5/01/2009

La ley contra el narcomenudeo no es la alternativa

El día de ayer, 30 de abril de 2009, la Cámara de Diputados completó un largo proceso legislativo, y aprobó una propuesta de ley del Presidente de la República en materia de“narcomenudeo”.

Esta ley , controvertida para todas las fuerzas políticas e incluso para el propio partido del Presidente, orientará la política de drogas en México durante los próximos años.

En la iniciativa pueden destacarse algunos avances realizados por el Senado de la República:
1. Que distinga entre consumidor, farmacodependiente y criminal.
2. Que se haya eliminado la rehabilitación obligatoria para consumidores no fármacodependientes, un despropósito contrario a los derechos humanos más elementales.
3. Que la ley ordene guiar la actuación de las autoridades por políticas de reducción de riesgos y daños.
4. Que se reconozcan y permitan los usos ceremoniales y culturales de algunas sustancias, reivindicación esencial en un país multicultural como es el nuestro.

Sin embargo, vemos riesgos y consecuencias negativas que sin duda también presentará la instrumentación de esta ley:

1. Considera sólo de manera tangencial el problema del consumo de drogas y se limita a intentar definirlo jurídicamente. Apuesta, en cambio, por profundizar una estrategia policiaca y militar probadamente fallida. Con ello, constatamos un nulo interés del gobierno federal por la salud pública y los derechos de las personas.
2. Criminalizará a un inmenso grupo de personas que vive de la venta de drogas al menudeo, pero que en realidad no forma parte consciente del crimen organizado, sino que se trata de jóvenes y mujeres sin oportunidades de desarrollo. Encarcelarlos no servirá para disminuir la oferta de drogas en las calles, ni mejorará la seguridad pública; sin embargo serán la justificación de la guerra contra las drogas, ya que el gobierno podrá presumir del número de personas encarceladas por esta política.

3. La ley supone una política legal de inducción al delito por parte de las policías, lo que delata la intención claramente autoritaria para enfrentar el problema: “cuando se trata de drogas, todo se vale, incluso pasar por encima de los derechos humanos” pareciera ser el mensaje.

4. Las cantidades de droga estipuladas como portación no personal mantienen un carácter ambiguo sobre su verdadera legalidad, toda vez que no se especifica cómo los consumidores pueden obtenerlas sin ser considerados criminales por la mera transacción; pero más importante aún, no corresponden con la realidad del mercado de drogas en las calles. (Por ejemplo, supone que un consumidor puede portar .5 gramos de cocaína, cuando en la calle se vende por gramo) lo que permite anticipar un crecimiento exponencial de la corrupción y la extorsión de las policías hacia los consumidores.

Dadas las anteriores consideraciones, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) ha manifiestado su cautela ante las posibles consecuencias de esta ley. Y nos recuerda que el problema de las drogas ilegales en México no podrá ser resuelto sin una política integral hacia ellas que las considere, en primer lugar, como un asunto de salud pública, con acciones claras de información y prevención, en el que los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados sin ningún tipo de restricciones.

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