INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 330 Y 333 Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 332 Y 334 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
La iniciativa que pongo el día de hoy a su consideración es producto de la reflexión colectiva, del trabajo serio, informado y responsable de diversos grupos de mujeres que durante los últimos 30 años han colocado, en el espacio de lo público, el tema del aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Pero no sólo. El derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4º constitucional y el ejercicio efectivo de este derecho nos coloca ante un desafío sobre la calidad de la democracia que queremos.
Marta Lamas menciona que el debate sobre la penalización/despenalización del aborto plantea el reto de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos fundamentales: la libertad de conciencia, el laicismo, o el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y privacía.
Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democráticas requiere de un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Las decisiones de la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona, y no de los dictados de funcionarios de gobierno o de instituciones religiosas. La democracia, el conocimiento científico y la modernidad descansan sobre esta premisa. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática que, bajo ninguna circunstancia, puede permitir que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío. De esta manera, los derechos de las personas no pueden otorgarse ni suspenderse, en ninguna circunstancia, por medio de plebiscitos, referendums u otro tipo de consultas. Las mujeres nos pronunciamos por un debate y un diálogo serio, pero, lo decimos y lo decimos claro: nuestros derechos no se votan.
Lamentablemente, las obligaciones del Estado no se ven reflejadas siempre en nuestras legislaciones, y éste es justamente el caso del Código Penal Federal, ordenamiento que data de 1931 y que en materia de aborto no ha sufrido ningún cambio en 86 años, lo que da como resultado una legislación federal deficiente y arcaica para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
Lo hemos dicho hasta el cansancio, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser considerado como un problema de salud pública y de justicia social por los graves efectos que tiene en la salud de las mujeres. Según CONAPO, en el país se practican 102,000 abortos al año, mientras que según el Instituto Alan Guttmacher, la cifra en 1994 era de 553,100. En todo caso, 99% de las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo en condiciones inseguras y clandestinas vive en condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales. Tales abortos representan, así, la cuarta causa de muerte materna en el país.
Estos datos nos llevan a dos conclusiones elementales: la primera, que la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad en nuestra sociedad, a pesar, y subrayo esto último, de las posiciones morales, de las deficiencias e insuficiencia legislativas, y del sistema nacional de salud. La segunda: carecemos de una política realista para enfrentar el problema.
Por lo anterior, los términos del debate a los que tenemos la obligación de ceñirnos son aquellos que tienen que ver con las obligaciones del Estado frente a los derechos ganados por las mujeres: mismos que son reconocidos por nuestra Constitución y por distintos tratados internacionales firmados por México; como son la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, y el Programa de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer de Pekín de 1995.
En suma: La presente iniciativa tiene por objeto principal hacer efectivas, para todas las mexicanas, las disposiciones del Artículo 4º Constitucional. A saber: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”; lo que significa, en términos prácticos, crear las condiciones legales para hacer posible que el Estado garantice un acceso universal al Sistema Nacional de Salud para todos aquellas mujeres que por distintas circunstancias han tomado la decisión, de ninguna manera sencilla ni trivial, de interrumpir un embarazo no deseado.
Las modificaciones que proponemos al Código Penal Federal eliminan las penas para las mujeres que decidan abortar, y brindan certeza jurídica al personal médico adscrito a los hospitales federales que deba ayudarles, de modo tal que sólo permanece la pena para aquellos que obliguen a abortar a una mujer sin su consentimiento o por medio de la violencia, y delega la ejecución de dichas penas a la ley local en la materia.
Para terminar: quiero aprovechar este espacio para expresar la preocupación de Alternativa y la mía propia frente a la agresiva campaña de aquellos que no están de acuerdo en legislar sobre los derechos de las mujeres como se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; una campaña de intolerancia e incitación al odio en la cual han sido amenazados tanto legisladores como organizaciones de la sociedad civil, particularmente, la organización de Católicas por el Derecho a Decidir. A todos ellos les enviamos nuestra solidaridad.
Queremos dejar claro que es trabajo de todos construir espacios de discusión, tolerancia y respeto a la pluralidad de creencias; y que es deber del Estado garantizar el respeto y la seguridad para instituciones y personas que expresan sus puntos de vista y sus posiciones tanto en éste, como en cualquier otro tema de nuestra vida pública.
Señoras y señores legisladores.
En Alternativa consideramos que ha llegado el momento de alentar un diálogo nacional serio, amplio, abierto, constructivo e incluyente; encaminado a lograr resultados tangibles y mensurables para fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, tanto en la esfera privada como en la pública. Por ello, solicitamos respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política, de esta H. Cámara de Diputados, que analice la posibilidad de favorecer el diálogo entre las diversas posiciones que respecto al tema del aborto se expresan en nuestra sociedad. Estamos por el debate de ideas y el diálogo, serio, respetuoso e informado, donde la ciencia, el conocimiento y la razón confluyan para encontrar una solución inteligente al problema del aborto. Como representantes populares no podemos permitir que la mentira, el odio y la sinrazón sea la moneda de cambio para mantener una legislación arcaica que solo propicia la injusticia y más muertes de mujeres.
Alternativa Socialdemócrata los conmina a tomar una posición racional, realista y objetiva sobre este asunto, para legislar en función de una política de Estado. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para reivindicar los derechos esenciales de millones de mujeres mexicanas. Esperamos sinceramente que nos acompañen en este esfuerzo.
Agradezco a la Dip. Martha Tagle su adhesión a esta propuesta.
Nota: Después de presentar la iniciativa en Tribuna, la iniciativa contó con las adehesiones de l@s siguientes legisladores: Maricela Contreras, Ruth Zavaleta y María Eugenia Jiménez y Javier González Garza del PRD; Patricia Castillo y Alejandro Chanona de Convergencia; Ricardo Cantú del Partido del Trabajo; Diódoro Carrasco, integrante de la fracción del Partido Acción Nacional y Marina Arvizu, del Partido Alterantiva Socialdemocrata y Campesina.
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