9/26/2008

VOTO SECRETO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS

Una de las expresiones del autoritarismo del sistema político mexicano -que persiste y se niega a morir- es la corporativización, el clientelismo y el control de las organizaciones de los trabajadores en manos de líderes corruptos: una vez apoderados de la dirección sindical, no hay regla ni procedimiento democrático que logre moverlos de su feudo. Un mecanismo de control, particularmente nocivo y antidemocrático para el desarrollo del sindicalismo en nuestro país ha sido la imposibilidad de ejercer el voto secreto en distintos procedimientos de la vida sindical.
Dado que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no especifica ni garantiza la secrecía del voto en este tipo de procesos, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, presentamos recientemente una iniciativa una de ley, que tiene el objetivo de incluir en la LFT la modalidad del voto secreto en todas aquellas actividades gremiales, donde se deba garantizar la libertad y las prerrogativas laborales de los trabajadores sindicalizados. Esta iniciativa acompaña, en el mismo sentido, a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar su seguridad y la democracia sindical.
El voto secreto es un tema de trascendental importancia para nuestro país, ya que es una garantía del sufragio universal y un elemento imprescindible que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los gremios. Además de ser un instrumento legal para dirimir problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir. En este sentido, el voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que traducido al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato a que pertenecen.
A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato, la Corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan mediante el voto su opinión en la vida sindical. Con esta decisión sin precedente, la Corte ha dado un paso trascendental y sin retorno hacia la plena libertad, democracia y transparencia sindical. Ahora le corresponde al Poder Legislativo concretarlo y especificarlo en la Ley Federal del Trabajo, haciendo una propuesta de reforma integral.
Con base a lo anterior propusimos reformar los artículos 371 en su fracción IX; 379 fracción I; 660 fracción VIII; 681 y 931 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezcan las características del voto secreto, libre y directo, con el fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.
A nivel internacional, el voto secreto es práctica común y es admitida como un elemento plenamente compatible con la libertad de asociación a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. También ha sido una exigencia en el ámbito de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio del América del Norte, especialmente el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el que se ha asumido la promoción de parámetros como la transparencia, la inspección laboral y el voto secreto, particularmente en los recuentos. Si pretendemos ser un país competitivo en el concierto internacional, es justo que aprovechemos las mejores prácticas de esta competencia y una de ellas es garantizar las condiciones para que la libertad y democracia sindical sean efectivas. De esta manera, la propuesta de modificación planteada restituye a los trabajadores su libertad de asociación, su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y se asegura su condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial.

9/24/2008

¿De qué se ríe señor procurador? ¿De qué se ríe?

Glosa del Segundo Informe de Gobierno sobre Seguridad Pública.

Señor Procurador:

Según los reportes a nuestro alcance, el día primero de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a su dependencia que se habían recibido amenazas de atentados con granadas de fragmentación para la noche del grito de independencia. El 8, 12, 13 y el mismo 15 de septiembre se recibieron las mismas amenazas y nuevamente la dependencia a su cargo fue informada. Es decir, en todos los casos tanto la Procuraduría General de la República, como el propio CISEN, fueron puntualmente informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En su dependencia: ¿Quién recibió la información? ¿Estaba usted enterado de esos reportes? ¿Qué instancia la procesó y cuál fue el reporte de inteligencia criminal que usted recibió? ¿En qué fecha? ¿Con qué número de oficio o en que docuemnto? ¿Cuáles eran sus conclusiones?. Ante la gravedad de los reportes, ¿qué medidas planeó usted y qué instrucciones ordenó con base en el análisis de la información que le fuera remitida a su dependencia? ¿En qué oficios? ¿a quiénes ordenó actuar y de qué manera?. ¿Cómo explica usted, lo que documenta la prensa, acerca de la escasa presencia federal antes del atentado del 15 de septiembre en Morelia, Mich.?

Tener información y no actuar es negligencia señor Procurador. Por eso le pregunto...¿De qué se ríe, señor Procurador, de qué se ríe?

9/23/2008

POR UNA POLITICA ALTERNATIVA HACIA LAS DROGAS

Seguramente hay diversas motivaciones para que, quiénes no somos especialistas en la materia, nos interesemos por el tema de las drogas, como un tema de interés público. En mi caso, ha sido el feminismo y su lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la principal premisa que me ha ubicado de lleno en esta causa. Hoy, para quiénes aspiramos a una sociedad libre, igualitaria y democrática, la lucha por una política alternativa hacia las drogas, es sin duda, una causa que no podemos soslayar. Es esta convicción la que nos ha convocado a un grupo de legos, especialistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil -hoy aglutinados en el Colectivo por una Política Integral hacia las drogas (CUPIHD) a trabajar y proponer políticas públicas y acciones legislativas que transformen las actuales políticas de Estado, desde una perspectiva integral y de respeto a los derechos humanos.

La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano para enfrentar el problema de las drogas está condenada al fracaso. Es una política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde a una política fundamentalmente prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal frente a las drogas; así como a insistir utópicamente en la idea de una “sociedad libre de drogas”.

El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido (y conocen) el uso de las drogas”.

El prohibicionismo convertido en política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de E.U. ha tenido la capacidad de imponer sus “reglas del juego” en todo el mundo y, México, su vecino incómodo, por supuesto, no sido la excepción. Las acciones de esta política se han orientado fundamentalmente a la erradicación de los cultivos ilícitos; “el desmantelamiento de grupos de narcotraficantes”; la militarización en todo el país de la lucha antidrogas y el rechazo a cualquier iniciativa pro-legalización de las drogas.

En relación con la erradicación de cultivos, no sabemos si los resultados son los esperados por el gobierno mexicano, lo que si sabemos es que el consumo aumenta en nuestro país. La política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México” no ha hecho sino fortalecer a los cárteles que se dice combatir. El número de muertes vinculadas al narcotráfico desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, suman al mes de julio del 2008 más de 5,000.

El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas no ha significado un avance para reducir el fenómeno, pero si ha incrementado el descontento social. La Presidencia de la República ha reportado que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) participó en el 2007 con un promedio mensual de 45,733 elementos militares en el combate al narcotráfico. El resultado colateral más visible ha sido la violación sistemática de los derechos humanos y; vergonzosos casos de violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares. Por nombrar tres casos significativos enunciaré: el caso de las mujeres trabajadoras sexuales de Castaños en Coahuila; el caso de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en Veracruz y el de tres mujeres también sexotrabajadoras en Guerrero.

Por último, la negativa a aceptar una eventual legalización de las drogas, ha conllevado que tanto el Ejecutivo Federal como la propia Cámara de Diputados no propicien siquiera el debate sobre este importante tema. Nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha presentado a la fecha dos iniciativas para regular el consumo de cannabis protegiendo el derecho de los consumidores como para regular su uso con fines médicos y terapéuticos.

Para esta política de combate al narcotráfico, el Ejecutivo Federal ha aumentado sus recursos en un 24% con relación al presupuesto del 2006 y ha involucrado a siete dependencias federales. Esta cantidad ascendió en el 2008 a 2.5 mil millones de dólares anuales. Mientras que los recursos asignados a los programas de prevención y lucha contra las adicciones la cantidad fue apenas de aproximadamente 31 millones de dólares.

En este contexto, el gobierno mexicano ha impulsado el Plan Mérida, como un acuerdo de “cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos que establece como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico...así como (procurar) la estabilidad y la seguridad de la región”. Hoy sabemos, por toda la discusión que se ha generado, que México tendrá que aportar 7000 millones de pesos y que este Plan apoyará las acciones militares del gobierno, destinando mayores recursos para adquirir armamento, capacitación militar, adquisición de equipo, y promover el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades cívicas con el fin de prevenir el consumo de drogas y evitar el trasiego para Estados Unidos.

Con todo este conjunto de cifras e indicadores, ¿Podría el gobierno federal decirnos cuándo tendrá fin esta guerra? ¿Cuándo podrá decirnos, finalmente, ganamos?

Es evidente que el fenómeno de las drogas en el país y en el mundo, trasciende ampliamente los alcances de la “guerra” contra el narcotráfico. En consecuencia consideramos necesaria una coordinación efectiva y una política integral por parte del Estado Mexicano, que incluya entre otras cosas, la legalización de las drogas en nuestro país.