VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA FRONTERA SUR

Las terribles condiciones económicas que obligan a miles de habitantes centroamericanos a buscar fortuna en el norte del continente son dramáticas por sí mismas, pero ya en nuestro territorio, los migrantes de esa región se convierten de inmediato en el jugoso botín de toda clase de actividades lucrativas, ilegales y criminales.

La cadena que se compone de mercados para la explotación humana de todo tipo, sea sexual, laboral o infantil, de narcotráfico y crimen organizado, de legislaciones inadecuadas o anacrónicas, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada, se ensaña y castiga con mayor dureza a sus víctimas potenciales más vulnerables: las mujeres y las niñas.

La violencia ejercida contra las mujeres y niñas en la frontera sur es de una crudeza pocas veces vista en la historia, incluso en épocas de guerra: esclavismo laboral y sexual, infantil y juvenil, prostitución forzada de mujeres, vejaciones, torturas, violaciones y toda clase de malos tratos en centros de detención que violan disposiciones normativas nacionales e internacionales; corrupción generalizada de autoridades y trata de personas a gran escala son moneda corriente en nuestra frontera con Centroamérica.

Los derechos de las mujeres y las niñas no sólo tienen disposiciones particulares en nuestro país, como la recientemente promulgada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que forman parte del entramado universal de derechos que nuestro país se ha comprometido a observar y defender. Contamos, por lo tanto, con elementos jurídicos suficientes para no dilatar ni un día más en afrontar el tema de la violencia contra ellas en la frontera sur como un asunto de seguridad nacional.

Sin embargo, la indiferencia de numerosas autoridades ante la gravedad y variedad que adquiere la violencia contra las mujeres en la frontera sur, demuestra una vez más que la defensa de sus derechos tiene peso únicamente en la retórica del gobierno, y nunca o casi nunca en su ejercicio: Es necesario recordar, nuevamente, que entre las dependencias más señaladas como victimarias y violadoras de los derechos humanos fundamentales se encuentran las del Instituto Nacional de Migración y las policías federales y estatales, lo que hace indispensable, tal y como el punto de acuerdo propone, involucrar de inmediato y con un compromiso verdadero al Poder Ejecutivo Federal y a los estados fronterizos del sur.

En consecuencia, Alternativa Socialdemócrata apoya plenamente el Punto de Acuerdo que se nos presenta, y alerta sobre la necesidad adicional de apoyar la descriminalización formal de los migrantes que ingresan a nuestro territorio nacional, tal y como fue votado y enviado a la Cámara de Senadores mediante la iniciativa presentada por el compañero diputado José Jacques Medina, del PRD en abril de este mismo año.

Compañeros y compañeras, debemos ser consecuentes: pedimos un trato justo y humanitario para nuestros migrantes en la frontera norte, como sin duda es nuestra obligación, pero parecemos olvidar que esos reclamos jamás serán creíbles para nuestros vecinos del norte mientras nosotros mismos seamos incapaces de respetar los derechos humanos dentro de nuestras propias fronteras.

Mostremos voluntad genuina, apoyemos acciones concretas y exijamos resultados. Este es un imperativo ético sobre el que Alternativa no dejará de insistir. Muchas gracias.