: las mujeres y las niñas.

La violencia ejercida contra las mujeres y niñas en la frontera sur es de una crudeza pocas veces vista en la historia, incluso en épocas de guerra: esclavismo laboral y sexual, infantil y juvenil, prostitución forzada de mujeres, vejaciones, torturas, violaciones y toda clase de malos tratos en centros de detención que violan disposiciones normativas nacionales e internacionales; corrupción generalizada de autoridades y trata de personas a gran escala son moneda corriente en nuestra frontera con Centroamérica.

Los derechos de las mujeres y las niñas no sólo tienen disposiciones particulares en nuestro país, como la recientemente promulgada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que forman parte del entramado universal de derechos que nuestro país se ha comprometido a observar y defender. Contamos, por lo tanto, con elementos jurídicos suficientes para no dilatar ni un día más en afrontar el tema de la violencia contra ellas en la frontera sur como un asunto de seguridad nacional.

Sin embargo, la indiferencia de numerosas autoridades ante la gravedad y variedad que adquiere la violencia contra las mujeres en la frontera sur, demuestra una vez más que la defensa de sus derechos tiene peso únicamente en la retórica del gobierno, y nunca o casi nunca en su ejercicio: Es necesario recordar, nuevamente, que entre las dependencias más señaladas como victimarias y violadoras de los derechos humanos fundamentales se encuentran las del Instituto Nacional de Migración y las policías federales y estatales, lo que hace indispensable, tal y como el punto de acuerdo propone, involucrar de inmediato y con un compromiso verdadero al Poder Ejecutivo Federal y a los estados fronterizos del sur.

En consecuencia, Alternativa Socialdemócrata apoya plenamente el Punto de Acuerdo que se nos presenta, y alerta sobre la necesidad adicional de apoyar la descriminalización formal de los migrantes que ingresan a nuestro territorio nacional, tal y como fue votado y enviado a la Cámara de Senadores mediante la iniciativa presentada por el compañero diputado José Jacques Medina, del PRD en abril de este mismo año.

Compañeros y compañeras, debemos ser consecuentes: pedimos un trato justo y humanitario para nuestros migrantes en la frontera norte, como sin duda es nuestra obligación, pero parecemos olvidar que esos reclamos jamás serán creíbles para nuestros vecinos del norte mientras nosotros mismos seamos incapaces de respetar los derechos humanos dentro de nuestras propias fronteras.

Mostremos voluntad genuina, apoyemos acciones concretas y exijamos resultados. Este es un imperativo ético sobre el que Alternativa no dejará de insistir. Muchas gracias.

Glosa del I Informe. Comparecencia del Secretario de Hacienda

2007-10-11T17:50:00.000-05:00

Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, “continúe presentando grandes rezagos y profundas desigualdades. Aún cuando el PIB real supera ya los 8,000 dólares per cápita, cerca de 50 millones de personas viven todavía en condiciones de pobreza; y de ellas, alrededor de 18 millones se encuentran en situación de pobreza extrema” (UNFPA Hoekman, 2007; en la presentación de La Situación Demográfica de México 2006).

Frente a la pobreza y la desigualdad, la prioridad es contundente: requerimos de una hacienda pública que termine con las inequidades en la distribución del ingreso; de un gasto público que sea eficaz en la generación de empleos y disminuya la vulnerabilidad social. Requerimos cambios profundos y sólidos que permitan que la economía crezca de manera sustentable, y que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía.

Coincidimos con el diagnóstico que su Secretaría realizó a principios de 2007: la principal restricción para un mayor gasto social e inversión en infraestructura es la baja recaudación no petrolera del país, así como la excesiva dependencia para el financiamiento del gasto público de los ingresos petroleros. Sabemos que el reto de su Secretaría es garantizar nuevas formas de ingreso al margen del petróleo y mejorar la administración tributaria fomentando medidas para reducir la evasión fiscal y lograr una mayor recaudación.

Ciertamente usted reporta incipientes avances señor secretario: un 8.6% de ingresos tributarios no petroleros y un 38.2% por ingresos no tributarios no petroleros. De hecho, se reporta un superávit de 111,363.9 millones de pesos en el balance público. Por lo anterior le pregunto: ¿Cuál es el destino de este superávit?

Sr. Secretario persiste en la hacienda pública una vieja y mala política: de acuerdo con la clasificación del gasto, al primer semestre de 2007 el 85.4% se concentró en gasto corriente y solo el 14.6% se canalizó a gasto de capital.

Sabemos que el escaso gasto de capital y una notable falta de infraestructura es una de las razones por las cuales los indicadores de de competitividad de la economía nacional se mantienen en los últimos lugares a escala mundial. ¿Qué acciones realiza su Secretaría para invertir esta tendencia?

Continuando con el gasto corriente que se reporta, llama la atención el siguiente dato: el gasto en servicios personales del sector público sumó 308,805.5 millones de pesos y se incrementó en 5.2% en términos reales al finalizar el segundo trimestre de 2007. Se menciona que este incremento se da principalmente por mayores erogaciones en las actividades de soberanía con un incremento del 17% y en las de educación con un 9%. Específicamente se menciona un incremento de 26,603 plazas en este año respecto al 2006. ¿A qué secretarías y programas corresponden la creación de estas nuevas plazas? Y una pregunta más: ¿Por qué si el gobierno federal se propuso no incrementar la burocracia y una política de austeridad, por qué crear 26,603 nuevas plazas?

Alternativa reconoce su sensibilidad para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008 se incluyera, por primera vez en un documento de esta naturaleza –y no en los transitorios- una perspectiva de presupuestos sensibles al género: el artículo 25.
Con este artículo, el Ejecutivo Federal se compromete a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores.

Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos que lograr que los programas que promuevan la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación, sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años. Le invitamos para haga suya esta propuesta y para que a través de su secretaría, este país, empiece a saldar la deuda que tiene con las mujeres.

Es cuanto!

Género y Presupuesto: incipientes logros

2007-09-19T11:58:00.000-05:00

La batalla que hemos dado las feministas de la LX Legislatura por la inclusión de los temas relativos a la equidad de género en el ejercicio del presupuesto en materia de gasto comienza rendir frutos. Con las nuevas disposiciones en la materia, plasmadas en el Artículo 25 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 -mismo que se votará a más tardar el 15 de noviembre próximo- las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente, a través del sistema de información y en los términos y plazos que dé a conocer en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las acciones realizadas en materia de mujeres y equidad de género, detallando objetivos específicos, población objetivo, indicadores utilizados, la programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos.

Estas disposiciones establecen lo siguiente:

Artículo 25. El Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal en los que sea posible. Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:
I. Incorporar, en los programas que sea posible, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores;
II. Identificar cuando sea posible la población objetivo atendida por los mismos, diferenciada por sexo, incluyendo sus padrones de beneficiarias y beneficiarios, en su caso;
III. Fomentar la perspectiva de género en la ejecución de programas que, aún cuando no están dirigidos a beneficiar directamente al género femenino, es posible identificar los resultados que benefician específicamente a las mujeres;
IV. Utilizar indicadores con perspectiva de género en los programas que sea posible y pertinente metodológicamente, y
V. Considerar la perspectiva de género en las evaluaciones que se realicen de los programas en los que sea posible incorporarla.Adicionalmente, el ordenamiento estipula que para el seguimiento de los recursos destinados a las mujeres y a la equidad de género, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar en lo posible dicho enfoque en su matriz de indicadores, procurará generar información de manera desagregada al menos por sexo, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres deberá presentar trimestralmente un reporte en el que detalle los objetivos específicos por programa, población objetivo y sus modificaciones, programación y ejercicio de las erogaciones, modalidades y criterios de evaluación.Asimismo, en tanto no esté disponible el sistema de información mencionado, el Instituto Nacional de las Mujeres, así como las dependencias y entidades deberán remitir a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Equidad y Género, los informes mencionados anteriormente, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda y deberán ponerse a disposición del público en general.

Por otro lado, durante la discusión de la Reforma Hacendaria, específicamente en las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de evaluación del gasto, votada en positivo el pasado jueves 13 de septiembre, promovimos como Alternativa una fracción V al artículo 110, con el fin de conocer qué tan equitativa es la distribución de los recursos públicos dentro de los diferentes grupos de población; insistimos en realizar evaluaciones periódicas de los programas en las que se señale específicamente la población beneficiaria y la magnitud de la problemática en cada caso, para hacer visible el alcance de los programas y recursos del país.

Argumentamos que la información desagregada por sexo es un insumo necesario para generar indicadores de eficiencia y eficacia en materia de equidad de género, tanto en el corto como en el largo plazo, y por ello propusimos incluir nuevas metodologías de evaluación con información desagregada por sexo de la población atendida, para asegurar que se está cubriendo sin discriminación a toda la población. Las evaluaciones de desempeño con tales características permitirán realizar las modificaciones pertinentes totales y/o parciales a cada uno de los programas y así lograr el uso óptimo de los recursos de la población. Buscamos, además, que estas evaluaciones sean dadas a conocer a toda la población mediante mecanismo de transparencia de fácil acceso a toda la ciudadanía.Gracias a este esfuerzo, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública, determinaron proponer una modificación al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Fracción V del artículo 110 de la LFRH ”Las evaluaciones, en la medida de lo posible deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo las entidades y dependencias deberán presentar sus evaluaciones con base a indicadores de resultados desagregados por sexo a fin de que pueda medirse el impacto y su incidencia de manera diferenciada entre hombres y mujeres”.

Falta mucho camino por recorrer en materia de presupuestos y de equidad de género en nuestro país. Sin embargo, como Alternativa y como feministas nos hemos propuesto contribuir a la construcción de una política presupuestal que se oriente a una mejor distribución de la riqueza en nuestro país y a erradicar las desigualdades producto de la discriminación, como la discriminación por sexo.

PROPONE ALTERNATIVA INICIATIVA PARA LA REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA

2007-09-05T12:46:00.000-05:00

Como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presenté al pleno en la sesión del día de ayer, 4 de septiembre, una iniciativa de ley con la que se busca agilizar los trabajos de revisión de la Cuenta Pública para transparentar el ejercicio del gasto gubernamental; fortalecer a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y para dotar de mejores herramientas de fiscalización a la Auditoria Superior de la Federación.. La iniciativa propone reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece cambios a los artículos 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En tribuna mencioné que el marco de la Reforma del Estado y de la Reforma Hacendaria resulta indispensable fortalecer en el país la cultura de rendición de cuentas. Hoy, más que nunca, es necesario que el Congreso reasuma la función de vigilancia que debe ejercer ante el Ejecutivo. El gobierno debe explicar a la ciudadanía la forma en que ha administrado los recursos que han sido puestos a su disposición y los resultados obtenidos a través del ejercicio de los mismos.

Después del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública es la segunda facultad más importante de la Cámara de Diputados en materia de finanzas públicas. Sin embargo, los mecanismos de control vigentes, la falta de un marco jurídico claro y la ausencia de acuerdos entre las fracciones parlamentarias han sido insuficientes para que el Ejecutivo se apegue a las prioridades del gasto establecidas en el presupuesto; al punto que la Legislatura anterior (LIX) no dio cumplimiento en tiempo a esta obligación y es por ello que la actual legislatura ha tenido la responsabilidad de analizar las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004.

Con esta iniciativa atendemos, además, el llamado del ministro Genaro David Góngora Pimentel formulado en la resolución de la controversia 91/2003, para que el Órgano Reformador de la Constitución Federal y el Congreso de la Unión realicen reformas constitucionales y legales a fin de darle verdadera viabilidad y funcionalidad a la Auditoria Superior de la Federación, dotándola de herramientas jurídicas claras e inobjetables para que juegue el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado.

SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR

2007-09-04T19:58:00.000-05:00

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, el día de hoy 4 de septiembre, Punto de Acuerdo que propusimos para exhortar a la Secretaría de Salud a adecuar y actualizar la Norma Oficial Mexicana 190 relativa a la Prestación de Servicios de Salud en materia de violencia familiar.

Con fecha 9 de marzo del 2000 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM-190-SSA1-1999), sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar. Conforme al artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, por lo que la Secretaría de Salud, inició la revisión de la misma desde el año 2005, con el fin de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes, pero hasta la fecha no ha sido publicada. El pasado 28 de marzo de 2007, presentamos la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud a fin de que emita los comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-190) sobre Prestación de Servicios de Salud y Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar y se lleve a cabo su publicación a la brevedad.
La violencia familiar es reconocida no sólo como un problema de salud pública, sino también de derechos humanos, de justicia social y como un delito que, además, incluye la violencia psicológica, física, sexual y económica. Atenderla oportunamente y con calidad tiene un impacto positivo y significativo en la prevención de delitos como el de violación, el embarazo forzado y la transmisión de infecciones de transmisión sexual.

La NOM-190 tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación, que se proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar. Las adecuaciones a la Norma son una obligación del gobierno de México para cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de violencia, especialmente los que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, es motivo de satisfacción que el pleno de la Cámara de Diputados, aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Salud, y que con ello se reconozca la necesidad de actualizar y adecuar dicha Norma.

!O declinas o cuello!

2007-09-01T18:16:00.000-05:00

Según Pablo Fernandez Christlieb, tanto la vida cotidiana como la política se construyen en la "afectividad colectiva". Hoy primero de septiembre de 2007 lo único que puedo decir es que en todo lo que fue el numerito de la entrega del informe en la Cámara de Diputados, privó un estado de ánimo que se apropio de todos los actores políticos en juego y que bien podría traducirse en una sola frase: "¡O declinas o cuello!".

QUERIDA ESPERANZA BRITO...

2007-08-18T23:04:00.000-05:00

Te vamos a extrañar. Vamos a extrañar tu inteligencia, tu fortaleza, tu lucidez, tu constancia, tu vitalidad, tu rebeldía, tu irreverencia, tu alegría, tu ser contestatario. Vamos a extrañar tus propuestas y tu presencia en nuestro movimiento, como aquella ocasión que junto con Anilú Elías, en el Monumento a la Madre, colocaste -al lado de esa placa oficial del México conservador y posrevolucionario: “A la que nos amó antes de conocernos”- otra placa que dice: “Porque su Maternidad fue Voluntaria”. Esa placa sigue ahí y este lugar se ha convertido en un lugar emblemático para nuestro movimiento. Ojalá que las feministas de todo el país tengamos tu fortuna...la fortuna de ver cumplido un sueño...el sueño de que, al menos, en una ciudad, las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Querida Esperanza, te vamos a extrañar.

GRUPO “CAÑAMO”

2007-07-22T09:09:00.000-05:00

Ante el fracaso de la actual política para combatir el consumo y el tráfico de sustancias ilegales en el país, el pasado 19 de junio del presente año, instalamos el Grupo de Trabajo Cáñamo. Este grupo se propone participar en el análisis de la problemática de las drogas desde una perspectiva crítica, constructiva, metódica y científica -alejada de dogmas o valoraciones morales- con la finalidad de abonar con su reflexión, a la elaboración de una serie de iniciativas de ley que presentaremos como Alternativa en el próximo periodo de sesiones de la LX legislatura.

Alternativa Socialdemócrata es un partido político que tiene interés en abordar de forma seria y multidisciplinaria el problema que representa el fenómeno de las drogas, legales e ilegales en México. La estrategia actual contra el narcotráfico no ha logrado detener el crecimiento ni el poder del crimen organizado que lucra con esta actividad, al grado que actualmente representa el problema de seguridad pública más acuciante del país. La violencia asociada al mercado de las drogas ha crecido de forma exponencial, las instituciones del Estado son cada vez más vulnerables ante el poder del crimen organizado dedicado al narcotráfico. Asimismo, el énfasis policíaco de la política actual contra las drogas constituye una estrategia sumamente limitada para enfrentar un fenómeno multifactorial. A su vez, la incorporación del Ejército a las tareas del combate al narcotráfico conlleva importantes riesgos para los derechos humanos y la seguridad nacional.

Así, el panorama de las drogas en nuestro país es poco alentador toda vez que los índices de consumo han observado un crecimiento en los últimos años, en tanto que el marco jurídico que rige a las drogas no disuade el consumo; la edad de inicio en el consumo es cada vez menor y la variedad de drogas es cada vez mayor.

Por otro lado, la ausencia de una definición jurídica del consumidor, convierte a éste en víctima, ante un mercado en el que carece de garantías y derechos. Una legislación que lo considera un criminal objeto de persecución antes que el sujeto de políticas de salud, educación prevención e información y limita en el caso de los adultos, el ejercicio de sus derechos civiles más elementales.

Durante las sesiones de trabajo, el grupo ha insistido en la necesidad de distinguir entre regular y alentar el consumo de drogas así como establecer las diferencias y categorías con respecto a la peligrosidad de cada droga. Asimismo considera indispensable incorporar a la estrategia de prevención la dimensión familiar y comunitaria, tomando en cuenta las distintas circunstancias de la población estudiantil, ya que no es la misma problemática la que afecta a los medios rural y urbano.

Igualmente, plantea impedir que el consumo de estupefacientes sea una causal de expulsión escolar, ya que separar a los niños y jóvenes de la comunidad estudiantil los coloca en una posición mayor de riesgo ante las adicciones.

Estima a su vez, que es imprescindible encontrar un marco legal que permita la investigación en materia de drogas ya que actualmente es casi imposible trabajar en este campo. Además se propuso revisar el marco regulatorio del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) e incorporarlo a gabinetes específicos como el de seguridad pública y seguridad nacional. El grupo considera que las disposiciones legales para la rehabilitación de consumidores son letra muerta dado “que no hay un solo paciente que llegue por esa vía”.

En la segunda sesión de trabajo del pasado 10 de julio, el Grupo Cáñamo estimó preciso priorizar y ordenar las posibilidades industriales del cáñamo para desarrollar su potencial económico en México. También estimó necesario conocer a detalle la Estrategia Nacional de Seguridad propuesta por el gobierno federal, toda vez que no existen fundamentos legales para combatir el narcotráfico desde los tres órdenes de gobierno, y se carece de directriz en términos del destino de los recursos presupuestados para esta tarea además de no existir una división entre políticas públicas encaminada a la prevención y a la rehabilitación.

Igualmente, el grupo se pronunció por conocer todas las utilidades terapeúticas de la cannabis y por la elaboración de un diagnóstico de las necesidades del sector salud con respecto a una posible regulación de la cannabis con fines médicos y de investigación científica.

Cuba: Alternativa Socialdemócrata y el Centro Nacional de Educación Sexual

2007-07-09T15:05:00.000-05:00

Durante la novena Reunión Parlamentaria Mexico-Cuba nuestro partido Alternativa, a través de la Embajada de México solicitó una reunión con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) con el fin de intercambiar experiencias e información sobre las inicitivas de ley que tanto Alternativa como esa institución han presentado en el ámbito legislativo para reconocer plenos derechos a la diversidad sexual, específicamente a las parejas conformadas por personas del mismo sexo así como aquellas iniciativas promovidas por el propio movimiento LGTB en México para que se reconozca formalmente el cambio de identidad transexual y transgénero.

En entrevista con la directora interina del CENESEX, Ada Alfonso, tuve conocimiento de las diversas acciones que realizan para promover los derechos sexuales de la comunidad LGTB; la prevención del VIH-Sida; así como del intenso cabildeo que ha tenido Mariela Castro Espin -directora titular del centro- con la Asablea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano) para que se discuta el proyecto de ley que reformaría el Código de la Familia, vigente en Cuba desde 1975.

Por mi parte, le di a conocer a Ada Alfonso los objetivos y programa de trabajo de la Comisión Especial de No Discriinación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos, que preside Alternativa en la Cámara de Diputados; las iniciativas que hemos promovido en la materia tanto en el ámbito local como federal y; nuestro interés en invitarles a que realicemos un foro conjunto durante el ultimo trimestre del año sobre: "No Discriminación y Derechos para la Diversidad Sexual".

Por último externé le inquietud en conocer más sobre las diversas acciones que realiza el CENESEX para promover la capacitación de médicos cubanos (por especialistas provenientes de Europa, sobre todo de Bélgica) para realizar operaciones de cambio de sexo desde el ámbito de la salud pública.

Más allá de la discusión política que tenemos pendiente en el partido sobre nuestra relación con Cuba, la construcción de este primer acercamiento con una institución como el CENESEX, pone de manifiesto la importancia que tiene para Alterantiva el intercambio y el fortalecimiento de aquellas propuestas que transitan por el camino del reconocimiento de más libertades para las personas, en este caso, para la libertad sexual.

La Habana, Cuba. 7 de julio de 2007

Ejerciendo Derechos...Desafiando el Poder!! Encuentro Regional de Reflexión: Mujeres y Participación Política. (primera entrega)

2007-07-01T11:33:00.000-05:00

Tegucigalpa, Honduras

28-29 de junio de 2007

Magaly Pineda, feminista dominicana, fundadora y directora del Centro de Investigación para la Acción Feminista, inicia su conferencia en este encuentro regional (Centroamérica, el Caribe y México) poniendo sobre la mesa dos premisas: que las mujeres convocadas consideramos importante la participación de las mujeres en la política y; que valoramos las acciones afirmativas como una herramienta de primera importancia para avanzar en la participación política de las mujeres. Pareciera innecesario, en un encuentro de esta naturaleza partir de estas premisas...pero no lo es. El movimiento feminista se ha caracterizado por su diversidad y pluralidad, como todo movimiento social que se encuentra vivo y que orienta sus estrategias al cambio social. De esta diversidad han surgido corrientes con distintas denominaciones: “las autónomas”; las “institucionales”; “las reformistas”; “las de partidos”, etcétera, etcétera. De esta manera, la incursión de algunas feministas en la política formal ha sido producto de una incesante crítica y reflexión sobre el impacto real de su quehacer político para cambiar al interior de la “Realpolitik” las estructuras de poder sustentadas y pensadas desde una visión masculina del mundo.

Sin embargo, hasta ahora ha sido complejo plantear con claridad las diferencias que tenemos en el diagnóstico de la realidad y en la estrategia que cada una de nosotras privilegia para avanzar en nuestra utopía de emancipación. Frente a la complejidad, generalmente se opta por la simplificación de la realidad y por la descalificación de la “Otra”. Y en esta simplificación todas perdemos: perdemos la posibilidad de capitalizar políticamente el evance que hemos tenido en el plano de lo cultural y lo simbólico.

Por todo lo anterior, este encuentro de reflexión -donde se propicia un acercamiento de mujeres del movimiento feminista con mujeres feministas que han optado por la política formal- abre una ventana al debate y al intercambio de ideas. Propiciar un diálogo donde las feministas, como bien menciona Morena Herrera de El Salvador, hagamos un compromiso con el pensamiento crítico y con la democracia. Y donde todas y cada una de nosotras hable en “nombre propio” como nos sugiere Sofía Montenegro, feminista de Nicaragua. Sin duda, este encuentro ha sido un buen inicio...

Reconocer derechos para la diversidad sexual

2007-07-01T00:32:00.000-05:00

Palabras de Elsa Ancona en el Festival Alternativo de la Diversidad Sexual.

Gracias al Instituto Alternativo de Estudios Políticos del DF por la invitación a este FESTIVAL ALTERNATIVO DE LA DIVERSIDAD. Mi nombre es Elsa Ancona, soy maestra en derecho y asesora de Elsa Conde, Legisladora Federal por el Partido Alternativa.

Hemos sido testigos en las últimas décadas del surgimiento y desarrollo de nuevas formas de convivencia, distintas a la familia nuclear tradicional. En todo el mundo los modelos de convivencia están pasando por profundas transformaciones debido en gran medida a la redefinición de las relaciones entre los géneros y a la conquista de nuevos derechos civiles y sociales.

Ante estos hechos las leyes en México a nivel local se han ido modificando y un ejemplo de esto es la Ley de Convivencia vigente desde el 16 de noviembre de 2006 en el Distrito Federal, que contempla y protege estas nuevas formas de convivencia y da certeza jurídica en cuanto a las propiedades, derechos sucesorios y prestaciones sociales al otro, cuando uno de los integrantes de la sociedad los tenga. Otro ejemplo, es la Ley de Pacto Civil de Solidaridad en el estado de Coahuila, que ofrece las mismas garantías a parejas del mismo sexo al igual que a otro tipo de familias independientemente de la orientación sexual de sus integrantes. Existen también propuestas similares en los estados de Guerrero y Chihuahua.

La experiencia nos dice que el trabajo legislativo no ha sido sencillo, simplemente basta saber que en el Distrito Federal tuvieron que transcurrir 5 años de discusión desde que se presentó la primera iniciativa ante el pleno de la ALDF, hasta que se aprobó.

También sabemos que cuando en un Congreso Local se lleva a cabo reformas legales sobre estos temas es un estímulo para que en otros Congresos también se presenten iniciativas de reformas, por ello en Coahuila se llevó a cabo con mucha mayor prontitud la aprobación de la ley que en el Distrito federal.

Sin embargo, aún hay proyectos legislativos pendientes que cuya aprobación ayudaría a resolver uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este tema que es la discriminación.

Entendida ésta como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, preferencias sexuales entre otras, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También entendida como la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, cuya acción deriva en los casos más dramáticos de intolerancia y desgraciadamente en crímenes de odio.

Pero no hay que olvidar que ya en nuestra Carta Magna en su artículo segundo y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por estas razones y que por lo tanto el Estado debe garantizar el respeto a los derechos no por ser una minoría vulnerable, sino por el simple hecho de ser seres humanos como cualquier otro.

Pero ¿qué está pasando a nivel federal? en la actualidad, la agenda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados está de alguna manera nutrida en el ámbito de la diversidad sexual. Algunas de las iniciativas que se pretenden presentar están respaldadas por el PRD y por el Partido Alternativa. Sin embargo es necesario comentar que las leyes de sociedades de convivencias o similares aprobadas hasta ahora su ámbito de aplicación es local y no federal.

En el mes de mayo con el fin de ampliar la gama de derechos que confiere la Ley de Sociedad de Convivencia a las parejas que se registran bajo esa figura legal en el Distrito Federal, el Colectivo de la Diversidad Sexual de Alternativa DF entregó a Elsa Conde, de la fracción parlamentaria de Alternativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas a leyes federales.

La iniciativa que pondremos a consideración de la Cámara de Diputados, plantea la inclusión de todas aquellas personas que se encuentren en el supuesto de formar parte de una Sociedad de Convivencia con el fin de que les sean reconocidos los derechos de seguridad social. Esta figura jurídica nueva es la de “conviviente” la cual se obtiene como consecuencia de establecer dicha sociedad. El propósito de esta nueva figura es garantizar los derechos por vía de la legitimación de aquellas uniones que surgen de las relaciones afectivas a las que el derecho mexicano les reconoce ahora consecuencias jurídicas.

Los derechohabientes de instituciones como el IMSS e ISSSTE actualmente no pueden compartir las prestaciones con sus parejas ni volverles beneficiarias de sus pensiones, por lo que están siendo despojados de sus derechos.

Por ello la iniciativa contempla cambios a la Ley General de Salud, del IMSS y del ISSSTE para otorgar beneficios de servicios médicos, pensión, seguro de vida por viudez, donación de órganos y trasplantes, autorización para práctica de necropsias, en caso de muerte por riesgo de trabajo. También prevé que en la Ley Federal del Trabajo se amplíe a los convivientes el derecho a la indemnización.

Estas leyes necesitan reformas sustantivas como es el caso de la ley General de Salud, cuya iniciativa pretende modificar el artículo 77 bis 4 en el que se establece que el núcleo familiar se puede integrar por los convivientes de una sociedad de convivencia. También en cuanto a la donación de órganos se quiere otorgar derechos al conviviente para que este pueda otorgar el consentimiento correspondiente para llevar a cabo la donación cuando exista un consentimiento tácito por parte del otro conviviente. De igual manera se otorgan derechos al conviviente para que pueda donar un órgano en el caso de que el otro lo necesite, esto reformando el artículo 333.

Respecto a la Ley del IMSS se quiere reformar el artículo 5, referente al tema de beneficiarios, entendido como el cónyuge del asegurado o pensionado, y a falta de este la concubina o concubino, o en su caso el conviviente; además en el rubro de riesgos de trabajo el tema de las pensiones incluye al conviviente como beneficiario, lo que se refleja en el artículo 64 fracción II; en cuanto a seguros, maternidades y enfermedades, el artículo 84 fracción tercera, prevé la inclusión también del conviviente; en el ramo de vida e invalidez los artículos 130 y 138 prevén esta nueva figura jurídica.

Por lo que toca a la Ley del ISSSTE, se incluye al conviviente como familiar derechohabiente proponiendo la reforma del artículo 5º; de igual forma para lograr el acceso a la prestación de servicios médicos se propone reformar el artículo 24; para asistencia obstétrica y ayuda para la lactancia en caso necesario se reforma el artículo 28; así como el 75 para los casos de incapacidades y ayuda asistencial y atenciones especiales.

En lo relativo a la Ley Federal del Trabajo se pretende reformar el artículo 501 en el que se establece el derecho a una indemnización que tendría el conviviente en los casos de muerte del otro conviviente.

El espíritu que anima esta iniciativa es evitar injusticias en contra de los que mostraron preocupación y cuidado por sus semejantes con los que hicieron vida en común, otorgándoles certeza jurídica respecto de los derechos y obligaciones que tienen con su conviviente, permitiendo también que se establezcan reglas claras y certeras en lo que a su patrimonio se refiere.

Como una propuesta que busca abrir espacios sociales para la expresión del amplio espectro de la diversidad social, la Sociedad de Convivencia constituye una figura jurídica nueva que no interfiere en absoluto con la institución del matrimonio ni la vulnera. No impide la práctica del concubinato en su estructura actual y no modifica las normas vigentes relativas a la adopción. Implica reconocer consecuencias jurídicas y derechos como lo es la inclusión y el reconocimiento en las leyes de seguridad social en su carácter de titular o beneficiario (a) de los diferentes derechos y prestaciones que obtienen a través de las diversas formas de convivencia humana, que como formas de integración social, mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

En efecto, una de las mayores aportaciones de esta ley reside en reconocer los efectos jurídicos de aquellas relaciones en las que no necesariamente exista trato sexual, sino sólo el deseo de compartir una vida en común, basada en auténticos lazos de solidaridad humana, de comprensión mutua y apego afectivo.

Uno de los elementos de la Ley de Sociedad de Convivencia se refiere a la permanencia, que se traduce en el ánimo que constituye el motivo determinante de la voluntad de los convivientes de estar juntos de manera constante y con los propósitos que inspiran a la Sociedad de Convivencia son la protección de la dignidad de las personas, la certeza, la seguridad jurídica, donde se incluya la seguridad social como un derecho inherente y sobre todo la igualdad ante la ley.

En términos generales la iniciativa pretende que a través de reformar leyes concretas se reconozca acepte y garantice el pluralismo social y con ello lograr el pleno reconocimiento y respeto a la diversidad social y erradica y previene la discriminación.

Nos comprometimos a presentar en el próximo periodo de sesiones dicha iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados, para ello se está buscando el apoyo de las diferentes fuerzas legislativas que integran la Cámara de Diputados.

Finalmente, es importante resaltar que las reformas legales son necesarias porque fortalecen el marco jurídico y amplían derechos no reconocidos, pero esto no es suficiente. Es necesario exigir al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley y el establecimiento de políticas públicas que incluyan designación de recursos y capacitación para los funcionarios públicos. Además de exigir al Estado que garantice el Estado Laico y el respeto a los derechos humanos de todos, así como el derecho a la no discriminación.

28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

2007-05-29T15:24:00.000-05:00

En el marco del “Día de Acción por la salud de las mujeres” el Grupo Parlamentario de Alternativa y Alternativa, DF en un intento por vincular el arte con la salud, inauguró en sus oficinas y Centro Cultural Raices, la exposición fotográfica de Maru de la Garza, fotográfa y creadora feminista, quien con la sensibilidad de la imagen aborda uno de los temas más relevantes sobre la salud de las mujeres en nuestro país. En México cada día mueren 10 mujeres por cáncer de mama; además México ocupa un deshonroso primer lugar de mortalidad a nivel mundial por cáncer Cérvico uterino.

Maru de la Garza, a través de la fotografía y del video, nos quiere mostrar como a través de la imagen, se puede despertar conciencia entre la población sobre esta enfermedad y las medidas de prevención y atención que deben observarse al respecto. Les invitamos a visitar esta exposición durante el mes de junio en Eugenia esquina con Pitágoras. Centro Cultural Raíces. Alternativa. D.F.

El 17 de mayo: “Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia”.

2007-05-29T15:03:00.000-05:00

Alternativa Socialdemócrata es una expresión política que se ha preocupado de forma especial por alentar, en todos los espacios públicos posibles, una cultura de tolerancia, inclusión y respeto hacia la pluralidad social y cultural de nuestro país.

Los crímenes de odio y de corte homofóbico son una trágica constante en nuestra vida social y, es vergonzante que todavía hoy, muchas de nuestras leyes presenten disposiciones discriminatorias, cuestión que resulta inadmisible para cualquier sociedad que se pretenda verdaderamente democrática.

Para Alternativa no existe democracia sin que todas las personas que la conforman, tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y consideramos que el principal papel del Estado y de la política es precisamente garantizar que ello suceda de forma tangible.

Tenemos la convicción de que el problema de la discriminación no es únicamente un problema de los discriminados o de ciertas minorías, sino que además obstaculiza el desarrollo democrático, económico y social de toda nuestra sociedad, y es la sociedad en su conjunto la que tiene que ser consciente de este hecho. Para Alternativa, defender derechos esenciales, aun cuando sean los de una sola persona, es defender los derechos de todos, y Alternativa se ha hecho el firme propósito de contribuir en esta tarea desde todos los espacios públicos y políticos en los que tenemos presencia.

Desde la perspectiva de Alternativa, la sociedad mexicana ha venido desenvolviéndose en los últimos años hacia el reconocimiento de su propia pluralidad, aun a pesar de los embates de ciertos sectores de corte conservador y, en el mejor de los casos, de la indiferencia de sus gobernantes. Por eso, nuestra representación en el parlamento, comprende que una de las tareas más esenciales para eliminar todas las formas de discriminación es hacer que nuestras leyes garanticen los derechos civiles. Por lo anterior, presentaremos próximamente una iniciativa de ley para hacer efectivos y exigibles los derechos sociales, en materia de prestaciones y servicios, de todas aquellas personas que se inscriban en la figura jurídica de sociedades de convivencia.

Las sociedades de convivencia constituyen una figura jurídica, aprobada recientemente en la ciudad de México, que no interfiere en absoluto con la institución del matrimonio ni la vulnera. No impide la práctica del concubinato en su estructura actual y no modifica las normas vigentes relativas a la adopción. El propósito de esta iniciativa es sencillo: proteger, a nivel nacional, la dignidad de las personas que viven en sociedad de convivencia para garantizarles una seguridad jurídica, hasta el momento inexistente, que les asegure el acceso a los servicios de seguridad social, y al mismo tiempo, que nos haga a todos iguales ante la ley.

La iniciativa propone reformar La Ley General de Salud para incluir a las sociedades de convivencia como una forma más de figura familiar, lo que permitirá a los que vivan bajo este concepto tomar decisiones en materia procedimientos médicos, de donación de órganos y de necropsias, entre otros. Propone también reformar la Ley del Seguro Social para incluir a los convivientes como beneficiarios de estos servicios, y para regular su derecho a una pensión y al seguro institucional en caso de muerte o accidente. Plantea modificaciones a la Ley del ISSSTE para garantizar que los convivientes sean incluidos como derechohabientes plenos de esa institución, lo que incluye acceso a pensiones, asistencia obstétrica y ayuda para la lactancia, entre otros beneficios.

Por último, pretende reformar la Ley del Trabajo para incluir en ella a los convivientes y garantizar su derecho a la indemnización en caso de muerte de su pareja. Nos encontramos el día de hoy en una circunstancia inédita para nuestro país: el desarrollo democrático que hemos alcanzado hasta el momento es producto del esfuerzo de muchísimos mexicanos y mexicanos comprometidos con su comunidad y con su propia dignidad, y no de un acto dadivoso de nuestros gobernantes. Nos encontramos con que el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy sólo es el principio de una transformación cualitativa y verdadera para nuestra vida.

En Alternativa somos optimistas con respecto al futuro de nuestra sociedad en materia de tolerancia, respecto y no discriminación en el corto y mediano plazo. Poco a poco, pero con solidez, Alternativa quiere contribuir genuinamente con esta transformación, y hace suyas las causas de todos aquellos que sufren una cultura de discriminación y de indiferencia por parte de sus gobernantes.

Para despedirme, quiero hacer un reconocimiento al Colectivo Diversa Alternativa, DF. Pues la propuesta de reforma en comento, es producto de su iniciativa y de su trabajo comprometido con los derechos de la diversidad sexual. Su causa es mi causa y quisiera expresar no solo mi solidaridad sino también mi compromiso para llevar esta iniciativa a la tribuna de San Lázaro y para sumar más voluntades. Por el derecho al placer y por nuestro derecho a elegir “con quién” queremos compartir nuestra vida y nuestra sexualidad.

¡Que nadie quede fuera!

Iniciativa Federal en materia de aborto

2007-04-17T20:31:00.000-05:00

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 330 Y 333 Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 332 Y 334 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA

La iniciativa que pongo el día de hoy a su consideración es producto de la reflexión colectiva, del trabajo serio, informado y responsable de diversos grupos de mujeres que durante los últimos 30 años han colocado, en el espacio de lo público, el tema del aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Pero no sólo. El derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4º constitucional y el ejercicio efectivo de este derecho nos coloca ante un desafío sobre la calidad de la democracia que queremos.

Marta Lamas menciona que el debate sobre la penalización/despenalización del aborto plantea el reto de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos fundamentales: la libertad de conciencia, el laicismo, o el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y privacía.

Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democráticas requiere de un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Las decisiones de la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona, y no de los dictados de funcionarios de gobierno o de instituciones religiosas. La democracia, el conocimiento científico y la modernidad descansan sobre esta premisa. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática que, bajo ninguna circunstancia, puede permitir que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío. De esta manera, los derechos de las personas no pueden otorgarse ni suspenderse, en ninguna circunstancia, por medio de plebiscitos, referendums u otro tipo de consultas. Las mujeres nos pronunciamos por un debate y un diálogo serio, pero, lo decimos y lo decimos claro: nuestros derechos no se votan.

Lamentablemente, las obligaciones del Estado no se ven reflejadas siempre en nuestras legislaciones, y éste es justamente el caso del Código Penal Federal, ordenamiento que data de 1931 y que en materia de aborto no ha sufrido ningún cambio en 86 años, lo que da como resultado una legislación federal deficiente y arcaica para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Lo hemos dicho hasta el cansancio, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser considerado como un problema de salud pública y de justicia social por los graves efectos que tiene en la salud de las mujeres. Según CONAPO, en el país se practican 102,000 abortos al año, mientras que según el Instituto Alan Guttmacher, la cifra en 1994 era de 553,100. En todo caso, 99% de las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo en condiciones inseguras y clandestinas vive en condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales. Tales abortos representan, así, la cuarta causa de muerte materna en el país.

Estos datos nos llevan a dos conclusiones elementales: la primera, que la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad en nuestra sociedad, a pesar, y subrayo esto último, de las posiciones morales, de las deficiencias e insuficiencia legislativas, y del sistema nacional de salud. La segunda: carecemos de una política realista para enfrentar el problema.

Por lo anterior, los términos del debate a los que tenemos la obligación de ceñirnos son aquellos que tienen que ver con las obligaciones del Estado frente a los derechos ganados por las mujeres: mismos que son reconocidos por nuestra Constitución y por distintos tratados internacionales firmados por México; como son la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, y el Programa de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer de Pekín de 1995.

En suma: La presente iniciativa tiene por objeto principal hacer efectivas, para todas las mexicanas, las disposiciones del Artículo 4º Constitucional. A saber: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”; lo que significa, en términos prácticos, crear las condiciones legales para hacer posible que el Estado garantice un acceso universal al Sistema Nacional de Salud para todos aquellas mujeres que por distintas circunstancias han tomado la decisión, de ninguna manera sencilla ni trivial, de interrumpir un embarazo no deseado.

Las modificaciones que proponemos al Código Penal Federal eliminan las penas para las mujeres que decidan abortar, y brindan certeza jurídica al personal médico adscrito a los hospitales federales que deba ayudarles, de modo tal que sólo permanece la pena para aquellos que obliguen a abortar a una mujer sin su consentimiento o por medio de la violencia, y delega la ejecución de dichas penas a la ley local en la materia.

Para terminar: quiero aprovechar este espacio para expresar la preocupación de Alternativa y la mía propia frente a la agresiva campaña de aquellos que no están de acuerdo en legislar sobre los derechos de las mujeres como se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; una campaña de intolerancia e incitación al odio en la cual han sido amenazados tanto legisladores como organizaciones de la sociedad civil, particularmente, la organización de Católicas por el Derecho a Decidir. A todos ellos les enviamos nuestra solidaridad.

Queremos dejar claro que es trabajo de todos construir espacios de discusión, tolerancia y respeto a la pluralidad de creencias; y que es deber del Estado garantizar el respeto y la seguridad para instituciones y personas que expresan sus puntos de vista y sus posiciones tanto en éste, como en cualquier otro tema de nuestra vida pública.

Señoras y señores legisladores.

En Alternativa consideramos que ha llegado el momento de alentar un diálogo nacional serio, amplio, abierto, constructivo e incluyente; encaminado a lograr resultados tangibles y mensurables para fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, tanto en la esfera privada como en la pública. Por ello, solicitamos respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política, de esta H. Cámara de Diputados, que analice la posibilidad de favorecer el diálogo entre las diversas posiciones que respecto al tema del aborto se expresan en nuestra sociedad. Estamos por el debate de ideas y el diálogo, serio, respetuoso e informado, donde la ciencia, el conocimiento y la razón confluyan para encontrar una solución inteligente al problema del aborto. Como representantes populares no podemos permitir que la mentira, el odio y la sinrazón sea la moneda de cambio para mantener una legislación arcaica que solo propicia la injusticia y más muertes de mujeres.

Alternativa Socialdemócrata los conmina a tomar una posición racional, realista y objetiva sobre este asunto, para legislar en función de una política de Estado. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para reivindicar los derechos esenciales de millones de mujeres mexicanas. Esperamos sinceramente que nos acompañen en este esfuerzo.

Agradezco a la Dip. Martha Tagle su adhesión a esta propuesta.

Muchas Gracias!.

Nota: Después de presentar la iniciativa en Tribuna, la iniciativa contó con las adehesiones de l@s siguientes legisladores: Maricela Contreras, Ruth Zavaleta y María Eugenia Jiménez y Javier González Garza del PRD; Patricia Castillo y Alejandro Chanona de Convergencia; Ricardo Cantú del Partido del Trabajo; Diódoro Carrasco, integrante de la fracción del Partido Acción Nacional y Marina Arvizu, del Partido Alterantiva Socialdemocrata y Campesina.

¡Viva Juárez!

2007-03-20T15:32:00.000-06:00

Hoy quiero darle voz a la inteligencia y a la persistencia de Marta Lamas en su lucha por un estado laico y por el derecho a decidir.

Este 21 de Marzo, Alternativa se pronuncia por el fortalecimiento del Estado Laico y reafirma la importancia de la separación Estado-Iglesia. Esta fecha no pudo ser más oportuna, cuando estamos a unos días de presenciar como la Jerarquía Católica salta de su púlpito a tomar las calles, para encabezar una cruzada contra el derecho a decidir de las personas y contra una nueva legislación que amplia la ciudadanía de las mujeres y les garantiza el acceso seguro y sin riesgos a la interrupción de un embarazo no deseado en la ciudad de México.

Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democrática requiere contar con un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. Cuando Benito Juárez impulso las Leyes de Reforma sembró las bases para garantizar una convivencia pacífica, en donde la separación de la Iglesia y el Estado asegure a cada persona creer en lo que quiera creer; reunirse con otras libremente y al mismo tiempo ser tolerante y respetuoso con aquéllos con quienes no se comparten las mismas creencias. Esa es la importancia del estado laico.

La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar las normas para convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Como lo ha señalado Marta Lamas, "las decisiones sobre la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona, y no de los dictados de altos funcionarios de instituciones religiosas o del gobierno"

Decisiones de la vida privada como la elección de la pareja, el ejercicio de la sexualidad, la paternidad y la maternidad son expresiones personalísimas que se ejercen de acuerdo a los sentires y a la conciencia de cada quién y, en este ámbito, el Estado no tiene ningún derecho de intromisión. Las creencias personales deben servir para que cada quien tome las decisiones personales que más le ajusten a su propio catálogo de creencias y valores, pero no deben nunca ser pretexto para imponer a otros una sola forma de pensamiento. El estado laico es una garantía para que todas y todos podamos ejercer nuestro derecho a decidir.

La democracia, el avance científico y la modernidad descansan sobre la base de un estado laico. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática que bajo ninguna circunstancia puede permitir que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío.

Mientras los legisladores nos preguntamos sobre los motivos que tiene La Jerarquía Católica para entorpecer la aprobación en el Senado de una Ley que castiga a la pederastia y sobre los oficios del Cardenal Norberto Rivera para no ser procesado en Estados Unidos por encubrir a un pederasta; la ciudadanía mexicana ejerce su derecho a decidir con libertad de conciencia. La ciudadanía mexicana decide sobre su vida sexual, el uso del condón, se casa o se divorcia, profesa la religión que más le convence, registra sociedades en convivencia o interrumpe un embarazo no deseado. En pocas palabras, la ciudadanía mexicana construye una sociedad tolerante y respetuosa de la diferencia y no olvida que Benito Juárez "nos reconoció el status de ciudadanos sobre el status de fieles".

Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública. Compañeros y compañeras legisladoras, este 21 de marzo de 2007 reivindiquemos la laicidad del estado mexicano y una vez más hagamos que triunfe la razón republicana sobre los dogmas de la fe.

¡Viva Juárez!

ALTERNATIVA Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO

2007-03-15T14:36:00.000-06:00

ALTERNATIVA Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO
15 de Marzo: Día Mundial del Consumidor

Ante el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, conviene detenernos a pensar por qué ésta efemérides es de suma importancia para los mexicanos, y al mismo tiempo, del mayor interés para Alternativa Sociademócrata. Alternativa ha manifestado públicamente su adscripción como una opción política de izquierda, y siempre es oportuno reafirmar esta convicción.

Hay quienes se sorprenden de que nuestro discurso carezca de dogmas y prejuicios para referirnos al “mercado” y que abiertamente afirmemos que para lograr un desarrollo más equitativo y justo para todos, lo que necesitamos es más, y no menos mercado.

En efecto, Alternativa es conciente que vivimos en una sociedad de mercado, en la que el consumo de bienes y servicios forma parte esencial de nuestras vidas. Sin embargo, también insistimos que sólo un mercado adecuadamente regulado por el Estado, con reglas claras, justas y equitativas para todos; un mercado que respete al medio ambiente, que erradique prácticas monopólicas y que ofrezca información fidedigna y opciones amplias a los consumidores, es el que hará posible acelerar el desarrollo de México.

Alternativa, como opción de izquierda, tiene clara la necesidad de construir un Estado capaz de regular los mercados y de proteger los intereses y derechos de los consumidores, por encima de los intereses privados de las empresas.

En tal medida, entendemos que el consumidor tiene derechos que es necesario desarrollar y defender; derechos como son el de contar con información suficiente sobre las características de los productos que consume, la forma en que se elaboran, la tecnología utilizada, las condiciones del trabajo empleado, el impacto ecológico que conlleva su producción, la existencia de posibles riesgos para la salud, etc.

De este modo, la postura esencial de Alternativa en esta materia es la de buscar asegurar que el Estado cuente con los mecanismos e instituciones suficientes para evitar el abuso a los consumidores debido a prácticas monopólicas, los engaños publicitarios y para asegurar controles efectivos de calidad y certificación.

Somos conscientes de la necesidad de fortalecer a todas aquellas instituciones del Estado encargadas de velar por la competencia justa, tales como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y por supuesto, la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por otro lado, en Alternativa también estamos preocupados por crear una cultura de responsabilidad en la comunidad global de consumo. Así como tenemos la firme convicción de que los ciudadanos tenemos derechos en nuestro papel de consumidores, y que éstos deben ser garantizados por el Estado; al mismo tiempo, no queremos olvidar que tenemos la posibilidad de influir para crear mejores prácticas de producción y consumo a través del ejercicio informado de nuestras preferencias para consumir.

Consideramos, en este sentido, que es imprescindible comenzar a construir entre los consumidores una cultura de conciencia efectiva sobre las consecuencias de su consumo; especialmente en cuanto al impacto en el medio ambiente de los productos que se encuentran en el mercado, ya sea en el proceso de su producción y en sus consecuencias una vez adquiridos; en las relaciones contractuales de los trabajadores con las empresas que los producen; en la necesidad de austeridad versus el despilfarro; y en el impacto económico local que genera su producción.

Por último, vale la pena destacar que Alternativa alienta a los consumidores a exigir sus derechos, pero también a que éstos mismos hagan un esfuerzo para influir con sus decisiones en la transformación de un mercado que, al menos por el momento, no refleja los intereses ni las necesidades más inmediatas de la mayoría de los ciudadanos de este país.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez
Legisladora Federal
Grupo Parlamentario de Alternativa

MUJERES! VAMOS POR EL MUNICIPIO

2007-03-08T12:41:00.000-06:00

El feminismo tiene una larga historia y sus estrategias han sido múltiples. Sin embargo, las vertientes feministas con mayor eficacia política, se han potenciado superando el “mujerismo”, la subordinación, los lugares comunes, la victimización, la vocación de minoría, las dinámicas de resentimiento, dolor y carencia, los discursos simplistas y fragmentados, para dar paso a procesos de construcción de sujetos políticos plenos y autónomos, con capacidad de negociación y posibilidad de asumir la complejidad que implica apelar a una nueva la racionalidad política.

La igualdad de oportunidades es una demanda del movimiento feminista. Las mujeres no queremos esperar más, para participar en la vida pública, para ocupar puestos de toma de decisiones e incidir en el destino del país.

La ley de cuotas, es decir, la disposición contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), de que ninguno de los dos géneros podrá ocupar más del 70% de las candidaturas a cargos de elección popular, ha demostrado tanto en México como en el resto del mundo que es una medida no sólo necesaria y pertinente, sino, sobre todo, eficaz. En un lapso de 10 años (1996-2006) las mujeres pasamos de representar un 13% en la Cámara a un 22% de representación en la actual legislatura. Seguramente sin esa acción afirmativa, no podríamos contar este avance. Sin embargo, no es a un 22% de representación política a lo que aspiramos, las mujeres queremos más. Queremos la paridad, queremos ser, en la vida económica y política de México, el 50% que somos en el padrón electoral.

He puesto como ejemplo la ley de cuotas y sus resultados en la representación legislativa para ilustrar como las acciones afirmativas, bien realizadas, tienen resultados favorables. Desafortunadamente, por sí mismas no son una completa garantía. Pensemos en las suplencias; en los trucos de muchos y en las “machiplacencias” de algunas, para que una vez lograda la candidatura, arribe al cargo, un varón. Por supuesto es necesario poner candados, pero es más importante valorar colectivamente, lo que nuestra democracia puede ganar si, las mujeres participan en igualdad de condiciones en los destinos de la nación.

Las cuotas son más eficaces si van de la mano de políticas para ampliar las capacidades y calificación de las mujeres. Principios como la igualdad, la justicia, la reivindicación del Estado laico democrático y las libertades deben ser los ejes rectores de la nueva política, para hombres y para mujeres; único medio posible para garantizar la participación en igualdad de condiciones. No nos preocupa contender, sabemos de nuestras capacidades. No pretendemos que nos regalen nada, sabemos cómo ganar nuestros espacios y reconocemos que la sola condición de mujer no garantiza ni capacidades ni buen desempeño. Pero estamos comprometidas en lograr las condiciones de equidad necesarias para que la competencia sea de verdad justa.

Así, para avanzar hacia la paridad, nuestra propuesta en Alternativa está cifrada en articular el feminismo con la socialdemocracia. Esto es: incorporar la visión feminista y sus demandas a la agenda política nacional. Siempre es pertinente recordar que las tres demandas históricas del feminismo son: a) el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, demanda que se objetiva, entre otras cosas, con el derecho a decidir la interrupción de un embarazo no deseado; b) la no violencia hacia las mujeres y c) la libre opción sexual.

Articular estas demandas del feminismo con la socialdemocracia, es nuestra plataforma, pues como partido socialdemócrata, nos reconocemos como una propuesta de izquierda que recupera la tradición en la lucha contra la desigualdad pero de la misma manera es tan importante el tema de las libertades. Por eso nuestro partido esta claramente del lado de todas aquellas reivindicaciones que respetan la diferencia y pugnan por la ampliación de derechos para nuevos sujetos.

Estas tareas están estrechamente vinculadas a la construcción de ciudadanía, es decir, a la generación de grupos sociales más concientes de su poder de incidencia y toma de decisiones. Un hombre y una mujer concientes de sus derechos y sus obligaciones, pueden y deben incidir en los asuntos de la nación. La contraloría ciudadana debe ser una práctica cotidiana que indique a los representantes populares que los compromisos no cumplidos tienen una consecuencia.

Las mujeres no queremos esperar 100 años más para participar en uno de los espacios donde se toman decisiones sobre nuestras vidas y donde prácticamente somos inexistentes, me refiero al Municipio. No obstante la evidente relevancia administrativa y política del municipio, las mujeres hasta ahora hemos encontrado obstáculos para apropiarnos de éste espacio y pocos o nulos esfuerzos se han hecho en los últimos años para revertir ese fenómeno.

Para muestra un botón: Según el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) en el 2004, de 2435 Municipios solo en 87 hubo mujeres presidentas municipales. Lo que representa un 3.5% de participación femenina en ese nivel de gobierno. Y lo más grave aún es que este % no ha variado en los últimos 20 años. Es decir, en el Municipio se mantiene una “gobernabilidad democrática deficiente y excluyente” como dice Alejandra Massolo, pues la carencia de mujeres al frente del Municipio nos habla de una injustificada inequidad de género en la democracia local. ¿Es sano para el país mantener esta tendencia? ¿Es saludable para nuestra democracia que el destino de los recursos que se dirigen a los municipios esté solo en las manos de los varones? Otro ejemplo: En el 2003, la participación a entidades federativas y municipios fue de 98.7 mil millones de pesos. ¿No sería justo que las mujeres participáramos también de las decisiones sobre estos recursos? En el municipio transcurre nuestra vida cotidiana, ahí se decide el día a día, nuestra seguridad pública, los servicios públicos, la infraestructura, las políticas de género, etcétera.

Y es en el municipio desde dónde es más factible construir ciudadanía; el conglomerado social del municipio es más pequeño y por lo tanto más accesible, las personas se conocen de forma más cercana, establecen lazos de solidaridad, conviven y se desarrollan en la cotidianeidad. Quien ocupa la presidencia municipal tiene acceso a un conocimiento más estrecho de su comunidad y generalmente es conocido y reconocido por la población munícipe, por lo tanto, tiene un mayor nivel de incidencia y una cercanía que casi ningún otro espacio de representación popular ofrece. Irónicamente es este el espacio político más desatendido hasta ahora por quiénes buscamos la representación política.

En este orden de ideas, mi propuesta concreta está cifrada en conquistar el municipio. Queremos más mujeres presidentas municipales porque queremos construir una ciudadanía más conciente y participativa que se convierta en el motor de cambio que nuestra sociedad requiere.

Considero que la verdadera meta debe ser la posibilidad de arribar a aquéllos espacios de poder que todavía no se han abierto para nosotras. Todos estos espacios ocupados por mujeres, nos darán la posibilidad real de determinar el destino del país.

No nos conformamos con ser las operadoras del desarrollo social y las titulares de los espacios compensatorios. Debemos tender hacia una realidad en donde el Instituto Nacional de las Mujeres y las comisiones de Equidad de Género, sean solo mecanismos transitorios hacia la paridad. Ya estamos en el poder, pero las mujeres queremos más!! Y el siguiente paso es apropiarnos del municipio.

Como legisladora federal, he asumido el compromiso personal de trabajar en esa línea y en este segundo periodo de sesiones, presentaré una reforma constitucional que trascienda la ley de cuotas -por cuyo mecanismo no hemos logrado avanzar en la materia-, para que vayamos escalando en la representación municipal de mujeres.

El reto está ahí y podemos asumirlo. Las invito a sumarse a este esfuerzo empezando por ser, cada una de ustedes, ciudadanas concientes de su realidad social. ¡Mujeres! En este siglo XXI vamos por el Municipio.

Muchas gracias.
Ensenada, B.C. 5 de marzo de 2007.

San Lázaro, 8 de marzo de 2007.

¡POR EL DIA NACIONAL DE LAS FAMILIAS!

2007-03-03T22:40:00.000-06:00

Con fecha 6 de febrero el Partido Acción Nacional, agendó un punto de acuerdo, a través de la diputada Martha García Müller, para exhortar a "los titulares del los gobiernos estatales y municipales, para que en sus respectivos ambitos de competencia realicen actos de difusión y actividades para celebrar el Dia Nacional de Familia". Con la convicción de que frente a este tipo de iniciativas, es importante, como feminista y como integrante de un partido como Alternativa, dar a conocer nuestro punto de vista, presenté el siguiente punto de acuerdo:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EMITA DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DÍA NACIONAL DE LAS FAMILIAS EL PRIMER DOMINGO DE MARZO DE CADA AÑO.

Las familias mexicanas son entidades dinámicas que han experimentado vertiginosas transformaciones en su estructura, valores y estilos de vida. Al igual que en el mundo entero, en el nuevo milenio las familias de nuestro país se caracterizan por una diversidad que debe ser visibilizada y tomada en cuenta en el diseño legislativo y de políticas públicas. La consideración de la diversidad familiar permite pensar a las familias en plural y proponer alternativas acordes a la compleja realidad que viven. Se requiere dar protección jurídica y establecer políticas encaminadas a fortalecer y atender integralmente al conjunto de arreglos familiares actuales.

Cada vez con mayor frecuencia conocemos familias monoparentales, en donde una mujer es la jefa de familia y está a cargo de uno, dos o más hijos, por elección propia o porque el compañero se ha marchado. La independencia económica de las mujeres, la posibilidad de regular su facultad reproductiva y la desmitificación sobre la maternidad sin matrimonio de por medio ha generado que esta nueva forma de organización familiar se extienda en toda la sociedad mexicana. Más del 20 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres y sus familias están siendo amenazadas por el modelo económico vigente y por intereses conservadores que pretenden hacer retroceder las conquistas laborales y sociales de las mujeres.

Una especial consideración merecen las familias, mayoritariamente especialmente las del mundo rural, que han sido afectadas por la migración masiva que ha dejado en la indefensión a quienes se quedan, sin garantías de protección a los hijos, como es la pensión alimenticia, y sin recursos ni oportunidades para que las mujeres accedan a bienes o créditos. “Normalmente, quienes crían solos a sus hijos no lo hacen por egoísmo ni porque lo hayan preferido así, y en las familias monoparentales, los hijos no están descuidados ni carecen de disciplina”, afirma la institución británica Joseph Rowntree Foundation.

Dejar de reconocer que la organización familiar monoparental es una forma de familia tan valiosa como la tradicional, es dejar fuera de los derechos familiares, por ejemplo, a los integrantes de familias en donde hay un jefe de familia varón que por cualquier razón no tiene compañera.

La esperanza de vida en nuestro país aumenta vertiginosamente lo que ha generado que la integración de abuelos a la familia tradicional sea una práctica cada vez más frecuente o bien, que haya familias constituidas por dos o más adultos mayores.
La tendencia mundial a reconocer otras formas de relaciones sociales -además del matrimonio- y el hecho de que vaya ganando terreno el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, ha traído consigo en México, por lo menos en dos entidades del país, el reconocimiento jurídico de otras formas de organización mediante pactos de convivencia, en donde personas del mismo sexo realizan un pacto civil que les otorga derechos y obligaciones. Además de las relaciones familiares civiles y consanguíneas, es necesario avanzar en el reconocimiento y protección de las formas de convivencia permanente cuyo vínculo se establece a través de la amistad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Junto con ellos, cada vez es más frecuente que matrimonios heterosexuales decidan prescindir de los hijos toda vez que la maternidad-paternidad no es compatible con sus deseos personales de desarrollo profesional o de pareja, sin dejar de mencionar aquellas parejas que no los tienen porque padecen problemas de infertilidad.

Si la familia es una y única y está compuesta por un varón, una mujer y los hijos que han gestado entre ellos, ¿qué papel ocupan en la sociedad las parejas que por cualesquier razón comparten su vida pero no tienen hijos? También en éstos núcleos sociales el individuo aprende valores, se desarrolla, recibe protección y afecto y se integra a la sociedad.

Es indispensable reconocer que, además de la familia nuclear hay familias emergentes: de madres y padres solteros; parejas del mismo sexo con o sin hijos; reconstituidas vinculadas en segundas uniones con hijos de una u otro; personas que hacen vida en común; de una sola persona; de personas adultas mayores; o de mujeres que cuidan hijos propios o de otras mujeres.

En enero de 2005 el entonces presidente, Vicente Fox Quezada, señaló a la familia como “el motor del cambio y del progreso nacional, el núcleo donde se promueven los valores y se educa a la siguiente generación”. (La Jornada, 14 de enero.) Al respecto, dice mencionó Carlos Monsiváis: “La tesis es un tanto parcial, porque -para empezar- excluye del impulso del cambio y del progreso a las industrias, el comercio, la agricultura y los trabajadores; y de la educación y la transmisión de valores, a la SEP, al sistema de las universidades públicas, al IPN y a toda la enseñanza privada, para no hablar de los medios electrónicos y la Internet” (citar fuente). Este es sólo un ejemplo de cómo centrar en la familia tradicional todos los valores y tradiciones de la sociedad no sólo es un error sino que es un acto de injusticia para con todos las demás instituciones que, en conjunto, dotan a las sociedades y sus individuos de los elementos que requieren para su óptimo desarrollo.

En Alternativa estamos convencidos y convencidas de que el valor de las familias debe considerarse en su exacta medida; que es necesario dotarlas de los instrumentos necesarios de protección a sus derechos y de las garantías para su ejercicio pleno, de que fortalecer a las familias como organización social es un paso necesario para el mejor desarrollo de las personas; todo lo cual no será posible hasta en tanto transitemos hacia el reconocimiento de que la familia tradicional compuesta por padre, madre e hijos, es sólo una forma entre muchas otras, de organización familiar.

El 2 marzo del 2006, el Presidente Vicente Fox Quezada emitió el Decreto por el que se declara Día Nacional de la Familia el primer domingo de marzo de cada año. En concordancia con las consideraciones vertidas hasta este momento y toda vez que es necesario fortalecer siempre todas las acciones que favorezcan el reconocimiento de derechos a favor de las personas, ponemos a la consideración de esta soberanía solicitar del al Ejecutivo Federal emita Decreto por el que se declara Día Nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año, con lo cual quedarán incluidas en una celebración tan importante todas las formas de organización familiar que constituyen la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se solicita al titular del Ejecutivo Federal que, en cumplimiento a sus atribuciones y con base en sus facultades constitucionales, emita Decreto por el que se declara Día nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de marzo de 2007

Comentarios a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

2007-02-28T18:38:00.000-06:00

Por primera vez nuestro país cuenta con una ley específica sobre violencia hacia las mujeres. Esta iniciativa promovida, entre otras diputadas de la LXIX legislatura, por la destacada feminista y académica, Marcela Lagarde, es sin duda un avance del movimiento feminista y amplio de mujeres; movimiento que durante la década de los noventa hizo del tema de la violencia un tema público y logró colocarlo como un grave problema de derecho humanos. En esa década también se logró tipificar la violencia doméstica y la aprobación de una ley federal en la materia. Con esta nueva ley, la violencia de género pasa a ser un asunto de Estado y de seguridad pública.

A partir de su publicación de fecha 1 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación, se protege el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia y por primera vez se establecen bases de coordinación con diferentes instancias de gobierno para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia en todo el país.

Se instruye y responsabiliza a los órganos de seguridad pública y de administración de justicia para que brinden un buen servicio y proporcionen una adecuada atención a las víctimas de violencia, lo cual acompañado de cursos de capacitación y sensibilización a estos funcionarios puede mejorar la atención, que hasta ahora había sido muy criticada.

Plasma los principios fundamentales que deben regir al Estado mexicano en su lucha contra la violencia de género, atendiendo los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado, en la materia, lo cual es un compromiso a nivel internacional que no se había podido cumplir.

Logra conceptualizar diferentes términos que ayudan al entendimiento del tema, entre ellos los tipos de violencia, sobre todo la violencia psicológica y económica, lo cual ayudará sin duda a que los servidores públicos a los que les toque aplicar la ley entiendan mejor la problemática.

Además independientemente de lo que regula cada Código Penal sobre los delitos de carácter sexual, establece las reglas mínimas que deben operar en cuanto a la violencia sexual, su persecución como ilícito penal y las medidas preventivas en la comunidad, lo cual sin duda servirá para que estos delitos sean realmente investigados y perseguidos.

De igual forma, a partir de la publicación de la ley es un buen momento para informar y sensibilizar a través de los medios de comunicación a la población con el fin de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y con ello promocionar el uso de la ley para denunciar tales hechos.

¿QUÉ SE PUEDE MEJORAR?

1)La Ley contiene omisiones de técnica jurídica que se deben subsanar y conceptualizaciones que se deben mejorar. Por ejemplo se ha desatado un gran alboroto en los medios por los contenidos del artículo 6. En este artículo se define los tipos de violencia contra las mujeres: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualesquiera otra que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. La definición que ha causado más polémica es la relativa a la violencia psicológica. El texto de la ley dice a la letra:

“Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”.

Una lectura somera de esta definición, podría hacernos pensar que las legisladoras emprendieron una aventura riesgosa al adentrarse en el mundo subjetivo de las emociones y “optar” por la enunciación de aquellos sentimientos y comportamientos que, en su valoración, “trastocan” la estabilidad psicológica de una mujer que se dice víctima de violencia. Sin embargo, la experiencia y el conocimiento que se ha generado desde el movimiento feminista para enfrentar el problema de la violencia hacia las mujeres como un problema de derechos humanos y de procuración de justicia, nos proporcionan datos muy objetivos como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de Pareja, 2004. A partir del registro de situaciones específicas de violencia, las entrevistadas reportan conductas, para las cuales, l@s investigadores han realizado una clasificación en cuatro ejes: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. Con este tipo de instrumentos que dan una clara dimensión del problema a nivel nacional se da cuenta de cómo esta violencia que pareciera ser del mundo privado (el espacio íntimo de lo doméstico y las relaciones de pareja) se registra como un asunto de carácter público y colectivo.

Por otra parte, para que esta ley se convierta en una realidad, se debe garantizar y precisar de donde van a salir los recursos para cumplir con los programas establecidos en la Ley. De igual manera, exhortar al Poder Ejecutivo para que se elaboren en tiempo y en forma los reglamentos correspondientes tanto para la Ley como para el Sistema Nacional, que haga efectivo dichos ordenamientos.

IMPACTO Y REPERCUSIÓN ESTATAL

Al ser una Ley en la que participan los diferentes niveles de gobierno, necesariamente habrá un impacto a nivel estatal. A los estados les corresponderá Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley; Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema; Reforzar a las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas; Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales,; Impulsar la creación de refugios para las víctimas; Promover programas informativos; Difundir la ley; Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia; entre otras.

SOBRE LOS TRANSITORIOS

Los artículos transitorios en el caso de esta Ley sin duda son importantes porque establecen los tiempos en que deberán de emitirse tanto el reglamento de la Ley como el del Sistema, establece el plazo para la realización de un Diagnóstico Nacional, así como de donde deberán obtenerse los recursos para la vigencia de los programas de acción. Entre las obligaciones que se establecen están las siguientes: 1) la obligatoriedad de que en 90 días deberá emitirse el Reglamento respectivo para que la Ley sea operable; 2) que el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley. Cabe mencionar que dicho Sistema estará integrada por la Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En este orden de ideas, se entiende que la violencia contra el sexo femenino es un problema de seguridad pública, por ello la necesidad de crear un marco normativo que establezca las bases para la coordinación de la federación, Estados y Municipios en materia de prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; 3) que el Reglamento del Sistema deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley, por lo que corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres su elaboración como Secretaría Ejecutiva del Sistema; 4) la realización de un Diagnóstico Nacional el cual se tendrá que elaborar dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema, o sea a partir del mes de abril del 2007; 5) que los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma; 6) que corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública crear el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del Sistema.

Por último se establece que en un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local previstas en la Ley.

SOBRE TRABAJADORES MIGRANTES CENTROAMERICANOS

2007-02-27T05:18:00.000-06:00

"Nos subimos y como a una hora de haber arrancado, cerca del Chauite, entre Chiapas y Oaxaca, el tren se paró de repente. En las dos orillas de la vía cientos de policías con armas gritaban que nos bajáramos. Todos corrían lo más lejos posible, porque los policías los golpeaban para subirlos a las camionetas. Yo me resbalé y caí, pasaron sobre mí y entonces perdí el conocimiento". Este es el testimonio de Teresa García, inmigrante guatemalteca herida en una redada organizada por el gobierno mexicano el pasado 10 de febrero.

Testimonios como este dan cuenta de la manera en que México enfrenta la situación migratoria en la frontera sur: la represión, la discriminación, la violencia y el aislamiento son sólo algunos de los usos ordinarios de quienes interceptan a los miles de indocumentados centroamericanos que día con día llegan a territorio mexicano. Sólo entre enero y diciembre del año pasado ingresaron por la frontera sur, 174, 836 centroamericanos.

El trato denigrante no tiene distinciones, el hacinamiento y el maltrato son iguales para hombres, mujeres o niños; aún más, las mujeres son especialmente vulnerables, toda vez que suelen ser sujetas de abuso sexual o pueden encontrarse embarazadas. ¿Con qué calidad moral se puede exigir trato digno a nuestros connacionales en el extranjero, cuando en nuestro propio territorio se llevan a cabo actos de injusticia, maltrato, tortura y discriminación?

Continuar con una política de trato injusto e inhumano hacia la población migrante equivale a desconocer la importancia fundamental que ese grupo tiene para la economía mundial y representa un enorme retroceso en materia de protección y garantía a los derechos humanos.

Cada vez con mayor intensidad México actualiza su marco jurídico internacional mediante la suscripción de tratados y convenciones mediante los cuales asume compromisos. En materia migratoria no sólo firmó la Declaración de los Derechos Humanos y el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, se comprometió además, específicamente con la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Para Alternativa es prioritario exigir del gobierno mexicano el respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que manifestamos la urgente necesidad de contar con un Programa de Atención y Protección al Migrante en México. Ser un ejemplo en el trato a los migrantes en nuestro país, le dará al gobierno mexicano calidad y respaldo internacional para exigir el mismo trato a nuestros connacionales.

Es imperioso dejar de equiparar el tránsito de personas con el tránsito de mercancías, desvincular al trabajador migrante del delincuente o el narcotraficante, contar con estaciones migratorias adecuadas que incluyan servicios sanitarios, lugares de descanso, garantía de comunicación, alimentos y servicios de salud. El trabajador migrante es eso: un trabajador en tránsito que busca alternativas de desarrollo, por lo que sus derechos deben incluir todos aquellos que la Organización Internacional del Trabajo contempla para cualquier trabajador. Si no somos capaces de dotarles de seguridad social a ellos y sus familias, trato igual y digno, condiciones laborales equitativas con otros trabajadores, por lo menos debemos garantizar que sean tratados con la dignidad que merecen como trabajadores y ello incluye, en caso de ser necesario: un procedimiento de expatriación adecuado. Junto con la garantía a sus derechos humanos, los inmigrantes centroamericanos deben contar con la protección jurídica que les permita ser sujetos de deportaciones fundadas y motivadas, que impliquen un curso legal respetuoso del procedimiento, que les garantice un trato digno e individual. Es imperioso y urgente terminar con los operativos y deportaciones masivas que, en el anonimato de la multitud propician con mayor frecuencia prácticas violatorias a los derechos de los indocumentados.

El Grupo Parlamentario Alternativa suscribe el Punto de Acuerdo a través del cual se solicita al gobierno mexicano suspenda inmediatamente las deportaciones masivas de inmigrantes centroamericanos y, se pronuncia a favor de cualquier acción que promueva la construcción de un estado mexicano más justo y equitativo.