4/04/2008

Licencia de paternidad: por una cultura alternativa para la crianza de l@s hij@s.

El día de ayer, 3 de abril del 2008, presente una iniciativa que tiene como objetivo otorgar una licencia de paternidad con goce de sueldo a los trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo, con el fin último de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esta propuesta se articula en torno al empleo, la corresponsabilidad, y la conciliación de la vida laboral y personal. Busca equilibrar el papel del cuidado familiar entre hombres y mujeres, para que ambos compartan la atención del recién nacido, y para alentar la equidad de género y la vida democrática desde el interior mismo de la institución familiar.

La idea básica es aumentar el número de padres que desempeñen un rol activo en el cuidado de los hijos desde sus primeros días de nacidos. El principio rector es la igualdad de oportunidades, con vistas tanto a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como animar a los varones a pasar más tiempo en casa cuidando de sus hijos. Así como conciliar el desarrollo profesional con el familiar.

La Licencia por Paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas. En Europa esta medida se ha extendido y en 1984 Dinamarca implementó la licencia por paternidad y en 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte en su nueva Ley de Igualdad incluye un permiso de paternidad de 15 días, con la cual más de 400.000 hombres pueden pedir, cada año, dicho permiso.

En el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8 días. En México apenas existen algunas experiencias en esta materia. Por ejemplo, de manera reciente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instauró para sus empleados, la primera licencia de paternidad y se estableció un permiso de 10 días con goce de sueldo por nacimiento de hijo o hija para los varones. De igual forma el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó, durante la primera sesión ordinaria del 2008 de su Junta de Gobierno otorgar una prestación similar a los empleados varones de dicho Instituto.

En México ya contamos con una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

Acorde a lo anterior es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha Ley, para implementar políticas de cooperación y mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos.

Debemos terminar con el estigma de que el cuidado de las criaturas es cosa de mujeres. “Si el padre trabaja y la madre no, ésta se encarga de cuidar a los hijos. Si la madre trabaja y el padre no, ella se encarga de cuidar a los hijos”. Pareciera que la seguridad social no considera que el padre tenga obligaciones semejantes.

Hasta ahora la Ley Federal del Trabajo y la seguridad social de nuestro país es discriminatoria al no facilitarles a los hombres el ejercicio de su paternidad de manera responsable desde el nacimiento de sus hijos, y es por ello proponemos varias modificaciones a este ordenamiento legal con el fin de establecer un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo.

Proponemos modificar la fracción IX del artículo 25 de dicha ley, que establece las condiciones laborales que deben observar las relaciones individuales de trabajo, para agregar los permisos tanto de maternidad como de paternidad, que no se encuentran contenidos en dicho artículo.

Asimismo, con la propuesta adicionamos la fracción XXIX del artículo 132, para que dentro de las obligaciones de los patrones se establezca la obligación de otorgar un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo.

Finalmente proponemos modificar la fracción V del artículo 391 en relación con el contrato colectivo de trabajo con el fin de que en éste se incluya el permiso de maternidad y paternidad correspondiente. Con estas reformas cumplimos, además, con el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho que tienen los trabajadores con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

No tenemos duda de que la sociedad mexicana está preparada para la equidad. La crianza de l@s hij@s no es asunto de mujeres. Es un tema de igualdad y, la licencia de paternidad debe ser un derecho de todos los trabajadores y por lo tanto es nuestro deber como legisladores garantizarlo.

4/03/2008

FELIPE CALDERÓN Y EL PAN: CONTRA LAS GARANTIAS SOCIALES DE L@S MEXICAN@S

En el tema de las Garantías Social y la Reforma del Estado

• El Presidente y su partido actuaron contra los derechos humanos de la ciudadanía y del desarrollo social de las mayorías.
• De 93 propuestas a discusión, en el último momento fueron excluidas 71 propuestas consensadas, se aprobaron cuatro y el resto se encuentra en revisión.
• Seis meses de trabajo, que consumieron millones de pesos del erario, resultaron en una simulación.

La reciente Ley para la Reforma del Estado creó, hace más de medio año, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, (CENCA), en la que participamos todas los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión. Después de seis meses intensos de trabajo, y de un gasto excesivo de recursos públicos, el proceso de deliberación democrática para la Reforma del estado resultó en una simulación, ya que únicamente quedaron aprobadas cuatro

propuestas:

1. Garantizar la autonomía de las comisiones locales de derechos humanos (art. 102)
2. Establecer la calidad como parte del derecho a la educación (art. 3)
3.
Obligación de los mexicanos de hacer que sus hij@s concurran a las escuelas (art. 31)
4. Establecer el derecho constitucional a una vida libre de violencia (art. 4)

Por su lado, el Partido Acción Nacional, se manifestó por emitir 71 reservas, hacer 18 observaciones y solo aceptó aprobar cuatro de acuerdos previamente consensadas por las diferentes fracciones parlamentarias en los distintos
grupos de trabajo, y en los cuales se incluían temas como derechos humanos, la alimentación, la salud, educación con calidad, empleo, medio ambiente, el derecho al agua, seguridad social, vivienda, la equidad de género, derechos para las personas con discapacidad, derechos indígenas, derechos no contemplados para las niñas, niños y adolescentes, derechos de los migrantes, derecho a la identidad y el respeto al estado laico entre otros.

Con ello, el Partido Acción Nacional en abierta complicidad con el Ejecutivo Federal, propone desechar un paquete de iniciativas que, en último grado, garantizarían la seguridad social de toda la población, y además reconocerían
la pluralidad social nuevos sujetos de derechos en nuestra Carta Magna, en beneficio de todos los mexicanos.

Las diputadas y diputados del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA:

Holly Matus (PRD);Maricela Conteras (PRD); Aleida Alavez (PRD); Rosario Ortiz (PRD); David Sánchez (PRD); Humberto Alonso (PRD); Marcos Matías (PRD); Martha Tagle (Convergencia); Irma Pineyro (Nueva Alianza); Pablo Arreola (PT); Wenceslao Herrera (PRI) y Elsa Conde (Alternativa Socialdemócrata).

3 de abril, 2008.

3/06/2008

El Dia Internacional de la Mujer y la nueva composicion del Consejo General del IFE

El Día Internacional de la Mujer no es una fecha para el regalo de flores y chocolates, aunque estos detalles siempre se agradecen; tampoco para que nos deseen "felicidades" a las mujeres. Es una fecha en la que tenemos que dejar muy claro que reivindicamos la Declaración y la Plataforma de Beijing y un momento propicio para hacer un recuento de las metas fijadas por los países para lograr la igualdad y para analizar cuántas de estas metas hemos alcanzado.

Uno de los ejes fundamentales de la democracia es la participació política de tod@s en igualdad de condiciones, por lo que la materia electoral ha sido un eje primordial en la búsqueda de instaurar acciones positivas que impacten de manera directa en las instituciones del país. En este sentido las disposiciones contenidas en el COFIPE han sido torales para alcanzar una mayor participación de mujeres en la política.

Por lo anterior y en acto de congruencia con la causa de las mujeres y en el marco de este 8 de marzo del 2008, Alternativa Socialdemócrata promovió un punto de acuerdo que tuvo una muy buena recepción tanto con l@s diputad@s integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electora; un grupo numeroso y plural de diputad@s de esta LX Legislatura y que la Junta de Coordinación Política hizo suyo, con el fin de que la próxima convocatoria que se emita, para la elección de consejeros políticos del Consejo General del IFE, incluya acciones afirmativas para garantizar una presencia de mujeres por lo menos igual a la que se tenia en el anterior consejo.

1/17/2008

La cannabis y sus consumidores. Una propuesta alternativa

Te invitamosa la mesa de discusión que, sobre la iniciativa de ley relativa a la planta de la cannabis y sus consumidores en México, fue presentada recientemente ante la Cámara de Diputados por Alternativa Socialdemócrata, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 24 de enero de 2007, a las 12:00, en el Salón Los Cristales, P.B. Zona C, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Av. Congreso de la Unión s/n. Colonia El Parque. México D.F.

Nuestra mesa contará con la participación de

  • Dr. Jorge Chabat. Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
  • Leopoldo Rivera. Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis A.C.
  • Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz. Director General de los Centros de Integración Juvenil.
  • Luigi Amara. Escritor, editor y poeta. Premio Hispanoamericano de Poesía Infantil 1996.
  • Dr. Alejandro Madrazo Lajous. Abogado constitucionalista
  • Elsa Conde Rodríguez, legisladora federal por Alternativa Socialdemócrata.

11/29/2007

Cannabis. Dos Tres

El pensador alemán, Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que “En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios, que además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada”.

Esta reflexión describe fielmente lo que ocurre con la planta de la Cannabis en nuestra sociedad, y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.

El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de 8 mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la Colonia. Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos rituales y lúdicos se encuentra plenamente documentada y forma parte importante, todavía, de la tradición popular.

Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad, y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de prejuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un daño grave a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente, y ni siquiera por abusar de ella; una cualidad de la que carecen muchas otras sustancias, incluso legales y reguladas como el alcohol o el tabaco.

En resumen: reconocemos que, eventualmente, el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a una nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad, a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.

Buscamos, también, hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco con el Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libertad de elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada, siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.

Para los consumidores proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad, actualmente vigentes, por otras informativas y educativas que permitan proteger de modo efectivo su salud, y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.

Nuestra propuesta contribuye, también, a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ellas reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias.

Hacemos énfasis, también, en que la iniciativa considera y observa, las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.

Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente. Proponemos, por lo tanto, una definición mucho más precisa que remite a la Ley General de Salud y que permite que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable.

La Constitución, en su artículo 18, ordena que los sistemas penales federal y estatales se orienten en función del trabajo y de la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa; pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud cuando se trata de consumidores.

En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal.

Proponemos, así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afectan a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.

Los consumidores, definidos por las cantidades de cannabis que se presumirá son para consumo personal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En este caso proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal de hasta tres plantas de cannabis.

En Alternativa Socialdemócrata tenemos la convicción de que sólo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.

Señora presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y también le solicito, en nombre de los integrantes del Grupo Cáñamo aquí presentes que nos permita entregarle el original de esta iniciativa impresa en papel cáñamo.

(Texto que leí en tribuna el pasado 27 de noviembre de 2007)

11/22/2007

Iniciativa para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano

La iniciativa que presentamos hoy, 22 de noviembre de 2007, tiene por objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. La suscribimos un grupo plural de legisladores pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara:

ELSA CONDE RODRÍGUEZ Y AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA; MARTHA TAGLE MARTÍNEZ Y ALEJANDRO CHANONA BURGUETE DEL PARTIDO DE CONVERGENCIA; ROSARIO ORTÍZ MAGALLÓN, MARICELA CONTRERAS JULIÁN, RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ, JAVIER GONZÁLEZ GARZA; DAVID SÁNCHEZ CAMACHO Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; IRMA PIÑEYRO ARIAS Y MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GODÍNEZ DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; MARÍA BEATRÍZ PAGÉS REBOLLAR Y CARLOS CHAURAND ARZATE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; RICARDO GARZA CANTÚ DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Esta iniciativa tiene, además, la fortuna de ser acompañada por Roberto Blancarte, prestigioso académico y experto en la materia; por diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la Cultura Laica y el Foro Intereclesiástico Mexicano. A todas estas personas e instituciones agradecemos su profesionalismo e interés compartido por trabajar en el fortalecimiento de una cultura laica en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 130º el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias y de culto en su artículo 24º. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 3º: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros.” También afirma: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.” A pesar de lo anterior, no existe más allá de dicha ley reglamentaria, un artículo de la Constitución que establezca en ese rango la libertad de conciencia y la laicidad del Estado Mexicano.

La existencia del Estado laico es, por lo demás, una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de toda la ciudadanía a la esfera pública.

La laicidad del Estado, en ese sentido, significa y supone mucho más que la separación del Estado y las Iglesias. Implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y consecuentemente de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas, el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción. Significa igualmente el respeto por parte del Estado, dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos fundamentales, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas. La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

Un elemento esencial del Estado laico es el establecimiento, dentro de los límites indicados, de condiciones que aseguren un trato igualitario a los seres humanos de diferentes religiones y convicciones. La igualdad no debe ser solamente formal; debe traducirse en la práctica política en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de las personas en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su sexo, origen étnico, capacidades físicas, preferencias sexuales o de otro tipo.

Para garantizar la igualdad y las libertades de la ciudadanía, el orden político debe tener la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas. La laicidad puede ser definida, entonces, como una forma de convivencia social, cuyo Estado obtiene su legitimidad ya no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular, tal como lo establece el artículo 39º de nuestra Constitución. La laicidad supone de esa manera la armonización de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares, y; 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.

El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la investigación científica y la bioética, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños, la condición de los adeptos de minorías religiosas y de otro tipo, así como de los no-creyentes. El principio de la laicidad debe ser en consecuencia rector en los debates en torno a diferentes cuestiones que ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades.
El Estado laico interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas, léase íntimas y busca equilibrar el respeto de las decisiones privadas y personales con la garantía de los derechos de todos. Es necesario reconocer los vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía de las libertades individuales y las colectivas y la ampliación de las mismas.

Considerando lo anterior y reconociendo que la separación entre el Estado y las Iglesias ha sido una medida política importante, pero no suficiente para la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone a este Congreso la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano, mediante la fórmula siguiente:

Se propone incorporar al texto del artículo 40 constitucional el carácter laico, entre los atributos fundamentales de la República, estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido (republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y, ahora, laicidad).

Asimismo, la laicidad será una obligación que, de no cumplirse, derivará en responsabilidad para los servidores públicos, agregándose a los artículos 108 y 109 constitucional, la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el estado laico y la separación entre la iglesia y el estado.

También como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el estado, se le agregan dos párrafos al artículo 130 en los cuales se establece de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como el establecimiento de que en el estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica. Solicito amablemente a la Mesa Directiva, inserte esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas Gracias.

Aprueba la Cámara de Diputados Día Nacional contra la Homofobia

Con fecha 31 de octubre del 2006, esta Cámara de Diputados aprobó en votación económica un Punto de Acuerdo relativo a establecer el día 17 de mayo de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Sin embargo hasta ahora el Poder Ejecutivo ha hecho caso omiso del exhorto realizado por ésta Cámara, incumpliendo con la solicitud hecha por ésta Soberanía.

Ante la nula respuesta, el 26 de abril del año en curso, el Partido Alternativa Socialdemócrata presentó un nuevo Punto de Acuerdo con el fin de demandar nuevamente el cumplimiento de la decisión tomada por este Pleno. Al no publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instituye el día Nacional de Lucha contra la Homofobia, las autoridades muestran poco interés por promover el respeto a la diversidad y a la tolerancia. Con ello al Poder Ejecutivo se le olvida que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

Cualquier esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil para lograr una convivencia armónica y de respeto es sumamente valioso. Por ello no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar nuevamente al Poder Ejecutivo el cumplimiento de su deber publicando el Decreto mencionado.

Poco a poco se ha ido fortaleciendo el marco jurídico en materia de prevención y eliminación de la discriminación, contamos con instituciones públicas que han llevado a cabo acciones conducentes para prevenirla y eliminarla y han contribuido al desarrollo de programas nacionales que fomentan la tolerancia. Con más razón este Poder Legislativo debe exigir la emisión del Decreto correspondiente y con ello contribuir también en la generación de una mayor conciencia social que permita vivir en una sociedad libre de cualquier forma de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto el Partido Alternativa invita a todas las fracciones parlamentarias ha votar a favor de este Punto de Acuerdo y con ello colaborar por un México en donde la tolerancia y el respeto sean principios básicos y rectores de nuestra convivencia social.

Palacio Lgislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2007

11/14/2007

Alternativa y el Presupuesto Público para el 2008

El análisis y aprobación del presupuesto público es una de las atribuciones y responsabilidades más importantes de esta Cámara, por ello, como Alternativa Socialdemócrata celebramos que del intento de fast-track del jueves pasado, pudimos transitar a una incipiente democratización del proceso de aprobación del presupuesto. El cambio ha sido cualitativo. Hubo una participación relevante de las comisiones legislativas y un mayor diálogo con el Poder Ejecutivo. No hay presupuesto que sea suficiente debido a los grandes rezagos y fuertes desigualdades sociales. Sin embargo, en este proceso se generaron consensos sobre prioridades del gasto y una distribución más equitativa y eficiente de los recursos existentes. No en todos los temas, ciertamente, pero con se distribuyeron recursos con responsabilidad y sobretodo se crearon mecanismos necesarios para transparentar y vigilar el buen uso de los mismos.

En el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, se prevean recursos adicionales para Educación Pública y Servicios Educativos por un monto de 9,853 millones de pesos; para Ciencia y Tecnología, por 1000 millones de pesos; Salud por 1500; Cultura por 1800; Justicia por 500; Desarrollo Social por 9990, así como para la Equidad de Género por 1450 millones de pesos, entre otros. Además se fortalecen las Reglas de Operación para el Seguro Popular, lo que ayudará a transparentar los recursos otorgados a dicho programa.

Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos grandes retos por cumplir y uno de ellos se refiere al Medio Ambiente el cual no sólo requiere de mayores recursos sino de un cambio de visión. Como país, ocupamos la quinta tasa de deforestación a nivel mundial. La política actual de promoción del programa Pro árbol no es suficiente para contener el problema de la deforestación y además no se están instrumentando las medidas efectivas para evitar la tala ilegal. Otro compromiso lo tenemos con la Cultura y con la Ciencia y Tecnología que a pesar de contemplarse mayores recursos para el próximo presupuesto siguen teniendo un rezago importante que hay que atender.

Hago una mención especial sobre el tema de la Equidad de Género. Por primera vez en la historia las legisladoras de La LX Legislatura logramos obtener por consenso los mayores recursos otorgados para este rubro. Nos olvidamos de los colores de nuestros partidos y luchamos juntas por más presupuesto. El incremento del presupuesto público a favor de las mujeres manifiesta la responsabilidad del legislativo y la sensibilidad del ejecutivo, por evidenciar las brechas de desigualdad de género y su compromiso en reducirlas; acorde con esto son varios los logros obtenidos en el presente dictamen. Con la ampliación de 1450 millones de pesos se pondrá en práctica una primera etapa de la operación, de dos Leyes vitales para nuestro país: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los Sistemas correspondientes para su efectiva aplicación.

Asimismo, con la inclusión del artículo 25, hemos conseguido que el Ejecutivo Federal se comprometa a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Así como incluir en sus campañas de comunicación social, contenidos que promuevan la igualdad, la erradicación de la violencia de género y la no discriminación. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores. Finalmente con la incorporación del anexo 9 A, se logra etiquetar los recursos destinados a la Equidad de Género con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación y con ello en un futuro próximo, lograr un marco de irreductibilidad del gasto asignado. Sin duda, este presupuesto ha sido un logro importantísimo y una buena oportunidad para ratificar nuestro compromiso, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con los presupuestos sensibles al género. ¡Felicitémonos por ello!

11/13/2007

GÉNERO Y REPRESENTACION POLITICA PARITARIA

Hace unos días presenté una iniciativa cuyo propósito es fortalecer la representación política de las mujeres en la cosa pública. La idea básica es establecer la paridad de género, es decir, el 50/50 en todas las candidaturas de elección popular, tanto de mayoría como de representación proporcional y, en los ámbitos federal, local y municipal.

A diferencia de las cuotas, que prevén un porcentaje de mujeres en las listas electorales y que se presentan como una medida temporal, cuyo objetivo es reducir la sub-representación de las mujeres en la política, la paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre hombres y mujeres y pretende romper la monopolización masculina del poder político.

Sin embargo, de la misma forma que los estereotipos de género y las actitudes discriminatorias son un serio obstáculo para la participación política de las mujeres, el tipo de sistema electoral limita también nuestras oportunidades. Lo demuestran numerosas experiencias: los niveles de representación de mujeres se incrementan con sistemas de representación proporcionales y mixtos; y disminuyen cuando éstos se basan exclusivamente en elecciones de mayoría relativa.

Por ejemplo, todos los países de la Europa occidental en los cuales el número de mujeres parlamentarias excede el 20% han adoptado el sistema proporcional o mixto. De los cinco países en el mundo que tienen 30% o más diputadas (Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos) tres de ellos tienen un sistema electoral proporcional y dos, un sistema mixto. Mientras tanto, aquellos países donde las mujeres representan el 10% o menos en el Poder Legislativo, pertenecen a sistemas predominantemente de mayoría relativa. Y en el 90% de países que carecen de diputadas, cuentan exclusivamente con sistema de mayoría.

Considerando el sistema electoral mexicano, como un sistema mixto, podemos constatar que la situación de las mujeres se ha favorecido bajo el principio de representación proporcional. Un caso significativo para ejemplificar este dato, es la constitución de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.

En México, las reformas al artículo 175 del COFIPE, tanto la de 1996 como la del 2002 han impactado favorablemente el porcentaje de mujeres electas en el poder legislativo: en 10 años nuestra representación pasó del 13% al 23% en esta honorable Cámara. Si seguimos a ese paso, la paridad de género en la representación política, sería una realidad solo posible en el 2040. ¿Tenemos que esperar las mujeres mexicanas hasta el 2040 para ejercer nuestro pleno derecho a la elegibilidad?

No, no queremos. Por eso propusimos esta reforma tanto constitucional como legal para fortalecer el marco jurídico a favor de nuestro sistema electoral y de la paridad de género. Con estas reformas se amplía la ciudadanía de las mujeres en términos de igualdad de oportunidades. Se compromete a los partidos políticos para que a través de las postulaciones que realicen tanto para las candidaturas de diputados, senadores, presidentes municipales, regidores y síndicos, promuevan y garanticen la equidad entre mujeres y hombres y la paridad de género. Hoy, en México, en el contexto de la discusión sobre la Reforma del Estado, la LX legislatura tiene dos opciones: perderse en la ignorancia del machismo y la mezquindad o; hacer historia y enfrentar el déficit de su democracia, con inteligencia y generosidad con el 52% de su población que tiene cuerpo y rostro de mujer.

10/25/2007

Sindicato El Potrero: un caso paradigmatico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un significativo logro de Alternativa

El conflicto que enfrenta el Sindicato de Trabajadores del Ingenio El Potrero, S.A. es un caso paradigmático para la democratización del sindicalismo mexicano. Este sindicato cuenta con registro de la Secretaría del Trabajo y en 1998 demandó a su empresa y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana por la titularidad del contrato colectivo argumentando representar el interés de la mayoría de los trabajadores.
La demanda fue seguida del despido de más de 180 trabajadores, mismos que lograron su reinstalación cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del Contrato mencionado. Se ordenó entonces un recuento, en el que votaron en forma ABIERTA 1,098 trabajadores. Del total que votaron, 249, en un acto de valentía, lo hicieron a favor del Sindicato actor y el resto a favor del Sindicato demandado; no por convicción, sino por el temor a las represalías sufridas por sus compañeros, cuyos salarios fueron congelados en una categoría inferior, y se les privó de sus derechos escalafonarios y de diversas prestaciones.

En 2004 el Sindicato de la empresa presentó una nueva demanda reiterando su reclamo original, y la autoridad ordenó otro recuento, en el que "se debe garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto, en los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional de3l Trabajo,..." que expresa textualmente el derecho a la garantía del voto secreto y que de acuerdo al Artículo 133 constitucional tiene rango de Ley Suprema en nuestro país. Pero el Artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga a que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos, así que la autoridad laboral ordenó el desahogo del segundo recuento mediante voto público NO secreto, con lo que los derechos de los trabajadores se vieron nuevamente violentados. Qué ordenamiento debe privar? No es papel del legislativo juzgar sobre la inconstitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí lo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esta argumentación, el pasado 17 de Octubre, como Alternativa Socialdemócrata presenté un punto de acuerdo a través del cual la Cámara de Diputados solicita a la H.Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el Juicio de Amparo presentado el 17 de agosto del año en curso por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores "El Potrero" ante el H. Tribunal Colegiado del Primer Circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional. Este punto de acuerdo recibio el apoyo de todos los partidos políticos y su aprobación, sin duda, será de la mayor relevancia para la democratización del sindicalismo mexicano. Al tiempo.

10/24/2007

Presupuestos Irreductibles: No Violencia, No Discriminacion y Equidad de Género.

Fenómenos como la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de personas, la inserción en delitos tipificados como delitos contra la salud como el narcomenudeo y el narcotráfico, son delitos que están directamente vinculados a la pobreza como una dimensión de vida, real y simbólica donde priva la carencia. Carencia no solo de servicios de calidad, como tendrían que ser la educación y la salud. Es una carencia sobre todo de oportunidades para el desarrollo y la enfrentan grupos sociales que históricamente han padecido la discriminación en nuestro país: las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños en situación de calle, inmigrantes, personas con capacidades distintas, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, entre otros grupos sociales.

Una política que pretende orientar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza, requiere más que voluntad política. Necesita que en su presupuesto se establezca una jerarquía en la distribución del gasto público buscando siempre combinaciones eficientes entre el gasto de contingencia, vinculado a la compensación y al alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades, fortalecer las habilidades y a garantizar las libertades.

A principios de septiembre presentamos una iniciativa de ley que tiene por objeto, establecer de forma explícita en la Ley General de Desarrollo Social, la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación como programas prioritarios y de interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. La idea básica es garantizarles montos presupuestarios específicos que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, garantizar montos presupuestarios que bajo ninguna circunstancia puedan ir a la baja, pero también seguimiento y evaluación de su impacto real en la vida de la gente.

Si damos seguimiento al gasto social destinado a tales grupos, nos encontramos con importantes variaciones en la asignación presupuestaria que se les destinada. De modo tal que hasta el año 2005, los montos de los gastos destinados en la Cuenta Pública en materia de equidad de género y mujeres, población indígena, políticas para personas con discapacidad, para inmigrantes, para adultos mayores y en contra la discriminación ascienden, apenas, al 1.3% del Presupuesto de Egresos de ese año.

Es necesario establecer ahora, dentro de la política de desarrollo social, programas y recursos específicos para los grupos con mayores rezagos discriminatorios, de forma tal que contemos con una perspectiva integral para un desarrollo social equitativo.

Proponemos que dentro de los programas que constituyen la política de desarrollo social del país, formal y explícitamente se incluya el fomento a medidas para la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

Tal modificación permitiría que los programas encaminados a dichas materias fueran considerados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles, lo que significa que no puedan desaparecer de los siguientes ejercicios fiscales, que no puedan ir a la baja y; que se puedan adecuar a las necesidades especiales del desarrollo social de la Nación.

En consecuencia, nuestra propuesta modifica los artículos 6, 14, 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer como prioritarios los programas destinados a la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

San Lázaro, 6 de septiembre de 2007.

10/11/2007

VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA FRONTERA SUR

Las terribles condiciones económicas que obligan a miles de habitantes centroamericanos a buscar fortuna en el norte del continente son dramáticas por sí mismas, pero ya en nuestro territorio, los migrantes de esa región se convierten de inmediato en el jugoso botín de toda clase de actividades lucrativas, ilegales y criminales.

La cadena que se compone de mercados para la explotación humana de todo tipo, sea sexual, laboral o infantil, de narcotráfico y crimen organizado, de legislaciones inadecuadas o anacrónicas, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada, se ensaña y castiga con mayor dureza a sus víctimas potenciales más vulnerables: las mujeres y las niñas.

La violencia ejercida contra las mujeres y niñas en la frontera sur es de una crudeza pocas veces vista en la historia, incluso en épocas de guerra: esclavismo laboral y sexual, infantil y juvenil, prostitución forzada de mujeres, vejaciones, torturas, violaciones y toda clase de malos tratos en centros de detención que violan disposiciones normativas nacionales e internacionales; corrupción generalizada de autoridades y trata de personas a gran escala son moneda corriente en nuestra frontera con Centroamérica.

Los derechos de las mujeres y las niñas no sólo tienen disposiciones particulares en nuestro país, como la recientemente promulgada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que forman parte del entramado universal de derechos que nuestro país se ha comprometido a observar y defender. Contamos, por lo tanto, con elementos jurídicos suficientes para no dilatar ni un día más en afrontar el tema de la violencia contra ellas en la frontera sur como un asunto de seguridad nacional.

Sin embargo, la indiferencia de numerosas autoridades ante la gravedad y variedad que adquiere la violencia contra las mujeres en la frontera sur, demuestra una vez más que la defensa de sus derechos tiene peso únicamente en la retórica del gobierno, y nunca o casi nunca en su ejercicio: Es necesario recordar, nuevamente, que entre las dependencias más señaladas como victimarias y violadoras de los derechos humanos fundamentales se encuentran las del Instituto Nacional de Migración y las policías federales y estatales, lo que hace indispensable, tal y como el punto de acuerdo propone, involucrar de inmediato y con un compromiso verdadero al Poder Ejecutivo Federal y a los estados fronterizos del sur.

En consecuencia, Alternativa Socialdemócrata apoya plenamente el Punto de Acuerdo que se nos presenta, y alerta sobre la necesidad adicional de apoyar la descriminalización formal de los migrantes que ingresan a nuestro territorio nacional, tal y como fue votado y enviado a la Cámara de Senadores mediante la iniciativa presentada por el compañero diputado José Jacques Medina, del PRD en abril de este mismo año.

Compañeros y compañeras, debemos ser consecuentes: pedimos un trato justo y humanitario para nuestros migrantes en la frontera norte, como sin duda es nuestra obligación, pero parecemos olvidar que esos reclamos jamás serán creíbles para nuestros vecinos del norte mientras nosotros mismos seamos incapaces de respetar los derechos humanos dentro de nuestras propias fronteras.

Mostremos voluntad genuina, apoyemos acciones concretas y exijamos resultados. Este es un imperativo ético sobre el que Alternativa no dejará de insistir. Muchas gracias.

Glosa del I Informe. Comparecencia del Secretario de Hacienda

Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, “continúe presentando grandes rezagos y profundas desigualdades. Aún cuando el PIB real supera ya los 8,000 dólares per cápita, cerca de 50 millones de personas viven todavía en condiciones de pobreza; y de ellas, alrededor de 18 millones se encuentran en situación de pobreza extrema” (UNFPA Hoekman, 2007; en la presentación de La Situación Demográfica de México 2006).

Frente a la pobreza y la desigualdad, la prioridad es contundente: requerimos de una hacienda pública que termine con las inequidades en la distribución del ingreso; de un gasto público que sea eficaz en la generación de empleos y disminuya la vulnerabilidad social. Requerimos cambios profundos y sólidos que permitan que la economía crezca de manera sustentable, y que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía.

Coincidimos con el diagnóstico que su Secretaría realizó a principios de 2007: la principal restricción para un mayor gasto social e inversión en infraestructura es la baja recaudación no petrolera del país, así como la excesiva dependencia para el financiamiento del gasto público de los ingresos petroleros. Sabemos que el reto de su Secretaría es garantizar nuevas formas de ingreso al margen del petróleo y mejorar la administración tributaria fomentando medidas para reducir la evasión fiscal y lograr una mayor recaudación.


Ciertamente usted reporta incipientes avances señor secretario: un 8.6% de ingresos tributarios no petroleros y un 38.2% por ingresos no tributarios no petroleros. De hecho, se reporta un superávit de 111,363.9 millones de pesos en el balance público. Por lo anterior le pregunto: ¿Cuál es el destino de este superávit?

Sr. Secretario persiste en la hacienda pública una vieja y mala política: de acuerdo con la clasificación del gasto, al primer semestre de 2007 el 85.4% se concentró en gasto corriente y solo el 14.6% se canalizó a gasto de capital.

Sabemos que el escaso gasto de capital y una notable falta de infraestructura es una de las razones por las cuales los indicadores de de competitividad de la economía nacional se mantienen en los últimos lugares a escala mundial. ¿Qué acciones realiza su Secretaría para invertir esta tendencia?

Continuando con el gasto corriente que se reporta, llama la atención el siguiente dato: el gasto en servicios personales del sector público sumó 308,805.5 millones de pesos y se incrementó en 5.2% en términos reales al finalizar el segundo trimestre de 2007. Se menciona que este incremento se da principalmente por mayores erogaciones en las actividades de soberanía con un incremento del 17% y en las de educación con un 9%. Específicamente se menciona un incremento de 26,603 plazas en este año respecto al 2006. ¿A qué secretarías y programas corresponden la creación de estas nuevas plazas? Y una pregunta más: ¿Por qué si el gobierno federal se propuso no incrementar la burocracia y una política de austeridad, por qué crear 26,603 nuevas plazas?

Alternativa reconoce su sensibilidad para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008 se incluyera, por primera vez en un documento de esta naturaleza –y no en los transitorios- una perspectiva de presupuestos sensibles al género: el artículo 25.
Con este artículo, el Ejecutivo Federal se compromete a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores.

Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos que lograr que los programas que promuevan la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación, sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años. Le invitamos para haga suya esta propuesta y para que a través de su secretaría, este país, empiece a saldar la deuda que tiene con las mujeres.

Es cuanto!

9/19/2007

Género y Presupuesto: incipientes logros

La batalla que hemos dado las feministas de la LX Legislatura por la inclusión de los temas relativos a la equidad de género en el ejercicio del presupuesto en materia de gasto comienza rendir frutos. Con las nuevas disposiciones en la materia, plasmadas en el Artículo 25 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 -mismo que se votará a más tardar el 15 de noviembre próximo- las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente, a través del sistema de información y en los términos y plazos que dé a conocer en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las acciones realizadas en materia de mujeres y equidad de género, detallando objetivos específicos, población objetivo, indicadores utilizados, la programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos.

Estas disposiciones establecen lo siguiente:

Artículo 25. El Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal en los que sea posible. Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:
I. Incorporar, en los programas que sea posible, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores;
II. Identificar cuando sea posible la población objetivo atendida por los mismos, diferenciada por sexo, incluyendo sus padrones de beneficiarias y beneficiarios, en su caso;
III. Fomentar la perspectiva de género en la ejecución de programas que, aún cuando no están dirigidos a beneficiar directamente al género femenino, es posible identificar los resultados que benefician específicamente a las mujeres;
IV. Utilizar indicadores con perspectiva de género en los programas que sea posible y pertinente metodológicamente, y
V. Considerar la perspectiva de género en las evaluaciones que se realicen de los programas en los que sea posible incorporarla.Adicionalmente, el ordenamiento estipula que para el seguimiento de los recursos destinados a las mujeres y a la equidad de género, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar en lo posible dicho enfoque en su matriz de indicadores, procurará generar información de manera desagregada al menos por sexo, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres deberá presentar trimestralmente un reporte en el que detalle los objetivos específicos por programa, población objetivo y sus modificaciones, programación y ejercicio de las erogaciones, modalidades y criterios de evaluación.Asimismo, en tanto no esté disponible el sistema de información mencionado, el Instituto Nacional de las Mujeres, así como las dependencias y entidades deberán remitir a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Equidad y Género, los informes mencionados anteriormente, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda y deberán ponerse a disposición del público en general.

Por otro lado, durante la discusión de la Reforma Hacendaria, específicamente en las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de evaluación del gasto, votada en positivo el pasado jueves 13 de septiembre, promovimos como Alternativa una fracción V al artículo 110, con el fin de conocer qué tan equitativa es la distribución de los recursos públicos dentro de los diferentes grupos de población; insistimos en realizar evaluaciones periódicas de los programas en las que se señale específicamente la población beneficiaria y la magnitud de la problemática en cada caso, para hacer visible el alcance de los programas y recursos del país.

Argumentamos que la información desagregada por sexo es un insumo necesario para generar indicadores de eficiencia y eficacia en materia de equidad de género, tanto en el corto como en el largo plazo, y por ello propusimos incluir nuevas metodologías de evaluación con información desagregada por sexo de la población atendida, para asegurar que se está cubriendo sin discriminación a toda la población. Las evaluaciones de desempeño con tales características permitirán realizar las modificaciones pertinentes totales y/o parciales a cada uno de los programas y así lograr el uso óptimo de los recursos de la población. Buscamos, además, que estas evaluaciones sean dadas a conocer a toda la población mediante mecanismo de transparencia de fácil acceso a toda la ciudadanía.Gracias a este esfuerzo, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública, determinaron proponer una modificación al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Fracción V del artículo 110 de la LFRH ”Las evaluaciones, en la medida de lo posible deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo las entidades y dependencias deberán presentar sus evaluaciones con base a indicadores de resultados desagregados por sexo a fin de que pueda medirse el impacto y su incidencia de manera diferenciada entre hombres y mujeres”.

Falta mucho camino por recorrer en materia de presupuestos y de equidad de género en nuestro país. Sin embargo, como Alternativa y como feministas nos hemos propuesto contribuir a la construcción de una política presupuestal que se oriente a una mejor distribución de la riqueza en nuestro país y a erradicar las desigualdades producto de la discriminación, como la discriminación por sexo.

9/05/2007

PROPONE ALTERNATIVA INICIATIVA PARA LA REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA

Como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presenté al pleno en la sesión del día de ayer, 4 de septiembre, una iniciativa de ley con la que se busca agilizar los trabajos de revisión de la Cuenta Pública para transparentar el ejercicio del gasto gubernamental; fortalecer a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y para dotar de mejores herramientas de fiscalización a la Auditoria Superior de la Federación.. La iniciativa propone reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece cambios a los artículos 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En tribuna mencioné que el marco de la Reforma del Estado y de la Reforma Hacendaria resulta indispensable fortalecer en el país la cultura de rendición de cuentas. Hoy, más que nunca, es necesario que el Congreso reasuma la función de vigilancia que debe ejercer ante el Ejecutivo. El gobierno debe explicar a la ciudadanía la forma en que ha administrado los recursos que han sido puestos a su disposición y los resultados obtenidos a través del ejercicio de los mismos.

Después del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública es la segunda facultad más importante de la Cámara de Diputados en materia de finanzas públicas. Sin embargo, los mecanismos de control vigentes, la falta de un marco jurídico claro y la ausencia de acuerdos entre las fracciones parlamentarias han sido insuficientes para que el Ejecutivo se apegue a las prioridades del gasto establecidas en el presupuesto; al punto que la Legislatura anterior (LIX) no dio cumplimiento en tiempo a esta obligación y es por ello que la actual legislatura ha tenido la responsabilidad de analizar las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004.

Con esta iniciativa atendemos, además, el llamado del ministro Genaro David Góngora Pimentel formulado en la resolución de la controversia 91/2003, para que el Órgano Reformador de la Constitución Federal y el Congreso de la Unión realicen reformas constitucionales y legales a fin de darle verdadera viabilidad y funcionalidad a la Auditoria Superior de la Federación, dotándola de herramientas jurídicas claras e inobjetables para que juegue el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado.

9/04/2007

SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, el día de hoy 4 de septiembre, Punto de Acuerdo que propusimos para exhortar a la Secretaría de Salud a adecuar y actualizar la Norma Oficial Mexicana 190 relativa a la Prestación de Servicios de Salud en materia de violencia familiar.

Con fecha 9 de marzo del 2000 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM-190-SSA1-1999), sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar. Conforme al artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, por lo que la Secretaría de Salud, inició la revisión de la misma desde el año 2005, con el fin de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes, pero hasta la fecha no ha sido publicada. El pasado 28 de marzo de 2007, presentamos la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud a fin de que emita los comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-190) sobre Prestación de Servicios de Salud y Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar y se lleve a cabo su publicación a la brevedad.
La violencia familiar es reconocida no sólo como un problema de salud pública, sino también de derechos humanos, de justicia social y como un delito que, además, incluye la violencia psicológica, física, sexual y económica. Atenderla oportunamente y con calidad tiene un impacto positivo y significativo en la prevención de delitos como el de violación, el embarazo forzado y la transmisión de infecciones de transmisión sexual.

La NOM-190 tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación, que se proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar. Las adecuaciones a la Norma son una obligación del gobierno de México para cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de violencia, especialmente los que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, es motivo de satisfacción que el pleno de la Cámara de Diputados, aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Salud, y que con ello se reconozca la necesidad de actualizar y adecuar dicha Norma.

9/01/2007

!O declinas o cuello!

Según Pablo Fernandez Christlieb, tanto la vida cotidiana como la política se construyen en la "afectividad colectiva". Hoy primero de septiembre de 2007 lo único que puedo decir es que en todo lo que fue el numerito de la entrega del informe en la Cámara de Diputados, privó un estado de ánimo que se apropio de todos los actores políticos en juego y que bien podría traducirse en una sola frase: "¡O declinas o cuello!".

8/18/2007

QUERIDA ESPERANZA BRITO...

Te vamos a extrañar. Vamos a extrañar tu inteligencia, tu fortaleza, tu lucidez, tu constancia, tu vitalidad, tu rebeldía, tu irreverencia, tu alegría, tu ser contestatario. Vamos a extrañar tus propuestas y tu presencia en nuestro movimiento, como aquella ocasión que junto con Anilú Elías, en el Monumento a la Madre, colocaste -al lado de esa placa oficial del México conservador y posrevolucionario: “A la que nos amó antes de conocernos”- otra placa que dice: “Porque su Maternidad fue Voluntaria”. Esa placa sigue ahí y este lugar se ha convertido en un lugar emblemático para nuestro movimiento. Ojalá que las feministas de todo el país tengamos tu fortuna...la fortuna de ver cumplido un sueño...el sueño de que, al menos, en una ciudad, las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Querida Esperanza, te vamos a extrañar.

7/22/2007

GRUPO “CAÑAMO”

Ante el fracaso de la actual política para combatir el consumo y el tráfico de sustancias ilegales en el país, el pasado 19 de junio del presente año, instalamos el Grupo de Trabajo Cáñamo. Este grupo se propone participar en el análisis de la problemática de las drogas desde una perspectiva crítica, constructiva, metódica y científica -alejada de dogmas o valoraciones morales- con la finalidad de abonar con su reflexión, a la elaboración de una serie de iniciativas de ley que presentaremos como Alternativa en el próximo periodo de sesiones de la LX legislatura.

Alternativa Socialdemócrata es un partido político que tiene interés en abordar de forma seria y multidisciplinaria el problema que representa el fenómeno de las drogas, legales e ilegales en México. La estrategia actual contra el narcotráfico no ha logrado detener el crecimiento ni el poder del crimen organizado que lucra con esta actividad, al grado que actualmente representa el problema de seguridad pública más acuciante del país. La violencia asociada al mercado de las drogas ha crecido de forma exponencial, las instituciones del Estado son cada vez más vulnerables ante el poder del crimen organizado dedicado al narcotráfico. Asimismo, el énfasis policíaco de la política actual contra las drogas constituye una estrategia sumamente limitada para enfrentar un fenómeno multifactorial. A su vez, la incorporación del Ejército a las tareas del combate al narcotráfico conlleva importantes riesgos para los derechos humanos y la seguridad nacional.

Así, el panorama de las drogas en nuestro país es poco alentador toda vez que los índices de consumo han observado un crecimiento en los últimos años, en tanto que el marco jurídico que rige a las drogas no disuade el consumo; la edad de inicio en el consumo es cada vez menor y la variedad de drogas es cada vez mayor.

Por otro lado, la ausencia de una definición jurídica del consumidor, convierte a éste en víctima, ante un mercado en el que carece de garantías y derechos. Una legislación que lo considera un criminal objeto de persecución antes que el sujeto de políticas de salud, educación prevención e información y limita en el caso de los adultos, el ejercicio de sus derechos civiles más elementales.

Durante las sesiones de trabajo, el grupo ha insistido en la necesidad de distinguir entre regular y alentar el consumo de drogas así como establecer las diferencias y categorías con respecto a la peligrosidad de cada droga. Asimismo considera indispensable incorporar a la estrategia de prevención la dimensión familiar y comunitaria, tomando en cuenta las distintas circunstancias de la población estudiantil, ya que no es la misma problemática la que afecta a los medios rural y urbano.

Igualmente, plantea impedir que el consumo de estupefacientes sea una causal de expulsión escolar, ya que separar a los niños y jóvenes de la comunidad estudiantil los coloca en una posición mayor de riesgo ante las adicciones.

Estima a su vez, que es imprescindible encontrar un marco legal que permita la investigación en materia de drogas ya que actualmente es casi imposible trabajar en este campo. Además se propuso revisar el marco regulatorio del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) e incorporarlo a gabinetes específicos como el de seguridad pública y seguridad nacional. El grupo considera que las disposiciones legales para la rehabilitación de consumidores son letra muerta dado “que no hay un solo paciente que llegue por esa vía”.

En la segunda sesión de trabajo del pasado 10 de julio, el Grupo Cáñamo estimó preciso priorizar y ordenar las posibilidades industriales del cáñamo para desarrollar su potencial económico en México. También estimó necesario conocer a detalle la Estrategia Nacional de Seguridad propuesta por el gobierno federal, toda vez que no existen fundamentos legales para combatir el narcotráfico desde los tres órdenes de gobierno, y se carece de directriz en términos del destino de los recursos presupuestados para esta tarea además de no existir una división entre políticas públicas encaminada a la prevención y a la rehabilitación.

Igualmente, el grupo se pronunció por conocer todas las utilidades terapeúticas de la cannabis y por la elaboración de un diagnóstico de las necesidades del sector salud con respecto a una posible regulación de la cannabis con fines médicos y de investigación científica.

7/09/2007

Cuba: Alternativa Socialdemócrata y el Centro Nacional de Educación Sexual

Durante la novena Reunión Parlamentaria Mexico-Cuba nuestro partido Alternativa, a través de la Embajada de México solicitó una reunión con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) con el fin de intercambiar experiencias e información sobre las inicitivas de ley que tanto Alternativa como esa institución han presentado en el ámbito legislativo para reconocer plenos derechos a la diversidad sexual, específicamente a las parejas conformadas por personas del mismo sexo así como aquellas iniciativas promovidas por el propio movimiento LGTB en México para que se reconozca formalmente el cambio de identidad transexual y transgénero.

En entrevista con la directora interina del CENESEX, Ada Alfonso, tuve conocimiento de las diversas acciones que realizan para promover los derechos sexuales de la comunidad LGTB; la prevención del VIH-Sida; así como del intenso cabildeo que ha tenido Mariela Castro Espin -directora titular del centro- con la Asablea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano) para que se discuta el proyecto de ley que reformaría el Código de la Familia, vigente en Cuba desde 1975.

Por mi parte, le di a conocer a Ada Alfonso los objetivos y programa de trabajo de la Comisión Especial de No Discriinación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos, que preside Alternativa en la Cámara de Diputados; las iniciativas que hemos promovido en la materia tanto en el ámbito local como federal y; nuestro interés en invitarles a que realicemos un foro conjunto durante el ultimo trimestre del año sobre: "No Discriminación y Derechos para la Diversidad Sexual".

Por último externé le inquietud en conocer más sobre las diversas acciones que realiza el CENESEX para promover la capacitación de médicos cubanos (por especialistas provenientes de Europa, sobre todo de Bélgica) para realizar operaciones de cambio de sexo desde el ámbito de la salud pública.

Más allá de la discusión política que tenemos pendiente en el partido sobre nuestra relación con Cuba, la construcción de este primer acercamiento con una institución como el CENESEX, pone de manifiesto la importancia que tiene para Alterantiva el intercambio y el fortalecimiento de aquellas propuestas que transitan por el camino del reconocimiento de más libertades para las personas, en este caso, para la libertad sexual.

La Habana, Cuba. 7 de julio de 2007