12/12/2006

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS 2006

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS 2006 SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO (CIPD)

Elsa Conde Rodríguez,
Legisladora Federal.

Grupo Parlamentario Alternativa

Centro de Convenciones de las Naciones Unidas
Bangkok, Tailandia, 21 y 22 de noviembre de 2006
Informe de participación

Asistimos a esta conferencia, mas de 130 parlamentarios procedentes de todas las regiones del mundo. La inauguración de la conferencia estuvo a cargo de la princesa Maha Chacri Sirindhorn. También contamos con la presencia del Sr. Meechai Ruchuphan, Presidente de la Asamblea Nacional de Tailandia, del Sr. Kim Hak-Su Subsecretario General de las Naciones Unidas y Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y de la Sra. Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidades. Se contó además con la presencia de panelistas y expertos y grupos parlamentarios nacionales, regionales y mundiales así como representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

Antecedentes de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD).

La Conferencia Mundial sobre Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en septiembre de 1994 en El Cairo, estuvo auspiciada por Naciones Unidas y fue organizada por la División de Población del Departamento de Información Económica y Social de la ONU y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

Como culminación de la CIPD 179 Estados adoptaron por consenso un Programa de Acción sobre la Población y el Desarrollo, con metas por alcanzar en un plazo no mayor a 20 años a partir de su formulación.

El Programa de Acción de la CIPD en términos generales enfatiza la necesidad de brindar atención a los grupos sociales y segmentos más vulnerables de la población; pone de relieve los asuntos vinculados con el crecimiento y el desarrollo económico, la igualdad y equidad entre mujeres y varones, y las necesidades de salud de la población; le asigna una renovada importancia a los derechos reproductivos; coloca a las personas en el centro de los esfuerzos del desarrollo y reconoce la función estratégica que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el seguimiento como en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Ø En El Cairo se dio un giro muy importante ante las políticas meramente demográficas; se reconoció que no basta reducir los índices de crecimiento poblacional para garantizar el desarrollo.

Ø Se dio prioridad a los derechos reproductivos, en el entendido de que sólo dando a las personas la posibilidad real de controlar libre y responsablemente su fecundidad se lograría reducir el crecimiento poblacional, y de que sólo con información y servicios de calidad se accede al desarrollo.

Ø Define la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”

Ø El Programa de Acción de El Cairo, por primera vez definió el concepto de derechos reproductivos como parte de los derechos humanos, y señala que “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos… y a disponer de información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”.

Ø También estableció que la salud y autodeterminación sexual y reproductiva son derechos humanos. Los derechos reproductivos garantizan que toda persona pueda:

· Decidir tener hijos o no

· Decidir libre y responsablemente el número de nacimientos y el espaciamiento entre los mismos

· Acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad, en todas las etapas de la vida

· Obtener la información y los medios para regular y controlar la fertilidad, incluyendo la anticoncepción de emergencia

· Obtener un aborto seguro en casos admitidos por la ley

· Acceder a tratamientos y métodos para atender problemas de infertilidad y esterilidad

· Obtener atención sanitaria de calidad durante el embarazo, el parto y después del alumbramiento.

Ø Se reconoció que el aborto inseguro es un problema de salud pública[1] y establecieron que todos los gobiernos debían ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas y reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Se recomendó que en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, deben realizarse en condiciones adecuadas.

La Asamblea General de la Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social, propuso efectuar seguimientos quinquenales del Programa de Acción de esta conferencia. En este sentido el primer seguimiento se dio del 30 de junio al 3 de julio de 1999 proceso que se denominó Cairo +5 (CIPD + 5).

En esa ocasión los países ratificaron su compromiso con los objetivos y metas planteados en el Programa de Acción y adoptaron por consenso el documento “Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo”.

El año 2004 marca el décimo aniversario de la CIPD y constituye el punto medio de su Programa de Acción a 20 años. El gobierno de México, como el de muchos otros países se ha sumado al seguimiento y ejecución del Programa de Acción, así como de las medidas clave para continuar su ejecución, emanadas de la revisión de Cairo + 5.

Siguiendo con lo compromisos adquiridos, el Gobierno de México incorporó las recomendaciones y objetivos del Cairo y Cairo +5 en varios de sus programas nacionales como el Programa Nacional de Población, el de Salud, el de Desarrollo Social y el de Equidad de Género.

En México, el reto de poner en práctica los acuerdos y recomendaciones ha sido asumido de manera conjunta por la sociedad civil y el gobierno. Debido a la amplia participación, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población. de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión de Población de la H. Cámara de Senadores y la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados, instalaron el Comité Técnico interinstitucional, el 4 de noviembre de 2003.

El Comité Técnico tuvo la tarea de revisar la ejecución en México del Programa de Acción de El Cairo a diez años de su aprobación y de esta revisión surgió El Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD + 10).

Antecedentes de la Conferencia Internacional de Parlamentarios 2006

La primera Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la CIPD se realizó en Ottawa, Canadá los días 21 y 22 de noviembre de 2002. En la conferencia de Ottawa participaron 102 representantes de 72 países y se estableció por primera vez un sistema mundial de vigilancia y seguimiento regular para los parlamentarios. La conferencia se ideó como la primera de una serie a celebrarse cada dos años en torno a los mismos temas, es decir: movilización de recursos y creación de un ámbito propicio a las cuestiones de población y desarrollo. La segunda Conferencia se celebró los días 18 y 19 de octubre de 2004 en Estrasburgo, Francia, bajo el auspicio del Consejo de Europa. Participaron en ella 119 representantes procedentes de 82 países.

Las dos conferencias obtuvieron resultados de gran importancia, pues los parlamentarios de todo el mundo asumieron el compromiso de Ottawa y el Compromiso de Estrasburgo como punto de referencia para su labor de apoyo al Programa de Acción de la CIPD. En los últimos cuatro años se aprobaron numerosas declaraciones e informes de parlamentarios a escala nacional, regional y mundial, que se remitían a los dos compromisos y sus llamados de acción.

Desarrollo de la Conferencia

Durante el primer día de reunión se realizó una recapitulación y balance de los progresos logrados después del El Cairo y del papel de los parlamentarios en la implementación del Programa de Acción de El Cairo. En este sentido, se reconocieron progresos en la creación de ámbitos propicios y en los niveles generales de financiación, sin embargo en el último decenio no ha cambiado sustancialmente la situación relativa a la salud reproductiva en los países en desarrollo. Las estadísticas en cuestiones de importancia tan crítica como la mortalidad derivada de la maternidad, el VIH/SIDA y el acceso a servicios de planificación familiar, permanecieron esencialmente invariables desde 1994. Además aún cuando en casi todos los países se han aprobado leyes y políticas en relación con la CIPD, su aplicación en la práctica sigue tropezando con dificultades en muchos países.

En este primer día de reunión, también se analizaron los resultados de la Encuesta Mundial 2006. En colaboración con un experto en legislación sobre población de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y con grupos nacionales y regionales de parlamentarios sobre población y desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas realizó esta Encuesta Mundial entre abril y agosto de 2006, obteniendo respuestas de parlamentarios de 103 países y del Parlamento Europeo.

Los resultados que a continuación presento fueron tomados textualmente del documento: De El Cairo a 2015: el camino del éxito: adelantos logrados por los parlamentarios en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Proyecto de Resumen Analítico. Fondo de Población de Naciones Unidas.2006

“Los parlamentarios encuestados indicaron como temas prioritarios para ellos: la igualdad entre hombres y mujeres y la ampliación de los medios de acción de la mujer; el VIH/SIDA; y la salud reproductiva y los derechos reproductivos. Sin embargo, cuando se correlacionaron esos intereses por región, se pusieron de manifiesto varias diferencias. Los parlamentarios de países donantes adoptaron iniciativas más dinámicas en cuanto a promover los aspectos delicados del Programa de Acción de la CIPD, e incluyeron en la definición de salud reproductiva y derechos reproductivos a “los derechos sexuales”, apoyaron el derecho al aborto y asignaron prioridad a lograr la derogación de las restricciones que impone la administración de los Estados Unidos a la financiación de programas de planificación de la familia.

El interés en la violencia por motivos de género era mayor en América Latina y Europa oriental y menor en el Asia central, el Asia meridional y los Estados árabes. En países en desarrollo, se mencionaron más frecuentemente tres cuestiones: 42% de los encuestados respondieron que habían elaborado legislación y una proporción igual, que habían colaborado de diversas maneras con organismos gubernamentales; 33% respondieron que habían creado conciencia entre otros parlamentarios o les habían proporcionado información. En principio, se esperaba que la mención más frecuente fuera tratar de que se aprobara legislación, puesto que éste es el papel principal de los parlamentarios. La falta de énfasis en preparar legislación tal vez refleje el hecho de que, en muchos países donantes, gran parte del Programa de Acción de la CIPD ya se ha abordado mediante legislación y que ahora, el centro de atención está en las gestiones para que aumente la asistencia de población a los países en desarrollo.

La labor primordial de los parlamentarios es revisar y aprobar legislación, inclusive legislación sobre consignación de créditos presupuestarios. También aprueban políticas formuladas por el Poder Ejecutivo y avalan resoluciones y declaraciones sobre temas de importancia. Los parlamentarios desplegaron intensas actividades al respecto. En general, los encuestados respondieron que habían participado personalmente en la aprobación de 250 leyes en 77 países, habían propuesto 157 proyectos de ley en 63 países y habían aprobado 67 políticas en 35 países.

De esas leyes, más de la mitad eran atinentes a la igualdad entre hombres y mujeres y la ampliación de los medios de acción de la mujer; la violencia por motivos de género, y la salud reproductiva y los derechos reproductivos. El resto correspondía a una amplia gama de temas, entre ellos la infancia, cuestiones sociales, derechos humanos, cuestiones de familia, juventud y adolescencia, VIH/SIDA, educación, salud, y población y desarrollo. Los temas de esas leyes estaban directamente correlacionados con los dos temas del Programa de Acción de la CIPD en que los parlamentarios expresaron mayor interés: igualdad entre hombres y mujeres, y salud reproductiva y derechos reproductivos. Por otra parte, manifestaron que habían aprobado relativamente pocas leyes sobre el VIH/SIDA en comparación con su grado de interés en este tema, mientras que el número de leyes relativas a la violencia por motivos de género era muy superior al que parecería indicar el grado de interés expresado al respecto.

Este resultado tal vez refleje el hecho de que lograr apoyo a leyes que prohíban la violencia sexual es más fácil que lograr consenso sobre leyes atinentes a cuestiones delicadas y complejas como el VIH/SIDA, el cual afecta opiniones culturales y religiosas profundamente arraigadas y entraña una amplia gama de cuestiones relativas a la salud, la educación y de índole sexual y de la justicia penal.

Los parlamentarios de 44 países en desarrollo señalaron que habían logrado un aumento de las consignaciones presupuestarias a cuestiones de la CIPD. Los parlamentarios mencionaron el aumento de la AOD en general, así como de la asistencia en esferas concretas, como VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, así como cuestiones que afectan a las mujeres y su salud. El alto porcentaje de países donde aumentó la AOD para temas de la CIPD indica el relativo éxito de las acciones de los parlamentarios para lograr resultados positivos.

La Encuesta pidió que los parlamentarios indicaran qué estrategias habían utilizado para superar las limitaciones con que tropezaron en su labor. La respuesta que predominó en gran medida fue que recurrieron a proporcionar información o a crear conciencia acerca de temas de la CIPD. Las otras dos respuestas más frecuentes fueron crear redes, alianzas y coaliciones; y realizar tareas de promoción. Los encuestados indicaron tres problemas principales en la aplicación de leyes y políticas: falta de recursos, inclusive falta de infraestructura (51%); falta de conocimiento de las leyes, inclusive el hecho de que las leyes no se reproducen en idiomas autóctonos (50%); y falta de voluntad, inclusive por razones de oposición de índole religiosa o cultural y falta de voluntad política (47%).”

Sobre la base de las respuestas de la Encuesta, a continuación se formularon las siguientes recomendaciones clave para el futuro.

1. Es necesario intensificar la interacción recíproca de los parlamentarios, a nivel nacional y regional.

2. Es necesario vincular el Programa de Acción de la CIPD con los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM) y proporcionar un mejor seguimiento de los adelantos registrados en los países.

3. Hay una abrumadora necesidad de información.

4. Es necesario formular estrategias para superar la oposición basada en motivos

religiosos o culturales

5. Los parlamentarios de países en desarrollo necesitan mayor capacitación, mientras que los parlamentarios de países donantes se beneficiarían con reuniones y giras de estudio.

6. Es necesario contar con más leyes sobre el VIH/SIDA

7. Cuando se aprueban leyes relacionadas con la CIPD, es necesario tener en cuenta las disparidades regionales.

8. Es necesario que los parlamentarios de países en desarrollo presten mayor atención a acrecentar las consignaciones presupuestarias destinadas a temas de la CIPD.

9. Es necesario lograr un mayor equilibrio en cuestiones de género e intensificar la

conciencia sobre esas cuestiones.

10. Es necesario fortalecer la vigencia y la puesta en práctica de leyes y políticas.

11. Es necesario que el UNFPA y los grupos regionales ofrezcan mayor apoyo financiero y material.

Durante la tarde del primer día de reunión sostuvimos un encuentro por región. En esta reunión realizamos un análisis de la Encuesta Mundial -sobre la cual ya reporté ampliamente los resultados más relevantes- y se propusieron recomendaciones de futuras estrategias para la acción a nivel nacional y regional. Asistimos a esta reunión representantes de: Chile, Brasil, Argentina, Honduras, El Salvador, Uruguay, Perú, Belice, Costa Rica, Guyana Ecuatorial, Canadá, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México. En esta reunión regional coincidimos en reconocer algunos avances en temas como: violencia de género, salud reproductiva, VIH-SIDA y equidad de género. Sin embargo, también reconocimos que nos enfrentamos a problemas estructurales derivados de falta de recursos; insuficiente inversión en gasto social en nuestros países, ausencia de una voluntad política clara para avanzar en temas relacionados con los derechos reproductivos y por último, una desarticulación de lo económico con lo social. Por último se enunciaron algunos temas sobre los cuales tendríamos que trabajar con mayor énfasis: migración, pueblos indígenas, juventud, tercera edad y familias. Asimismo construir una visión más integral para abordar problemáticas como: violencia sexual, explotación y comercio sexual y acceso al aborto legal. En resumen como región se priorizaron tres temas: igualdad entre los sexos; salud reproductiva y derechos reproductivos y desarrollo.

Otra conclusión que se construyó como región es la siguiente: América Latina es una región paradójica, donde se observan avances democráticos pero se profundiza la desigualdad y la pobreza. También se cuestionó a nivel regional, la actuación de la Jerarquía Católica, a quien se observa actuando de manera bien organizada y muy homogénea en toda la región. Por último nos comprometimos como región a buscar mayores recursos etiquetados para los temas de la CIPD.

En la sesión del 22 de noviembre, básicamente se trabajo sobre el proyecto de Declaración de Compromiso de Bangkok. Documento que anexo de manera íntegra a este informe.


Declaración de Compromiso de Bangkok

1. Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, nos hemos reunido en Bangkok, Tailandia, los días 21 y 22 de noviembre de 2006, para dar cumplimiento a nuestra promesa de recapitular los progresos logrados en las acciones que nos comprometimos a realizar cuando formulamos la Declaración de Compromiso de Ottawa, en noviembre de 2002, y la Declaración de Compromiso de Estrasburgo, en octubre de 2004.

2. Las dos Declaraciones de Compromiso constituyen el punto de referencia de nuestra labor.

3. Ambas Declaraciones nos comprometen a adoptar medidas, individual y colectivamente, mediante la movilización de recursos, y a crear ámbitos propicios para las cuestiones de salud sexual y reproductiva.

4. Nuestras acciones asignarán prioridad a: la promoción y protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas; la defensa y la promoción de la ampliación de los medios de acción de la mujer, y la igualdad y equidad entre hombres y mujeres; la eliminación de todas las formas de discriminación, coacción y violencia contra las mujeres y las niñas; la reducción de la morbilidad y la mortalidad derivadas de la maternidad, y del aborto realizado en malas condiciones, y el fortalecimiento de la maternidad sin riesgo y los servicios de planificación de la familia; el logro del acceso universal a servicios de prevención, atención, tratamiento y apoyo relativos al VIH y el SIDA; la integración de actividades para el VIH y el SIDA en los programas de salud sexual y reproductiva; y la provisión universal de información y servicios a los jóvenes, tanto dentro como fuera de las escuelas.

5. Ambas Declaraciones nos comprometen a asignar la más alta prioridad en los presupuestos nacionales, los enfoques sectoriales y las estrategias de reducción de la pobreza, a ampliar el acceso a servicios integrales de salud reproductiva y a la información al respecto y los productos necesarios.

6. Lo más importante es que las dos Declaraciones nos responsabilizan de traducir esos compromisos en resultados concretos, y de informar regular y sistemáticamente sobre la medida en que hemos dado cumplimiento a dichos compromisos.

Recapitulación

7. Nuestra recapitulación ha reafirmado tres cuestiones en particular:

a) Nuestro firme apoyo y compromiso en pro del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) como fundamento de nuestras acciones,

b) El indispensable papel del Programa de Acción de la CIPD en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, y

c) La necesidad de detectar y superar los obstáculos que se oponen a la movilización de recursos y crear el ámbito propicio necesario para llevar a la práctica el Programa de Acción de la CIPD.

8. Hemos tenido un éxito considerable. Hemos aprobado importantes leyes en materia de igualdad entre hombres y mujeres y violencia contra la mujer; y hemos tenido un moderado éxito en cuanto a influir sobre las asignaciones de fondos nacionales a la implementación del Programa de Acción de la CIPD. Nuestros logros en materia de promoción local y mundial a fin de cambiar percepciones y actitudes e incorporar la salud sexual y reproductiva en todos los procesos de desarrollo, son desiguales. Los compromisos obtenidos en las reuniones al más alto nivel de líderes mundiales, incluida la Cumbre Mundial 2005, en apoyo del acceso universal a los servicios de salud reproductiva y su vinculación de importancia crítica con el programa internacional de desarrollo, todavía no se han traducido en leyes ni políticas y programas nacionales apoyados con los recursos necesarios.

9. Los recursos destinados al tratamiento del SIDA han aumentado exponencialmente, mientras que los fondos para su prevención siguen escaseando. La financiación destinada a servicios de planificación de la familia, que es la primera línea de defensa contra la mortalidad derivada de la maternidad, disminuyó desde el 55% del total de los recursos de población en 1995 hasta el 9% en la actualidad. Y siguen escaseando los fondos para productos de salud reproductiva.

10. En consecuencia, en algunas regiones del mundo siguen casi invariables las tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad, mientras que las estadísticas relativas al VIH y el SIDA sólo van cambiando lentamente.

El camino a seguir

11. Es necesario que expresemos y demos a conocer ampliamente las pruebas tan claramente documentadas de que las cuestiones de población y salud sexual y reproductiva son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo, con el propósito de facilitar el diálogo nacional sobre políticas y la legislación, y replantear mejor las propuestas presupuestarias.

12. Debemos comunicar esta información al público, a nuestros colegas parlamentarios, a los funcionarios gubernamentales y a los medios de difusión, en un lenguaje claro, preciso y simple, inclusive los siguientes mensajes:

a) Cada minuto, una mujer muere debido a complicaciones relacionadas con el embarazo, inclusive el aborto realizado en malas condiciones, en casi todos los casos y salvo pocas excepciones, en países en desarrollo.

b) Las complicaciones obstétricas son la principal causa de defunción de
mujeres en edad de procrear en los países en desarrollo.

c) Una tercera parte de todas las embarazadas no reciben atención de la salud durante el embarazo; un 60% de los partos se realizan fuera de los servicios de salud; sólo la mitad de todos los partos cuentan con la asistencia de personal capacitado.

d) En los países en desarrollo, unos 200 millones de mujeres tienen necesidades insatisfechas de anticonceptivos eficaces. Al satisfacer sus necesidades, cada año se evitarían 23 millones de alumbramientos no planificados, 142.000 defunciones relacionadas con el embarazo, inclusive 53.000 debidas a abortos realizados en malas condiciones, y 1,4 millón de defunciones de lactantes.

e) Un 17% de las pérdidas económicas causadas por enfermedades en los países en desarrollo es atribuible a casi un millón de nuevas infecciones de transmisión sexual cada día, inclusive el VIH, y ello contribuye a la enorme carga de mala salud y de mortalidad en todo el mundo.

f) De las personas que corren alto riesgo de infección con el VIH, menos del 20% tienen acceso a intervenciones preventivas de eficacia comprobada.

13. Debemos comunicar en mensajes claros cuál es la relación costo/beneficio de satisfacer las necesidades insatisfechas de 200 millones de mujeres, inclusive los costos de proporcionar atención obstétrica de emergencia, velar por que todos los partos sean atendidos por personal capacitado y proporcionar servicios de prevención, cuidado, tratamiento y apoyo a las personas que viven con el VIH y el SIDA.

14. Lo que es más importante, debemos comunicar en términos claros y concisos cuáles son los costos humanos, sociales y económicos de no abordar esas cuestiones de población y de salud sexual y reproductiva.

15. Debemos persuadir a nuestros colegas parlamentarios y a nuestros funcionarios gubernamentales de lo siguiente:

a) Los servicios de calidad de salud reproductiva salvan vidas y reducen la pobreza.

b) El fracaso de anteriores planes nacionales de desarrollo puede atribuirse, entre otras causas, a que no se efectuaron inversiones en servicios de salud sexual y reproductiva, ni en la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.

c) Los ODM, particularmente la eliminación de la extrema pobreza y el hambre, no podrán alcanzarse si no se abordan directamente las cuestiones de población, salud reproductiva y desarrollo sostenible, mediante mayores inversiones en educación y salud, inclusive la prevención de defunciones prevenibles de mujeres.

16. Debemos involucrar constructivamente a todos los sectores de la sociedad, escuchar sus preocupaciones, dilucidar con ellos percepciones y realidades y debatir públicamente y con toda urbanidad las cuestiones de salud sexual y reproductiva.

17. Debemos lograr la comprensión y el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad acerca de que los servicios de calidad de salud reproductiva y la información al respecto, cuando están disponibles y son accesibles y costeables, inclusive en zonas rurales, posibilitan que las mujeres tengan opciones que salvaguardan su salud, protegen sus vidas y posibilitan que ellas realicen su potencial y contribuyan productivamente a la sociedad. Al reconocer que el aborto realizado en malas condiciones es una de las principales causas de defunción de mujeres, también debemos comunicar esta información a nuestros colegas parlamentarios y a los funcionarios gubernamentales responsables de la puesta en práctica del Programa de Acción de la CIPD.

18. Nos comprometemos a:

a) Dedicar al menos un 10% de los presupuestos nacionales de desarrollo y
de los presupuestos de asistencia al desarrollo a programas de población y salud reproductiva, inclusive los de prevención del VIH y el SIDA, y especialmente a servicios de planificación de la familia y productos de salud reproductiva.

b) Asegurar que la nueva meta de acceso universal a los servicios de salud reproductiva se integre de inmediato y plenamente en las estrategias nacionales de desarrollo y que se les asigne la más alta prioridad en la planificación, la ejecución y el seguimiento en los ministerios gubernamentales pertinentes.

c) Movilizar a nuestros gobiernos para que apoyen la adopción por los Estados Miembros de las Naciones Unidas de nuevos indicadores a fin de vigilar el logro de la meta de acceso universal a servicios de salud reproductiva para 2015 y que dichos indicadores se utilicen tan pronto como se los apruebe, complementados por indicadores programáticos adicionales que respondan a las necesidades de cada país.

d) Colaborar estrechamente con nuestras autoridades nacionales para velar por que los procesos de reforma iniciados en las Naciones Unidas protejan, promuevan y fortalezcan los mandatos en cuestiones delicadas, como las de población, igualdad entre hombres y mujeres y salud sexual y reproductiva, y que se reconozca la importancia fundamental de esos temas para el apoyo de las Naciones Unidas al desarrollo de cada país.

e) Velar por que, cuando se aprueben leyes o se adopten políticas, se inicie de inmediato su implementación. Debemos asegurar asimismo que las leyes y políticas incluyan disposiciones para mantener informado al parlamento sobre el adelanto en la implementación.

f) Establecer redes, coaliciones y alianzas con nuestros colegas parlamentarios, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales locales y personas particulares a fin de crear la voluntad política y fomentar el apoyo masivo necesarios para superar la oposición y aclarar las percepciones erróneas acerca de temas de población y salud reproductiva.

g) Crear conciencia acerca de los vínculos entre la población, la salud reproductiva y el medio ambiente, promoviendo las leyes y las políticas al respecto, inclusive la necesidad de adoptar pautas sostenibles de producción y consumo, utilizar los recursos naturales de manera sostenible y equitativa y prevenir la degradación del medio ambiente, así como adoptar medidas con respecto al cambio climático.

h) Aprender de qué manera colaborar eficazmente con los medios de difusión para asegurar que nuestros mensajes lleguen al más amplio público posible.

i) Entablar alianzas con grupos parlamentarios regionales y con el UNFPA, a fin de elaborar mecanismos eficaces de intercambio de experiencias e información fidedigna, inclusive modelos de legislación y de políticas, con otros parlamentarios, para compartir nuestros éxitos, aprender de nuestros fracasos y efectuar un seguimiento de nuestra labor.

j) Conducir acciones nacionales para ratificar e implementar las disposiciones clave de todas las convenciones internacionales pertinentes a la protección y promoción de los derechos de las personas, incluidas las poblaciones indígenas, los migrantes, los refugiados, los discapacitados y los demás grupos marginados y vulnerables.

k) Velar por que la legislación nacional tome en cuenta las aspiraciones de los jóvenes, su salud sexual y reproductiva y sus derechos sexuales y reproductivos, reconociendo que la juventud tiene un papel de importancia crucial que desempeñar en la adopción de decisiones y en los procesos de desarrollo.

l) Exhortar a los gobiernos y a las entidades del sector privado a que asignen prioridad a proseguir la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de prevención de enfermedades, inclusive vacunas y microbicidas, y aumentar los recursos asignados a dichas actividades, además de promover el acceso a la recientemente descubierta vacuna HPV, que tiene posibilidades de proteger contra el cáncer de cuello de útero.

m) Adoptar medidas para la atención y la prevención de las infecciones de transmisión sexual, a fin de aumentar el bienestar personal y prevenir la infecundidad, el cáncer de cuello de útero, las complicaciones de la maternidad, las defunciones de madres y recién nacidos, y la vulnerabilidad al VIH/SIDA.

19. Nuestro compromiso en pro de realizar acciones colectivas a escala nacional, multinacional e internacional, es un factor de importancia crucial para poder alcanzar esos objetivos.

Promesa

20. Con esos fines, nosotros, los Parlamentarios, hemos convenido en formular planes de acción regionales. Dichos planes servirán de base para alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo en pro de los cuales nos comprometemos en Bangkok. Prometemos realizar esas acciones y vigilar sistemática y activamente el adelanto que vayamos logrando al respecto, sobre la base de jalones mensurables. Prometemos también que pasar revista periódicamente a los adelantos pasará a ser una parte integral de nuestra labor; que informaremos regularmente al respecto por conducto de los grupos de parlamentarios; y que nos reuniremos nuevamente al cabo de tres años para evaluar los resultados logrados.



[1] El reconocimiento del aborto como un problema de salud pública implica necesariamente que el gobierno debe de asumir la responsabilidad de proporcionar a las personas información amplia sobre métodos de control de la fecundidad y pone en evidencia la urgente necesidad de revisar las leyes que castigan la interrupción de embarazos no deseados o no planeados. Además de refrendar los compromisos internacionales, hay que implementar políticas públicas que garanticen a las personas el más alto grado posible de salud sexual y reproductiva. Sólo así se podrá evitar la muerte de muchas mujeres por abortos inseguros.

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