Cuentas Públicas: una responsabilidad postergada

El 4 de noviembre de 2008 se cumplió el plazo para que la LX Legislatura aprobara en el pleno, la revisión de las cuentas públicas 2002, 2003 y 2004. La revisión de la Cuenta Pública es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y una herramienta que nos permite como legisladores conocer el verdadero destino de los dineros públicos. Sin embargo, a pesar de contar con el dictamen correspondiente, se postergó su discusión, por falta de consenso entre las fracciones parlamentarias para subir el tema a tribuna. Uno de los puntos recurrentes en los tres decretos se relaciona con el incumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental llevados a cabo por los ejecutores del gasto público federal. Se detectó por ejemplo, que la Secretaría de Energía; Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público fueron las secretarías que mayor número de observaciones recibieron por el incumplimiento a las disposiciones legales. El Ramo General 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" también recibió un número importante de observaciones, lo que significa un llamado de atención para vigilar la aplicación correcta de estos recursos. Las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004 corresponden a la adminstración de Vicente Fox Quezada y el análisis de estas cuentas nos llevan a concluir que durante su administración hubo irregularidades; fallas en el actuar administrativo; falta de transparencia y acceso a la información. Además de que no alcanzó las proyecciones de crecimiento económico, recaudación tributaria y tasa inflacionaria establecidas en los Criterios Generales de Política Económica. Como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, debemos mencionar que como un aporte a la revisión de estas cuentas públicas, recomendamos etiquetar los recursos destinados a la equidad de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación e hicimos un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que incluya dentro de sus programas, auditorías de género, que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y de los recursos dstinados a las mujeres.