El gobernador priista Fidel Herrera, no solo miente, además busca confundir a la opinión pública. Las reformas que se hicieron al código penal y a la constitución local le otorgan derechos a un óvulo fecundado por encima de los derechos de las mujeres y mantienen la pena de cárcel para quienes abortan, además agregan multas económicas y tratamiento psicológico como si el derecho a decidir se tratara de una enfermedad mental. Claramente estas reformas contravienen lo estipulado en el Artículo 4º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales que nuestro país ha ratificado.
Por si fuera poco, el Congreso de Veracruz, aprobó la propuesta presentada por el propio gobernador Fidel Herrera para enviar al Congreso Federal una iniciativa de reforma a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y establecer el "derecho a la vida desde el momento de la concepción" con la que en todo el país no sólo se criminalizaría a las mujeres por abortar, sino que se penalizaría el uso de anticonceptivos como el DIU, así como la investigación científica para la fertilidad, células madres y genética, entre otras.
Sí es que el Señor Fidel Herrera está por la depenalización del aborto -ya que reconoce que el aborto es un grave problema de salud en su Estado y la causa de muerte de muchas mujeres veracruzanas en situación de pobreza- LO EMPLAZAMOS a que presente una reforma al código penal del Estado de Veracruz que legalice la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y garantice los servicios médicos y oportunos para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo lo hagan en condiciones que no pongan en riesgo sus vidas. Además le pedimos que ejerza su derecho de veto a la iniciativa de reforma que el mismo presentó al Congreso Estatal. Eso sí es estar a favor de la despenalización el aborto, lo demás, Señor Fidel Herrera es pura misoginia y demagogia.
ATENTAMENTE
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO A DECIDIR
Academia Mexicana de Derechos Humanos, AQUESEX, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, Consorcio-Oaxaca, Colectiva Ciudad y Género, Decidir, Elige, Equidad de Género Ciudad Trabajo y Familia A.C., GIRE, IPAS- México, PUEG, SIPAM, UNASSE.
Martha Tagle, Elsa Conde, Martha Juárez, Aidé García, Alejandra Martínez Galán, Alejandro Madrazo, Alma Ramírez, Ana Lidia Murguía, Ana María Hernández Cárdenas, Ángeles López, Axela Romero, Aida Marina Arvizu, Beatriz Ortiz, Blanca Rico, Brenda Rodríguez, Briseida Hermenejildo, Cinthya Vázquez, Claudia Domínguez, Daptnhe Cuevas, Elizabeth Plácido, Elsa Pérez, Fernanda Díaz de León, Gabriela Ramírez, Hortensia Vázquez, Irma Saucedo, Julia Escalante, Leticia Cuevas, Lourdes Enríquez, Lucia Melgar, María Consuelo Mejía, María del Carmen García, María Eugenia Romero, María Luisa Sánchez Fuentes, Mariana Winocur, Marisa Belausteguigoitia Rius, Martha Juárez, Martín Faz, Mónica Jasis, Nadia Sierra, Nayeli Yoval, Noemí Ramírez, Nuria Marrugat,, Orfe Castillo, Pedro Morales, Perla Vázquez, Raffaela Schiavon, Rosario Ortiz, Sandra Fosado, Sandra Peniche, Silvia Solís, Susana Lerner, Yésica Sánchez.
11/22/2009
11/12/2009
AHORA VERACRUZ. UNA VEZ MÁS EL PRI EN CONTRA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
No ha sido suficiente para las mayorías del PRI -que en 15 estados del país han contado con el silencio y la complicidad de su dirigencia- avalar, aprobar y proponer iniciativas de ley que atentan gravemente contra los derechos de las mujeres. No, no ha sido suficiente la estigmatización, criminalización y persecución que estas iniciativas han significado para la vida de las mujeres que -de manera espontánea o en el ejercicio de su voluntad- han experimentado un aborto. No, no ha sido suficiente la falta de atención a la salud de las mujeres. Las mayorías del PRI ostentan, una vez más, el profundo desprecio que tienen de la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres.
Ante la sociedad mexicana denunciamos: la inminente aprobación, el próximo viernes 13 de noviembre en el Congreso del Estado de Veracrúz, de la iniciativa presentada por el gobernador priista Fidel Herrera en noviembre del 2008, que adiciona un párrafo al Artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz, mediante la cual propone que “… el estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido” ¿Será que el gobernador de Veracruz quiere entregar buenas cuentas a la Jerarquía Católica el próximo domingo 15 de noviembre, día en que presenta su Informe de Gobierno?
Expresamos nuestro total rechazo a esta reforma constitucional. Lo diremos hasta el cansancio: estas reformas restringen el derecho a decidir de las mujeres y suponen un tutelaje intolerable sobre su maternidad, sobre su cuerpo y sobre su vida. Invitamos a toda la ciudadanía a expresar su rechazo al PRI y a Fidel Herrera. No permitamos que esta reforma se traduzca en un agravio más hacia las mujeres del país.
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO A DECIDIR
¡Decidir es un Derecho, decidir no es un Delito!
http://www.tupuedessalvartuvida.org/diputados_vecracruz.htm
Ante la sociedad mexicana denunciamos: la inminente aprobación, el próximo viernes 13 de noviembre en el Congreso del Estado de Veracrúz, de la iniciativa presentada por el gobernador priista Fidel Herrera en noviembre del 2008, que adiciona un párrafo al Artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz, mediante la cual propone que “… el estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido” ¿Será que el gobernador de Veracruz quiere entregar buenas cuentas a la Jerarquía Católica el próximo domingo 15 de noviembre, día en que presenta su Informe de Gobierno?
Expresamos nuestro total rechazo a esta reforma constitucional. Lo diremos hasta el cansancio: estas reformas restringen el derecho a decidir de las mujeres y suponen un tutelaje intolerable sobre su maternidad, sobre su cuerpo y sobre su vida. Invitamos a toda la ciudadanía a expresar su rechazo al PRI y a Fidel Herrera. No permitamos que esta reforma se traduzca en un agravio más hacia las mujeres del país.
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO A DECIDIR
¡Decidir es un Derecho, decidir no es un Delito!
http://www.tupuedessalvartuvida.org/diputados_vecracruz.htm
9/23/2009
MARCHA POR EL DERECHO A DECIDIR. 28 DE SEPTIEMBRE "DIA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO"
28 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL
POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO
El 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto surgió como una iniciativa de las feministas reunidas en el V Encuentro Feminista Latinoamericano en el año de 1990 para impulsar el aborto legal y seguro en todos nuestros países.
Se estima que en México, anualmente más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada. En nuestro país, tan sólo en el 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.
Frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas la respuesta de los partidos políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en contubernio con la Jerarquía Católica ha sido reformar las constituciones de 16 estados del país para criminalizar y perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado. Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado. Estas reformas impactarán las políticas públicas en temas como: Acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes (es decir, el Estado se retiraría de su obligación de proveer servicios de aborto legal en los casos en que la ley lo contempla, condenando a la clandestinidad hasta a las mujeres embarazadas por violación); Restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo por supuesto la pastilla de anticoncepción de emergencia-PAE, DIU y el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos; Investigación en células madres y Reproducción Asistida.
Con motivo del Día Internacional por la Despenalización del aborto, diversas redes, organizaciones de mujeres y sindicatos, convocamos a toda la ciudadanía a participar en un acto reivindicatorio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y en defensa del estado laico. Unamos todas nuestras voces para repudiar las reformas constitucionales aprobadas en 16 estados del país que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. Te invitamos a la:
MARCHA
POR EL DERECHO A DECIDIR
Lunes 28 de septiembre 2009
16:00 horas
Del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez
¡NO FALTES! ¡DECIDIR NO ES UN DELITO, DECIDIR ES UN DERECHO!
(TRAE UN DISTINTIVO MORADO A LA MARCHA)
CONVOCAN: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Afluentes; APIS: Fundación para la Equidad; Aquesex; Católicas por el Derecho a Decidir; CIMAC; Colectiva Ciudad y Género; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; CUPIHD; DDESER; DIVERSA, APN; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Feministas Socialistas; Grupo de Información en Reproducción Elegida-GIRE; IPAS-México; Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM; Programa de Salud-CIDE; Red de Mujeres Sindicalistas; Salud Integral para la Mujer-SIPAM; Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Unión Nacional de Trabajadores-UNT
POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO
El 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto surgió como una iniciativa de las feministas reunidas en el V Encuentro Feminista Latinoamericano en el año de 1990 para impulsar el aborto legal y seguro en todos nuestros países.
Se estima que en México, anualmente más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada. En nuestro país, tan sólo en el 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.
Frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas la respuesta de los partidos políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en contubernio con la Jerarquía Católica ha sido reformar las constituciones de 16 estados del país para criminalizar y perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado. Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado. Estas reformas impactarán las políticas públicas en temas como: Acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes (es decir, el Estado se retiraría de su obligación de proveer servicios de aborto legal en los casos en que la ley lo contempla, condenando a la clandestinidad hasta a las mujeres embarazadas por violación); Restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo por supuesto la pastilla de anticoncepción de emergencia-PAE, DIU y el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos; Investigación en células madres y Reproducción Asistida.
Con motivo del Día Internacional por la Despenalización del aborto, diversas redes, organizaciones de mujeres y sindicatos, convocamos a toda la ciudadanía a participar en un acto reivindicatorio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y en defensa del estado laico. Unamos todas nuestras voces para repudiar las reformas constitucionales aprobadas en 16 estados del país que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. Te invitamos a la:
MARCHA
POR EL DERECHO A DECIDIR
Lunes 28 de septiembre 2009
16:00 horas
Del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez
¡NO FALTES! ¡DECIDIR NO ES UN DELITO, DECIDIR ES UN DERECHO!
(TRAE UN DISTINTIVO MORADO A LA MARCHA)
CONVOCAN: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Afluentes; APIS: Fundación para la Equidad; Aquesex; Católicas por el Derecho a Decidir; CIMAC; Colectiva Ciudad y Género; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; CUPIHD; DDESER; DIVERSA, APN; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Feministas Socialistas; Grupo de Información en Reproducción Elegida-GIRE; IPAS-México; Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM; Programa de Salud-CIDE; Red de Mujeres Sindicalistas; Salud Integral para la Mujer-SIPAM; Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Unión Nacional de Trabajadores-UNT
6/30/2009
Anticonstitucionales, reformas contra el aborto: especialistas
Gladis Torres Ruiz / Cimacnoticias
cimac1@laneta.apc.org
Inconstitucionales, absurdas y con fines electorales son las reformas realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las constituciones de 12 entidades de la República, aprobadas “al vapor” y sin discusión previa, con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”. Así lo considera el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó en el foro: Los mismos derechos para todas y todos: Género y derechos reproductivos en el debate constitucional en México, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Esto queda claro, señala el investigador, ya que en ninguno de los estados se dio un debate serio sobre el tema, lo que también nos deja ver que estas reformas tienen fines electorales, buscando quedar bien con un electorado conservador. En esta materia, se esta “legislando al vapor”, lo que está dando como resultado normas absurdas, los textos aprobados por los legisladores rayan en lo absurdo. Además de inconstitucionales, detalló Cruz Parcero, son un “berrinche legislativo de los diputados de derecha” que aprobaron reformas en los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato. Consideró también el académico que dichas reformas, iniciadas por el PAN y por PRI, con apoyo de otros partidos, como el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, son una reacción para contrarrestar las reformas hechas en el Distrito Federal (DF), donde se permite la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Un aspecto muy importante señalado por el académico es que algunas de las reformas dejan fuera varios temas: como la investigación con embriones y la fecundación in vitro, así como el dispositivo intrauterino, que desde el punto de vista de las reformas es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse, con lo cual las mujeres que lo utilicen serán delincuentes.
Alcances no previstos
En su afán de darle una “protección al embrión”, detalló Cruz Parcero, los legisladores no se pusieron a pensar en los alcances que tendrían dichas reformas, las cuales van más allá del aborto como tal, lo que obliga a hacerlas inconstitucionales, subrayó. En ello coincidió Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis (Fundar), quien afirmó que estas reformas violentan los acuerdos internacionales que México ha signado en esta materia, donde el Estado está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos. Las reformas, dijo, parten del desconocimiento de estos tratados y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mujeres”.
Entidades no son “feudos”
Los legisladores están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, detalló; ahora resulta que en las constituciones estatales pueden hacer esto como si fueran “feudos”, contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales. Las mujeres tienen derechos reproductivos y están en los tratados internacionales y las constituciones locales no pueden de ninguna manera restringirlos, sentenció. Ignoran los compromisos internacionales signados por el gobierno, los cuales reconocen los derechos humanos de las mujeres, como: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; las observaciones finales a México, extendidas el 25 de agosto de 2006 por el Comité CEDAW; la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), en el Capítulo VII Derechos reproductivos y salud reproductiva planificación de la familia; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995).
Por su parte Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que las reformas realizadas a las constituciones restringen y menoscaban los derechos otorgados por la Constitución, exacerbando la discriminación en contra de ellas, ya que en esta materia la Constitución tienen su normatividad.
Las mujeres que viven en los estados donde se han aprobado reformas de este tipo, explicó, son discriminadas con respecto de los estados en los que no se ha legislado de la misma forma, ya que las primeras restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque una reforma que restringe derechos discrimina.
No estamos de acuerdo en que en el país, “existan mexicanas de primera y de segunda. El Estado ha firmado todos los tratados existentes en materia de derechos sexuales y reproductivos y fue llamado a armonizar las leyes de los estados en materia de aborto”.
Legislación “engañosa”
En este sentido el doctor en derecho Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que se está legislando de forma “engañosa”, se usan los términos de “proteger la vida”, pero ¿por qué no se habla claro y se dice lo que se busca: amedrentar a las mujeres contraviniendo la Constitución de diferentes maneras, en materia de discriminación, ya que existe un artículo que la prohíbe, y el cuarto constitucional que señala que “cada mujer puede elegir el número de hijos, y espaciamiento de los mismos?”
Los especialistas afirmaron que estas nuevas reformas violentan a las mujeres, por lo cual también van en contra de lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, en virtud de que existe una restricción, en comparación con el DF para el tratamiento del aborto.
cimac1@laneta.apc.org
Inconstitucionales, absurdas y con fines electorales son las reformas realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las constituciones de 12 entidades de la República, aprobadas “al vapor” y sin discusión previa, con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”. Así lo considera el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó en el foro: Los mismos derechos para todas y todos: Género y derechos reproductivos en el debate constitucional en México, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Esto queda claro, señala el investigador, ya que en ninguno de los estados se dio un debate serio sobre el tema, lo que también nos deja ver que estas reformas tienen fines electorales, buscando quedar bien con un electorado conservador. En esta materia, se esta “legislando al vapor”, lo que está dando como resultado normas absurdas, los textos aprobados por los legisladores rayan en lo absurdo. Además de inconstitucionales, detalló Cruz Parcero, son un “berrinche legislativo de los diputados de derecha” que aprobaron reformas en los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato. Consideró también el académico que dichas reformas, iniciadas por el PAN y por PRI, con apoyo de otros partidos, como el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, son una reacción para contrarrestar las reformas hechas en el Distrito Federal (DF), donde se permite la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Un aspecto muy importante señalado por el académico es que algunas de las reformas dejan fuera varios temas: como la investigación con embriones y la fecundación in vitro, así como el dispositivo intrauterino, que desde el punto de vista de las reformas es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse, con lo cual las mujeres que lo utilicen serán delincuentes.
Alcances no previstos
En su afán de darle una “protección al embrión”, detalló Cruz Parcero, los legisladores no se pusieron a pensar en los alcances que tendrían dichas reformas, las cuales van más allá del aborto como tal, lo que obliga a hacerlas inconstitucionales, subrayó. En ello coincidió Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis (Fundar), quien afirmó que estas reformas violentan los acuerdos internacionales que México ha signado en esta materia, donde el Estado está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos. Las reformas, dijo, parten del desconocimiento de estos tratados y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mujeres”.
Entidades no son “feudos”
Los legisladores están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, detalló; ahora resulta que en las constituciones estatales pueden hacer esto como si fueran “feudos”, contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales. Las mujeres tienen derechos reproductivos y están en los tratados internacionales y las constituciones locales no pueden de ninguna manera restringirlos, sentenció. Ignoran los compromisos internacionales signados por el gobierno, los cuales reconocen los derechos humanos de las mujeres, como: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; las observaciones finales a México, extendidas el 25 de agosto de 2006 por el Comité CEDAW; la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), en el Capítulo VII Derechos reproductivos y salud reproductiva planificación de la familia; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995).
Por su parte Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que las reformas realizadas a las constituciones restringen y menoscaban los derechos otorgados por la Constitución, exacerbando la discriminación en contra de ellas, ya que en esta materia la Constitución tienen su normatividad.
Las mujeres que viven en los estados donde se han aprobado reformas de este tipo, explicó, son discriminadas con respecto de los estados en los que no se ha legislado de la misma forma, ya que las primeras restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque una reforma que restringe derechos discrimina.
No estamos de acuerdo en que en el país, “existan mexicanas de primera y de segunda. El Estado ha firmado todos los tratados existentes en materia de derechos sexuales y reproductivos y fue llamado a armonizar las leyes de los estados en materia de aborto”.
Legislación “engañosa”
En este sentido el doctor en derecho Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que se está legislando de forma “engañosa”, se usan los términos de “proteger la vida”, pero ¿por qué no se habla claro y se dice lo que se busca: amedrentar a las mujeres contraviniendo la Constitución de diferentes maneras, en materia de discriminación, ya que existe un artículo que la prohíbe, y el cuarto constitucional que señala que “cada mujer puede elegir el número de hijos, y espaciamiento de los mismos?”
Los especialistas afirmaron que estas nuevas reformas violentan a las mujeres, por lo cual también van en contra de lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, en virtud de que existe una restricción, en comparación con el DF para el tratamiento del aborto.
6/29/2009
Y la mujer? Es culpable por ser mujer?: Sandoval, contra NOM 46 que permite el aborto a mujeres violadas
Sandoval, contra NOM 046 que permite el aborto a mujeres violadas
JORGE COVARRUBIAS
El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se pronunció en contra de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 que permite la interrupción del embarazo cuando se trata de una violación.
Para el prelado, el Congreso del Estado es el único facultado para decidir si la iniciativa antiaborto tiene futuro y no la Secretaría de Salud.
Al término de la clausura del Año Paulino en Catedral, el purpurado señaló en entrevista. “(Es) una norma muy indebida porque va contra la vida, porque obliga a todo el mundo a que se practique el aborto”, aseveró después de oficiar la acostumbrada misa de 18 horas en la Catedral Metropolitana.
“Que se castigue al agresor, no al inocente”, espetó.
La Jornada, Jalisco.
JORGE COVARRUBIAS
El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se pronunció en contra de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 que permite la interrupción del embarazo cuando se trata de una violación.
Para el prelado, el Congreso del Estado es el único facultado para decidir si la iniciativa antiaborto tiene futuro y no la Secretaría de Salud.
Al término de la clausura del Año Paulino en Catedral, el purpurado señaló en entrevista. “(Es) una norma muy indebida porque va contra la vida, porque obliga a todo el mundo a que se practique el aborto”, aseveró después de oficiar la acostumbrada misa de 18 horas en la Catedral Metropolitana.
“Que se castigue al agresor, no al inocente”, espetó.
La Jornada, Jalisco.
Juicio Politico a Emilio Gonzalez gobernador de Jalisco
El día de hoy, las diputadas federales Aída Marina Arvizu Rivas, Martha Angélica Tagle Martínez, Maricela Contreras Julián, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Irene Aragón Castillo y Rosario Ortiz Magallón y yo, presentamos, ante el secretario general de la H. Cámara de Diputados, una demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Jalisco. La demanda establece que el gobernador de Jalisco, C. Emilio González Márquez, ha violado reiteradamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatal y federal, así como a otros ordenamientos de orden nacional e internacional, en relación con los derechos de las mujeres en el estado de Jalisco.
Entre las causas que motivan esta demanda, señalamos que el gobernador de Jalisco:
· Se ha negado de forma sistemática a la prestación de servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado laico.
· Apoya abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, misma que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando el embarazo es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres, pues viola sus derechos fundamentales.
· Ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Norma Oficial Mexicana Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención aprobada el 16 de abril, con la que se obliga a los hospitales públicos y privados atender los abortos de mujeres víctimas de violación.
· Ha violentado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual México forma parte y ha incumplido las recomendaciones emitidas por el Comité DESC y por el Comité de la CEDAW, así como a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se establece que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
· Ha violentado constantemente la separación Estado-Iglesia y el carácter laico del Estado tal como lo establece los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos en los que se precisa que la legitimidad del poder público proviene de la soberanía o voluntad popular, no de la religión, y que las jerarquías eclesiásticas y dirigencias religiosas no pueden participar en la creación de las leyes ni en las políticas públicas.
· Ha gastado 443 millones, 500 mil pesos en un lapso de 2 años 3 meses que lleva en el cargo, en donaciones a instituciones y organismos vinculados con el clero, a conocidas empresas televisoras y a empresarios, violando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco entre otras.
Finalmente, la demanda establece que en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes; que del año 2005 al 2008 se han presentado 1,643 casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos, y que datos del INEGI y la Secretaría de Salud sitúan a Jalisco en el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, mismas que representan el 7.7% de la mortalidad materna en ese estado.
Por último señalamos que la discriminación contra la mujer niega y limita su igualdad de derechos y constituye una ofensa a la dignidad humana, por lo que el gobernador del estado de Jalisco, C. Emilio González Márquez debe ser llevado a juicio político a la brevedad, para ser destituido e inhabilitado para desempeñar funciones empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Entre las causas que motivan esta demanda, señalamos que el gobernador de Jalisco:
· Se ha negado de forma sistemática a la prestación de servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado laico.
· Apoya abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, misma que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando el embarazo es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres, pues viola sus derechos fundamentales.
· Ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Norma Oficial Mexicana Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención aprobada el 16 de abril, con la que se obliga a los hospitales públicos y privados atender los abortos de mujeres víctimas de violación.
· Ha violentado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual México forma parte y ha incumplido las recomendaciones emitidas por el Comité DESC y por el Comité de la CEDAW, así como a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se establece que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
· Ha violentado constantemente la separación Estado-Iglesia y el carácter laico del Estado tal como lo establece los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos en los que se precisa que la legitimidad del poder público proviene de la soberanía o voluntad popular, no de la religión, y que las jerarquías eclesiásticas y dirigencias religiosas no pueden participar en la creación de las leyes ni en las políticas públicas.
· Ha gastado 443 millones, 500 mil pesos en un lapso de 2 años 3 meses que lleva en el cargo, en donaciones a instituciones y organismos vinculados con el clero, a conocidas empresas televisoras y a empresarios, violando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco entre otras.
Finalmente, la demanda establece que en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes; que del año 2005 al 2008 se han presentado 1,643 casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos, y que datos del INEGI y la Secretaría de Salud sitúan a Jalisco en el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, mismas que representan el 7.7% de la mortalidad materna en ese estado.
Por último señalamos que la discriminación contra la mujer niega y limita su igualdad de derechos y constituye una ofensa a la dignidad humana, por lo que el gobernador del estado de Jalisco, C. Emilio González Márquez debe ser llevado a juicio político a la brevedad, para ser destituido e inhabilitado para desempeñar funciones empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
5/01/2009
La ley contra el narcomenudeo no es la alternativa
El día de ayer, 30 de abril de 2009, la Cámara de Diputados completó un largo proceso legislativo, y aprobó una propuesta de ley del Presidente de la República en materia de“narcomenudeo”.
Esta ley , controvertida para todas las fuerzas políticas e incluso para el propio partido del Presidente, orientará la política de drogas en México durante los próximos años.
En la iniciativa pueden destacarse algunos avances realizados por el Senado de la República:
1. Que distinga entre consumidor, farmacodependiente y criminal.
2. Que se haya eliminado la rehabilitación obligatoria para consumidores no fármacodependientes, un despropósito contrario a los derechos humanos más elementales.
3. Que la ley ordene guiar la actuación de las autoridades por políticas de reducción de riesgos y daños.
4. Que se reconozcan y permitan los usos ceremoniales y culturales de algunas sustancias, reivindicación esencial en un país multicultural como es el nuestro.
Sin embargo, vemos riesgos y consecuencias negativas que sin duda también presentará la instrumentación de esta ley:
1. Considera sólo de manera tangencial el problema del consumo de drogas y se limita a intentar definirlo jurídicamente. Apuesta, en cambio, por profundizar una estrategia policiaca y militar probadamente fallida. Con ello, constatamos un nulo interés del gobierno federal por la salud pública y los derechos de las personas.
2. Criminalizará a un inmenso grupo de personas que vive de la venta de drogas al menudeo, pero que en realidad no forma parte consciente del crimen organizado, sino que se trata de jóvenes y mujeres sin oportunidades de desarrollo. Encarcelarlos no servirá para disminuir la oferta de drogas en las calles, ni mejorará la seguridad pública; sin embargo serán la justificación de la guerra contra las drogas, ya que el gobierno podrá presumir del número de personas encarceladas por esta política.
3. La ley supone una política legal de inducción al delito por parte de las policías, lo que delata la intención claramente autoritaria para enfrentar el problema: “cuando se trata de drogas, todo se vale, incluso pasar por encima de los derechos humanos” pareciera ser el mensaje.
4. Las cantidades de droga estipuladas como portación no personal mantienen un carácter ambiguo sobre su verdadera legalidad, toda vez que no se especifica cómo los consumidores pueden obtenerlas sin ser considerados criminales por la mera transacción; pero más importante aún, no corresponden con la realidad del mercado de drogas en las calles. (Por ejemplo, supone que un consumidor puede portar .5 gramos de cocaína, cuando en la calle se vende por gramo) lo que permite anticipar un crecimiento exponencial de la corrupción y la extorsión de las policías hacia los consumidores.
Dadas las anteriores consideraciones, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) ha manifiestado su cautela ante las posibles consecuencias de esta ley. Y nos recuerda que el problema de las drogas ilegales en México no podrá ser resuelto sin una política integral hacia ellas que las considere, en primer lugar, como un asunto de salud pública, con acciones claras de información y prevención, en el que los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados sin ningún tipo de restricciones.
Esta ley , controvertida para todas las fuerzas políticas e incluso para el propio partido del Presidente, orientará la política de drogas en México durante los próximos años.
En la iniciativa pueden destacarse algunos avances realizados por el Senado de la República:
1. Que distinga entre consumidor, farmacodependiente y criminal.
2. Que se haya eliminado la rehabilitación obligatoria para consumidores no fármacodependientes, un despropósito contrario a los derechos humanos más elementales.
3. Que la ley ordene guiar la actuación de las autoridades por políticas de reducción de riesgos y daños.
4. Que se reconozcan y permitan los usos ceremoniales y culturales de algunas sustancias, reivindicación esencial en un país multicultural como es el nuestro.
Sin embargo, vemos riesgos y consecuencias negativas que sin duda también presentará la instrumentación de esta ley:
1. Considera sólo de manera tangencial el problema del consumo de drogas y se limita a intentar definirlo jurídicamente. Apuesta, en cambio, por profundizar una estrategia policiaca y militar probadamente fallida. Con ello, constatamos un nulo interés del gobierno federal por la salud pública y los derechos de las personas.
2. Criminalizará a un inmenso grupo de personas que vive de la venta de drogas al menudeo, pero que en realidad no forma parte consciente del crimen organizado, sino que se trata de jóvenes y mujeres sin oportunidades de desarrollo. Encarcelarlos no servirá para disminuir la oferta de drogas en las calles, ni mejorará la seguridad pública; sin embargo serán la justificación de la guerra contra las drogas, ya que el gobierno podrá presumir del número de personas encarceladas por esta política.
3. La ley supone una política legal de inducción al delito por parte de las policías, lo que delata la intención claramente autoritaria para enfrentar el problema: “cuando se trata de drogas, todo se vale, incluso pasar por encima de los derechos humanos” pareciera ser el mensaje.
4. Las cantidades de droga estipuladas como portación no personal mantienen un carácter ambiguo sobre su verdadera legalidad, toda vez que no se especifica cómo los consumidores pueden obtenerlas sin ser considerados criminales por la mera transacción; pero más importante aún, no corresponden con la realidad del mercado de drogas en las calles. (Por ejemplo, supone que un consumidor puede portar .5 gramos de cocaína, cuando en la calle se vende por gramo) lo que permite anticipar un crecimiento exponencial de la corrupción y la extorsión de las policías hacia los consumidores.
Dadas las anteriores consideraciones, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) ha manifiestado su cautela ante las posibles consecuencias de esta ley. Y nos recuerda que el problema de las drogas ilegales en México no podrá ser resuelto sin una política integral hacia ellas que las considere, en primer lugar, como un asunto de salud pública, con acciones claras de información y prevención, en el que los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados sin ningún tipo de restricciones.
4/25/2009
EL PRI ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desconociendo su propia historia y alejándose de la tradición laica del Estado Mexicano ha emprendido en todo el país una política contraria a los derechos de las mujeres. El PRI sin explicación alguna por parte de su dirigencia nacional, ha hecho suya la agenda legislativa del Partido Acción Nacional para reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Pactando con la Jerarquía Católica y en complicidad con el Partido Acción Nacional y, en ocasiones con la anuencia de otros partidos políticos ha impulsado y aprobado una reforma constitucional que vulnera el derecho a decidir de las mujeres en diez estados del país: Sonora; Baja California; Morelos; Jalisco; Puebla; Colima; Durango y recientemente en el estado de Nayarit, Quintana Roo y Campeche. En ninguno de estos estados el PAN por si solo podría haber votado positivamente una reforma constitucional. Y en algunos de estos estados, fueron los diputados priistas los que tomaron la iniciativa. Además, se tienen presentadas iniciativas similares en los congresos estatales de: Aguascalientes; Michoacán; Estado de México; Guanajuato; Oaxaca; Querétaro; Quintana Roo y Veracruz. En varios de estos estados los congresos locales son mayoritariamente prisitas. ¿Qué esta negociando el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional y la Jerarquía Católica? ¿Qué es tan importante, que ha concedido usar como moneda de cambio los derechos de las mujeres?
El reconocimiento constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres. Es contraria al artículo 4º. Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el tema de la protección de la vida desde la concepción y señaló: “...Si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar en forma desproporcionada los derechos de la mujer, no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación”
Las mujeres de México rechazamos estas iniciativas contrarias a nuestros derechos y exigimos al Partido Revolucionario Institucional dar marcha atrás en su intento por violentar nuestras garantías constitucionales.
El reconocimiento constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres. Es contraria al artículo 4º. Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el tema de la protección de la vida desde la concepción y señaló: “...Si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar en forma desproporcionada los derechos de la mujer, no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación”
Las mujeres de México rechazamos estas iniciativas contrarias a nuestros derechos y exigimos al Partido Revolucionario Institucional dar marcha atrás en su intento por violentar nuestras garantías constitucionales.
3/25/2009
Nos aprueban reserva a ley general de salud sobre consentimiendo informado.
-Avalan reforma a la Ley General de Salud que instaura el consentimiento informado-
Aprueban diputados libertad de pacientes para rechazar la atención médica ofrecida
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para instaurar la figura de consentimiento informado, lo cual permitirá a los pacientes aceptar o rechazar la atención médica que se les ofrezca, así como sus tratamientos, y obliga a los médicos a alentar una toma de decisión con libertad, ofrecer más de una opción y respetar la autonomía de los derechohabientes.
La reforma se aprobó por 314 votos a favor, aun con el rechazo de Acción Nacional, que cuestionó la propuesta de la diputada Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa, a instituit con claridad la figura legal, con el argumento de que ello retrasaría la atención a los enfermos.
Durante la sesión de ayer, la mayoría de PRI, PRD, PT, Convergencia y Alternativa ganaron una primera votación, por 174 sufragios a favor y 160 en contra –del PAN–, favorecida por el ausentismo de legisladores panistas, para que se pusiera a discusión la propuesta de Conde Rodríguez.
En tribuna, la legisladora argumentó que, si bien el dictamen de la Comisión de Salud a la minuta del Senado con la reforma a la Ley General de Salud pretendía hacer efectivo el principio de respeto a la autonomía de la persona en la toma de decisiones médicas, la redacción no llenaba el vacío legal al no precisar la definición de consentimiento informado.
La adición de dos párrafos al artículo 33 de la citada ley, planteada por Alternativa y que se votó a favor al final de la sesión, estipula que como parte de las actividades de atención médica se tendrá la obligación de obtener el consentimiento informado.
Éste se define, señala la modificación, como “la facultad del paciente para aceptar o no la atención médica que se le ofrezca o la participación en proyectos de investigación que se le propongan, de manera libre e informada y libre de coacción. Para ello, el personal médico deberá informar de manera objetiva, suficiente, clara, veraz, oportuna y basado en evidencia científica al paciente o a sus familiares, sobre el estado que guarda su salud, así como de las alternativas y los procedimientos médicos terapéuticos y quirúrgicos que se indiquen, y los posibles riesgos.
Además define que una vez recibida dicha información, los pacientes podrán otorgar o no su consentimiento, y sus médicos deberán alentarlos a tomar una decisión con libertad, si es posible ofrecerles más de una opción, respetar su autonomía y tener en cuenta sus deseos y preferencias, de forma libre y sin coacción.
El presidente de la comisión y diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, argumentó que su bancada votó en contra de que se admitiera la modificación al dictamen para evitar que fuera devuelto al Senado y ahí se congelara. Salud demorada es salud denegada, dijo. Finalmente el dictamen se aprobó por 314 votos a favor.
Durante la sesión, el dirigente del sector popular del PRI, Marco Antonio Bernal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISR para hacer deducible de impuestos el pago de colegiaturas en el nivel básico, y en conferencia de prensa aseguró que si el Estado no puede cubrir su obligación de otorgar educación, es necesario facilitar que las familias puedan optar por un servicio educativo alterno.
El pleno aprobó también un punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Agricultura y del Trabajo, así como a las autoridades del Colegio de Posgraduados y al Sindicato Independiente de Académicos de esa institución, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga iniciada el 15 de febrero pasado.
-La Jornada-
3/23/2009
“No más asesinatos de mujeres: legislemos el delito de feminicidio”.
En el marco del "Día Internacional de la Mujer, no hay buenas noticias para las mexicanas. A los efectos devastadores de la crisis económica que ya se siente en nuestros hogares, en el sustento de nuestras hijas o hijos y en los empleos que hoy estamos perdiendo; a la inseguridad desatada por el crimen organizado que creció al amparo de pactos y corrupción, hay que agregar el alarmante incremento de feminicidios, sobre todo en los últimos tres meses.
A la fecha 264 mujeres han sido asesinadas por razones de género en México: al caso paradigmático e irresuelto de las mujeres asesinadas en Juárez, se deben agregar los asesinatos de 94 mujeres en el estado de México, 56 en Sinaloa, 51 en Jalisco, y otros más en Morelos y Chihuahua. En su mayoría, los cuerpos son encontrados con signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas a su condición de mujer.
En un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se destaca como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático el país. La violencia contra la mujer fundada en el género es el indicador más flagrante del atraso social, cultural y democrático de una sociedad. El feminicidio- es la muerte violenta de las mujeres por el sólo hecho de serlo-se genera en un contexto social, machista y conservador que, con cinismo, valida esa violencia.
Y con esta realidad alarmante, nuestra legislación penal se niega a reconocer el delito de feminicidio, ignorando con ello no sólo los avances internacionales de la ciencia penal y de la política criminal, sino también el avance indiscutible de los derechos humanos de las mujeres. El tipo penal del feminicidio debe ser incluido en la legislación mexicana, de lo contrario, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se convierte sólo en festejos burocráticos buenos para el lucimiento “feminista” de nuestras autoridades, pero no para dar pasos efectivos en la lucha de las mujeres por sus derechos. La tipificación del feminicidio, permitirá renovar nuestra justicia penal y hacerla digna de un verdadero estado democrático de derecho.
El Grupo Parlamentario Alternativa del Partido Socialdemócrata, en la Cámara de Diputados, convoca a todas las mujeres, en especial a nuestras compañeras diputadas y senadoras de todos los partidos políticos representados en el Congreso, a apoyar la iniciativa que hemos presentado para resolver, en esta LX Legislatura, la inclusión del feminicidio como tipo penal en nuestra legislación. Para nosotras, no hay mejor homenaje a las mujeres que la ampliación efectiva de sus derechos y la protección de su don más preciado: su vida. En esa lucha estamos”.
Diputada Marina Arvizu Rivas, coordinadora y Diputada Elsa Conde Rodríguez, vice coordinadora
A la fecha 264 mujeres han sido asesinadas por razones de género en México: al caso paradigmático e irresuelto de las mujeres asesinadas en Juárez, se deben agregar los asesinatos de 94 mujeres en el estado de México, 56 en Sinaloa, 51 en Jalisco, y otros más en Morelos y Chihuahua. En su mayoría, los cuerpos son encontrados con signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas a su condición de mujer.
En un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se destaca como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático el país. La violencia contra la mujer fundada en el género es el indicador más flagrante del atraso social, cultural y democrático de una sociedad. El feminicidio- es la muerte violenta de las mujeres por el sólo hecho de serlo-se genera en un contexto social, machista y conservador que, con cinismo, valida esa violencia.
Y con esta realidad alarmante, nuestra legislación penal se niega a reconocer el delito de feminicidio, ignorando con ello no sólo los avances internacionales de la ciencia penal y de la política criminal, sino también el avance indiscutible de los derechos humanos de las mujeres. El tipo penal del feminicidio debe ser incluido en la legislación mexicana, de lo contrario, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se convierte sólo en festejos burocráticos buenos para el lucimiento “feminista” de nuestras autoridades, pero no para dar pasos efectivos en la lucha de las mujeres por sus derechos. La tipificación del feminicidio, permitirá renovar nuestra justicia penal y hacerla digna de un verdadero estado democrático de derecho.
El Grupo Parlamentario Alternativa del Partido Socialdemócrata, en la Cámara de Diputados, convoca a todas las mujeres, en especial a nuestras compañeras diputadas y senadoras de todos los partidos políticos representados en el Congreso, a apoyar la iniciativa que hemos presentado para resolver, en esta LX Legislatura, la inclusión del feminicidio como tipo penal en nuestra legislación. Para nosotras, no hay mejor homenaje a las mujeres que la ampliación efectiva de sus derechos y la protección de su don más preciado: su vida. En esa lucha estamos”.
Diputada Marina Arvizu Rivas, coordinadora y Diputada Elsa Conde Rodríguez, vice coordinadora
Reformas constitucionales contra el derecho a decidir de las mujeres en los estados de BC, Puebla, Sonora y Morelos. Primer Corte en el último periodo
Han transcurrido 51 días desde que se dio inicio al último periodo de sesiones de la LX Legislatura. Para las feministas que estamos por concluir nuestro periodo en la Cámara de Diputados, y particularmente para las feministas del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, estos días han sido particularmente intensos para contrarrestar la actuación del PAN en contra del derecho a decidir de las mujeres en el país.
La derecha en México se conforma de un conjunto de actores: la Conferencia del Episcopado Mexicano; el Partido Acción Nacional y Organizaciones Sociales como PROVIDA, ANCIFEM y la Unión de Padres de Familia, entre otras. Con la llegada a la Presidencia de la República en el año 2000 del Partido Acción Nacional (PAN) estos actores han fortalecido su actuar y su estrategia en los últimos años. Una de esas estrategias ha sido, transformar a nuestro país, en la sede de los encuentros más importantes que ha realizado la derecha a nivel mundial. Me refiero al IV Congreso Internacional de la Familia, realizado a finales del mes de febrero de 2008 en Guadalajara, Jalisco y; al VI Congreso Mundial sobre la Familia que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado mes de enero de 2009. Este último evento tuvo una asistencia de 9000 personas de todo el mundo y, contó para su inauguración con la participación de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez en México que un Jefe de Estado asiste en ese carácter a un evento religioso o “eclesiástico” como lo denomino el Cardenal Norberto Rivera.
En el marco de estos encuentros internacionales y, a partir del análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2008 que dota de constitucionalidad a la despenalización del aborto hasta la doceava semana en el DF, la derecha mexicana concertó impulsar una estrategia legislativa y de política pública que avanza rápidamente en el país y que básicamente consiste en: a) impulsar la perspectiva de la familia en contrapartida a la perspectiva de género; b) impulsar el reconocimiento constitucional del “derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” donde al “concebido se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes” y; c) rehuir al cumplimiento de compromisos que el estado mexicano ha adoptado en materia de derechos sexuales y reproductivos, como lo es la publicación de la NOM-46 referida a la violencia sexual. Sobre la NOM 46, les escribiré en otra entrega.
La derecha en México se conforma de un conjunto de actores: la Conferencia del Episcopado Mexicano; el Partido Acción Nacional y Organizaciones Sociales como PROVIDA, ANCIFEM y la Unión de Padres de Familia, entre otras. Con la llegada a la Presidencia de la República en el año 2000 del Partido Acción Nacional (PAN) estos actores han fortalecido su actuar y su estrategia en los últimos años. Una de esas estrategias ha sido, transformar a nuestro país, en la sede de los encuentros más importantes que ha realizado la derecha a nivel mundial. Me refiero al IV Congreso Internacional de la Familia, realizado a finales del mes de febrero de 2008 en Guadalajara, Jalisco y; al VI Congreso Mundial sobre la Familia que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado mes de enero de 2009. Este último evento tuvo una asistencia de 9000 personas de todo el mundo y, contó para su inauguración con la participación de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez en México que un Jefe de Estado asiste en ese carácter a un evento religioso o “eclesiástico” como lo denomino el Cardenal Norberto Rivera.
En el marco de estos encuentros internacionales y, a partir del análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2008 que dota de constitucionalidad a la despenalización del aborto hasta la doceava semana en el DF, la derecha mexicana concertó impulsar una estrategia legislativa y de política pública que avanza rápidamente en el país y que básicamente consiste en: a) impulsar la perspectiva de la familia en contrapartida a la perspectiva de género; b) impulsar el reconocimiento constitucional del “derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” donde al “concebido se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes” y; c) rehuir al cumplimiento de compromisos que el estado mexicano ha adoptado en materia de derechos sexuales y reproductivos, como lo es la publicación de la NOM-46 referida a la violencia sexual. Sobre la NOM 46, les escribiré en otra entrega.
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