Cannabis. Dos Tres

El pensador alemán, Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que “En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios, que además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada”.

Esta reflexión describe fielmente lo que ocurre con la planta de la Cannabis en nuestra sociedad, y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.

El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de 8 mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la Colonia. Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos rituales y lúdicos se encuentra plenamente documentada y forma parte importante, todavía, de la tradición popular.

Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad, y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de prejuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un daño grave a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente, y ni siquiera por abusar de ella; una cualidad de la que carecen muchas otras sustancias, incluso legales y reguladas como el alcohol o el tabaco.

En resumen: reconocemos que, eventualmente, el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a una nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad, a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.

Buscamos, también, hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco con el Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libertad de elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada, siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.

Para los consumidores proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad, actualmente vigentes, por otras informativas y educativas que permitan proteger de modo efectivo su salud, y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.

Nuestra propuesta contribuye, también, a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ellas reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias.

Hacemos énfasis, también, en que la iniciativa considera y observa, las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.

Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente. Proponemos, por lo tanto, una definición mucho más precisa que remite a la Ley General de Salud y que permite que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable.

La Constitución, en su artículo 18, ordena que los sistemas penales federal y estatales se orienten en función del trabajo y de la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa; pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud cuando se trata de consumidores.

En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal.

Proponemos, así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afectan a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.

Los consumidores, definidos por las cantidades de cannabis que se presumirá son para consumo personal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En este caso proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal de hasta tres plantas de cannabis.

En Alternativa Socialdemócrata tenemos la convicción de que sólo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.

Señora presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y también le solicito, en nombre de los integrantes del Grupo Cáñamo aquí presentes que nos permita entregarle el original de esta iniciativa impresa en papel cáñamo.

(Texto que leí en tribuna el pasado 27 de noviembre de 2007)