Seguramente hay diversas motivaciones para que, quiénes no somos especialistas en la materia, nos interesemos por el tema de las drogas, como un tema de interés público. En mi caso, ha sido el feminismo y su lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la principal premisa que me ha ubicado de lleno en esta causa. Hoy, para quiénes aspiramos a una sociedad libre, igualitaria y democrática, la lucha por una política alternativa hacia las drogas, es sin duda, una causa que no podemos soslayar. Es esta convicción la que nos ha convocado a un grupo de legos, especialistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil -hoy aglutinados en el Colectivo por una Política Integral hacia las drogas (CUPIHD) a trabajar y proponer políticas públicas y acciones legislativas que transformen las actuales políticas de Estado, desde una perspectiva integral y de respeto a los derechos humanos.
La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano para enfrentar el problema de las drogas está condenada al fracaso. Es una política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde a una política fundamentalmente prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal frente a las drogas; así como a insistir utópicamente en la idea de una “sociedad libre de drogas”.
El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido (y conocen) el uso de las drogas”.
El prohibicionismo convertido en política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de E.U. ha tenido la capacidad de imponer sus “reglas del juego” en todo el mundo y, México, su vecino incómodo, por supuesto, no sido la excepción. Las acciones de esta política se han orientado fundamentalmente a la erradicación de los cultivos ilícitos; “el desmantelamiento de grupos de narcotraficantes”; la militarización en todo el país de la lucha antidrogas y el rechazo a cualquier iniciativa pro-legalización de las drogas.
En relación con la erradicación de cultivos, no sabemos si los resultados son los esperados por el gobierno mexicano, lo que si sabemos es que el consumo aumenta en nuestro país. La política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México” no ha hecho sino fortalecer a los cárteles que se dice combatir. El número de muertes vinculadas al narcotráfico desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, suman al mes de julio del 2008 más de 5,000.
El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas no ha significado un avance para reducir el fenómeno, pero si ha incrementado el descontento social. La Presidencia de la República ha reportado que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) participó en el 2007 con un promedio mensual de 45,733 elementos militares en el combate al narcotráfico. El resultado colateral más visible ha sido la violación sistemática de los derechos humanos y; vergonzosos casos de violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares. Por nombrar tres casos significativos enunciaré: el caso de las mujeres trabajadoras sexuales de Castaños en Coahuila; el caso de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en Veracruz y el de tres mujeres también sexotrabajadoras en Guerrero.
Por último, la negativa a aceptar una eventual legalización de las drogas, ha conllevado que tanto el Ejecutivo Federal como la propia Cámara de Diputados no propicien siquiera el debate sobre este importante tema. Nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha presentado a la fecha dos iniciativas para regular el consumo de cannabis protegiendo el derecho de los consumidores como para regular su uso con fines médicos y terapéuticos.
Para esta política de combate al narcotráfico, el Ejecutivo Federal ha aumentado sus recursos en un 24% con relación al presupuesto del 2006 y ha involucrado a siete dependencias federales. Esta cantidad ascendió en el
En este contexto, el gobierno mexicano ha impulsado el Plan Mérida, como un acuerdo de “cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos que establece como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico...así como (procurar) la estabilidad y la seguridad de la región”. Hoy sabemos, por toda la discusión que se ha generado, que México tendrá que aportar 7000 millones de pesos y que este Plan apoyará las acciones militares del gobierno, destinando mayores recursos para adquirir armamento, capacitación militar, adquisición de equipo, y promover el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades cívicas con el fin de prevenir el consumo de drogas y evitar el trasiego para Estados Unidos.
Con todo este conjunto de cifras e indicadores, ¿Podría el gobierno federal decirnos cuándo tendrá fin esta guerra? ¿Cuándo podrá decirnos, finalmente, ganamos?
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