CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS 2006

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS 2006 SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO (CIPD)

Elsa Conde Rodríguez,
Legisladora Federal.
Grupo Parlamentario Alternativa

Centro de Convenciones de las Naciones Unidas
Bangkok, Tailandia, 21 y 22 de noviembre de 2006
Informe de participación

Asistimos a esta conferencia, mas de 130 parlamentarios procedentes de todas las regiones del mundo. La inauguración de la conferencia estuvo a cargo de la princesa Maha Chacri Sirindhorn. También contamos con la presencia del Sr. Meechai Ruchuphan, Presidente de la Asamblea Nacional de Tailandia, del Sr. Kim Hak-Su Subsecretario General de las Naciones Unidas y Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y de la Sra. Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidades. Se contó además con la presencia de panelistas y expertos y grupos parlamentarios nacionales, regionales y mundiales así como representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

Antecedentes de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD).

La Conferencia Mundial sobre Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en septiembre de 1994 en El Cairo, estuvo auspiciada por Naciones Unidas y fue organizada por la División de Población del Departamento de Información Económica y Social de la ONU y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

Como culminación de la CIPD 179 Estados adoptaron por consenso un Programa de Acción sobre la Población y el Desarrollo, con metas por alcanzar en un plazo no mayor a 20 años a partir de su formulación.

El Programa de Acción de la CIPD en términos generales enfatiza la necesidad de brindar atención a los grupos sociales y segmentos más vulnerables de la población; pone de relieve los asuntos vinculados con el crecimiento y el desarrollo económico, la igualdad y equidad entre mujeres y varones, y las necesidades de salud de la población; le asigna una renovada importancia a los derechos reproductivos; coloca a las personas en el centro de los esfuerzos del desarrollo y reconoce la función estratégica que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el seguimiento como en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Ø En El Cairo se dio un giro muy importante ante las políticas meramente demográficas; se reconoció que no basta reducir los índices de crecimiento poblacional para garantizar el desarrollo.

Ø Se dio prioridad a los derechos reproductivos, en el entendido de que sólo dando a las personas la posibilidad real de controlar libre y responsablemente su fecundidad se lograría reducir el crecimiento poblacional, y de que sólo con información y servicios de calidad se accede al desarrollo.

Ø Define la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”

Ø El Programa de Acción de El Cairo, por primera vez definió el concepto de derechos reproductivos como parte de los derechos humanos, y señala que “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos… y a disponer de información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”.

Ø También estableció que la salud y autodeterminación sexual y reproductiva son derechos humanos. Los derechos reproductivos garantizan que toda persona pueda:

· Decidir tener hijos o no

· Decidir libre y responsablemente el número de nacimientos y el espaciamiento entre los mismos

· Acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad, en todas las etapas de la vida

· Obtener la información y los medios para regular y controlar la fertilidad, incluyendo la anticoncepción de emergencia

· Obtener un aborto seguro en casos admitidos por la ley

· Acceder a tratamientos y métodos para atender problemas de infertilidad y esterilidad

· Obtener atención sanitaria de calidad durante el embarazo, el parto y después del alumbramiento.

Ø Se reconoció que el aborto inseguro es un problema de salud pública[1] y establecieron que todos los gobiernos debían ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas y reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Se recomendó que en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, deben realizarse en condiciones adecuadas.

La Asamblea General de la Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social, propuso efectuar seguimientos quinquenales del Programa de Acción de esta conferencia. En este sentido el primer seguimiento se dio del 30 de junio al 3 de julio de 1999 proceso que se denominó Cairo +5 (CIPD + 5).

En esa ocasión los países ratificaron su compromiso con los objetivos y metas planteados en el Programa de Acción y adoptaron por consenso el documento “Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo”.

El año 2004 marca el décimo aniversario de la CIPD y constituye el punto medio de su Programa de Acción a 20 años. El gobierno de México, como el de muchos otros países se ha sumado al seguimiento y ejecución del Programa de Acción, así como de las medidas clave para continuar su ejecución, emanadas de la revisión de Cairo + 5.

Siguiendo con lo compromisos adquiridos, el Gobierno de México incorporó las recomendaciones y objetivos del Cairo y Cairo +5 en varios de sus programas nacionales como el Programa Nacional de Población, el de Salud, el de Desarrollo Social y el de Equidad de Género.

En México, el reto de poner en práctica los acuerdos y recomendaciones ha sido asumido de manera conjunta por la sociedad civil y el gobierno. Debido a la amplia participación, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población. de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión de Población de la H. Cámara de Senadores y la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados, instalaron el Comité Técnico interinstitucional, el 4 de noviembre de 2003.

El Comité Técnico tuvo la tarea de revisar la ejecución en México del Programa de Acción de El Cairo a diez años de su aprobación y de esta revisión surgió El Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD + 10).

Antecedentes de la Conferencia Internacional de Parlamentarios 2006

La primera Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la CIPD se realizó en Ottawa, Canadá los días 21 y 22 de noviembre de 2002. En la conferencia de Ottawa participaron 102 representantes de 72 países y se estableció por primera vez un sistema mundial de vigilancia y seguimiento regular para los parlamentarios. La conferencia se ideó como la primera de una serie a celebrarse cada dos años en torno a los mismos temas, es decir: movilización de recursos y creación de un ámbito propicio a las cuestiones de población y desarrollo. La segunda Conferencia se celebró los días 18 y 19 de octubre de 2004 en Estrasburgo, Francia, bajo el auspicio del Consejo de Europa. Participaron en ella 119 representantes procedentes de 82 países.

Las dos conferencias obtuvieron resultados de gran importancia, pues los parlamentarios de todo el mundo asumieron el compromiso de Ottawa y el Compromiso de Estrasburgo como punto de referencia para su labor de apoyo al Programa de Acción de la CIPD. En los últimos cuatro años se aprobaron numerosas declaraciones e informes de parlamentarios a escala nacional, regional y mundial, que se remitían a los dos compromisos y sus llamados de acción.

Desarrollo de la Conferencia

Durante el primer día de reunión se realizó una recapitulación y balance de los progresos logrados después del El Cairo y del papel de los parlamentarios en la implementación del Programa de Acción de El Cairo. En este sentido, se reconocieron progresos en la creación de ámbitos propicios y en los niveles generales de financiación, sin embargo en el último decenio no ha cambiado sustancialmente la situación relativa a la salud reproductiva en los países en desarrollo. Las estadísticas en cuestiones de importancia tan crítica como la mortalidad derivada de la maternidad, el VIH/SIDA y el acceso a servicios de planificación familiar, permanecieron esencialmente invariables desde 1994. Además aún cuando en casi todos los países se han aprobado leyes y políticas en relación con la CIPD, su aplicación en la práctica sigue tropezando con dificultades en muchos países.

En este primer día de reunión, también se analizaron los resultados de la Encuesta Mundial 2006. En colaboración con un experto en legislación sobre población de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y con grupos nacionales y regionales de parlamentarios sobre población y desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas realizó esta Encuesta Mundial entre abril y agosto de 2006, obteniendo respuestas de parlamentarios de 103 países y del Parlamento Europeo.

Los resultados que a continuación presento fueron tomados textualmente del documento: De El Cairo a 2015: el camino del éxito: adelantos logrados por los parlamentarios en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Proyecto de Resumen Analítico. Fondo de Población de Naciones Unidas.2006

“Los parlamentarios encuestados indicaron como temas prioritarios para ellos: la igualdad entre hombres y mujeres y la ampliación de los medios de acción de la mujer; el VIH/SIDA; y la salud reproductiva y los derechos reproductivos. Sin embargo, cuando se correlacionaron esos intereses por región, se pusieron de manifiesto varias diferencias. Los parlamentarios de países donantes adoptaron iniciativas más dinámicas en cuanto a promover los aspectos delicados del Programa de Acción de la CIPD, e incluyeron en la definición de salud reproductiva y derechos reproductivos a “los derechos sexuales”, apoyaron el derecho al aborto y asignaron prioridad a lograr la derogación de las restricciones que impone la administración de los Estados Unidos a la financiación de programas de planificación de la familia.

El interés en la violencia por motivos de género era mayor en América Latina y Europa oriental y menor en el Asia central, el Asia meridional y los Estados árabes. En países en desarrollo, se mencionaron más frecuentemente tres cuestiones: 42% de los encuestados respondieron que habían elaborado legislación y una proporción igual, que habían colaborado de diversas maneras con organismos gubernamentales; 33% respondieron que habían creado conciencia entre otros parlamentarios o les habían proporcionado información. En principio, se esperaba que la mención más frecuente fuera tratar de que se aprobara legislación, puesto que éste es el papel principal de los parlamentarios. La falta de énfasis en preparar legislación tal vez refleje el hecho de que, en muchos países donantes, gran parte del Programa de Acción de la CIPD ya se ha abordado mediante legislación y que ahora, el centro de atención está en las gestiones para que aumente la asistencia de población a los países en desarrollo.

La labor primordial de los parlamentarios es revisar y aprobar legislación, inclusive legislación sobre consignación de créditos presupuestarios. También aprueban políticas formuladas por el Poder Ejecutivo y avalan resoluciones y declaraciones sobre temas de importancia. Los parlamentarios desplegaron intensas actividades al respecto. En general, los encuestados respondieron que habían participado personalmente en la aprobación de 250 leyes en 77 países, habían propuesto 157 proyectos de ley en 63 países y habían aprobado 67 políticas en 35 países.

De esas leyes, más de la mitad eran atinentes a la igualdad entre hombres y mujeres y la ampliación de los medios de acción de la mujer; la violencia por motivos de género, y la salud reproductiva y los derechos reproductivos. El resto correspondía a una amplia gama de temas, entre ellos la infancia, cuestiones sociales, derechos humanos, cuestiones de familia, juventud y adolescencia, VIH/SIDA, educación, salud, y población y desarrollo. Los temas de esas leyes estaban directamente correlacionados con los dos temas del Programa de Acción de la CIPD en que los parlamentarios expresaron mayor interés: igualdad entre hombres y mujeres, y salud reproductiva y derechos reproductivos. Por otra parte, manifestaron que habían aprobado relativamente pocas leyes sobre el VIH/SIDA en comparación con su grado de interés en este tema, mientras que el número de leyes relativas a la violencia por motivos de género era muy superior al que parecería indicar el grado de interés expresado al respecto.

Este resultado tal vez refleje el hecho de que lograr apoyo a leyes que prohíban la violencia sexual es más fácil que lograr consenso sobre leyes atinentes a cuestiones delicadas y complejas como el VIH/SIDA, el cual afecta opiniones culturales y religiosas profundamente arraigadas y entraña una amplia gama de cuestiones relativas a la salud, la educación y de índole sexual y de la justicia penal.

Los parlamentarios de 44 países en desarrollo señalaron que habían logrado un aumento de las consignaciones presupuestarias a cuestiones de la CIPD. Los parlamentarios mencionaron el aumento de la AOD en general, así como de la asistencia en esferas concretas, como VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, así como cuestiones que afectan a las mujeres y su salud. El alto porcentaje de países donde aumentó la AOD para temas de la CIPD indica el relativo éxito de las acciones de los parlamentarios para lograr resultados positivos.

La Encuesta pidió que los parlamentarios indicaran qué estrategias habían utilizado para superar las limitaciones con que tropezaron en su labor. La respuesta que predominó en gran medida fue que recurrieron a proporcionar información o a crear conciencia acerca de temas de la CIPD. Las otras dos respuestas más frecuentes fueron crear redes, alianzas y coaliciones; y realizar tareas de promoción. Los encuestados indicaron tres problemas principales en la aplicación de leyes y políticas: falta de recursos, inclusive falta de infraestructura (51%); falta de conocimiento de las leyes, inclusive el hecho de que las leyes no se reproducen en idiomas autóctonos (50%); y falta de voluntad, inclusive por razones de oposición de índole religiosa o cultural y falta de voluntad política (47%).”

Sobre la base de las respuestas de la Encuesta, a continuación se formularon las siguientes recomendaciones clave para el futuro.

1. Es necesario intensificar la interacción recíproca de los parlamentarios, a nivel nacional y regional.

2. Es necesario vincular el Programa de Acción de la CIPD con los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM) y proporcionar un mejor seguimiento de los adelantos registrados en los países.

3. Hay una abrumadora necesidad de información.

4. Es necesario formular estrategias para superar la oposición basada en motivos

religiosos o culturales

5. Los parlamentarios de países en desarrollo necesitan mayor capacitación, mientras que los parlamentarios de países donantes se beneficiarían con reuniones y giras de estudio.

6. Es necesario contar con más leyes sobre el VIH/SIDA

7. Cuando se aprueban leyes relacionadas con la CIPD, es necesario tener en cuenta las disparidades regionales.

8. Es necesario que los parlamentarios de países en desarrollo presten mayor atención a acrecentar las consignaciones presupuestarias destinadas a temas de la CIPD.

9. Es necesario lograr un mayor equilibrio en cuestiones de género e intensificar la

conciencia sobre esas cuestiones.

10. Es necesario fortalecer la vigencia y la puesta en práctica de leyes y políticas.

11. Es necesario que el UNFPA y los grupos regionales ofrezcan mayor apoyo financiero y material.

Durante la tarde del primer día de reunión sostuvimos un encuentro por región. En esta reunión realizamos un análisis de la Encuesta Mundial -sobre la cual ya reporté ampliamente los resultados más relevantes- y se propusieron recomendaciones de futuras estrategias para la acción a nivel nacional y regional. Asistimos a esta reunión representantes de: Chile, Brasil, Argentina, Honduras, El Salvador, Uruguay, Perú, Belice, Costa Rica, Guyana Ecuatorial, Canadá, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México. En esta reunión regional coincidimos en reconocer algunos avances en temas como: violencia de género, salud reproductiva, VIH-SIDA y equidad de género. Sin embargo, también reconocimos que nos enfrentamos a problemas estructurales derivados de falta de recursos; insuficiente inversión en gasto social en nuestros países, ausencia de una voluntad política clara para avanzar en temas relacionados con los derechos reproductivos y por último, una desarticulación de lo económico con lo social. Por último se enunciaron algunos temas sobre los cuales tendríamos que trabajar con mayor énfasis: migración, pueblos indígenas, juventud, tercera edad y familias. Asimismo construir una visión más integral para abordar problemáticas como: violencia sexual, explotación y comercio sexual y acceso al aborto legal. En resumen como región se priorizaron tres temas: igualdad entre los sexos; salud reproductiva y derechos reproductivos y desarrollo.

Otra conclusión que se construyó como región es la siguiente: América Latina es una región paradójica, donde se observan avances democráticos pero se profundiza la desigualdad y la pobreza. También se cuestionó a nivel regional, la actuación de la Jerarquía Católica, a quien se observa actuando de manera bien organizada y muy homogénea en toda la región. Por último nos comprometimos como región a buscar mayores recursos etiquetados para los temas de la CIPD.

En la sesión del 22 de noviembre, básicamente se trabajo sobre el proyecto de Declaración de Compromiso de Bangkok. Documento que anexo de manera íntegra a este informe.

Declaración de Compromiso de Bangkok

1. Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, nos hemos reunido en Bangkok, Tailandia, los días 21 y 22 de noviembre de 2006, para dar cumplimiento a nuestra promesa de recapitular los progresos logrados en las acciones que nos comprometimos a realizar cuando formulamos la Declaración de Compromiso de Ottawa, en noviembre de 2002, y la Declaración de Compromiso de Estrasburgo, en octubre de 2004.

2. Las dos Declaraciones de Compromiso constituyen el punto de referencia de nuestra labor.

3. Ambas Declaraciones nos comprometen a adoptar medidas, individual y colectivamente, mediante la movilización de recursos, y a crear ámbitos propicios para las cuestiones de salud sexual y reproductiva.

4. Nuestras acciones asignarán prioridad a: la promoción y protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas; la defensa y la promoción de la ampliación de los medios de acción de la mujer, y la igualdad y equidad entre hombres y mujeres; la eliminación de todas las formas de discriminación, coacción y violencia contra las mujeres y las niñas; la reducción de la morbilidad y la mortalidad derivadas de la maternidad, y del aborto realizado en malas condiciones, y el fortalecimiento de la maternidad sin riesgo y los servicios de planificación de la familia; el logro del acceso universal a servicios de prevención, atención, tratamiento y apoyo relativos al VIH y el SIDA; la integración de actividades para el VIH y el SIDA en los programas de salud sexual y reproductiva; y la provisión universal de información y servicios a los jóvenes, tanto dentro como fuera de las escuelas.

5. Ambas Declaraciones nos comprometen a asignar la más alta prioridad en los presupuestos nacionales, los enfoques sectoriales y las estrategias de reducción de la pobreza, a ampliar el acceso a servicios integrales de salud reproductiva y a la información al respecto y los productos necesarios.

6. Lo más importante es que las dos Declaraciones nos responsabilizan de traducir esos compromisos en resultados concretos, y de informar regular y sistemáticamente sobre la medida en que hemos dado cumplimiento a dichos compromisos.

Recapitulación

7. Nuestra recapitulación ha reafirmado tres cuestiones en particular:

a) Nuestro firme apoyo y compromiso en pro del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) como fundamento de nuestras acciones,

b) El indispensable papel del Programa de Acción de la CIPD en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, y

c) La necesidad de detectar y superar los obstáculos que se oponen a la movilización de recursos y crear el ámbito propicio necesario para llevar a la práctica el Programa de Acción de la CIPD.

8. Hemos tenido un éxito considerable. Hemos aprobado importantes leyes en materia de igualdad entre hombres y mujeres y violencia contra la mujer; y hemos tenido un moderado éxito en cuanto a influir sobre las asignaciones de fondos nacionales a la implementación del Programa de Acción de la CIPD. Nuestros logros en materia de promoción local y mundial a fin de cambiar percepciones y actitudes e incorporar la salud sexual y reproductiva en todos los procesos de desarrollo, son desiguales. Los compromisos obtenidos en las reuniones al más alto nivel de líderes mundiales, incluida la Cumbre Mundial 2005, en apoyo del acceso universal a los servicios de salud reproductiva y su vinculación de importancia crítica con el programa internacional de desarrollo, todavía no se han traducido en leyes ni políticas y programas nacionales apoyados con los recursos necesarios.

9. Los recursos destinados al tratamiento del SIDA han aumentado exponencialmente, mientras que los fondos para su prevención siguen escaseando. La financiación destinada a servicios de planificación de la familia, que es la primera línea de defensa contra la mortalidad derivada de la maternidad, disminuyó desde el 55% del total de los recursos de población en 1995 hasta el 9% en la actualidad. Y siguen escaseando los fondos para productos de salud reproductiva.

10. En consecuencia, en algunas regiones del mundo siguen casi invariables las tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad, mientras que las estadísticas relativas al VIH y el SIDA sólo van cambiando lentamente.

El camino a seguir

11. Es necesario que expresemos y demos a conocer ampliamente las pruebas tan claramente documentadas de que las cuestiones de población y salud sexual y reproductiva son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo, con el propósito de facilitar el diálogo nacional sobre políticas y la legislación, y replantear mejor las propuestas presupuestarias.

12. Debemos comunicar esta información al público, a nuestros colegas parlamentarios, a los funcionarios gubernamentales y a los medios de difusión, en un lenguaje claro, preciso y simple, inclusive los siguientes mensajes:

a) Cada minuto, una mujer muere debido a complicaciones relacionadas con el embarazo, inclusive el aborto realizado en malas condiciones, en casi todos los casos y salvo pocas excepciones, en países en desarrollo.

b) Las complicaciones obstétricas son la principal causa de defunción de
mujeres en edad de procrear en los países en desarrollo.

c) Una tercera parte de todas las embarazadas no reciben atención de la salud durante el embarazo; un 60% de los partos se realizan fuera de los servicios de salud; sólo la mitad de todos los partos cuentan con la asistencia de personal capacitado.

d) En los países en desarrollo, unos 200 millones de mujeres tienen necesidades insatisfechas de anticonceptivos eficaces. Al satisfacer sus necesidades, cada año se evitarían 23 millones de alumbramientos no planificados, 142.000 defunciones relacionadas con el embarazo, inclusive 53.000 debidas a abortos realizados en malas condiciones, y 1,4 millón de defunciones de lactantes.

e) Un 17% de las pérdidas económicas causadas por enfermedades en los países en desarrollo es atribuible a casi un millón de nuevas infecciones de transmisión sexual cada día, inclusive el VIH, y ello contribuye a la enorme carga de mala salud y de mortalidad en todo el mundo.

f) De las personas que corren alto riesgo de infección con el VIH, menos del 20% tienen acceso a intervenciones preventivas de eficacia comprobada.

13. Debemos comunicar en mensajes claros cuál es la relación costo/beneficio de satisfacer las necesidades insatisfechas de 200 millones de mujeres, inclusive los costos de proporcionar atención obstétrica de emergencia, velar por que todos los partos sean atendidos por personal capacitado y proporcionar servicios de prevención, cuidado, tratamiento y apoyo a las personas que viven con el VIH y el SIDA.

14. Lo que es más importante, debemos comunicar en términos claros y concisos cuáles son los costos humanos, sociales y económicos de no abordar esas cuestiones de población y de salud sexual y reproductiva.

15. Debemos persuadir a nuestros colegas parlamentarios y a nuestros funcionarios gubernamentales de lo siguiente:

a) Los servicios de calidad de salud reproductiva salvan vidas y reducen la pobreza.

b) El fracaso de anteriores planes nacionales de desarrollo puede atribuirse, entre otras causas, a que no se efectuaron inversiones en servicios de salud sexual y reproductiva, ni en la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.

c) Los ODM, particularmente la eliminación de la extrema pobreza y el hambre, no podrán alcanzarse si no se abordan directamente las cuestiones de población, salud reproductiva y desarrollo sostenible, mediante mayores inversiones en educación y salud, inclusive la prevención de defunciones prevenibles de mujeres.

16. Debemos involucrar constructivamente a todos los sectores de la sociedad, escuchar sus preocupaciones, dilucidar con ellos percepciones y realidades y debatir públicamente y con toda urbanidad las cuestiones de salud sexual y reproductiva.

17. Debemos lograr la comprensión y el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad acerca de que los servicios de calidad de salud reproductiva y la información al respecto, cuando están disponibles y son accesibles y costeables, inclusive en zonas rurales, posibilitan que las mujeres tengan opciones que salvaguardan su salud, protegen sus vidas y posibilitan que ellas realicen su potencial y contribuyan productivamente a la sociedad. Al reconocer que el aborto realizado en malas condiciones es una de las principales causas de defunción de mujeres, también debemos comunicar esta información a nuestros colegas parlamentarios y a los funcionarios gubernamentales responsables de la puesta en práctica del Programa de Acción de la CIPD.

18. Nos comprometemos a:

a) Dedicar al menos un 10% de los presupuestos nacionales de desarrollo y
de los presupuestos de asistencia al desarrollo a programas de población y salud reproductiva, inclusive los de prevención del VIH y el SIDA, y especialmente a servicios de planificación de la familia y productos de salud reproductiva.

b) Asegurar que la nueva meta de acceso universal a los servicios de salud reproductiva se integre de inmediato y plenamente en las estrategias nacionales de desarrollo y que se les asigne la más alta prioridad en la planificación, la ejecución y el seguimiento en los ministerios gubernamentales pertinentes.

c) Movilizar a nuestros gobiernos para que apoyen la adopción por los Estados Miembros de las Naciones Unidas de nuevos indicadores a fin de vigilar el logro de la meta de acceso universal a servicios de salud reproductiva para 2015 y que dichos indicadores se utilicen tan pronto como se los apruebe, complementados por indicadores programáticos adicionales que respondan a las necesidades de cada país.

d) Colaborar estrechamente con nuestras autoridades nacionales para velar por que los procesos de reforma iniciados en las Naciones Unidas protejan, promuevan y fortalezcan los mandatos en cuestiones delicadas, como las de población, igualdad entre hombres y mujeres y salud sexual y reproductiva, y que se reconozca la importancia fundamental de esos temas para el apoyo de las Naciones Unidas al desarrollo de cada país.

e) Velar por que, cuando se aprueben leyes o se adopten políticas, se inicie de inmediato su implementación. Debemos asegurar asimismo que las leyes y políticas incluyan disposiciones para mantener informado al parlamento sobre el adelanto en la implementación.

f) Establecer redes, coaliciones y alianzas con nuestros colegas parlamentarios, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales locales y personas particulares a fin de crear la voluntad política y fomentar el apoyo masivo necesarios para superar la oposición y aclarar las percepciones erróneas acerca de temas de población y salud reproductiva.

g) Crear conciencia acerca de los vínculos entre la población, la salud reproductiva y el medio ambiente, promoviendo las leyes y las políticas al respecto, inclusive la necesidad de adoptar pautas sostenibles de producción y consumo, utilizar los recursos naturales de manera sostenible y equitativa y prevenir la degradación del medio ambiente, así como adoptar medidas con respecto al cambio climático.

h) Aprender de qué manera colaborar eficazmente con los medios de difusión para asegurar que nuestros mensajes lleguen al más amplio público posible.

i) Entablar alianzas con grupos parlamentarios regionales y con el UNFPA, a fin de elaborar mecanismos eficaces de intercambio de experiencias e información fidedigna, inclusive modelos de legislación y de políticas, con otros parlamentarios, para compartir nuestros éxitos, aprender de nuestros fracasos y efectuar un seguimiento de nuestra labor.

j) Conducir acciones nacionales para ratificar e implementar las disposiciones clave de todas las convenciones internacionales pertinentes a la protección y promoción de los derechos de las personas, incluidas las poblaciones indígenas, los migrantes, los refugiados, los discapacitados y los demás grupos marginados y vulnerables.

k) Velar por que la legislación nacional tome en cuenta las aspiraciones de los jóvenes, su salud sexual y reproductiva y sus derechos sexuales y reproductivos, reconociendo que la juventud tiene un papel de importancia crucial que desempeñar en la adopción de decisiones y en los procesos de desarrollo.

l) Exhortar a los gobiernos y a las entidades del sector privado a que asignen prioridad a proseguir la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de prevención de enfermedades, inclusive vacunas y microbicidas, y aumentar los recursos asignados a dichas actividades, además de promover el acceso a la recientemente descubierta vacuna HPV, que tiene posibilidades de proteger contra el cáncer de cuello de útero.

m) Adoptar medidas para la atención y la prevención de las infecciones de transmisión sexual, a fin de aumentar el bienestar personal y prevenir la infecundidad, el cáncer de cuello de útero, las complicaciones de la maternidad, las defunciones de madres y recién nacidos, y la vulnerabilidad al VIH/SIDA.

19. Nuestro compromiso en pro de realizar acciones colectivas a escala nacional, multinacional e internacional, es un factor de importancia crucial para poder alcanzar esos objetivos.

Promesa

20. Con esos fines, nosotros, los Parlamentarios, hemos convenido en formular planes de acción regionales. Dichos planes servirán de base para alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo en pro de los cuales nos comprometemos en Bangkok. Prometemos realizar esas acciones y vigilar sistemática y activamente el adelanto que vayamos logrando al respecto, sobre la base de jalones mensurables. Prometemos también que pasar revista periódicamente a los adelantos pasará a ser una parte integral de nuestra labor; que informaremos regularmente al respecto por conducto de los grupos de parlamentarios; y que nos reuniremos nuevamente al cabo de tres años para evaluar los resultados logrados.

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[1] El reconocimiento del aborto como un problema de salud pública implica necesariamente que el gobierno debe de asumir la responsabilidad de proporcionar a las personas información amplia sobre métodos de control de la fecundidad y pone en evidencia la urgente necesidad de revisar las leyes que castigan la interrupción de embarazos no deseados o no planeados. Además de refrendar los compromisos internacionales, hay que implementar políticas públicas que garanticen a las personas el más alto grado posible de salud sexual y reproductiva. Sólo así se podrá evitar la muerte de muchas mujeres por abortos inseguros.

Apoyo a Punto de Acuerdo sobre Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

A nombre del Grupo Parlamentario de Alternativa, me permito manifestar nuestro pleno respaldo y sumarnos al punto de acuerdo presentado por nuestro colega del Partido Revolucionario Institucional, Diputado Javier Guerrero García, a efecto de solicitar a la Comisión de Justicia retome el análisis y apruebe la minuta por la cual se crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy día entre 600 y 800 mil personas son víctimas de esta forma moderna de esclavitud, en su mayoría mujeres, niños y niñas.

No obstante que desde fines del año 2003 nuestro país forma parte de las naciones que han aprobado diversos instrumentos internacionales, como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niños y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es la fecha que no hemos logrado emitir una ley que instrumente y haga efectivos tales compromisos internacionales.

Las consecuencias de tal inacción no se han hecho esperar. Día con día sabemos por los medios de comunicación de persistentes atropellos a la dignidad humana y más aún, tal inacción nos coloca como sujetos de escrutinio frente al exterior. El Departamento de Estado norteamericano lo ha dicho clara y, penosamente para nosotros, en sus informes anuales sobre la Trata de Personas, y cito: “El gobierno mexicano no cumple plenamente con los estándares mínimos para la erradicación de la trata” y, más adelante sostiene: “Las reformas legales en materia de trata de personas siguen pendientes en el Congreso Mexicano, mismas que si se aprueban, podrían ser de utilidad para procesar y sentenciar a los responsables de delitos relacionados con la trata”.

Sabemos de la complejidad del problema y es un hecho que la sola promulgación de una ley no resuelve en automático ni de inmediato la situación, pero el proyecto de ley en cuestión tiene la virtud de considerar y regular, de manera sistemática, los tres aspectos básicos para su atención: la persecución de los traficantes, la protección a las víctimas y la prevención de la trata.

Es inaceptable, compañeras y compañeros legisladores, que el rezago legislativo involucre a esta soberanía en la desatención de esta situación denigrante.

Por último quisiera referirme al amplio consenso de las organizaciones sociales hacia esta iniciativa y el profesionalismo con el cual fue discutido y aprobada por el senado. Estamos seguros de que este mismo trato y consenso recibirá en esta Honorable Cámara.

Muchas Gracias

Discurso acciones afirmativas mediante la proporcionalidad de género.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2006

Con su venia señor presidente
Honorable Asamblea

Lograr una verdadera equidad entre hombres y mujeres es todavía una tarea pendiente de nuestra sociedad y de su sistema político. Discriminar a las mujeres por el hecho de serlo tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, y por supuesto, para el funcionamiento de sus instituciones. Al hacerlo, nuestra Nación desaprovecha un potencial inmenso de recursos humanos, al tiempo que retrasa el desarrollo general de la sociedad y la consolidación de una cultura verdaderamente democrática y equitativa para la ciudadanía mexicana.

La discriminación de género es preciso combatirla desde todos los frentes posibles y de una forma integral: en el hogar, en la escuela, en las relaciones personales, en el mundo laboral, en los órganos de gobierno, y por supuesto, también en los puestos de representación popular. Todos podemos –y debemos- hacer algo en su contra y los legisladores estamos llamados a poner el ejemplo.

La equidad de género supone que las mujeres accedamos a una igualdad real y sustantiva, y que ésta considere las condiciones específicas del sexo femenino. Las acciones afirmativas, positivas o compensatorias, objeto de la iniciativa legal que presenta la fracción parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, son medidas temporales que han probado su eficacia en nuestro país y en muchas otras regiones del planeta.

En casos como Latinoamérica y África, las llamadas “Leyes de Cuotas” han tenido como resultado un promedio de 5% más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años. Gracias a este tipo de medidas, en la actualidad la representación parlamentaria femenina ha aumentado significativamente en países como Suecia, con el 43% de mujeres en el parlamento; en Dinamarca, que cuenta con 38% de legisladoras; en Finlandia, con un 37.5% y; un 36% en los países bajos. Rwanda, en el otro extremos del desarrollo, es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: en 10 años, ese país africano pasó de contar con un 4% de mujeres en la cámara baja, a 49% de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del presente año.

Tomar medidas afirmativas concretas, observables y verificables, así como ponerlas en práctica, significa en los hechos crear las condiciones para disminuir las brechas de desigualdad; superar obstáculos; eliminar la discriminación y exclusión que las mujeres y las niñas han vivido históricamente bajos las más diversas formas.

Si bien los logros obtenidos por las mujeres en las últimas décadas no han sido obra de un cambio repentino en la cultura, ni se garantizan mediante decretos, es de suma importancia tomar conciencia de la importancia que tiene el reformar aquellas disposiciones que, en la práctica, significan la marginación real de las mujeres en puestos de decisión y representación política.

En el caso de la política en general, y de esta Cámara en lo particular, ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres son una graciosa concesión. Son espacios ganados a través de muchos años de lucha para transformar, paulatinamente, a una sociedad empeñada en negar derechos y oportunidades de una forma equitativa, a la mitad de su población.

En el caso de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la norma que rige la organización interna, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, carece de cualquier medida que garantice una mínima representación con base en la proporcionalidad de género, en la integración de las comisiones ordinarias y especiales

En ese contexto las legisladoras se encuentran con una desventaja numérica que no les permite contender, en igualdad de circunstancias, para ocupar los espacios de dirección de tales instancias de operación de la Cámara de Diputados.

La Ley que proponemos reformar fue modificada por el pleno de la presente Legislatura, para garantizar que en la integración de la mesa directiva de la Cámara, se contase con un secretario por cada grupo parlamentario. Entonces como ahora, el fundamento esencial descansa en el hecho de que la tendencia democrática actual es a consolidar un régimen cada vez más participativo y plural, principio que rescata la propia Ley, puesto que permite la participación de las diversas fuerzas políticas en la integración de los órganos de gobierno y la conducción de la función legislativa.
Con dicha reforma, se prevé que la actual legislatura pugna y pugnará por defender la proporcionalidad, la pluralidad y la debida representación de todas las fuerzas políticas en la Cámara. En concordancia con ese espíritu, es menester garantizar que la proporcionalidad para la conformación de ésas instancias de toma de decisión, tome en cuenta el criterio de la proporcionalidad de género.
La Ley que nos rige no contempla la representación equitativa de hombres y mujeres de la Cámara de Diputados para la integración de las comisiones ordinarias. De hecho, en la actual integración de las comisiones ordinarias de esta LX legislatura, contamos únicamente con 7 mujeres presidentas de comisión de las 43 ordinarias. Estas comisiones son: Atención a Grupos Vulnerables (PAN); Economía (PAN); Equidad de Género (PRD); Juventud y Deportes (PRI); Jurisdiccional (PRI); Radio, Televisión y Cinematografía (PVEM) y; Ciencia y Tecnología (Nueva Alianza). Con esta distribución sólo el 16% de las presidencias de comisión son para las mujeres contra un 84% para varones.

El artículo 43, define un número de integrantes de las comisiones, más no una regla de proporcionalidad de género que rescate el espíritu de todas las tendencias tanto a nivel nacional como internacional de dotar a las mujeres de acciones positivas que aseguren su participación en igualdad de condiciones con los hombres.

México está cambiando, y lo hace con, sin, e incluso a pesar de sus autoridades. Para todos aquellos que formamos la LX Legislatura, en nuestro papel de representantes populares, es imperativo trabajar para ponernos a la altura de las circunstancias de cambio que vive el país, así como es preciso responder con acciones concretas a esa sociedad que nos demanda una verdadera política para toda la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.


ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
ARTICULO 43.
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. De la totalidad de integrantes de cada comisión, tanto ordinaria como especial, en ningún caso se incluirán más del setenta por ciento de integrantes de un solo género. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.
2...
3. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados. Asimismo garantizará que se refleje la proporcionalidad de género, por lo que en ningún caso tanto las comisiones ordinarias como las especiales, deberán ser presididas por más del setenta por ciento de un sólo género.
Esta legislatura tiene la oportunidad de dejar un legado para las mujeres que nos representen en la próxima legislatura. Les extiendo una invitación a todas mis compañeras y compañeros legisladoras a que se sumen a esta iniciativa.
Es cuanto.
ELSA CONDE RODRÍGUEZ
Legisladora Federal
Grupo Parlamentario Alternativa

Iniciativa de acciones afirmativas mediante la proporcionalidad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIONES AFIRMATIVAS MEDIANTE LA PROPORCIONALIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y PRESIDENCIAS

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La composición de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión da cuenta de que los esfuerzos por alcanzar la igualdad de oportunidades, que desde hace décadas vienen realizando las mujeres, ha tenido incipientes avances. Lo que es un hecho, es que ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres en este momento son una graciosa concesión. Son espacios ganados con muchos años de lucha para transformar, de a poco, una sociedad instaurada en un sistema sexo-género con predominio de lo masculino.

Cada mujer que en este momento ocupa o antes ocupó un espacio de dirección, representación popular o de toma de decisiones, descansa sobre la base de la lucha de aquéllas mujeres que se atrevieron a exigir, en voz alta y con acciones concretas, lo que les correspondía. Las feministas trastocaron el mundo público y privado para proponer condiciones de transformación de las ideas, valores, representaciones y normas, a nivel individual y del colectivo humano, que han permitido avanzar en la construcción de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La perspectiva de género como categoría analítica y el feminismo como nuevo sujeto histórico exigen que las mujeres accedan a la igualdad real y sustantiva, tomando en cuenta sus condiciones específicas y proponiendo medidas temporales, como son las acciones afirmativas, positivas o compensatorias, para disminuir las brechas de desigualdad, superar obstáculos y crear condiciones para la eliminación de la discriminación y exclusión que las mujeres y las niñas han padecido históricamente bajo distintas formas.

Los logros obtenidos por el movimiento feminista no han sido obra de un cambio repentino de cultura ni se garantizan mediante decretos; son, por mucho, producto de pequeños pasos, de acciones concretas, de cambios aparentemente simples pero significativos que, de a poco, nos permiten avanzar un trecho.

La obligatoriedad de que ninguno de los géneros pueda ocupar más del 70% de las candidaturas a los puestos de elección popular, disposición contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales desde 1996, es una clara muestra de que acciones afirmativas, concretas y definidas, son eficaces y cumplen con el propósito para el que fueron establecidas. Desde entonces ha habido un aumento paulatino, pasando de un 14 por ciento de representación de mujeres en 1995 al 16% en el 2000, mientras que para las elecciones de 2003 aumentó al 22% y en el 2006 no hubo ningún avance y se mantuvo el 22%.
Estos datos nos sirven para ilustrar que la norma es imperfecta ya que la lógica indica que, si no deben presentarse más de 70% de candidaturas de un mismo género, debiese lograrse con ello que por lo menos un 30% de los espacios de elección popular, fuesen ocupados por mujeres. Es entonces la anterior, una medida correcta pero insuficiente. Así, en tanto que la medida logra su real objetivo, sirve para garantizar un mínimo de participación femenina en cargos de elección popular y demuestra que la tendencia es hacia una representación de mujeres cada vez mayor.

Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que permiten de manera gradual eliminar obstáculos y garantizar la igualdad de oportunidades a sectores que históricamente han sido discriminados. Estas medidas temporales han demostrado su eficacia en casos como Latinoamérica y África, donde gracias a la llamada “Ley de Cuotas” hay en promedio 5% más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años. Gracias a esta medida, en la actualidad la representación parlamentaria ha aumentado significativamente en otros países como Suecia, con el 43% de mujeres en el parlamento, Dinamarca, que cuenta con 38% de legisladoras, Finlandia, con un 37.5% y 36 % en los países bajos. Rwanda es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: en 10 años, el país africano pasó de contar con un 4% de mujeres en la cámara baja, al 49% de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del presente año.

En la materia electoral, se ha dado un primer paso que debe fortalecerse con otras acciones y estrategias, que nos convocan a profundizar en un corto plazo sobre la democracia paritaria. En sólo 11 países de todo el orbe las mujeres ocupan el 30% o más de los escaños en el parlamento: Noruega, Islandia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Austria, Alemania, Argentina, Costa Rica y Cuba.

Ahora bien, andado ese primer trecho, se llega a las instancias de representación popular –en este caso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-. Una vez ahí, la norma que rige la organización interna de la institución legislativa, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, carece de cualquier medida que garantice, en la integración de las comisiones ordinarias y especiales, organismos en donde se realizan los dictámenes, una mínima representación con base en la proporcionalidad de género. En ese contexto las legisladoras se encuentran con una desventaja numérica que no les permite contender, en igualdad de circunstancias, para ocupar los espacios de dirección de tales instancias de operación de la Cámara de Diputados.

En la integración de comisiones y juntas directivas, la ley vigente contiene los siguientes criterios:

a) Para formar las comisiones y comités e integrar sus juntas directivas se sigue el criterio de proporcionalidad, de manera que a cada grupo parlamentario le corresponde un número de legisladores proporcional al total de espacios ocupados en la cámara. Por ejemplo en la LIX legislatura en las comisiones ordinarias: el PRI ocupó 13 lugares, el PAN 9, el PRD seis y los otros partidos 1 lugar.
b) Las presidencias también siguen criterios de proporcionalidad según el número de espacios del grupo parlamentario. Por ejemplo en la LIX legislatura al PRI le correspondieron 18 presidencias, al PAN 12, al PRD siete y a los otros partidos 2.

Recientemente la ley que ahora se pretende reformar fue modificada por el pleno de la presente Legislatura, para garantizar que en la integración de la mesa directiva de la Cámara, se contase con un secretario por cada grupo parlamentario representado en la misma. Entonces como ahora, la fundamentación esencial descansa en el hecho de que la tendencia democrática actual es a consolidar un régimen cada vez más participativo y plural, principio que rescata la propia Ley que ahora se propone reformar, puesto que permite la participación de las diversas fuerzas políticas en condiciones de equidad en la integración de los órganos de gobierno y la conducción de la función legislativa.
Con dicha reforma, se prevé que la actual legislatura pugna y pugnará por defender la proporcionalidad, la pluralidad y la debida representación de todas las fuerzas políticas en la Cámara. En concordancia con ese espíritu, es menester garantizar que la proporcionalidad para la conformación de ésas instancias de toma de decisión, tome en cuenta el criterio de la representatividad de género.
La Ley Orgánica que se pretende reformar, no contempla la representación equitativa de hombres y mujeres de la Cámara de Diputados en la integración de las comisiones ordinarias, lo que redunda en que la actual integración de éstas en la LX legislatura, contemple únicamente 7 mujeres presidentas de comisión, de las 43 ordinarias. Estas son las de Atención a Grupos Vulnerables (PAN); Ciencia y Tecnología (Nueva Alianza); Economía (PAN); Equidad de Género (PRD); Jurisdiccional (PRI); Juventud y Deporte (PRI) y; Radio, Televisión y Cinematografía (PVEM). Lo que representa que sólo el 16% de las presidencias de las comisiones ordinarias son para las mujeres contra un 84% para varones.

Asimismo, el artículo 43, define un número de integrantes de las comisiones, más no una regla de representatividad de género que rescate el espíritu de todas las tendencias tanto a nivel nacional como internacional de dotar a las mujeres de acciones positivas que aseguren su participación en igualdad de condiciones con los hombres.

Mediante la aplicación de este criterio de representatividad de mujeres y hombres, en donde cada comisión no puede integrarse con más de 70% de integrantes de un solo género y ninguno de los dos géneros podrá presidir más del 70% de las comisiones, cada comisión deberá integrarse con por lo menos nueve diputadas, considerando que éstas se integran por 30 legisladores. En el caso de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Jurisdiccional conformada por 18 y 16 legisladores respectivamente, deberán integrarse al menos cuatro legisladoras. Y de las 43 comisiones ordinarias, por lo menos 13 deberán ser presididas por mujeres.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 43.
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. De la totalidad de integrantes de cada comisión, tanto ordinaria como especial, en ningún caso se incluirán más del setenta por ciento de integrantes de un solo género. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.
2...
3. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados. Asimismo garantizará que se refleje la proporcionalidad de género, por lo que en ningún caso tanto las comisiones ordinarias como las especiales, deberán ser presididas por más del setenta por ciento de un sólo género.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIP. ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ
Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre de dos mil seis.

Informe de actividades de octubre

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LÍNEAS DISCURSIVAS - OAXACA

· El Grupo Parlamentario de Alternativa se une a todas las voces que condenan el uso de la fuerza pública en Oaxaca y solicita al ejecutivo ordene su salida inmediata. Al mismo tiempo hacemos un llamado a todos los actores políticos para que a la brevedad se reinstale la mesa de negociación y para que la política sea el único instrumento que normalice la vida civil y democrática de ese estado del país.

· También exigimos que se den garantías a los integrantes de la sección XXII del magisterio, a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de las diversas organizaciones indígenas y ciudadanas para que se respete su integridad y sus derechos humanos.

· Como lo hemos dicho en otras ocasiones: hoy reiteramos que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz es la medida más pertinente para reencauzar de inmediato la vida cotidiana del estado de Oaxaca y así evitar más daños a la economía, a la seguridad y a la educación de niñ@s y jóvenes, pero sobre todo, para evitar más violencia y más daños a la convivencia social en barrios y comunidades. Una reforma profunda de la política y del poder en Oaxaca es una de las condiciones necesarias para avanzar en los terrenos que más importan a las personas y a las comunidades.

· Oaxaca requiere transformaciones de fondo en su sistema político y en su sistema de gobierno, ahora plagado de todo tipo de caciquismos, de opresión social, de discriminación, de corrupción y de arbitrariedad.

· El Partido Revolucionario Institucional debe valorar que por cada día que se prolonga el conflicto, el partido sale perdiendo. Y sale perdiendo porque la defensa a ultranza de Ulises Ruiz es insostenible. Hablar del “principio de derecho” en abstracto es un despropósito cuando el derecho y la legalidad fue lo último que consideró Ulises Ruiz el 14 de junio cuando optó por una acción policial y abandonó la política y el camino del derecho. ¡Y qué decir de su responsabilidad ética! El debe responder por los 15 homicidios que se han cometido durante el conflicto; debe responder por los presos políticos y las personas torturadas y que esperan que se les haga justicia. La palabra clave hoy en Oaxaca es: justicia, acceso a la justicia. Una palabra que el señor Ulises Ruiz solo reconoce para aferrarse al poder. Solo alguien que no la entiende, recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a defenderse de un exhorto.

· Todos salimos perdiendo si el uso de la fuerza pública y no la política es el instrumento que se privilegia para resolver el conflicto de Oaxaca. Legisladoras y legisladores: tenemos la gran responsabilidad de mostrar a una ciudadanía cada día más escéptica de nuestro actuar, que sus representantes somos capaces de hacer justicia, de resolver los problemas, y de exigir cuentas a cualquiera que tenga un cargo público sin importar su partido de origen.

· En una democracia genuina, quienes eligen a sus gobernantes tienen el derecho a removerlos. Dejemos de lado las simulaciones que sólo fortalecen la partidocracia y legislemos de inmediato para hacer efectivo ese derecho a través de la figura de revocación de mandato.

· La pregunta que hoy debemos hacernos no es cómo hemos resuelto éste problema en el pasado, si no como los resolveremos en el futuro. La revocación de mandato, promoverá actitudes responsables y un mejor desempeño de los funcionarios electos. La revocación de mandato será un acicate para que el gobernante sea el primero en actuar según la ley y las buenas prácticas políticas. La revocación de mandato evitará conflictos prolongados como el que ahora nos ocupa en Oaxaca.

· Para terminar, las mujeres oaxaqueñas también enfrentan un cúmulo de agravios. No solo es la desigualdad, la violencia y la discriminación. Es sobre todo una falta sistemática de acceso a la justicia. Todas y todos debiéramos hacer una pregunta: ¿porque el conflicto de Oaxaca se sustenta sobre todo en la acción comprometida de miles y miles de mujeres? Porque las mujeres de Oaxaca han dicho basta! Basta al atropello de sus derechos humanos, basta a la tortura, al secuestro, al terror y a la violencia de que son objeto ellas y sus familias. Pedimos que de inmediato se instale “una mesa de acceso a la justicia” que investigue todos los casos de los presos políticos en Oaxaca, no solo de los presos que se tienen por el conflicto actual.

· Existen muchos casos de injusticia que son asignaturas pendientes de otros gobiernos y que esperan que se les haga justicia.

· Por último queremos enviar nuestra solidaridad a la coordinadora de mujeres oaxaqueñas 1º de Agosto y a todas las organizaciones de la sociedad civil que siguen luchando por un Oaxaca libre y justo.

Muchas Gracias!
Elsa Conde
Legisladora
Grupo Parlamentario Alternativa

POR UN NUEVO PACTO PARA LA PLURICULTURALIDAD Y EL DERECHO A LA DIFERENCIA

Para los pueblos y grupos sociales que han sido discriminados históricamente, hacer memoria es hacer política. Este 12 de Octubre de 2006, se cumplen 514 años del descubrimiento de un continente denominado América. También se cumplen 514 años de una colonización que vergonzosamente persiste entre nosotros y tiene rostro indígena. La Independencia llegó para unos cuantos. Los iguales de 1810, a quiénes se les otorgó libertad y derecho a participar en los asuntos de la nación; no fueron las mujeres; no fueron las personas de piel negra, nuestra tercera raíz; no fueron los pobres, no lo fueron los diferentes, pero sobre todo, no lo fueron los pueblos indígenas. La colonización persiste y se manifiesta de varias formas en nuestra vida cotidiana. En nuestro lenguaje cotidiano sigue siendo normal utilizar “el naco” y lo “naco” para designar despreciativamente a todo aquello que no queremos ser. El racismo, sigue siendo, sin duda, lo peor que nos caracteriza a los mestizos. México es de los países más racistas del mundo. Hoy es un buen día para preguntarnos ¿Yo, como discrimino? ¿Cómo se manifiesta mi racismo? Legisladoras y Legisladores, el racismo es curable. Pero no solo hemos renegado de nuestro pasado indígena y de nuestra historia. Producto del racismo y la discriminación, hemos resuelto por decreto, no abordar más el grave problema de las etnias en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, en Guerrero, en Veracruz, en Yucatán, en Campeche, en San Luís Potosí, en Puebla, en Chihuahua, en Sonora. En todo el país, la desigualdad y la pobreza se profundiza, los niños y niñas indígenas y familias enteras, no tienen acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. En muchos lugares, ni siquiera tienen acceso al agua, como en la zona del Alto Balsas en Guerrero. Y no se diga ya de otros derechos, que según la constitución son derechos ganados para todos: como el acceso a la justicia. En todos esos lugares la conquista y la colonización persiste.

Por todo ello, este 12 de Octubre del 2006, hagamos memoria y tomemos conciencia de que nada hemos resuelto. Chiapas sigue siendo una zona militarizada. Cada día, desde hace 12 años, el ejército se apodera de los caminos, en un ir y venir constante, no ha dado tregua y la guerra de baja intensidad sigue siendo el arma que han privilegiado los dos últimos gobiernos para que se mantengan las cosas como están. ¿Pueden imaginar las generaciones de niños y niñas, de mujeres y hombres que han crecido con la presencia siempre constante del ejército? Sin duda, es otro México. ¿Podremos hacernos cargo, de las culpas sin castigo, y el castigo sin culpa? para abordar de una vez por todas y con toda seriedad el tema indígena? Alternativa insiste, y coloca nuevamente en esta tribuna la necesidad de retomar los Acuerdos de San Andrés.
El Partido del Trabajo y Convergencia han manifestado ya su interés ¿Y las demás fuerzas políticas?. Insistimos, legislemos los Acuerdos de San Andrés. Otro México es posible.

Muchas Gracias.

Informe de actividades de septiembre

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Glosa Informe de la Secretaría de Desarrollo Social

Con el permiso de la Mesa Directiva

Señora Secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda Orozco

A estas alturas, y desde hace ya muchos años, está muy claro que la llamada política social, principal responsabilidad de Sedesol, no es la solución para resolver de fondo el problema de la pobreza extrema o de la pobreza a secas, que afecta casi la mitad de la población del país.
Los datos que conocemos sobre el desarrollo social en México, no son nada alentadores. Nuestro país vive en una permanente paradoja: de acuerdo con el BID, México tiene un nivel acelerado de desarrollo, pero, en contraposición, tiene un nivel de pobreza sumamente alto: hay cuatro veces más pobreza que en otros países con igual desarrollo.

La línea asistencialista que ha marcado la política social del gobierno del Presidente Fox, no contribuye a generar el nivel de desarrollo que se requiere para garantizar a la ciudadanía un nivel de vida aceptable y, con ello, la calidad de vida que todos y todas merecemos.

Aún aceptando, sin conceder, los datos oficiales de que la pobreza –sobre todo la pobreza extrema-- se ha reducido durante el sexenio, si seguimos a ese ritmo, si seguimos con esta política de paliativos ¿cuántos años necesitaremos para reducirla de manera sustancial? ¿un siglo quizá?

Las políticas de desarrollo social deben trascender la idea de que el centro de toda acción es el combate a la pobreza y reconocer que hace falta un nuevo modelo de desarrollo que incluya la supresión de la desigualdad; un modelo de gobierno donde la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y la iniciativa privada tienen un papel preponderante. Un modelo en donde las acciones de desarrollo social se vinculen con medidas productivas y de desarrollo de infraestructura urbana como caminos, puentes, agua potable, electricidad, hospitales equipados, acceso a medicinas, proyectos productivos y créditos.

Mientras avanzamos por esa vía de solución, es necesario, por supuesto, mantener el apoyo público a los sectores más vulnerables de la población para que pueda satisfacer sus necesidades básicas, sobre todo de salud, alimentación y educación. Pero aquí necesitamos también cambios de fondo:

Ø Para que los grupos sociales pobres reciban apoyos de calidad y no servicios públicos y apoyos pobres que se convierten en un mecanismo más para reproducir la desigualdad.
Ø Para que la política social no sea el medio para construir redes clientelares.
Ø Para no generar dependencia de quienes reciben los apoyos.

Es hora de que todas y todos aceptemos que la pobreza no es un problema sectorial que puede ser solucionado por una Secretaría, como si fuera un problema parecido a construir carreteras o infraestructura o cualquier otra cosa; la pobreza es una de las manifestaciones más agudas del principal reto de México, la desigualdad, origen de la mayoría de nuestros problemas y de nuestra incapacidad para aprovechar las potencialidades del país.

Si las élites gobernantes y los poderes fácticos en México siguen con su actitud de separar los procesos económicos del desarrollo social, nada en este país podrá avanzar.

Aunado a lo anterior, vemos con gran preocupación que en los programas que se han aplicado, no se toman en cuenta perspectivas ni especificidades. Pongo un ejemplo: El Plan Nacional de Desarrollo, en la parte relativa al Desarrollo Humano, establece en una de sus estrategias, “Impulsar y promover la ampliación de la cobertura y una mejoría en las políticas públicas encaminadas a fomentar la integración social de las personas con discapacidad” El Informe de Desarrollo Social no presenta ni una acción en la materia.

Otro ejemplo es la falta de sensibilidad para aplicar programas que incluyan la perspectiva de género. Ésta omisión ha traído consigo, en algunas comunidades rurales, un aumento de la violencia intrafamiliar al generar que, siendo ella la beneficiaria del programa, sea violentada para quitarle el apoyo que ha recibido.

El desafío es potenciar el papel de las mujeres mediante el empleo productivo y en plena igualdad de oportunidades que los hombres, con el objeto de promover su independencia económica, frenar la feminización de la pobreza y fomentar una distribución equitativa de los bienes de producción, el patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servicios de seguridad social.

Por otra parte, somos testigos de la manera en que cotidianamente se gastan sumas extraordinarias de recursos para publicitar en radio y televisión las acciones del Programa Oportunidades. Señora Secretaria, permítame preguntarle: ¿es indispensable gastar tantos recursos en promover las acciones realizadas y sacrificar programas fundamentales como el apoyo a adultos mayores?

Señalo otra de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo: “Se pondrá énfasis en la preparación de modelos de participación ciudadana con carácter autosustentable.” La pregunta es: ¿cuántas de estas acciones que reporta en el Informe, son autosustentables? Puesto en el papel, suena bastante optimista.

Para Alternativa la mejor política social es la que construye ciudadanía capaz de reclamar sus derechos y cumplir sus obligaciones. La que erradica la noción de que los apoyos del estado son dádivas, prebendas o favores que se tienen que pagar a los intermediarios.

Basta ya de gestionar y administrar la pobreza. Para Alternativa, las políticas sociales deben ayudar a formar personas y colectividades autónomas y con capacidad de autogestión.

Pronunciamiento sobre la Distribución de Comisiones

Viernes 29 de Septiembre.

Con su venia señor presidente
Honorable Asamblea.

En principio queremos reconocer la disposición de los partidos mayoritarios para escuchar la opinión del Grupo Parlamentario de Alternativa en relación con la distribución de las comisiones en la LX legislatura. Con una modesta representación en esta Cámara (de apenas cinco legisladores) proporcionalmente nuestro grupo no pudo aspirar a presidir una comisión ordinaria. Este es un hecho inédito, pues en ejercicios anteriores, con un número igual de legisladores hubo fracciones que tuvieron la posibilidad de presidir por lo menos una. Pero no solo eso, contrario a lo que establece la ley orgánica que nos gobierna, en su artículo 43 fracción 4, nuestro grupo solicitó participar, no dirigir, no, participar en 12 comisiones. Como respuesta hemos obtenido la concesión de participar en 4. Si bien es cierto que la ley que nos gobierna establece un criterio de proporcionalidad para la distribución, también es cierto que los criterios políticos debieran tener un lugar preponderante para establecer en esta Cámara las garantías para que el trabajo parlamentario se de en condiciones de gobernabilidad y pluralidad democrática. Conscientes de las circunstancias extraordinarias de esta Cámara, hemos optado por el diálogo y por aceptar formar parte de las negociaciones que dieron origen al dictamen que distribuye 39 comisiones y al cual hemos dado nuestro voto, aun cuando en este dictamen, la presencia de Alternativa es prácticamente inexistente.

Sin embargo, queremos llamar a la reflexión y dejar asentado que aún con la presencia más minoritaria en esta Honorable Asamblea, ésta se la debemos al voto de casi un millón de ciudadanos. ¿Qué lectura harán nuestros votantes de esta distribución de comisiones que se hace hoy en la Cámara? La respuesta que han dado y darán los grupos mayoritarios básicamente se fundamenta en el criterio de proporcionalidad. Por ello, resulta por decir, lo menos, desconcertante que en el segundo dictamen, donde se distribuyen las comisiones relacionadas con la economía de nuestro país y de primerísimo orden, la proporcionalidad ha pasado a un segundo término y más bien asistiremos a la imposición de una mayoría anunciada, misma que da cuenta de una alianza política del PAN y del PRI. Absolutamente válida, por cierto.

Pero, la ciudadanía y los legisladores ha quiénes se nos impondrá esa mayoría, tenemos derecho a que se nos de una explicación, no, no de su alianza, sino de la política económica que juntos dibujarán para los próximos años. Tenemos derecho a conocer los argumentos, políticos y programáticos que comparten el PRI y el PAN para consumar hoy su alianza. Señores y señoras legisladoras, no es cosa menor, en manos del PRI y del PAN se queda el diseño de política económica de nuestro país.

Sobre esa política queremos escuchar argumentos. Lo que para Alternativa queda claro, es que este Congreso no puede continuar con las viejas formas de hacer política. Debemos extender una carta de defunción al regateo, al “toma y daca” a los acuerdos tras-bandera.

El PAN y el PRI también están obligados, frente a los millones de personas que no votaron por ellos y que optaron por un partido distinto, a exponer cuales son sus razones para desestimar su voto. Y este mensaje sobre todo queremos que lo reflexione el Partido Acción Nacional.

El PAN y el presidente electo Felipe Calderón no han dejado de repetir que han entendido el mensaje de las urnas. Es el momento de demostrar si el PAN desea echar más leña al fuego de la polarización o quiere contribuir a la inauguración de una nueva etapa en la vida parlamentaria de México.

El PAN tiene en sus manos la gran oportunidad de empezar a normalizar la situación o de meter al país en años y años de encono. Recuerden el caso del nombramiento de los consejeros del Instituto Federal Electoral. Recuerden los agravios que todas y todos hemos vivido en este Congreso. Alternativa los exhorta a reflexionar una vez más su posición. Es cuanto.

Elsa Conde
Legisladora
Grupo Parlamentario Alternativa

Política Exterior. Glosa VI Informe de Gobierno

Con su permiso señor presidente
Honorable Asamblea

Partimos de la premisa de que La globalización es un fenómeno histórico y no el producto de una conspiración política. Un fenómeno que pudiendo crear mejores posibilidades de desarrollo y de vida para centenares de millones de seres humanos, alienta al mismo tiempo, nuevas desigualdades. Los resultados de esta globalización desigual han sido, la extensión y profundización de la pobreza, soberanías nacionales aplastadas, la destrucción ambiental, la devastadora actividad del dinero especulativo y, especialmente, la rigidez de los organismos responsables de promover la estabilidad y el crecimiento de las naciones. La visión del liberalismo económico globalizador impulsada por los organismos financieros internacionales, donde los Estados Unidos tienen la más fuerte influencia, parte de la idea de que el mercado funciona generalmente bien y el Estado generalmente mal. Ayer y hoy, el comercio ha requerido de un sólido apoyo gubernamental para establecerse y mantenerse de manera predominante en el sistema económico internacional. Por eso, debilitar al Estado frente a estas fuerzas económicas es inaceptable para nuestro país. La globalización ocurre en un contexto en el cuál no existen reglas capaces de expresar el cambio de escala de las nuevas responsabilidades. “Otra Globalización” es posible si se prioriza, entre otras cosas: la fiscalización de los movimientos del capital financiero de corto plazo; una profunda reforma del Fondo Monetario Internacional, este organismo debe dejar de ser un instrumento obsesivamente favorable a los intereses de los grades grupos financieros y dependiente de las necesidades (y visiones) exclusivas de los países más desarrollados y poderosos. La “Otra Globalización” construye institucionalidad, reglas del juego, en la que toman su sitio: el libre comercio, la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos, el cuidado y preservación del medio ambiente. Una globalización que toma conciencia y propone soluciones nuevas al tránsito de enfermedades infecciosas, al terrorismo, al narcotráfico y a la existencia de redes internacionales de delincuencia organizada y, sobre todo ubica a la migración Sur-Norte como un problema, económico, de justicia y de derechos humanos. En fin, es indispensable gobernar democráticamente para aprovechar la globalización, y la política es un espacio propicio para la búsqueda de consensos. ¿Frente a los retos de la globalización y nuestra inserción en el mundo, qué ha hecho el gobierno mexicano?

En el Sexto Informe de Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala: “La política exterior de éste gobierno se ha caracterizado por un activismo que ha sido fundamental para fortalecer la capacidad de interlocución de México con el mundo, diversificar vínculos y garantizar la participación de nuestro país en la toma de decisiones importantes para la definición de la nueva agenda internacional”

El primer problema de esta afirmación es que hasta ahora desconocemos la definición de la “agenda internacional” que promueve el gobierno mexicano. Lo que hemos presenciado es una política exterior sin rumbo, con bandazos y con tantos desatinos que se hizo frecuente escuchar añoranzas por la “tradicional” diplomacia mexicana. Todo mundo coincide: hasta hace un sexenio, México mantenía un excelente nivel de relaciones diplomáticas con el mundo.

No se puede desconocer los múltiples roces diplomáticos que ha enfrentado este gobierno: Cuba, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, por señalar algunos, han vivido una política internacional mexicana que los ha llevado a mantener enfrentamientos nada desdeñables. Desde el “comes y te vas” hasta los comentarios del ex presidente español José María Aznar, en febrero de este año, ofreciendo su respaldo a la candidatura de Felipe Calderón, son una clara muestra de que se estuvo muy lejos del ejercicio de una diplomacia inteligente y mesurada, que tuviera como base los principios constitucionales. Ninguna política exterior puede sentirse orgullosa de su actuar, cuando no se ha tenido la capacidad para evitar, ni siquiera el cuestionar con firmeza, la aprobación de la construcción del bien llamado “muro de la vergüenza”. Las marchas de los migrantes en Norte América que presenciamos durante éste año, dan cuenta de que la política internacional ha fracasado y que la ciudadanía en Estados Unidos se ha visto forzada a organizarse para defender por sí misma, lo que su país de origen ha sido incapaz de garantizarle.
Nadie puede vanagloriarse de su actuar ni tiene calidad alguna para exigir trato digno a sus connacionales en el extranjero, cuando en su propio territorio se llevan a cabo actos de injusticia, maltrato, tortura y discriminación. Para nadie es un secreto que en la frontera sur mexicana se reproducen, a veces con mayor crueldad, los esquemas de maltrato que en Estados Unidos viven nuestros paisanos. Una vez más, queda de manifiesto que los principios constitucionales no son el eje rector de la política internacional. Ser un ejemplo en el trato a los migrantes en nuestro país, le dará al gobierno mexicano calidad y respaldo internacional para exigir el mismo trato a nuestros connacionales. La ausencia de un apartado específico para este punto en el 6° Informe de Gobierno, da cuenta del lugar que en la lista de prioridades tiene este tema: ninguno.

Por otra parte, es necesario asentar que, al creciente flujo de bienes, servicios y personas entre países se suman nuevos desafíos planteados por amenazas transnacionales. El combate al terrorismo, al crimen organizado, la degradación ambiental, la prevención de enfermedades epidémicas requiere más que nunca de acciones coordinadas entre dos o más estados.

Problemas que requieren de inteligencia, sabiduría para escuchar a nuestros expertos; a la academia y a la ciencia y para recuperar la experiencia de de la sociedad civil organizada. Gestos ausentes en el gobierno que termina.

La frágil democracia mexicana exige que el Ejecutivo justifique y negocie con mayor frecuencia con el Legislativo sus acciones de política exterior. Requiere que sus gobernantes presten más atención a la opinión pública y a las recomendaciones de organizaciones no gubernamentales. Más allá del 6° Informe de Gobierno, el Gobierno federal debe muchas explicaciones de sus decisiones a la ciudadanía.

Muchas Gracias
Elsa Conde
Legisladora
Grupo Parlamentario Alternativa