¡Viva Juárez!

Hoy quiero darle voz a la inteligencia y a la persistencia de Marta Lamas en su lucha por un estado laico y por el derecho a decidir.

Este 21 de Marzo, Alternativa se pronuncia por el fortalecimiento del Estado Laico y reafirma la importancia de la separación Estado-Iglesia. Esta fecha no pudo ser más oportuna, cuando estamos a unos días de presenciar como la Jerarquía Católica salta de su púlpito a tomar las calles, para encabezar una cruzada contra el derecho a decidir de las personas y contra una nueva legislación que amplia la ciudadanía de las mujeres y les garantiza el acceso seguro y sin riesgos a la interrupción de un embarazo no deseado en la ciudad de México.

Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democrática requiere contar con un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. Cuando Benito Juárez impulso las Leyes de Reforma sembró las bases para garantizar una convivencia pacífica, en donde la separación de la Iglesia y el Estado asegure a cada persona creer en lo que quiera creer; reunirse con otras libremente y al mismo tiempo ser tolerante y respetuoso con aquéllos con quienes no se comparten las mismas creencias. Esa es la importancia del estado laico.

La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar las normas para convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Como lo ha señalado Marta Lamas, "las decisiones sobre la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona, y no de los dictados de altos funcionarios de instituciones religiosas o del gobierno"

Decisiones de la vida privada como la elección de la pareja, el ejercicio de la sexualidad, la paternidad y la maternidad son expresiones personalísimas que se ejercen de acuerdo a los sentires y a la conciencia de cada quién y, en este ámbito, el Estado no tiene ningún derecho de intromisión. Las creencias personales deben servir para que cada quien tome las decisiones personales que más le ajusten a su propio catálogo de creencias y valores, pero no deben nunca ser pretexto para imponer a otros una sola forma de pensamiento. El estado laico es una garantía para que todas y todos podamos ejercer nuestro derecho a decidir.

La democracia, el avance científico y la modernidad descansan sobre la base de un estado laico. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática que bajo ninguna circunstancia puede permitir que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío.

Mientras los legisladores nos preguntamos sobre los motivos que tiene La Jerarquía Católica para entorpecer la aprobación en el Senado de una Ley que castiga a la pederastia y sobre los oficios del Cardenal Norberto Rivera para no ser procesado en Estados Unidos por encubrir a un pederasta; la ciudadanía mexicana ejerce su derecho a decidir con libertad de conciencia. La ciudadanía mexicana decide sobre su vida sexual, el uso del condón, se casa o se divorcia, profesa la religión que más le convence, registra sociedades en convivencia o interrumpe un embarazo no deseado. En pocas palabras, la ciudadanía mexicana construye una sociedad tolerante y respetuosa de la diferencia y no olvida que Benito Juárez "nos reconoció el status de ciudadanos sobre el status de fieles".

Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública. Compañeros y compañeras legisladoras, este 21 de marzo de 2007 reivindiquemos la laicidad del estado mexicano y una vez más hagamos que triunfe la razón republicana sobre los dogmas de la fe.

¡Viva Juárez!

ALTERNATIVA Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO

ALTERNATIVA Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO
15 de Marzo: Día Mundial del Consumidor


Ante el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, conviene detenernos a pensar por qué ésta efemérides es de suma importancia para los mexicanos, y al mismo tiempo, del mayor interés para Alternativa Sociademócrata. Alternativa ha manifestado públicamente su adscripción como una opción política de izquierda, y siempre es oportuno reafirmar esta convicción.

Hay quienes se sorprenden de que nuestro discurso carezca de dogmas y prejuicios para referirnos al “mercado” y que abiertamente afirmemos que para lograr un desarrollo más equitativo y justo para todos, lo que necesitamos es más, y no menos mercado.

En efecto, Alternativa es conciente que vivimos en una sociedad de mercado, en la que el consumo de bienes y servicios forma parte esencial de nuestras vidas. Sin embargo, también insistimos que sólo un mercado adecuadamente regulado por el Estado, con reglas claras, justas y equitativas para todos; un mercado que respete al medio ambiente, que erradique prácticas monopólicas y que ofrezca información fidedigna y opciones amplias a los consumidores, es el que hará posible acelerar el desarrollo de México.

Alternativa, como opción de izquierda, tiene clara la necesidad de construir un Estado capaz de regular los mercados y de proteger los intereses y derechos de los consumidores, por encima de los intereses privados de las empresas.

En tal medida, entendemos que el consumidor tiene derechos que es necesario desarrollar y defender; derechos como son el de contar con información suficiente sobre las características de los productos que consume, la forma en que se elaboran, la tecnología utilizada, las condiciones del trabajo empleado, el impacto ecológico que conlleva su producción, la existencia de posibles riesgos para la salud, etc.

De este modo, la postura esencial de Alternativa en esta materia es la de buscar asegurar que el Estado cuente con los mecanismos e instituciones suficientes para evitar el abuso a los consumidores debido a prácticas monopólicas, los engaños publicitarios y para asegurar controles efectivos de calidad y certificación.

Somos conscientes de la necesidad de fortalecer a todas aquellas instituciones del Estado encargadas de velar por la competencia justa, tales como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y por supuesto, la Procuraduría Federal del Consumidor.


Por otro lado, en Alternativa también estamos preocupados por crear una cultura de responsabilidad en la comunidad global de consumo. Así como tenemos la firme convicción de que los ciudadanos tenemos derechos en nuestro papel de consumidores, y que éstos deben ser garantizados por el Estado; al mismo tiempo, no queremos olvidar que tenemos la posibilidad de influir para crear mejores prácticas de producción y consumo a través del ejercicio informado de nuestras preferencias para consumir.

Consideramos, en este sentido, que es imprescindible comenzar a construir entre los consumidores una cultura de conciencia efectiva sobre las consecuencias de su consumo; especialmente en cuanto al impacto en el medio ambiente de los productos que se encuentran en el mercado, ya sea en el proceso de su producción y en sus consecuencias una vez adquiridos; en las relaciones contractuales de los trabajadores con las empresas que los producen; en la necesidad de austeridad versus el despilfarro; y en el impacto económico local que genera su producción.

Por último, vale la pena destacar que Alternativa alienta a los consumidores a exigir sus derechos, pero también a que éstos mismos hagan un esfuerzo para influir con sus decisiones en la transformación de un mercado que, al menos por el momento, no refleja los intereses ni las necesidades más inmediatas de la mayoría de los ciudadanos de este país.




Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez
Legisladora Federal
Grupo Parlamentario de Alternativa

MUJERES! VAMOS POR EL MUNICIPIO

El feminismo tiene una larga historia y sus estrategias han sido múltiples. Sin embargo, las vertientes feministas con mayor eficacia política, se han potenciado superando el “mujerismo”, la subordinación, los lugares comunes, la victimización, la vocación de minoría, las dinámicas de resentimiento, dolor y carencia, los discursos simplistas y fragmentados, para dar paso a procesos de construcción de sujetos políticos plenos y autónomos, con capacidad de negociación y posibilidad de asumir la complejidad que implica apelar a una nueva la racionalidad política.

La igualdad de oportunidades es una demanda del movimiento feminista. Las mujeres no queremos esperar más, para participar en la vida pública, para ocupar puestos de toma de decisiones e incidir en el destino del país.

La ley de cuotas, es decir, la disposición contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), de que ninguno de los dos géneros podrá ocupar más del 70% de las candidaturas a cargos de elección popular, ha demostrado tanto en México como en el resto del mundo que es una medida no sólo necesaria y pertinente, sino, sobre todo, eficaz. En un lapso de 10 años (1996-2006) las mujeres pasamos de representar un 13% en la Cámara a un 22% de representación en la actual legislatura. Seguramente sin esa acción afirmativa, no podríamos contar este avance. Sin embargo, no es a un 22% de representación política a lo que aspiramos, las mujeres queremos más. Queremos la paridad, queremos ser, en la vida económica y política de México, el 50% que somos en el padrón electoral.

He puesto como ejemplo la ley de cuotas y sus resultados en la representación legislativa para ilustrar como las acciones afirmativas, bien realizadas, tienen resultados favorables. Desafortunadamente, por sí mismas no son una completa garantía. Pensemos en las suplencias; en los trucos de muchos y en las “machiplacencias” de algunas, para que una vez lograda la candidatura, arribe al cargo, un varón. Por supuesto es necesario poner candados, pero es más importante valorar colectivamente, lo que nuestra democracia puede ganar si, las mujeres participan en igualdad de condiciones en los destinos de la nación.

Las cuotas son más eficaces si van de la mano de políticas para ampliar las capacidades y calificación de las mujeres. Principios como la igualdad, la justicia, la reivindicación del Estado laico democrático y las libertades deben ser los ejes rectores de la nueva política, para hombres y para mujeres; único medio posible para garantizar la participación en igualdad de condiciones. No nos preocupa contender, sabemos de nuestras capacidades. No pretendemos que nos regalen nada, sabemos cómo ganar nuestros espacios y reconocemos que la sola condición de mujer no garantiza ni capacidades ni buen desempeño. Pero estamos comprometidas en lograr las condiciones de equidad necesarias para que la competencia sea de verdad justa.

Así, para avanzar hacia la paridad, nuestra propuesta en Alternativa está cifrada en articular el feminismo con la socialdemocracia. Esto es: incorporar la visión feminista y sus demandas a la agenda política nacional. Siempre es pertinente recordar que las tres demandas históricas del feminismo son: a) el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, demanda que se objetiva, entre otras cosas, con el derecho a decidir la interrupción de un embarazo no deseado; b) la no violencia hacia las mujeres y c) la libre opción sexual.

Articular estas demandas del feminismo con la socialdemocracia, es nuestra plataforma, pues como partido socialdemócrata, nos reconocemos como una propuesta de izquierda que recupera la tradición en la lucha contra la desigualdad pero de la misma manera es tan importante el tema de las libertades. Por eso nuestro partido esta claramente del lado de todas aquellas reivindicaciones que respetan la diferencia y pugnan por la ampliación de derechos para nuevos sujetos.

Estas tareas están estrechamente vinculadas a la construcción de ciudadanía, es decir, a la generación de grupos sociales más concientes de su poder de incidencia y toma de decisiones. Un hombre y una mujer concientes de sus derechos y sus obligaciones, pueden y deben incidir en los asuntos de la nación. La contraloría ciudadana debe ser una práctica cotidiana que indique a los representantes populares que los compromisos no cumplidos tienen una consecuencia.

Las mujeres no queremos esperar 100 años más para participar en uno de los espacios donde se toman decisiones sobre nuestras vidas y donde prácticamente somos inexistentes, me refiero al Municipio. No obstante la evidente relevancia administrativa y política del municipio, las mujeres hasta ahora hemos encontrado obstáculos para apropiarnos de éste espacio y pocos o nulos esfuerzos se han hecho en los últimos años para revertir ese fenómeno.

Para muestra un botón: Según el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) en el 2004, de 2435 Municipios solo en 87 hubo mujeres presidentas municipales. Lo que representa un 3.5% de participación femenina en ese nivel de gobierno. Y lo más grave aún es que este % no ha variado en los últimos 20 años. Es decir, en el Municipio se mantiene una “gobernabilidad democrática deficiente y excluyente” como dice Alejandra Massolo, pues la carencia de mujeres al frente del Municipio nos habla de una injustificada inequidad de género en la democracia local. ¿Es sano para el país mantener esta tendencia? ¿Es saludable para nuestra democracia que el destino de los recursos que se dirigen a los municipios esté solo en las manos de los varones? Otro ejemplo: En el 2003, la participación a entidades federativas y municipios fue de 98.7 mil millones de pesos. ¿No sería justo que las mujeres participáramos también de las decisiones sobre estos recursos? En el municipio transcurre nuestra vida cotidiana, ahí se decide el día a día, nuestra seguridad pública, los servicios públicos, la infraestructura, las políticas de género, etcétera.

Y es en el municipio desde dónde es más factible construir ciudadanía; el conglomerado social del municipio es más pequeño y por lo tanto más accesible, las personas se conocen de forma más cercana, establecen lazos de solidaridad, conviven y se desarrollan en la cotidianeidad. Quien ocupa la presidencia municipal tiene acceso a un conocimiento más estrecho de su comunidad y generalmente es conocido y reconocido por la población munícipe, por lo tanto, tiene un mayor nivel de incidencia y una cercanía que casi ningún otro espacio de representación popular ofrece. Irónicamente es este el espacio político más desatendido hasta ahora por quiénes buscamos la representación política.

En este orden de ideas, mi propuesta concreta está cifrada en conquistar el municipio. Queremos más mujeres presidentas municipales porque queremos construir una ciudadanía más conciente y participativa que se convierta en el motor de cambio que nuestra sociedad requiere.

Considero que la verdadera meta debe ser la posibilidad de arribar a aquéllos espacios de poder que todavía no se han abierto para nosotras. Todos estos espacios ocupados por mujeres, nos darán la posibilidad real de determinar el destino del país.

No nos conformamos con ser las operadoras del desarrollo social y las titulares de los espacios compensatorios. Debemos tender hacia una realidad en donde el Instituto Nacional de las Mujeres y las comisiones de Equidad de Género, sean solo mecanismos transitorios hacia la paridad. Ya estamos en el poder, pero las mujeres queremos más!! Y el siguiente paso es apropiarnos del municipio.

Como legisladora federal, he asumido el compromiso personal de trabajar en esa línea y en este segundo periodo de sesiones, presentaré una reforma constitucional que trascienda la ley de cuotas -por cuyo mecanismo no hemos logrado avanzar en la materia-, para que vayamos escalando en la representación municipal de mujeres.

El reto está ahí y podemos asumirlo. Las invito a sumarse a este esfuerzo empezando por ser, cada una de ustedes, ciudadanas concientes de su realidad social. ¡Mujeres! En este siglo XXI vamos por el Municipio.

Muchas gracias.
Ensenada, B.C. 5 de marzo de 2007.

San Lázaro, 8 de marzo de 2007.

¡POR EL DIA NACIONAL DE LAS FAMILIAS!

Con fecha 6 de febrero el Partido Acción Nacional, agendó un punto de acuerdo, a través de la diputada Martha García Müller, para exhortar a "los titulares del los gobiernos estatales y municipales, para que en sus respectivos ambitos de competencia realicen actos de difusión y actividades para celebrar el Dia Nacional de Familia". Con la convicción de que frente a este tipo de iniciativas, es importante, como feminista y como integrante de un partido como Alternativa, dar a conocer nuestro punto de vista, presenté el siguiente punto de acuerdo:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EMITA DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DÍA NACIONAL DE LAS FAMILIAS EL PRIMER DOMINGO DE MARZO DE CADA AÑO.

Las familias mexicanas son entidades dinámicas que han experimentado vertiginosas transformaciones en su estructura, valores y estilos de vida. Al igual que en el mundo entero, en el nuevo milenio las familias de nuestro país se caracterizan por una diversidad que debe ser visibilizada y tomada en cuenta en el diseño legislativo y de políticas públicas. La consideración de la diversidad familiar permite pensar a las familias en plural y proponer alternativas acordes a la compleja realidad que viven. Se requiere dar protección jurídica y establecer políticas encaminadas a fortalecer y atender integralmente al conjunto de arreglos familiares actuales.

Cada vez con mayor frecuencia conocemos familias monoparentales, en donde una mujer es la jefa de familia y está a cargo de uno, dos o más hijos, por elección propia o porque el compañero se ha marchado. La independencia económica de las mujeres, la posibilidad de regular su facultad reproductiva y la desmitificación sobre la maternidad sin matrimonio de por medio ha generado que esta nueva forma de organización familiar se extienda en toda la sociedad mexicana. Más del 20 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres y sus familias están siendo amenazadas por el modelo económico vigente y por intereses conservadores que pretenden hacer retroceder las conquistas laborales y sociales de las mujeres.

Una especial consideración merecen las familias, mayoritariamente especialmente las del mundo rural, que han sido afectadas por la migración masiva que ha dejado en la indefensión a quienes se quedan, sin garantías de protección a los hijos, como es la pensión alimenticia, y sin recursos ni oportunidades para que las mujeres accedan a bienes o créditos. “Normalmente, quienes crían solos a sus hijos no lo hacen por egoísmo ni porque lo hayan preferido así, y en las familias monoparentales, los hijos no están descuidados ni carecen de disciplina”, afirma la institución británica Joseph Rowntree Foundation.

Dejar de reconocer que la organización familiar monoparental es una forma de familia tan valiosa como la tradicional, es dejar fuera de los derechos familiares, por ejemplo, a los integrantes de familias en donde hay un jefe de familia varón que por cualquier razón no tiene compañera.

La esperanza de vida en nuestro país aumenta vertiginosamente lo que ha generado que la integración de abuelos a la familia tradicional sea una práctica cada vez más frecuente o bien, que haya familias constituidas por dos o más adultos mayores.
La tendencia mundial a reconocer otras formas de relaciones sociales -además del matrimonio- y el hecho de que vaya ganando terreno el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, ha traído consigo en México, por lo menos en dos entidades del país, el reconocimiento jurídico de otras formas de organización mediante pactos de convivencia, en donde personas del mismo sexo realizan un pacto civil que les otorga derechos y obligaciones. Además de las relaciones familiares civiles y consanguíneas, es necesario avanzar en el reconocimiento y protección de las formas de convivencia permanente cuyo vínculo se establece a través de la amistad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Junto con ellos, cada vez es más frecuente que matrimonios heterosexuales decidan prescindir de los hijos toda vez que la maternidad-paternidad no es compatible con sus deseos personales de desarrollo profesional o de pareja, sin dejar de mencionar aquellas parejas que no los tienen porque padecen problemas de infertilidad.

Si la familia es una y única y está compuesta por un varón, una mujer y los hijos que han gestado entre ellos, ¿qué papel ocupan en la sociedad las parejas que por cualesquier razón comparten su vida pero no tienen hijos? También en éstos núcleos sociales el individuo aprende valores, se desarrolla, recibe protección y afecto y se integra a la sociedad.

Es indispensable reconocer que, además de la familia nuclear hay familias emergentes: de madres y padres solteros; parejas del mismo sexo con o sin hijos; reconstituidas vinculadas en segundas uniones con hijos de una u otro; personas que hacen vida en común; de una sola persona; de personas adultas mayores; o de mujeres que cuidan hijos propios o de otras mujeres.

En enero de 2005 el entonces presidente, Vicente Fox Quezada, señaló a la familia como “el motor del cambio y del progreso nacional, el núcleo donde se promueven los valores y se educa a la siguiente generación”. (La Jornada, 14 de enero.) Al respecto, dice mencionó Carlos Monsiváis: “La tesis es un tanto parcial, porque -para empezar- excluye del impulso del cambio y del progreso a las industrias, el comercio, la agricultura y los trabajadores; y de la educación y la transmisión de valores, a la SEP, al sistema de las universidades públicas, al IPN y a toda la enseñanza privada, para no hablar de los medios electrónicos y la Internet” (citar fuente). Este es sólo un ejemplo de cómo centrar en la familia tradicional todos los valores y tradiciones de la sociedad no sólo es un error sino que es un acto de injusticia para con todos las demás instituciones que, en conjunto, dotan a las sociedades y sus individuos de los elementos que requieren para su óptimo desarrollo.

En Alternativa estamos convencidos y convencidas de que el valor de las familias debe considerarse en su exacta medida; que es necesario dotarlas de los instrumentos necesarios de protección a sus derechos y de las garantías para su ejercicio pleno, de que fortalecer a las familias como organización social es un paso necesario para el mejor desarrollo de las personas; todo lo cual no será posible hasta en tanto transitemos hacia el reconocimiento de que la familia tradicional compuesta por padre, madre e hijos, es sólo una forma entre muchas otras, de organización familiar.

El 2 marzo del 2006, el Presidente Vicente Fox Quezada emitió el Decreto por el que se declara Día Nacional de la Familia el primer domingo de marzo de cada año. En concordancia con las consideraciones vertidas hasta este momento y toda vez que es necesario fortalecer siempre todas las acciones que favorezcan el reconocimiento de derechos a favor de las personas, ponemos a la consideración de esta soberanía solicitar del al Ejecutivo Federal emita Decreto por el que se declara Día Nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año, con lo cual quedarán incluidas en una celebración tan importante todas las formas de organización familiar que constituyen la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se solicita al titular del Ejecutivo Federal que, en cumplimiento a sus atribuciones y con base en sus facultades constitucionales, emita Decreto por el que se declara Día nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de marzo de 2007