"Nos subimos y como a una hora de haber arrancado, cerca del Chauite, entre Chiapas y Oaxaca, el tren se paró de repente. En las dos orillas de la vía cientos de policías con armas gritaban que nos bajáramos. Todos corrían lo más lejos posible, porque los policías los golpeaban para subirlos a las camionetas. Yo me resbalé y caí, pasaron sobre mí y entonces perdí el conocimiento". Este es el testimonio de Teresa García, inmigrante guatemalteca herida en una redada organizada por el gobierno mexicano el pasado 10 de febrero.
Testimonios como este dan cuenta de la manera en que México enfrenta la situación migratoria en la frontera sur: la represión, la discriminación, la violencia y el aislamiento son sólo algunos de los usos ordinarios de quienes interceptan a los miles de indocumentados centroamericanos que día con día llegan a territorio mexicano. Sólo entre enero y diciembre del año pasado ingresaron por la frontera sur, 174, 836 centroamericanos.
El trato denigrante no tiene distinciones, el hacinamiento y el maltrato son iguales para hombres, mujeres o niños; aún más, las mujeres son especialmente vulnerables, toda vez que suelen ser sujetas de abuso sexual o pueden encontrarse embarazadas. ¿Con qué calidad moral se puede exigir trato digno a nuestros connacionales en el extranjero, cuando en nuestro propio territorio se llevan a cabo actos de injusticia, maltrato, tortura y discriminación?
Continuar con una política de trato injusto e inhumano hacia la población migrante equivale a desconocer la importancia fundamental que ese grupo tiene para la economía mundial y representa un enorme retroceso en materia de protección y garantía a los derechos humanos.
Cada vez con mayor intensidad México actualiza su marco jurídico internacional mediante la suscripción de tratados y convenciones mediante los cuales asume compromisos. En materia migratoria no sólo firmó la Declaración de los Derechos Humanos y el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, se comprometió además, específicamente con la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Para Alternativa es prioritario exigir del gobierno mexicano el respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que manifestamos la urgente necesidad de contar con un Programa de Atención y Protección al Migrante en México. Ser un ejemplo en el trato a los migrantes en nuestro país, le dará al gobierno mexicano calidad y respaldo internacional para exigir el mismo trato a nuestros connacionales.
Es imperioso dejar de equiparar el tránsito de personas con el tránsito de mercancías, desvincular al trabajador migrante del delincuente o el narcotraficante, contar con estaciones migratorias adecuadas que incluyan servicios sanitarios, lugares de descanso, garantía de comunicación, alimentos y servicios de salud. El trabajador migrante es eso: un trabajador en tránsito que busca alternativas de desarrollo, por lo que sus derechos deben incluir todos aquellos que la Organización Internacional del Trabajo contempla para cualquier trabajador. Si no somos capaces de dotarles de seguridad social a ellos y sus familias, trato igual y digno, condiciones laborales equitativas con otros trabajadores, por lo menos debemos garantizar que sean tratados con la dignidad que merecen como trabajadores y ello incluye, en caso de ser necesario: un procedimiento de expatriación adecuado. Junto con la garantía a sus derechos humanos, los inmigrantes centroamericanos deben contar con la protección jurídica que les permita ser sujetos de deportaciones fundadas y motivadas, que impliquen un curso legal respetuoso del procedimiento, que les garantice un trato digno e individual. Es imperioso y urgente terminar con los operativos y deportaciones masivas que, en el anonimato de la multitud propician con mayor frecuencia prácticas violatorias a los derechos de los indocumentados.
El Grupo Parlamentario Alternativa suscribe el Punto de Acuerdo a través del cual se solicita al gobierno mexicano suspenda inmediatamente las deportaciones masivas de inmigrantes centroamericanos y, se pronuncia a favor de cualquier acción que promueva la construcción de un estado mexicano más justo y equitativo.
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