El 9 de diciembre presentamos ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para permitir y regular los usos industriales del cáñamo.
Esta es la tercera iniciativa que como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata he presentado en materia de regulación de la cannabis. La propuesta busca crear una industria legal para el cáñamo industrial. Del cáñamo se obtienen miles de productos de gran utilidad y calidad; que van desde toda clase de materiales de construcción, de textiles, cordajes y de papel, hasta fuente alimentaría y de biocombustibles, así como productos cosmetológicos de gran éxito en todo el mundo.
La iniciativa toma en cuenta que los tratados internacionales en materia de regulación de cannabis permiten los usos industriales del cáñamo, del mismo modo que los tratados comerciales más importantes firmados por México, como el TLCAN, el TLCUE y los firmados con Chile, Venezuela y Colombia contemplan cuotas y disposiciones específicas para estos productos.
La iniciativa destaca que nuestros principales socios comerciales producen cáñamo industrial de forma segura y legal, y advierte que en nuestro país eso no es posible actualmente debido a la legislación que regula a la planta de la cannabis, de donde proviene el cáñamo, lo que coloca al país en una evidente desventaja competitiva frente a ellos.
La exposición de motivos de la propuesta considera que la planta de la cannabis tiene un gran potencial industrial, un mercado internacional en constante crecimiento y es sostenible en términos ambientales. Advierte que el país tiene la tierra y el clima ideales para producirla. Considera, sin embargo, que sin una ley que regule su producción, procesamiento y comercialización estamos desaprovechando un valioso recurso natural que además podría beneficiar a miles de productores del campo.
Esta iniciativa completa, además, nuestros objetivos legislativos en materia de cannabis. A ella se suman dos iniciativas anteriores, presentadas en noviembre de 2007 y en abril de 2008. La primera de ellas tuvo como objetivos establecer los derechos y responsabilidades de los consumidores de la planta en México de modo tal que éstos sean considerados como objetos de una política pública en materia de salud, en lugar de una criminal; mientras que la segunda se dirigió a proponer una regulación especial para fomentar la investigación médica y científica sobre la planta, con el fin de permitir y regular las propiedades terapéuticas de la misma en beneficio de todas aquellas personas que la necesitan por motivos de salud.
12/19/2008
12/03/2008
Seminario Internacional "Estado laico, democracia y libertades"
Con la finalidad de discutir y reflexionar sobre el fortalecimiento del estado laico, el pasado 26 de noviembre, se realizó en la Cámara de Diputados, el Seminario Internacional "Estado Laico, democracia y libertades". El Salón Verde fue el escenario para escuchar a especialistas como el Dr. Henri Pena-Ruiz (Francia) la Dra. Micheline Milot (Canadá) el Dr. Juan Esquivel (Argentina) y el Dr. Roberto Blancarte (México). Este seminario se vincula con la iniciativa de reforma constitucional que presenté al pleno el 22 de noviembre de 2007 y que pretende elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. Esta iniciativa fue suscrita por un grupo plural de legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y, en su elaboración participaron Roberto Blancarte y diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la cultura Laica, el Foro Intereclesiásitoco Mexicano, el Grupo de Información en repproduccion Elegida (GIRE) Afluentes, Demysex y la jurisdicción Norte de la iglesia Luz del Mundo. Asi como las diputadas fer¿derales Martha Tagle y Rosario Ortiz.
A continuación comparto las palabras de clausura que dirigí al auditorio.
"El día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a brillantes ponentes exponer sobre el estado laico, la democracia y la libertad. Los conocimientos adquiridos esta mañana nos invitan a una seria reflexión sobre estos temas. Y como legisladores nos obliga a realizar un análisis y trabajo legislativo serio, profundo y responsable. Nos llevamos la idea de que el principio de laicidad es universal que atraviesa fronteras y tiempos.
Que el estado laico no combate a la religión ni a las iglesias; sino que impugna el privilegio de una religión en el ámbito público; a la discriminación y a las desigualdades. Que el objetivo del estado laico es lograr la convivencia pacífica y armoniosa y la igualdad de trato para tod@s. Que los dos grandes valores que dan fundamento al estado laico son la libertad de conciencia y la igualdad. Que la laicidad es un instrumento que permite al estado confirmar su autonomía y neutralidad respecto a las normas religiosas imperantes y que dicha neutralidad lo obliga a establecer y garantizar que existan condiciones institucionales que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos. Que la laicidad se justifica en el reconocimiento de la diversad moral, cultural y religiosa. Que la laicidad es un principio de paz profundamente igualitario de reconocimiento de la diversidad. Finalmente que un estado laico y neutral protege valores fundamentales como la democracia, la tolerancia, la diversidad y los derechos humanos.
Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática significa el triunfo de la laicidad en la vida pública. No tenemos duda, de que en México se expresará la democracia y triunfará la laicidad en nuestra vida pública".
A continuación comparto las palabras de clausura que dirigí al auditorio.
"El día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a brillantes ponentes exponer sobre el estado laico, la democracia y la libertad. Los conocimientos adquiridos esta mañana nos invitan a una seria reflexión sobre estos temas. Y como legisladores nos obliga a realizar un análisis y trabajo legislativo serio, profundo y responsable. Nos llevamos la idea de que el principio de laicidad es universal que atraviesa fronteras y tiempos.
Que el estado laico no combate a la religión ni a las iglesias; sino que impugna el privilegio de una religión en el ámbito público; a la discriminación y a las desigualdades. Que el objetivo del estado laico es lograr la convivencia pacífica y armoniosa y la igualdad de trato para tod@s. Que los dos grandes valores que dan fundamento al estado laico son la libertad de conciencia y la igualdad. Que la laicidad es un instrumento que permite al estado confirmar su autonomía y neutralidad respecto a las normas religiosas imperantes y que dicha neutralidad lo obliga a establecer y garantizar que existan condiciones institucionales que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos. Que la laicidad se justifica en el reconocimiento de la diversad moral, cultural y religiosa. Que la laicidad es un principio de paz profundamente igualitario de reconocimiento de la diversidad. Finalmente que un estado laico y neutral protege valores fundamentales como la democracia, la tolerancia, la diversidad y los derechos humanos.
Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática significa el triunfo de la laicidad en la vida pública. No tenemos duda, de que en México se expresará la democracia y triunfará la laicidad en nuestra vida pública".
11/25/2008
25 de Noviembre: Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres
Hoy 25 de Noviembre Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata hace suyo el pronunciamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, para solicitar al Ejecutivo Federal la Publicación inmediata de la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres. En México en el 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Esta ley recupera las medidas que los gobiernos, federal, estatal y municipal deben tomar para lograr una disminución considerable de la violencia de género en nuestro país. Particularmente este 25 de noviembre, queremos llamar la atención ante un hecho inexplicable: el Ejecutivo Federal no ha dado el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en nuestras leyes.
El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo con todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó por mayoría la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son una regulación técnica de observancia obligatoria, donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que se prestan a la población.
La necesidad de elaborar esta NOM obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres. En particular, la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención obedece al compromiso del Estado mexicano firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, Petición 161-02; en le cual se comprometió a ampliar el objetivo de la NOM 190- SSA1-1999 relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.
La NOM-046-SSA2-2005, específica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y a la violencia contra las mujeres, se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de Emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo, toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia. Aunque en ultimas fechas observamos vergonzosos casos contrarios a todo derecho en estados como Morelos donde el PAN en complicidad con el PRI y otros Partidos Políticos han reformado la Ley para quitar todas las causales de aborto incluyendo la causal por violación contra la mujer. Este es un acto vergonzoso contra la integridad y dignidad de las mujeres y hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que llame a cuentas a sus Legisladores Locales y no permita que actos como este se repitan en otros estados del país.
La NOM 46 es relevante porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual (más allá del ámbito doméstico) en los servicios de salud. La Norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado Mexicano, y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Además, está concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas, no existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del Gobierno que violenta los derechos humanos de las mexicanas. La Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también tipifica la violencia de Estado como una inacción en que puede incurrir el Estado mismo, cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a las mismas a que desistan de denunciar y que queda claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.
Por lo anterior exhortamos al Ejecutivo Federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud a publicar de inmediato la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres.
El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo con todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó por mayoría la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son una regulación técnica de observancia obligatoria, donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que se prestan a la población.
La necesidad de elaborar esta NOM obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres. En particular, la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención obedece al compromiso del Estado mexicano firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, Petición 161-02; en le cual se comprometió a ampliar el objetivo de la NOM 190- SSA1-1999 relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.
La NOM-046-SSA2-2005, específica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y a la violencia contra las mujeres, se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de Emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo, toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia. Aunque en ultimas fechas observamos vergonzosos casos contrarios a todo derecho en estados como Morelos donde el PAN en complicidad con el PRI y otros Partidos Políticos han reformado la Ley para quitar todas las causales de aborto incluyendo la causal por violación contra la mujer. Este es un acto vergonzoso contra la integridad y dignidad de las mujeres y hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que llame a cuentas a sus Legisladores Locales y no permita que actos como este se repitan en otros estados del país.
La NOM 46 es relevante porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual (más allá del ámbito doméstico) en los servicios de salud. La Norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado Mexicano, y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Además, está concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas, no existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del Gobierno que violenta los derechos humanos de las mexicanas. La Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también tipifica la violencia de Estado como una inacción en que puede incurrir el Estado mismo, cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a las mismas a que desistan de denunciar y que queda claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.
Por lo anterior exhortamos al Ejecutivo Federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud a publicar de inmediato la Norma Oficial 46 contra la violencia hacia las mujeres.
11/24/2008
Cambio Climático, Género y Política
Del 19 al 22 de octubre del 2008 en la Ciudad de Manila, Filipinas se realizó el Tercer Congreso Global de Mujeres en Políticas y Gobierno. Este fue organizado por el Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico, teniendo como principal eje temático: el género en el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
El Congreso se llevó a cabo en coordinación con las siguientes organizaciones:
·Naciones Unidas y Estrategias Internacionales para la Reducción de Desastres (UNISDR).
·Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
·Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Mujeres (UNIFEM).
·Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).
·Naciones Unidas en Género y Alianza Climática (GGCA).
·Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
·Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO).
·Banco de Desarrollo Asiático (ADB).
·Comité Coordinador de Mujeres Parlamentarias de la Unión Inter-Parlamentaria (IPU/CCWP).
·Asimismo el Congreso contó con la participación de los miembros del propio Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico provenientes de Tailandia, Pakistán, Singapur, Japón, Corea, Nueva Guinea, Australia, Estados Unidos y Filipinas, así como legisladores invitados de países como México.
El Congreso tuvo como objetivo general la creación de un foro para legisladores y líderes de gobiernos locales en todos los niveles para motivar la formulación de una legislación de género así como programas orientados al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
Los objetivos específicos del evento fueron sustantivos para la comprensión del cambio climático:
1.Para entender el fenómeno del cambio climático y sus impactos así como un estudio acucioso y estratégico de la reducción del riesgo en la materia;
2.Para la revisión y examen de los aspectos de género en el cambio climático y la reducción del riesgo.
3.Para definir el rol que las mujeres juegan en la orientación y diseño de políticas que impactan directamente en el cambio climático y la reducción de riesgos en la matera a nivel global, nacional y local; y
4.Para la identificación y definición de una agenda parlamentaria instrumentada por mujeres líderes que favorezcan acciones globales y nacionales que adapten las responsabilidades de género en relación al cambio climático y la reducción de desastres.
El fenómeno del Cambio Climático
El cambio climático representa una amenaza para la libertad humana y una limitante en los esfuerzos globales para el combate a la pobreza. Actualmente, en promedio, una de cada 19 personas de países en desarrollo será golpeada por desastres climáticos, en comparación con los países integrantes de la OCDE, en donde sólo uno de cada 1,500 sufrirá los estragos de los desastres naturales. Entre más dramáticos sean los desastres naturales provocados por el cambio climático, los esfuerzos globales y de gobiernos nacionales deberán ser más estrictos con la finalidad de preservar una atmósfera habitable que promueva el desarrollo de la población mundial, sobre todo de los más jóvenes y pobres del planeta.
La discusión global se ha centrado en la elaboración de un mapa crítico en donde el cambio climático ha impactado de manera más violenta, así como la aplicación de acciones que lo reviertan. Las acciones deben incluir los mecanismos que frenen y reviertan más rápido la devastación que se ha producido en muchas regiones del mundo, principalmente, en aquellas que son más vulnerables, pese a los esfuerzos que se han venido instrumentando, éstos aún requieren de estrategias más firmes y comprometidas de todos los actores sociales.
Entre las principales necesidades que se ubicaron durante el evento para revertir el impacto negativo que han sufrido los diferentes países alrededor del mundo, se encuentran:
1.En primer lugar, se requiere de una participación mucho más activa por parte de los gobiernos locales, se reconoce que éstos han instrumentado acciones importantes, no obstante, esta temática aún no es una prioridad en las agendas gubernamentales.
2.Es necesario ubicar soluciones reales en esta materia y que sean adaptables a cada país. Por ejemplo, la creación de tecnologías que produzcan fuentes de energía mucho más económicas y contribuyan a la eliminación de gases tóxicos en la atmósfera.
3.Es necesario crear las herramientas que ayuden a instrumentar estas soluciones reales, mayor regulación, políticas viables, mayor participación de la ciudadanía y empresas privadas. En este sentido, la regulación gubernamental es indispensable.
¿Por qué es necesaria una visión de género para enfrentar el cambio climático?
Primera conclusión: Es importante reconocer que hay un impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres por el cambio climático.
Debemos entender que el cambio climático no es un proceso neutral. En primera instancia, las mujeres en general son más vulnerables a sus efectos, no sólo porque forman la mayoría de la población más pobre del mundo, además ellas son más dependientes de las fuentes naturales de energía que ahora son amenazadas.
Las negociaciones o gestiones para revertir los efectos devastadores del cambio climático, han sido principalmente desde una visión puramente masculina, se ha supuesto erróneamente que el problema impacta de igual manera a toda la población, por lo tanto , las políticas que se han instrumentado para contrarrestarlo han dejado al margen las necesidades y problemas que deben enfrentar las mujeres en esta materia.
En este sentido, el tema del género vinculado a la pobreza, es el punto de partida para reconocer los problemas que el cambio climático está causando en la población femenina y así, planear una política orientada a dar soluciones. Es absolutamente necesario vencer las barreras que hasta ahora se han levantado entre las soluciones para revertir el fenómeno y los problemas de la pobreza femenina, ambos forman actualmente un solo problema. Sólo por citar un ejemplo, durante el tsunami asiático ocurrido en 2005, la población mayoritariamente afectada, desaparecida y que pereció en él, fueron mujeres, en la región de Aceh, más del 75 por ciento de las víctimas fueron mujeres, estos datos reflejan que la posición de las mujeres en la planeación política frente a desastres naturales y a la devastación del clima, no es una prioridad y ello deja a la población femenina en una situación altamente vulnerable.
Trabajos de mujeres y expertos en temas ambientales, han concluido que la participación femenina en la creación de soluciones y alternativas viables que contrarresten los efectos negativos del fenómenos, han sido ignoradas hasta hoy por los gobiernos locales, sin embargo, de acuerdo a estos expertos valdría mucho la pena considerar estas alternativas como soluciones reales, que realmente contribuyen a la conservación, protección y rehabilitación de las áreas vulnerables.
La manera en como son tratados los temas relativos al cambio climático, son una muestra más de cómo la perspectiva de género es frecuentemente omitida de las decisiones importantes que están afectando, paradójicamente, a las mujeres por ello, durante el Congreso, una de las preocupaciones básicas, fue exaltar la visión femenina del fenómeno, no por encima de la visión masculina, sino como una fusión de ideas que contribuyan realmente a solucionar el problema y no margine a la población que es más vulnerable al cambio.
Dentro de las principales conclusiones que se obtuvieron durante el Congreso, destacan las siguientes:
1.Desarrollar estrategias para mejorar el acceso y control de las mujeres a las fuentes de energía naturales.
2.Aprovechar los conocimientos y habilidades femeninas para utilizarlas en las zonas devastadas por el cambio climático.
3.Crear oportunidades, gobierno – empresa, para entrenar a las mujeres en el manejo de situaciones de desastres naturales.
4.Promover y estimular la difusión tecnológica entre países en vías de desarrollo y países desarrollados que ayuden a construir tecnologías comunes en el manejo de desastres.
5.Los gobiernos locales deben adoptar el tema del cambio climático como una prioridad en la agenda parlamentaria. Ubicar los problemas específicos de cada región e incluirlas en una gran plan nacional de lucha contra el cambio climático.
6.Instrumentar y promover políticas que observen la perspectiva de género en la reducción del cambio climático.
7.Establecer lazos estrechos entre países de Asia, África, América Latina y Europa con la finalidad de promover e intercambiar estrategias que contrarresten los efectos nocivos del cambio climático y, más aún, que orienten a las nuevas generaciones y comunidades pobres a conservar los recursos naturales que el mundo aun tiene en abundancia.
El Congreso se llevó a cabo en coordinación con las siguientes organizaciones:
·Naciones Unidas y Estrategias Internacionales para la Reducción de Desastres (UNISDR).
·Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
·Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Mujeres (UNIFEM).
·Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).
·Naciones Unidas en Género y Alianza Climática (GGCA).
·Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
·Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO).
·Banco de Desarrollo Asiático (ADB).
·Comité Coordinador de Mujeres Parlamentarias de la Unión Inter-Parlamentaria (IPU/CCWP).
·Asimismo el Congreso contó con la participación de los miembros del propio Centro de Mujeres en Políticas Asia-Pacífico provenientes de Tailandia, Pakistán, Singapur, Japón, Corea, Nueva Guinea, Australia, Estados Unidos y Filipinas, así como legisladores invitados de países como México.
El Congreso tuvo como objetivo general la creación de un foro para legisladores y líderes de gobiernos locales en todos los niveles para motivar la formulación de una legislación de género así como programas orientados al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
Los objetivos específicos del evento fueron sustantivos para la comprensión del cambio climático:
1.Para entender el fenómeno del cambio climático y sus impactos así como un estudio acucioso y estratégico de la reducción del riesgo en la materia;
2.Para la revisión y examen de los aspectos de género en el cambio climático y la reducción del riesgo.
3.Para definir el rol que las mujeres juegan en la orientación y diseño de políticas que impactan directamente en el cambio climático y la reducción de riesgos en la matera a nivel global, nacional y local; y
4.Para la identificación y definición de una agenda parlamentaria instrumentada por mujeres líderes que favorezcan acciones globales y nacionales que adapten las responsabilidades de género en relación al cambio climático y la reducción de desastres.
El fenómeno del Cambio Climático
El cambio climático representa una amenaza para la libertad humana y una limitante en los esfuerzos globales para el combate a la pobreza. Actualmente, en promedio, una de cada 19 personas de países en desarrollo será golpeada por desastres climáticos, en comparación con los países integrantes de la OCDE, en donde sólo uno de cada 1,500 sufrirá los estragos de los desastres naturales. Entre más dramáticos sean los desastres naturales provocados por el cambio climático, los esfuerzos globales y de gobiernos nacionales deberán ser más estrictos con la finalidad de preservar una atmósfera habitable que promueva el desarrollo de la población mundial, sobre todo de los más jóvenes y pobres del planeta.
La discusión global se ha centrado en la elaboración de un mapa crítico en donde el cambio climático ha impactado de manera más violenta, así como la aplicación de acciones que lo reviertan. Las acciones deben incluir los mecanismos que frenen y reviertan más rápido la devastación que se ha producido en muchas regiones del mundo, principalmente, en aquellas que son más vulnerables, pese a los esfuerzos que se han venido instrumentando, éstos aún requieren de estrategias más firmes y comprometidas de todos los actores sociales.
Entre las principales necesidades que se ubicaron durante el evento para revertir el impacto negativo que han sufrido los diferentes países alrededor del mundo, se encuentran:
1.En primer lugar, se requiere de una participación mucho más activa por parte de los gobiernos locales, se reconoce que éstos han instrumentado acciones importantes, no obstante, esta temática aún no es una prioridad en las agendas gubernamentales.
2.Es necesario ubicar soluciones reales en esta materia y que sean adaptables a cada país. Por ejemplo, la creación de tecnologías que produzcan fuentes de energía mucho más económicas y contribuyan a la eliminación de gases tóxicos en la atmósfera.
3.Es necesario crear las herramientas que ayuden a instrumentar estas soluciones reales, mayor regulación, políticas viables, mayor participación de la ciudadanía y empresas privadas. En este sentido, la regulación gubernamental es indispensable.
¿Por qué es necesaria una visión de género para enfrentar el cambio climático?
Primera conclusión: Es importante reconocer que hay un impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres por el cambio climático.
Debemos entender que el cambio climático no es un proceso neutral. En primera instancia, las mujeres en general son más vulnerables a sus efectos, no sólo porque forman la mayoría de la población más pobre del mundo, además ellas son más dependientes de las fuentes naturales de energía que ahora son amenazadas.
Las negociaciones o gestiones para revertir los efectos devastadores del cambio climático, han sido principalmente desde una visión puramente masculina, se ha supuesto erróneamente que el problema impacta de igual manera a toda la población, por lo tanto , las políticas que se han instrumentado para contrarrestarlo han dejado al margen las necesidades y problemas que deben enfrentar las mujeres en esta materia.
En este sentido, el tema del género vinculado a la pobreza, es el punto de partida para reconocer los problemas que el cambio climático está causando en la población femenina y así, planear una política orientada a dar soluciones. Es absolutamente necesario vencer las barreras que hasta ahora se han levantado entre las soluciones para revertir el fenómeno y los problemas de la pobreza femenina, ambos forman actualmente un solo problema. Sólo por citar un ejemplo, durante el tsunami asiático ocurrido en 2005, la población mayoritariamente afectada, desaparecida y que pereció en él, fueron mujeres, en la región de Aceh, más del 75 por ciento de las víctimas fueron mujeres, estos datos reflejan que la posición de las mujeres en la planeación política frente a desastres naturales y a la devastación del clima, no es una prioridad y ello deja a la población femenina en una situación altamente vulnerable.
Trabajos de mujeres y expertos en temas ambientales, han concluido que la participación femenina en la creación de soluciones y alternativas viables que contrarresten los efectos negativos del fenómenos, han sido ignoradas hasta hoy por los gobiernos locales, sin embargo, de acuerdo a estos expertos valdría mucho la pena considerar estas alternativas como soluciones reales, que realmente contribuyen a la conservación, protección y rehabilitación de las áreas vulnerables.
La manera en como son tratados los temas relativos al cambio climático, son una muestra más de cómo la perspectiva de género es frecuentemente omitida de las decisiones importantes que están afectando, paradójicamente, a las mujeres por ello, durante el Congreso, una de las preocupaciones básicas, fue exaltar la visión femenina del fenómeno, no por encima de la visión masculina, sino como una fusión de ideas que contribuyan realmente a solucionar el problema y no margine a la población que es más vulnerable al cambio.
Dentro de las principales conclusiones que se obtuvieron durante el Congreso, destacan las siguientes:
1.Desarrollar estrategias para mejorar el acceso y control de las mujeres a las fuentes de energía naturales.
2.Aprovechar los conocimientos y habilidades femeninas para utilizarlas en las zonas devastadas por el cambio climático.
3.Crear oportunidades, gobierno – empresa, para entrenar a las mujeres en el manejo de situaciones de desastres naturales.
4.Promover y estimular la difusión tecnológica entre países en vías de desarrollo y países desarrollados que ayuden a construir tecnologías comunes en el manejo de desastres.
5.Los gobiernos locales deben adoptar el tema del cambio climático como una prioridad en la agenda parlamentaria. Ubicar los problemas específicos de cada región e incluirlas en una gran plan nacional de lucha contra el cambio climático.
6.Instrumentar y promover políticas que observen la perspectiva de género en la reducción del cambio climático.
7.Establecer lazos estrechos entre países de Asia, África, América Latina y Europa con la finalidad de promover e intercambiar estrategias que contrarresten los efectos nocivos del cambio climático y, más aún, que orienten a las nuevas generaciones y comunidades pobres a conservar los recursos naturales que el mundo aun tiene en abundancia.
11/10/2008
Cuentas Públicas: una responsabilidad postergada
El 4 de noviembre de 2008 se cumplió el plazo para que la LX Legislatura aprobara en el pleno, la revisión de las cuentas públicas 2002, 2003 y 2004. La revisión de la Cuenta Pública es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y una herramienta que nos permite como legisladores conocer el verdadero destino de los dineros públicos. Sin embargo, a pesar de contar con el dictamen correspondiente, se postergó su discusión, por falta de consenso entre las fracciones parlamentarias para subir el tema a tribuna. Uno de los puntos recurrentes en los tres decretos se relaciona con el incumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental llevados a cabo por los ejecutores del gasto público federal. Se detectó por ejemplo, que la Secretaría de Energía; Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público fueron las secretarías que mayor número de observaciones recibieron por el incumplimiento a las disposiciones legales. El Ramo General 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" también recibió un número importante de observaciones, lo que significa un llamado de atención para vigilar la aplicación correcta de estos recursos. Las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004 corresponden a la adminstración de Vicente Fox Quezada y el análisis de estas cuentas nos llevan a concluir que durante su administración hubo irregularidades; fallas en el actuar administrativo; falta de transparencia y acceso a la información. Además de que no alcanzó las proyecciones de crecimiento económico, recaudación tributaria y tasa inflacionaria establecidas en los Criterios Generales de Política Económica. Como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, debemos mencionar que como un aporte a la revisión de estas cuentas públicas, recomendamos etiquetar los recursos destinados a la equidad de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación e hicimos un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que incluya dentro de sus programas, auditorías de género, que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y de los recursos dstinados a las mujeres.
10/03/2008
2 de octubre 1968-2008: un necesario compromiso de la izquierda con la democracia.
En el año de 2006, el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró a Luis Echeverría Álvarez, al considerar que no existía ninguna prueba que lo inculpara como responsable de los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968, cuando el fungía como secretario de Gobernación. A pesar de ello, en su alegato el Juez determinó que sí hubo genocidio planeado y ejecutado. Es decir, que “el 2 de Octubre de 1968, un grupo de estudiantes fueron eliminados por motivos políticos”.
Si Luis Echeverría, ya fue exonerado, entonces, ¿a quién inculpar por este genocidio planeado y ejecutado en la Plaza de Tlatelolco? ¿Quiénes fueron los autores y quiénes los cómplices de este genocidio? A cuatro décadas de estos sucesos, lo único que tenemos como certeza es que hay culpables sin castigo, y decenas de muertos a los cuales la incipiente democracia nuestra no ha hecho justicia.
Los crímenes del 68 no pueden quedar en un pasado irresuelto, operando constantemente sobre nuestro presente; como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre la tesis del Juez español Baltasar Garzón, quién al referirse al caso de Argentina, menciona: “Que la obediencia debida sea un valor legitimado por la palabra del derecho es la mejor forma de permitir la repetición de las prácticas genocidas”.
Hacer memoria es hacer política, por ello, para esta sociedad que se resiste al olvido, cuatro décadas de impunidad deben traducirse en una sola palabra: ¡Justicia para los caídos del 68!
Así como el régimen posrevolucionario adquirió una deuda con los campesinos que dieron su vida en la Revolución de 1910 -que por cierto, sigue sin saldarse- los gobiernos actuales, producto de la alternancia política, alternancia que solo es posible bajo un sistema democrático, tienen una deuda con el Movimiento del 68.
Con la alternancia política llegó el Partido Acción Nacional al poder, y es este partido y su gobierno el que tiene esta responsabilidad de saldar esta deuda histórica.
El movimiento estudiantil de 1968 fue un momento de ruptura. La juventud mexicana reaccionó contra el fracaso posrevolucionario, cuya política esencial nunca fue suficiente para cumplir con sus propias divisas: justicia, libertad, democracia.
Gracias al Movimiento del 68, el sistema político mexicano observó signos de apertura; la democracia como forma de vida y no sólo como retórica, inició un camino de posibilidad, con la reforma política de 1976; la eclosión de la pluralidad y heterogeneidad de la sociedad mexicana producto de los movimientos políticos de 1986 y 1988; la definitiva reforma de 1996 y la consolidación del Instituto Federal Electoral.
Con estos cambios, el autoritarismo, la injusticia y las palabras huecas del régimen del Partido de Estado, parecieron encontrarse seriamente en entredicho. Hace cuarenta años, México se derrumbó, un México autoritario y paternalista se vino abajo, gracias a una juventud que no se resignó a seguir el curso del viejo régimen.
Por eso pregunto al Partido Acción Nacional, ¿están ustedes dispuestos o no; no con discursos, sino con actos de gobierno, a hacer justicia al Movimiento del 68? ¿Puede ser ese, su compromiso el día de hoy, para conmemorar cuarenta años de resistencia y de lucha contra la impunidad? ¿O tendremos que esperar al 2012 o al 2018 cuando de nueva cuenta, se de, la alternancia por la vía democrática?
1968 fue también el tiempo de la izquierda, de una izquierda revolucionara, ciertamente; comprometida con la denuncia de las promesas incumplidas y con el desenmascaramiento de una nueva alianza entre los herederos políticos de la revolución y el conservadurismo oligopólico que durante tantos años ejerció un control férreo sobre el país; una izquierda joven, activa, creativa y contestataria, que tuvo la osadía de tomarle la palabra a un régimen empeñado en la simulación y en las apariencias; un régimen que ni por equivocación podía autodenominarse democrático. La Dictadura Perfecta, mencionó alguna vez, el escritor Vargas Llosa.
Sin embargo, como izquierda, también tenemos una deuda con el Movimiento del 68: una deuda que tiene que ver con el hacernos cargo, del actual déficit democrático en el que vive nuestro sistema político. Desterrar de una vez por todas el clientelismo y corporativismo de nuestras instituciones políticas; el charrismo y la corrupción de las instituciones sindicales. En pocas palabras, desterrar las transacciones que todavía se realizan con el viejo régimen político.
No, no es suficiente un discurso de izquierda, no es suficiente luchar contra la desigualdad y contra la discriminación. Requerimos de una práctica política comprometida de verdad con la democracia.
El movimiento estudiantil del 68, se rebeló contra el viejo régimen para acabar con el autoritarismo revolucionario; en pocas palabras para iniciar nuestro tardío arribo a la construcción de ciudadanía. ¿Qué ha hecho la izquierda, sino ser cómplice del cierre de espacios de participación ciudadana?
En los últimos cinco años, la izquierda ha hecho un triste papel, al votar reformas electorales que limitan la pluralidad y gobernabilidad democrática. Reformas que se traducen en un precario sistema de partidos. Cómodamente instalada en la repartición del poder, la izquierda partidista ha perdido contacto con la ciudadanía. ¿Será capaz, esta izquierda, de recuperar el rumbo hacia una sociedad más democrática y con ello dar continuidad a lo que inició el movimiento de 68?
Y sin embargo, el movimiento del 68 significó no solo una revolución política; significó, sobre todo, una revolución cultural. Para las mujeres mexicanas el 68 fue un parteaguas: el inicio de la emancipación. Para nosotras significó, por primera vez, vivir la experiencia de la libertad y la igualdad, aunque fuera sólo por unos cuantos meses. Por primera vez, hombres y mujeres salieron a las calles para reclamar la democratización, no sólo del régimen político sino también de nuestra sociedad. Esa fue la señal, y muchos la comprendieron y la respaldaron, dando a la sociedad mexicana la posibilidad de, por primera vez, verse entre pares. Junto con el 68, llegaron también, para quedarse, la píldora y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Las diversas manifestaciones generalmente de corte político y profundamente contestatarias que se derivaron de la participación política de las mujeres en el movimiento del 68; han tenido repercusiones importantes: en la década de los 70s el machismo empezó a ser cuestionado como parte “natural” de la identidad masculina del “mexicano”, para ser considerado como una de las dimensiones de la discriminación de género. En las ultimas tres décadas del siglo XX el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres en México desarrolló diversas estrategias para avanzar en su agenda. Desde los años 70 se intensificó de manera gradual y con mucha creatividad la participación de las mujeres en el espacio de lo público. Este contexto favoreció que en 1974 se reformara el Artículo 4º de la Constitución mexicana, el cual garantiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y; libertad sexual y reproductiva.
También fue un contexto propicio para que a finales de esa misma década, en 1979, el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) junto con la Coalición de Mujeres Feminista elaboraran el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante esta Cámara de Diputados. Este proyecto no prosperó, sin embargo, con estos hechos jurídicos y culturales las mujeres mexicanas pudieron acceder paulatinamente al control de su fecundidad y a un ejercicio más libre de su sexualidad. Hoy a cuarenta años de ese movimiento que revolucionó la vida de las mujeres mexicanas y habiendo avanzado en la conquista de nuestro derecho a decidir, queremos rendir un homenaje a las mujeres del 68.
El movimiento de 1968 nos abrió una puerta hacia la democracia, hacia la igualdad y hacia la no discriminación, pero nuestra actual clase política sigue renuente a cruzar el umbral. Una clase política que ignora sus deudas con el pasado. Una clase política que es incapaz también de conmoverse con el presente. Conmoverse, por ejemplo, ante la muerte de Ramiro Guillén Tapia, dirigente campesino popoluca, quien en un acto de desesperación, se prendió fuego ante la mirada indiferente de las autoridades de Veracruz. Ramiro Guillén Tapia, es una metáfora, una metáfora del México actual que se desmorona frente a la mirada indolente de una clase política que se compromete solo con ella misma.
En cambio, una sociedad civil cada vez más vital y participativa, busca, fuera del sistema de partidos, avanzar hacia el futuro sin olvidarse de saldar cuentas con su pasado. Ojalá que la izquierda este a la altura para ir a su encuentro. Muchas Gracias!
Si Luis Echeverría, ya fue exonerado, entonces, ¿a quién inculpar por este genocidio planeado y ejecutado en la Plaza de Tlatelolco? ¿Quiénes fueron los autores y quiénes los cómplices de este genocidio? A cuatro décadas de estos sucesos, lo único que tenemos como certeza es que hay culpables sin castigo, y decenas de muertos a los cuales la incipiente democracia nuestra no ha hecho justicia.
Los crímenes del 68 no pueden quedar en un pasado irresuelto, operando constantemente sobre nuestro presente; como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre la tesis del Juez español Baltasar Garzón, quién al referirse al caso de Argentina, menciona: “Que la obediencia debida sea un valor legitimado por la palabra del derecho es la mejor forma de permitir la repetición de las prácticas genocidas”.
Hacer memoria es hacer política, por ello, para esta sociedad que se resiste al olvido, cuatro décadas de impunidad deben traducirse en una sola palabra: ¡Justicia para los caídos del 68!
Así como el régimen posrevolucionario adquirió una deuda con los campesinos que dieron su vida en la Revolución de 1910 -que por cierto, sigue sin saldarse- los gobiernos actuales, producto de la alternancia política, alternancia que solo es posible bajo un sistema democrático, tienen una deuda con el Movimiento del 68.
Con la alternancia política llegó el Partido Acción Nacional al poder, y es este partido y su gobierno el que tiene esta responsabilidad de saldar esta deuda histórica.
El movimiento estudiantil de 1968 fue un momento de ruptura. La juventud mexicana reaccionó contra el fracaso posrevolucionario, cuya política esencial nunca fue suficiente para cumplir con sus propias divisas: justicia, libertad, democracia.
Gracias al Movimiento del 68, el sistema político mexicano observó signos de apertura; la democracia como forma de vida y no sólo como retórica, inició un camino de posibilidad, con la reforma política de 1976; la eclosión de la pluralidad y heterogeneidad de la sociedad mexicana producto de los movimientos políticos de 1986 y 1988; la definitiva reforma de 1996 y la consolidación del Instituto Federal Electoral.
Con estos cambios, el autoritarismo, la injusticia y las palabras huecas del régimen del Partido de Estado, parecieron encontrarse seriamente en entredicho. Hace cuarenta años, México se derrumbó, un México autoritario y paternalista se vino abajo, gracias a una juventud que no se resignó a seguir el curso del viejo régimen.
Por eso pregunto al Partido Acción Nacional, ¿están ustedes dispuestos o no; no con discursos, sino con actos de gobierno, a hacer justicia al Movimiento del 68? ¿Puede ser ese, su compromiso el día de hoy, para conmemorar cuarenta años de resistencia y de lucha contra la impunidad? ¿O tendremos que esperar al 2012 o al 2018 cuando de nueva cuenta, se de, la alternancia por la vía democrática?
1968 fue también el tiempo de la izquierda, de una izquierda revolucionara, ciertamente; comprometida con la denuncia de las promesas incumplidas y con el desenmascaramiento de una nueva alianza entre los herederos políticos de la revolución y el conservadurismo oligopólico que durante tantos años ejerció un control férreo sobre el país; una izquierda joven, activa, creativa y contestataria, que tuvo la osadía de tomarle la palabra a un régimen empeñado en la simulación y en las apariencias; un régimen que ni por equivocación podía autodenominarse democrático. La Dictadura Perfecta, mencionó alguna vez, el escritor Vargas Llosa.
Sin embargo, como izquierda, también tenemos una deuda con el Movimiento del 68: una deuda que tiene que ver con el hacernos cargo, del actual déficit democrático en el que vive nuestro sistema político. Desterrar de una vez por todas el clientelismo y corporativismo de nuestras instituciones políticas; el charrismo y la corrupción de las instituciones sindicales. En pocas palabras, desterrar las transacciones que todavía se realizan con el viejo régimen político.
No, no es suficiente un discurso de izquierda, no es suficiente luchar contra la desigualdad y contra la discriminación. Requerimos de una práctica política comprometida de verdad con la democracia.
El movimiento estudiantil del 68, se rebeló contra el viejo régimen para acabar con el autoritarismo revolucionario; en pocas palabras para iniciar nuestro tardío arribo a la construcción de ciudadanía. ¿Qué ha hecho la izquierda, sino ser cómplice del cierre de espacios de participación ciudadana?
En los últimos cinco años, la izquierda ha hecho un triste papel, al votar reformas electorales que limitan la pluralidad y gobernabilidad democrática. Reformas que se traducen en un precario sistema de partidos. Cómodamente instalada en la repartición del poder, la izquierda partidista ha perdido contacto con la ciudadanía. ¿Será capaz, esta izquierda, de recuperar el rumbo hacia una sociedad más democrática y con ello dar continuidad a lo que inició el movimiento de 68?
Y sin embargo, el movimiento del 68 significó no solo una revolución política; significó, sobre todo, una revolución cultural. Para las mujeres mexicanas el 68 fue un parteaguas: el inicio de la emancipación. Para nosotras significó, por primera vez, vivir la experiencia de la libertad y la igualdad, aunque fuera sólo por unos cuantos meses. Por primera vez, hombres y mujeres salieron a las calles para reclamar la democratización, no sólo del régimen político sino también de nuestra sociedad. Esa fue la señal, y muchos la comprendieron y la respaldaron, dando a la sociedad mexicana la posibilidad de, por primera vez, verse entre pares. Junto con el 68, llegaron también, para quedarse, la píldora y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Las diversas manifestaciones generalmente de corte político y profundamente contestatarias que se derivaron de la participación política de las mujeres en el movimiento del 68; han tenido repercusiones importantes: en la década de los 70s el machismo empezó a ser cuestionado como parte “natural” de la identidad masculina del “mexicano”, para ser considerado como una de las dimensiones de la discriminación de género. En las ultimas tres décadas del siglo XX el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres en México desarrolló diversas estrategias para avanzar en su agenda. Desde los años 70 se intensificó de manera gradual y con mucha creatividad la participación de las mujeres en el espacio de lo público. Este contexto favoreció que en 1974 se reformara el Artículo 4º de la Constitución mexicana, el cual garantiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y; libertad sexual y reproductiva.
También fue un contexto propicio para que a finales de esa misma década, en 1979, el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) junto con la Coalición de Mujeres Feminista elaboraran el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante esta Cámara de Diputados. Este proyecto no prosperó, sin embargo, con estos hechos jurídicos y culturales las mujeres mexicanas pudieron acceder paulatinamente al control de su fecundidad y a un ejercicio más libre de su sexualidad. Hoy a cuarenta años de ese movimiento que revolucionó la vida de las mujeres mexicanas y habiendo avanzado en la conquista de nuestro derecho a decidir, queremos rendir un homenaje a las mujeres del 68.
El movimiento de 1968 nos abrió una puerta hacia la democracia, hacia la igualdad y hacia la no discriminación, pero nuestra actual clase política sigue renuente a cruzar el umbral. Una clase política que ignora sus deudas con el pasado. Una clase política que es incapaz también de conmoverse con el presente. Conmoverse, por ejemplo, ante la muerte de Ramiro Guillén Tapia, dirigente campesino popoluca, quien en un acto de desesperación, se prendió fuego ante la mirada indiferente de las autoridades de Veracruz. Ramiro Guillén Tapia, es una metáfora, una metáfora del México actual que se desmorona frente a la mirada indolente de una clase política que se compromete solo con ella misma.
En cambio, una sociedad civil cada vez más vital y participativa, busca, fuera del sistema de partidos, avanzar hacia el futuro sin olvidarse de saldar cuentas con su pasado. Ojalá que la izquierda este a la altura para ir a su encuentro. Muchas Gracias!
9/26/2008
VOTO SECRETO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS
Una de las expresiones del autoritarismo del sistema político mexicano -que persiste y se niega a morir- es la corporativización, el clientelismo y el control de las organizaciones de los trabajadores en manos de líderes corruptos: una vez apoderados de la dirección sindical, no hay regla ni procedimiento democrático que logre moverlos de su feudo. Un mecanismo de control, particularmente nocivo y antidemocrático para el desarrollo del sindicalismo en nuestro país ha sido la imposibilidad de ejercer el voto secreto en distintos procedimientos de la vida sindical.
Dado que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no especifica ni garantiza la secrecía del voto en este tipo de procesos, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, presentamos recientemente una iniciativa una de ley, que tiene el objetivo de incluir en la LFT la modalidad del voto secreto en todas aquellas actividades gremiales, donde se deba garantizar la libertad y las prerrogativas laborales de los trabajadores sindicalizados. Esta iniciativa acompaña, en el mismo sentido, a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar su seguridad y la democracia sindical.
El voto secreto es un tema de trascendental importancia para nuestro país, ya que es una garantía del sufragio universal y un elemento imprescindible que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los gremios. Además de ser un instrumento legal para dirimir problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir. En este sentido, el voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que traducido al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato a que pertenecen.
A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato, la Corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan mediante el voto su opinión en la vida sindical. Con esta decisión sin precedente, la Corte ha dado un paso trascendental y sin retorno hacia la plena libertad, democracia y transparencia sindical. Ahora le corresponde al Poder Legislativo concretarlo y especificarlo en la Ley Federal del Trabajo, haciendo una propuesta de reforma integral.
Con base a lo anterior propusimos reformar los artículos 371 en su fracción IX; 379 fracción I; 660 fracción VIII; 681 y 931 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezcan las características del voto secreto, libre y directo, con el fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.
A nivel internacional, el voto secreto es práctica común y es admitida como un elemento plenamente compatible con la libertad de asociación a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. También ha sido una exigencia en el ámbito de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio del América del Norte, especialmente el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el que se ha asumido la promoción de parámetros como la transparencia, la inspección laboral y el voto secreto, particularmente en los recuentos. Si pretendemos ser un país competitivo en el concierto internacional, es justo que aprovechemos las mejores prácticas de esta competencia y una de ellas es garantizar las condiciones para que la libertad y democracia sindical sean efectivas. De esta manera, la propuesta de modificación planteada restituye a los trabajadores su libertad de asociación, su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y se asegura su condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial.
Dado que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no especifica ni garantiza la secrecía del voto en este tipo de procesos, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, presentamos recientemente una iniciativa una de ley, que tiene el objetivo de incluir en la LFT la modalidad del voto secreto en todas aquellas actividades gremiales, donde se deba garantizar la libertad y las prerrogativas laborales de los trabajadores sindicalizados. Esta iniciativa acompaña, en el mismo sentido, a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar su seguridad y la democracia sindical.
El voto secreto es un tema de trascendental importancia para nuestro país, ya que es una garantía del sufragio universal y un elemento imprescindible que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los gremios. Además de ser un instrumento legal para dirimir problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir. En este sentido, el voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que traducido al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato a que pertenecen.
A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato, la Corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan mediante el voto su opinión en la vida sindical. Con esta decisión sin precedente, la Corte ha dado un paso trascendental y sin retorno hacia la plena libertad, democracia y transparencia sindical. Ahora le corresponde al Poder Legislativo concretarlo y especificarlo en la Ley Federal del Trabajo, haciendo una propuesta de reforma integral.
Con base a lo anterior propusimos reformar los artículos 371 en su fracción IX; 379 fracción I; 660 fracción VIII; 681 y 931 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezcan las características del voto secreto, libre y directo, con el fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.
A nivel internacional, el voto secreto es práctica común y es admitida como un elemento plenamente compatible con la libertad de asociación a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. También ha sido una exigencia en el ámbito de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio del América del Norte, especialmente el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el que se ha asumido la promoción de parámetros como la transparencia, la inspección laboral y el voto secreto, particularmente en los recuentos. Si pretendemos ser un país competitivo en el concierto internacional, es justo que aprovechemos las mejores prácticas de esta competencia y una de ellas es garantizar las condiciones para que la libertad y democracia sindical sean efectivas. De esta manera, la propuesta de modificación planteada restituye a los trabajadores su libertad de asociación, su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y se asegura su condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial.
9/24/2008
¿De qué se ríe señor procurador? ¿De qué se ríe?
Glosa del Segundo Informe de Gobierno sobre Seguridad Pública.
Señor Procurador:
Según los reportes a nuestro alcance, el día primero de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a su dependencia que se habían recibido amenazas de atentados con granadas de fragmentación para la noche del grito de independencia. El 8, 12, 13 y el mismo 15 de septiembre se recibieron las mismas amenazas y nuevamente la dependencia a su cargo fue informada. Es decir, en todos los casos tanto la Procuraduría General de la República, como el propio CISEN, fueron puntualmente informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En su dependencia: ¿Quién recibió la información? ¿Estaba usted enterado de esos reportes? ¿Qué instancia la procesó y cuál fue el reporte de inteligencia criminal que usted recibió? ¿En qué fecha? ¿Con qué número de oficio o en que docuemnto? ¿Cuáles eran sus conclusiones?. Ante la gravedad de los reportes, ¿qué medidas planeó usted y qué instrucciones ordenó con base en el análisis de la información que le fuera remitida a su dependencia? ¿En qué oficios? ¿a quiénes ordenó actuar y de qué manera?. ¿Cómo explica usted, lo que documenta la prensa, acerca de la escasa presencia federal antes del atentado del 15 de septiembre en Morelia, Mich.?
Tener información y no actuar es negligencia señor Procurador. Por eso le pregunto...¿De qué se ríe, señor Procurador, de qué se ríe?
Señor Procurador:
Según los reportes a nuestro alcance, el día primero de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a su dependencia que se habían recibido amenazas de atentados con granadas de fragmentación para la noche del grito de independencia. El 8, 12, 13 y el mismo 15 de septiembre se recibieron las mismas amenazas y nuevamente la dependencia a su cargo fue informada. Es decir, en todos los casos tanto la Procuraduría General de la República, como el propio CISEN, fueron puntualmente informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En su dependencia: ¿Quién recibió la información? ¿Estaba usted enterado de esos reportes? ¿Qué instancia la procesó y cuál fue el reporte de inteligencia criminal que usted recibió? ¿En qué fecha? ¿Con qué número de oficio o en que docuemnto? ¿Cuáles eran sus conclusiones?. Ante la gravedad de los reportes, ¿qué medidas planeó usted y qué instrucciones ordenó con base en el análisis de la información que le fuera remitida a su dependencia? ¿En qué oficios? ¿a quiénes ordenó actuar y de qué manera?. ¿Cómo explica usted, lo que documenta la prensa, acerca de la escasa presencia federal antes del atentado del 15 de septiembre en Morelia, Mich.?
Tener información y no actuar es negligencia señor Procurador. Por eso le pregunto...¿De qué se ríe, señor Procurador, de qué se ríe?
9/23/2008
POR UNA POLITICA ALTERNATIVA HACIA LAS DROGAS
Seguramente hay diversas motivaciones para que, quiénes no somos especialistas en la materia, nos interesemos por el tema de las drogas, como un tema de interés público. En mi caso, ha sido el feminismo y su lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la principal premisa que me ha ubicado de lleno en esta causa. Hoy, para quiénes aspiramos a una sociedad libre, igualitaria y democrática, la lucha por una política alternativa hacia las drogas, es sin duda, una causa que no podemos soslayar. Es esta convicción la que nos ha convocado a un grupo de legos, especialistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil -hoy aglutinados en el Colectivo por una Política Integral hacia las drogas (CUPIHD) a trabajar y proponer políticas públicas y acciones legislativas que transformen las actuales políticas de Estado, desde una perspectiva integral y de respeto a los derechos humanos.
La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano para enfrentar el problema de las drogas está condenada al fracaso. Es una política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde a una política fundamentalmente prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal frente a las drogas; así como a insistir utópicamente en la idea de una “sociedad libre de drogas”.
El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido (y conocen) el uso de las drogas”.
El prohibicionismo convertido en política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de E.U. ha tenido la capacidad de imponer sus “reglas del juego” en todo el mundo y, México, su vecino incómodo, por supuesto, no sido la excepción. Las acciones de esta política se han orientado fundamentalmente a la erradicación de los cultivos ilícitos; “el desmantelamiento de grupos de narcotraficantes”; la militarización en todo el país de la lucha antidrogas y el rechazo a cualquier iniciativa pro-legalización de las drogas.
En relación con la erradicación de cultivos, no sabemos si los resultados son los esperados por el gobierno mexicano, lo que si sabemos es que el consumo aumenta en nuestro país. La política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México” no ha hecho sino fortalecer a los cárteles que se dice combatir. El número de muertes vinculadas al narcotráfico desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, suman al mes de julio del 2008 más de 5,000.
El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas no ha significado un avance para reducir el fenómeno, pero si ha incrementado el descontento social. La Presidencia de la República ha reportado que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) participó en el 2007 con un promedio mensual de 45,733 elementos militares en el combate al narcotráfico. El resultado colateral más visible ha sido la violación sistemática de los derechos humanos y; vergonzosos casos de violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares. Por nombrar tres casos significativos enunciaré: el caso de las mujeres trabajadoras sexuales de Castaños en Coahuila; el caso de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en Veracruz y el de tres mujeres también sexotrabajadoras en Guerrero.
Por último, la negativa a aceptar una eventual legalización de las drogas, ha conllevado que tanto el Ejecutivo Federal como la propia Cámara de Diputados no propicien siquiera el debate sobre este importante tema. Nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha presentado a la fecha dos iniciativas para regular el consumo de cannabis protegiendo el derecho de los consumidores como para regular su uso con fines médicos y terapéuticos.
Para esta política de combate al narcotráfico, el Ejecutivo Federal ha aumentado sus recursos en un 24% con relación al presupuesto del 2006 y ha involucrado a siete dependencias federales. Esta cantidad ascendió en el
En este contexto, el gobierno mexicano ha impulsado el Plan Mérida, como un acuerdo de “cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos que establece como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico...así como (procurar) la estabilidad y la seguridad de la región”. Hoy sabemos, por toda la discusión que se ha generado, que México tendrá que aportar 7000 millones de pesos y que este Plan apoyará las acciones militares del gobierno, destinando mayores recursos para adquirir armamento, capacitación militar, adquisición de equipo, y promover el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades cívicas con el fin de prevenir el consumo de drogas y evitar el trasiego para Estados Unidos.
Con todo este conjunto de cifras e indicadores, ¿Podría el gobierno federal decirnos cuándo tendrá fin esta guerra? ¿Cuándo podrá decirnos, finalmente, ganamos?
6/28/2008
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la interrupción voluntaria del embarazo
Honorables señoras y señores ministros.
En el debate sobre el aborto, el reto para un sistema justo y democrático, es construir espacios de discusión, de tolerancia y de respeto a la pluralidad de puntos de vista que se expresan en la vida pública. Por ello, como legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, quiero transmitir un reconocimiento de mi grupo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la apertura de este espacio de diálogo y disertación sobre un tema crucial para la vida de las mujeres. Como ha mencionado Marta Lamas en diversos foros: el debate sobre la penalización/ despenalización del aborto nos plantea el desafío de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos de primer orden: como la libertad de conciencia, la laicidad y el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y la privacidad. ¿Por qué es importante privilegiar la pluralidad y éstos principios democráticos?
Porque solo en un sistema democrático pueden convivir civilizadamente dos visiones de mundo que son irreconciliables y antagónicas: la de quienes estamos por el derecho a decidir de las mujeres y; la de quienes, basados fundamentalmente en preceptos morales, abogan en contra de ese derecho. Más allá de estas visiones, sin embargo, lo que es una realidad en la vida cotidiana de la gente es: que la Modernidad con sus avances científicos, políticos y culturales ha permitido a las personas trascender su propia biología y decidir cómo, cuándo y con quién tener hijos, o decidir no tenerlos. La modernidad con sus nuevas tecnologías reproductivas y con la conquista del derecho a la privacidad ha permitido a las personas apropiarse de su cuerpo y de su sexualidad.
Los argumentos a favor de una iniciativa como la aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que hemos escuchado en las audiencias de esta honorable SCJN, se han fundamentado en el desarrollo científico; en la bioética y en la importancia de las nuevas tecnologías en la vida reproductiva de las personas; en el derecho y en el incipiente avance para erradicar de nuestra legislación, la discriminación y el sexismo para transitar a una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se han ponderado los principios rectores de un estado laico y democrático y se ha expresado, que no existe una razón argumentativa y de derecho, a través de la cual se pueda imponer a la sociedad una consideración moral para condenar a las mujeres a la clandestinidad y a la muerte.
La condena, es básicamente una condena moral, como ha mencionado Luis de la Barreda Solórzano, pues “la magra punibilidad del aborto es indicativa de una depreciación “en las valoraciones sociales” que ha sufrido la vida en formación. En contrario sensu, la penalización del aborto no logra el cometido de disuadir a las mujeres de abortar una vez que han tomado la decisión de no continuar con un embarazo no deseado. En este sentido la conminación penal carece en absoluto, de efectos disuasivos.
La intimidación que produce no disuade de la comisión del delito, sino que propicia la clandestinidad y que decenas de miles de mujeres pobres sufran daños severos en su salud y que muchas de ellas pierdan la vida. ¿Por qué hablamos de mujeres pobres? Porque como bien se ha documentado “tratándose del aborto, no se hallará en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada. En otros términos: no existe otra figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto”. De ahí entonces, que el problema del aborto en nuestro país no sea solo un grave problema de salud pública sino también un grave problema de justicia social. Las mujeres con recursos pueden acceder –en la clandestinidad- a un aborto seguro sin poner en peligro su vida y su libertad. En cambio las mujeres pobres, justo por la clandestinidad, arriesgan su vida y se amenaza su libertad.
Aunado a este carácter clasista de la prohibición del aborto, está también el carácter impositivo de esta penalización, que no se limita a prohibir sino que obliga además, a una opción de vida como es la maternidad. Lo contrario a derecho es, precisamente, imponer conductas y más aún opciones de vida. Luigi Ferrajoli al respecto menciona que a diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones legales, la prohibición del aborto es el único caso en que la penalización conlleva también una obligación; situación que contrasta con todos los principios liberales del derecho penal.
En el cuerpo de la mujer, el embrión es una innegable realidad biológica. Pero su existencia toma sentido, si y solo si, la mujer establece una relación que le dota de significado dentro de su cuerpo. Es el deseo y la voluntad de la mujer lo que confiere al embrión su calidad de persona. La maternidad voluntaria ha sido una conquista de la cultura para trastocar ese “orden natural”, social y jurídico que condenaba al cuerpo de las mujeres a ser un mero receptáculo del deseo de otros. Por la razones anteriores, consideramos que es importante validar una legislación que erradica el trato discriminatorio y clasista hacia las mujeres y les confiere autonomía para decidir sobre su propio cuerpo.
En México, producto del análisis que esta honorable Corte realizó en el año 2002 a propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, se concluyó que el derecho a la vida no es un absoluto y por ello, la protección de este derecho, no excluye la opción de establecer varias causales en la práctica del aborto en todos los estados de la República Mexicana. Es una manera de reconciliar los intereses del estado en proteger la vida por nacer y los derechos constitucionales de la mujer a la vida, a la salud y a la maternidad voluntaria. Con la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal se reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir y libertad sobre su cuerpo; se evitan muertes por abortos clandestinos; se da cumplimiento al artículo 4º constitucional; se respeta el derecho sexual y reproductivo de las personas, especialmente de los jóvenes; se garantiza el derecho a la información y el acceso a servicios de salud de calidad. Por tanto, imponer criterios que resulten restrictivos de estos derechos, es contrario a la esencia de un Estado moderno y a los objetivos de un sistema democrático.
Hoy, frente a las sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por dos instituciones, que en teoría deberían garantizar los derechos humanos y de procurar justicia para las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí, el desafío de ponderar las razones que le asisten al derecho sobre las distintas consideraciones morales que se objetivan en el debate sobre el aborto.
Hoy en esta ciudad las mujeres, somos más libres y más ciudadanas. Señoras y señores ministros, hoy tienen ustedes la oportunidad de extender una carta de ciudadanía plena a las mujeres de esta ciudad.
Muchas gracias!.
Ciudad de México, 27 de junio de 2008.
6/18/2008
Nuestro trabajo legislativo y Alternativa Socialdemócrata
6/12/2008
CUBA Y EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es de gran interés el reconocimiento pleno de los derechos de la diversidad sexual por ello a partir de la IX Reunión Interparlamentaria realizada en La Habana, Cuba, el pasado mes de julio de 2007, establecimos contacto con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) dirigido por Mariela Castro. De ese primer contacto surgió la iniciativa de invitar a profesionales del Cenesex a México. El "Foro Derechos para la Diversidad Sexual", se realizó el 13 de septiembre de 2007 y fue organizado en el contexto del debate que se da en nuestro país para el reconocimiento y la ampliación de los derechos de ciudadanía de la comunidad LGBTTT así como en el marco de las discusiones y propuestas de ley que sobre este tema se han presentado tanto en la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba como en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por ello nos congratula saber que en Cuba a partir del 6 de junio pasado con la resolución 126 del Ministerio de Salud Pública, ya se autorizó de manera oficial la realización de operaciones de cambio de sexo, en el marco de un programa de atención “integral” a transexuales. Con esta resolución se prevé la creación de un Centro específico de atención a la salud para las personas transexuales que será coordinado por el Cenesex. Las operaciones serán gratuitas para los habitantes de la isla y actualmente ya hay una lista de espera aprobada de 28 personas. Cuba en poco tiempo ha logrado grandes avances en el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual. Y actualmente el Parlamento Cubano está estudiando reformar el Código de Familia para reconocer la unión legal de homosexuales y también tiene para su estudio un proyecto de ley sobre “identidad de género” que incluye el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, así como “su reconocimiento en los documentos legales de cada persona.” Mientras que en Cuba se dan estos grandes adelantos, en nuestro país todo parece congelarse. Legisladores federales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendríamos que volver nuestra mirada a Cuba y establecer un compromiso real con el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual y el respeto a las libertades de todas las personas.
5/23/2008
Reforma constitucional en materia de laicidad
En el mes de noviembre pasado un grupo de diputadas y diputados de los diferentes partidos en la Cámara de Diputados presentamos iniciativa de reforma constitucional en materia de laicidad. Con el fin de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano y fortalecer los derechos y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos, y de que se respeten y amplíen las garantías individuales y los derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna.
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales la cual de manera muy expedita elaboró un dictamen a favor en el que se incluyeron además de la iniciativa nuestra otras relacionadas con el tema. Después de varias reuniones fallidas en las que siempre se quedaba esperando para ser discutido el dictamen, el día 29 de abril del año en curso la Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración el dictamen y fue aprobado con 17 votos a favor 4 en contra del Partido Acción Nacional y una abstención también del PAN. La votación se dio de la siguiente manera:
| NOMBRE | PARTIDO | VOTO |
| PRD | A FAVOR | |
| PAN | EN CONTRA | |
| PAN | EN CONTRA | |
| PRD | A FAVOR | |
| PRI | A FAVOR | |
| PRI | A FAVOR | |
| CONV | A FAVOR | |
| PT | A FAVOR | |
| PAN | AUSENTE | |
| PAN | ABSTENCIÓN | |
| PRI | A FAVOR | |
| PAN | EN CONTRA | |
| PAN | AUSENTE | |
| PVEM | A FAVOR | |
| PRD | A FAVOR | |
| PAN | AUSENTE | |
| PRD | A FAVOR | |
| PRD | A FAVOR | |
| PRI | A FAVOR | |
| PAN | AUSENTE | |
| PRD | A FAVOR | |
| PAN | EN CONTRA | |
| PRD | A FAVOR | |
| PRI | A FAVOR | |
| PAN | AUSENTE | |
| PRI | A FAVOR | |
| PAN | AUSENTE | |
| PRD | AUSENTE | |
| PRI | A FAVOR | |
| PAN | AUSENTE |
Esta iniciativa es fruto nuestro trabajo como Alternativa Socialdemocrata y del esfuerzo de legisladoras como Martha Tagle de Convergencia y Rosario Ortiz del PRD. Así como de grupos de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, Afluentes, Gire, Frente Laico y algunas organizaciones religiosas, como el Foro Intereclesiastico Mexicano y La Luz del Mundo entre otras. Además contamos con la participación del Doctor Roberto Blancarte quien con sus conocimientos y gran experiencia en el tema apoyó de manera incondicional este esfuerzo.
Actualmente el dictamen se encuentra en primera lectura y falta que se agende para una segunda lectura y para la discusión correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto sucederá en el próximo periodo de sesiones que iniciará en el mes de septiembre. No hay que olvidar que por tratarse de una reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.
4/28/2008
Megalimosnas y el gober "piadoso"
Con fecha 24 de marzo del año en curso el Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez anunció la entrega de 90 millones de pesos a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque, cuyo costo final se estima en 2 mil millones de pesos.
Ese mismo día en Casa Jalisco el Gobernador entregó un primer cheque por la cantidad de $30 millones de pesos al Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Esto con el pretexto de apoyar una obra que según González Márquez dejará grandes beneficios económicos debido al turismo religioso.
Con la reciente donación de 90 millones de pesos del erario a un grupo privado como la Arquidiócesis de Guadalajara, se vulneran principios constitucionales establecidos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución del Estado de Jalisco y diversos ordenamientos legales.
En primer lugar se está violando el carácter laico del Estado y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna. También se está violentando el hecho de que las autoridades no pueden intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas. (Entendiendo como asuntos internos todos aquellos actos que las asociaciones religiosas realicen conforme a sus estatutos para el cumplimiento de su objeto) La construcción de un templo religioso corresponde a la vida interna de las mismas y no le concierne al Gobernador inmiscuirse en ellas. No hay la menor duda que el dinero va a ir a parar de forma directa a manos del clero. El llamado “donativo” es en realidad una forma de subsidio público y una clara intervención de autoridades del gobierno del Estado en los asuntos internos de una asociación religiosa, lo que está prohibido.
En segundo lugar el Gobernador de Jalisco está violando el artículo 108 constitucional y el 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos respecto a que todo servidor público tiene la obligación de cumplir con las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; además de la obligación de cumplir con el servicio que le fue encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su cargo. También le corresponde rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y sobre la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Hasta este momento el Gobernador no ha proporcionado ningún tipo de documentación que avale la legalidad de su acto.
En tercer lugar el artículo 120 de nuestra Carta Magna establece que los Gobernadores de los Estados están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes federales. Emilio González no está cumpliendo con este mandato constitucional al violar los artículos 3º, 5º, 8o y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los artículos 28 y 32 del Reglamento de la Ley. Los cuales establecen que el Estado mexicano es laico y que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Con este donativo se está privilegiando únicamente a la Arquidiócesis de Guadalajara, es decir a una sola agrupación religiosa. De igual forma la Ley establece que lo actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho. Por lo que la donación de 90 millones de pesos debe ser anulada por el simple hecho de violar esta Ley. Por su parte el artículo 8º establece que las asociaciones religiosas deben sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos, y fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. Mandatos que no están e siendo respetados por la Arquidiócesis de Guadalajara. Finalmente la Ley de Asociaciones Religiosas establece que le corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Por lo que dicha Secretaría debería de actuar en consecuencia y solicitarle al Gobernador del Estado de Jalisco y a la Arquidiócesis de Guadalajara una explicación de sus actos.
En cuarto lugar El Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez está violando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece en su artículo 1º que los ejecutores del gasto deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Y deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que la Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. La rendición de cuentas es una obligación en un Estado que se sustenta en las reglas de la democracia y la libertad. Por lo que el Gobernador está violando esos principios al usar discrecionalmente dinero público para darle viabilidad a un espacio religioso que además aún no existe.
En quinto lugar con esta donación millonaria por parte del Gobernador de Jalisco se está violentando el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que parte de sus facultades es cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes. Con este acto se extralimitó en sus funciones ya que no tiene facultades para otorgar donaciones de este tipo a ninguna asociación religiosa.
En sexto lugar y en consonancia con los artículos 90, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que establecen que por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los servidores públicos del Estado se harán acreedores a sanciones administrativas. Por lo que con la información obtenida hasta este momento podemos sospechar que el Gobernador del Estado ha incurrido en responsabilidad y se ha hecho acreedor al proceso administrativo correspondiente.
Finalmente corresponde al Congreso Local conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, pedir en primer término la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y en segundo lugar si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
La democracia no se agota el día de la elección, se práctica cada jornada y se ejerce apegándose al estado de derecho, a las leyes, las reglas y a las instituciones. El compromiso, del señor gobernador, es dar señales firmes de legalidad, para beneficio de la convivencia social. Es momento de enmendar los yerros, de corregir el rumbo gobernar para todos y cuidar los recursos públicos.
Por todo lo anterior nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presentó un punto de acuerdo, mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación, a través del cual: Se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez a que informe a ésta H. Cámara de Diputados sobre la donación de 30 millones de pesos del erario público para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque. Asimismo se le exhorta a detener la donación de los $60 millones de pesos pendientes de otorgar a la Arquidiócesis de Guadalajara, para este mismo fin y dar cumplimiento al estado de derecho. Se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y su Reglamento. En específico a las violaciones concretas a los artículos 3º, 5º, 8º y 25 de la Ley y a los artículos 28 y 32 del Reglamento de la misma. Y por último, Se exhorta al Congreso Local del Estado de Jalisco actúe conforme a derecho y de acuerdo a sus facultades establecidas en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que solicite la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
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