Reformas constitucionales contra el derecho a decidir de las mujeres en los estados de BC, Puebla, Sonora y Morelos. Primer Corte en el último periodo

Han transcurrido 51 días desde que se dio inicio al último periodo de sesiones de la LX Legislatura. Para las feministas que estamos por concluir nuestro periodo en la Cámara de Diputados, y particularmente para las feministas del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, estos días han sido particularmente intensos para contrarrestar la actuación del PAN en contra del derecho a decidir de las mujeres en el país.

La derecha en México se conforma de un conjunto de actores: la Conferencia del Episcopado Mexicano; el Partido Acción Nacional y Organizaciones Sociales como PROVIDA, ANCIFEM y la Unión de Padres de Familia, entre otras. Con la llegada a la Presidencia de la República en el año 2000 del Partido Acción Nacional (PAN) estos actores han fortalecido su actuar y su estrategia en los últimos años. Una de esas estrategias ha sido, transformar a nuestro país, en la sede de los encuentros más importantes que ha realizado la derecha a nivel mundial. Me refiero al IV Congreso Internacional de la Familia, realizado a finales del mes de febrero de 2008 en Guadalajara, Jalisco y; al VI Congreso Mundial sobre la Familia que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado mes de enero de 2009. Este último evento tuvo una asistencia de 9000 personas de todo el mundo y, contó para su inauguración con la participación de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez en México que un Jefe de Estado asiste en ese carácter a un evento religioso o “eclesiástico” como lo denomino el Cardenal Norberto Rivera.

En el marco de estos encuentros internacionales y, a partir del análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2008 que dota de constitucionalidad a la despenalización del aborto hasta la doceava semana en el DF, la derecha mexicana concertó impulsar una estrategia legislativa y de política pública que avanza rápidamente en el país y que básicamente consiste en: a) impulsar la perspectiva de la familia en contrapartida a la perspectiva de género; b) impulsar el reconocimiento constitucional del “derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” donde al “concebido se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes” y; c) rehuir al cumplimiento de compromisos que el estado mexicano ha adoptado en materia de derechos sexuales y reproductivos, como lo es la publicación de la NOM-46 referida a la violencia sexual. Sobre la NOM 46, les escribiré en otra entrega.